La investigación pretende desmantelar la estructura político-militar del golpe. El objetivo no es restringir las candidaturas de la oposición, prueba de ello es que no sólo se persigue a los posibles candidatos, sino a todos aquellos que desempeñan un papel específico en los planes golpistas. El objetivo es erradicar el golpe, echar por tierra sus planes ejecutivos postelectorales y hacerlo aplicando la ley. Los golpistas de la derecha no son investigados por las ideas que profesan sino por los hechos que cometen. No se arriesgan a ser condenados por sus opiniones políticas, sino por infringir la ley.
La fuente del derecho es la Ley 1055, significativamente el artículo 9. Sanciona a los que, despreciando a la patria y en contra del interés nacional, promueven la subversión desde el exterior, piden una intervención militar, sanciones y embargos contra el país. La Ley 1055 se inspira en la ley de febrero de 1995 firmada por Violeta Chamorro, que también fue votada y defendida por algunos de los que hoy la sufren. Que Chamorro la madre promulgara una ley que 25 años después afecta a Chamorro la hija es un ejemplo feroz de karma vengativo.
Se habla de un ataque a las candidaturas, pero Ortega no tiene ninguna conveniencia de alterar el panorama electoral: las encuestas de todos los institutos dejan claro que la derecha, incluso toda junta, no lograría superar el 26% de los votos, mientras que el índice de aprobación del presidente se acerca al 68% y el llamado «voto duro» del FSLN se sitúa en el 46,7% del electorado. La encuesta de mayo de 2021 de M&R Consultores da un 58,3% al Gobierno y un 22,7% a la oposición. Pensar que el comandante Ortega podría perder es creer que en unos meses habría un cambio global y unidireccional del 45% de los votos, es decir, aproximadamente uno de cada dos votantes. La derecha puede estar soñando, pero corre el riesgo de despertarse a los pies de la cama sudando y dolorida.
Es en la aplicación o inaplicación de las leyes donde se juega el conflicto entre el Estado de Derecho y el rechazo a éste. La derecha golpista rechaza todo acto legislativo porque no quiere legitimar la soberanía del Estado nicaragüense. No reconocer al gobierno, al Parlamento y a las leyes que emite, es el fondo y el sentido del golpe. Negar la institucionalidad del país derivada del voto popular, e intentar derrocarla con un golpe de Estado, le parece sostenible frente al mundo. Aquí comienza la nueva aventura golpista.
El reflejo de Pavlov
Como cada dos meses, Estados Unidos ha impuesto sanciones. Esta vez sobre Camila Ortega, culpable de ser hija de Daniel y excelente diseñadora de moda; sobre Edwin Castro, eficiente jefe de grupo del FSLN en el Parlamento; sobre el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y sobre Julio Modesto Rodríguez Balladares, miembro del ejército. No son culpables de ningún delito más que de ser sandinistas. Las nuevas sanciones son un certificado de impotencia, un reflejo pavloviano. Washington quiere consolar a la oficialidad local del imperio, temerosa de tener que pagar sus facturas. Destino inevitable para los candidatos a todo sin ser nadie, que creen que pueden torcer las leyes y las normas a su conveniencia.
Obligados a hacerse respetar
La actualización del sistema legislativo para defender la integridad del país era la respuesta necesaria a los planes de desestabilización preparados por Estados Unidos y la derecha golpista, la oligarquía y la jerarquía católica. Pero, incluso en presencia de leyes que regulan derechos y deberes y que establecen límites y ámbitos de actuación política, como manda la Constitución, el derecho no renuncia a mover su acción política en el golpe.
La oportunidad de volver a entrar en el circuito político legal se le había dado con la medida de amnistía, que, sin embargo, preveía la condición de no repetición de los delitos, entre los que se encontraban los de promoción de la subversión. Pero la derecha ha optado por seguir en la senda del golpe: continuas procesiones en EEUU y la UE para exigir leyes punitivas contra el país, indicación de nombres y empresas sobre las que dirigir las sanciones, campañas infames contra el gobierno, narración de falsas escenas apocalípticas y películas de terror, incluso la invención de miles de muertes de cóvid que nunca existieron, con el objetivo de desencadenar medidas de aislamiento internacional.
Pero esto es sólo una parte del proyecto de golpe de Estado. En paralelo camina el militar. En estos últimos meses ha continuado el flujo de dinero desde EEUU y Europa, aunque las fundaciones chamorristas han declarado el cese de sus actividades. Sólo en los últimos meses han llegado más de 7 millones de USAID a Chamorro, de los que no hay noticias. El dinero no ha sido rastreado ni utilizado para ningún fin, violando así la ley y despreciando el papel de las autoridades. En todo el mundo, esto conlleva el encarcelamiento inmediato y la incautación judicial de los bienes: ¿por qué el silencio? Fácil. Porque lo que es mejor no decir no debe ser dicho.
Es decir, que posiblemente parte del dinero se ha quedado en los bolsillos de la familia, notoriamente voraz en su apetito, pero una buena parte ha ido a financiar operaciones clandestinas que una parte de la oposición tiene en marcha. Estamos hablando de una financiación destinada a acumular medios y recursos para una nueva intentona golpista que se desencadenará tras las elecciones, como dice Arturo Cruz por teléfono con uno de sus compinches y como ya ha anunciado Félix Maradiaga. Se trata del plan RAIN, que contempla un esquema ideológico para garantizar los intereses estadounidenses en Nicaragua.
Los ataques a Nicaragua no tienen nada que ver con supuestos abusos legislativos; son políticos, orientados a conseguir el objetivo: desalojar al sandinismo del gobierno y poner a la derecha al mando. Como ocurrió en Honduras y Bolivia, como se intentó en Venezuela, así en Nicaragua. Para echar a los que tienen los votos e instalar por la fuerza a los que no los tienen. Este es el sentido profundo del golpismo.
¿Quién pide cuentas a quién?
La indignación europea y estadounidense por las investigaciones en Nicaragua parece ser instrumental. Con respecto a la legislación nicaragüense en materia de seguridad nacional, resulta realmente paradójico escuchar las críticas del país a la Patriot Act. Si tienen algo que decir sobre las detenciones en Nicaragua, que se fijen primero en Guantánamo, donde acaban los sospechosos de delitos investigados en Nicaragua. Si Cruz, Maradiaga y compañía hubieran sido acusados de los mismos delitos en suelo estadounidense, de hecho, hoy nadie sabría dónde están y ningún abogado sabría cómo y de qué defenderlos. E incluso Europa es mejor que guarde silencio, dados los estragos que la Ley ha causado en Italia con la legislación de emergencia contra el terrorismo.
¿Las leyes restrictivas de las candidaturas? En Estados Unidos, por traición a la patria en connivencia con súbditos extranjeros, además de la incapacidad, la ley prevé 15 años de cárcel. Y también en la «muy civilizada Europa» existen duras disposiciones para proteger el interés nacional. En Italia, por ejemplo, el artículo 9 del Decreto Presidencial 361/1957 especifica que «los casos de inelegibilidad se refieren a todos los que tienen relaciones con gobiernos extranjeros (por ejemplo, el personal diplomático de cualquier orden y grado) y a todos los que, a pesar de tener la ciudadanía italiana, están empleados por gobiernos extranjeros». ¿Existe un ejemplo más concreto de empleo por parte de gobiernos extranjeros que recibir millones de dólares de ellos? ¿Y por qué se apoya el decreto italiano mientras que el de Nicaragua se critica?
La preocupación de Estados Unidos y Europa por la suerte de los periodistas no se registró con Juliane Assange, que se vio obligado a exiliarse primero y a ir a la cárcel después por documentar la verdad sobre las matanzas de Estados Unidos en Irak y Afganistán; tampoco recordamos que la UE haya pedido cuentas al Reino Unido y a Estados Unidos por su suerte, ni que ningún periódico europeo ha pedido su liberación. Tampoco recuerdan que los eurodiputados sancionaron a Arabia Saudí por el asesinato y descuartizamiento del periodista opositor Kashoggi. ¿Y dónde están las sanciones a Ucrania por el asesinato en Donbass del fotoperiodista italiano Andrea Rocchelli? ¿Y los de Israel por el asesinato del periodista italiano Raffaele Ciriello? ¿Y a Egipto para el investigador Giulio Regeni? Silencio obsequioso, los negocios reinan. Diferentes pesos, pero una sola medida: la de la hipocresía.
¿Están los españoles preocupados por la seguridad de los golpistas nicaragüenses? El que está mal, sin inmunidad, se llama Carles Puigdemont y hasta el año pasado era Gobernador de Cataluña. Se vio obligado a ir a la cárcel y al exilio por luchar legalmente por la independencia de su región de la monarquía española. El Parlamento Europeo que sanciona a Nicaragua es el mismo que el 9 de marzo de este año despojó a Puigdemont, a Toni Comán, consejero de Sanidad, y a Clara Ponsat, consejera de Educación, de su inmunidad parlamentaria, exponiéndolos así a la venganza de la monarquía más corrupta del mundo.
Así que, si la UE o el Parlamento Europeo quieren defender a los afectados por sus opiniones políticas, que señalen con el dedo a España, el país europeo más activo en el apoyo al fascismo latinoamericano. O, quedándose siempre en Europa, ir a ver cuántas son las víctimas de la criminal represión de la policía francesa contra los gilets amarillos.
Si, por el contrario, prefieren que América Latina se preocupe por las detenciones, deberían pedir cuenta de la injusta condena de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, enterrado por una trama judicial organizada por Lenin Moreno, la versión andina de Judas. Si quieren hablar de terror de Estado, que hablen de Chile o de Colombia y su narcogobierno asesino. Y que recuerden que recibieron en Estrasburgo, con todos los honores, a Salvatore Mancuso, el jefe de las criminales AUC colombianas. Sólo para demostrar lo mucho que le importan a Bruselas los derechos humanos.
Golpismo, la enfermedad senil del malinchismo
Antes que nada, el golpismo es desestabilización. Rechaza las reglas del juego democrático y se expresa a través del malinchismo entreguista, que en Europa se llama «colaboracionismo»: es decir, ponerse del lado del enemigo, tomar partido contra los intereses de la patria ante el conflicto de intereses entre ésta y los países con intereses contrapuestos. Porque para definir a un país como «enemigo» no hace falta una declaración formal de guerra: la hostilidad política reiterada, el posicionamiento internacional adverso, el ejercicio de medidas restrictivas, la falta de respeto y reconocimiento de sus procesos institucionales y el sabotaje comercial dibujan por sí solos una imagen agresiva, una amenaza para la seguridad nacional y definen una relación adversa con un país hostil. Aliarse con ella contra el propio país, en cualquier parte del mundo se llama traición a la patria y ser apoyado por un circo mediático no lo convierte en libertad de expresión. Traición es y sigue siendo.
El presidente mexicano definió el golpismo como un proceso no necesariamente armado, es decir, no inscrito únicamente a los militares o al ejército. El golpismo, para López Obrador, es también la preparación de un golpe de Estado a través de un clima de desestabilización que se construye con el apoyo de gobiernos extranjeros, medios de comunicación y otros organismos.
En Nicaragua, además de ser la quinta columna del enemigo, la derecha golpista es ella misma el enemigo. Pensó que no podía reconocer la función pública de los organismos competentes convencido de que nunca reaccionarían por miedo a producir una crisis política en vísperas de la votación. Este es un cálculo equivocado, porque no capta la absoluta centralidad que la institucionalidad y la legalidad tienen en el proyecto de gobierno sandinista. Que es un proyecto revolucionario precisamente porque no se ha limitado a administrar mejor que en el pasado, sino que ha derribado por completo la idea de un Estado rehén de las familias oligárquicas y de un ordenamiento jurídico y constitucional con una exclusiva función decorativa. La Constitución rige en Nicaragua.
En cuanto a táctica política, la derecha también se equivoca. Porque en el momento en que se anticipan las sanciones, las amenazas internacionales y el no reconocimiento de la legitimidad del proceso electoral, disminuye la utilidad de un diálogo entre Nicaragua y Estados Unidos, lo único que podría de alguna manera distender el clima con reverberaciones positivas incluso para la derecha.
¿Cuál es la salida?
Desde la Nica Act hasta la Renacer Act, en discusión en el Congreso, Estados Unidos ha retomado su viejo vicio: tratar de doblegar a Nicaragua con odio ideológico y medidas draconianas ilegítimas por el Derecho Internacional. Estados Unidos no considera aceptable el reconocimiento de una historia y una trayectoria diferentes, aunque no sean necesariamente hostiles, basando las relaciones en el respeto mutuo. Pero, ¿por qué Nicaragua, que a lo largo de su historia ha rechazado incluso por la fuerza el intento de injerencia de Estados Unidos en su destino, debería aceptarlo ahora?
La señal es clara: si uno cree que Managua sufre una agresión sin reaccionar, está equivocado. Washington cree que puede doblegar a Nicaragua, pero no lo consiguió en condiciones infinitamente peores para Managua, y mucho menos ahora, donde el contexto es más favorable, por diversas razones, internas e internacionales, regionales y globales.
Si se trata de una crisis, hay que encontrar una solución. Una solución política, porque la decisión de organizar un nuevo golpe es política y porque los instigadores son políticos. Por lo tanto, si hubiera que negociar, sería entre Nicaragua y Estados Unidos. No tiene sentido pedir un diálogo nacional: nadie habla con los enanos si está el dueño del circo. Así pues, si Estados Unidos se preocupa por sus intereses y la protección de sus agentes locales, tendrá que renunciar a la promoción del terrorismo y a la desestabilización permanente, aceptando una relación basada en el respeto mutuo.
Ortega se ha pasado la vida gestionando conflictos para conseguir la paz, demostrando ser un experto en ambas cosas. A Biden le corresponde decidir el destino de sus empleados. La del pueblo nicaragüense la decide el sandinismo, dirigido por su comandante, el presidente Daniel Ortega.
Notas:
*Direttore responsable de altrenotizie.org
Fuente: Altrenotizie.org
