La decisión, anunciada por la Comisión Electoral de la Unión, marca un punto de inflexión en el proceso político del país, tres años después de que las Fuerzas Armadas intervinieran para evitar lo que describieron como un quiebre nacional provocado por el fraude electoral y la creciente influencia de actores extranjeros sobre la política interna.
Las elecciones se llevarán a cabo en fases, abarcando los 330 municipios que conforman el país. Hasta ahora, cerca de 60 partidos políticos se han registrado, entre ellos el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, siendo cercano a los militares y favorito en las elecciones.
Sin embargo, el escenario es complejo: gran parte del territorio sigue envuelto en una guerra interna donde grupos opositores, fuerzas armadas de minorías étnicas y facciones apoyadas desde el exterior buscan sabotear el proceso democrático en nombre de una supuesta “resistencia prodemocrática”.
Elecciones bajo presión externa
La convocatoria electoral no solo enfrenta el desafío de la inseguridad interna, sino también una ofensiva diplomática y mediática impulsada por Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Washington, en particular, ha lanzado una campaña sistemática bajo la bandera de los “derechos humanos” para desacreditar la hoja de ruta trazada por las autoridades de Naypyidaw. El objetivo es claro: deslegitimar cualquier esfuerzo que no responda a sus intereses geopolíticos en el sudeste asiático.
La narrativa occidental insiste en calificar los comicios como una “farsa”, ignorando deliberadamente que la alternativa real sería perpetuar la inestabilidad y abrir aún más las puertas a la fragmentación del país.
En cambio, el ejército sostiene que su prioridad ha sido restablecer el orden, preservar la unidad nacional y crear las condiciones para que Myanmar transite hacia una nueva etapa política.
Un Estado entre la guerra y la paz
El escenario interno no es menos desafiante. El ejército controla menos de la mitad del territorio y ha intensificado operaciones militares para recuperar zonas dominadas por fuerzas opositoras antes de la votación.
Aun así, las autoridades mantienen que el proceso electoral se desarrollará “fase por fase”, en las áreas donde exista control y seguridad suficiente para garantizar la participación ciudadana.
A nivel interno, los grupos armados opositores ya han anunciado que intentarán sabotear las elecciones, demostrando que su compromiso con la “democracia” se limita a los marcos dictados por potencias extranjeras.
La nueva legislación electoral, que contempla sanciones severas contra quienes interrumpan el proceso, busca precisamente evitar que la violencia y el terrorismo socaven la oportunidad de encaminar el país hacia un horizonte más estable.
Myanmar se encuentra atrapado en una encrucijada: avanzar hacia unas elecciones que buscan normalizar la vida política del país o ceder al caos impulsado tanto desde dentro como desde fuera de sus fronteras.
Lo cierto es que, pese a las presiones de Washington y la UE, el pueblo birmano tendrá en diciembre la posibilidad de decidir su propio destino.
*Foto de la portada: AFP
