Desde el golpe, el régimen de la Junta militar ha matado a 1.499 personas y ha detenido a otras 11.810, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP por sus siglas en inglés). Desde el gran número de protestas callejeras que originó la acción militar hasta la brutal represión en respuesta y desde esa primera resistencia civil hasta la declaración de guerra del Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar (NUG por sus siglas en inglés) a la Junta militar, la violencia política en el país se ha acelerado.[4] De hecho, el Instituto de Myanmar para la Paz y la Seguridad, un grupo de investigación local, afirma que cerca del 61% del país está en conflicto armado en estos momentos, mientras que sólo era el 35% antes del golpe.
A pesar de que la Junta continúa con los embates y las detenciones, las fuerzas de resistencia civil y los grupos armados étnicos han aumentado sus acciones en la última semana. Según estos grupos resistentes al orden militar, en la región de Yangon se ha vuelto a registrar un elevado número de ataques, especialmente en los municipios de Hlaing, Thaketa, Kamayut, Thanlyin, Insein, Mingaladon, Taikkyi, Dagon Sur, Okkalapa Sur, Tamwe y Hlaingthaya.
Los combatientes de la resistencia en el Estado de Chin también anunciaron que mataron a 1.029 soldados de la Junta militar y perdieron a 58 de los suyos desde abril de 2021. Los informes también revelaron que las zonas afectadas por el conflicto en el Estado de Kayah, incluida Lowiko, la capital de Kayah, donde las fuerzas del Tatmataw realizaron incursiones aéreas, se enfrentan recientemente a la escasez de alimentos, ya que los militares mantienen bloqueado el suministro. Alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas debido a los combates.
Free Expression Myanmar, un destacado grupo de defensa de los derechos digitales, afirmó que el nuevo borrador de la Ley de Ciberseguridad de Myanmar propuesto por la Junta militar es peor que el presentado anteriormente, hace casi un año, en febrero de 2021. El borrador también socava el procedimiento judicial estándar, ya que en el artículo 66 no requiere que el fiscal presente pruebas electrónicas de un delito ante el tribunal, sino que puede limitarse a decir que las pruebas existen.
Los militares también tendrán la autoridad legal para comprobar y tomar el control de los sistemas de las empresas digitales, ordenar la eliminación de contenidos, bloquear plataformas digitales, revocar licencias comerciales y confiscar ordenadores o teléfonos de particulares, todo ello sin necesidad de acudir a los tribunales.
Las redes privadas virtuales (VPN) están prohibidas con un castigo de hasta tres años de prisión con una multa de cinco millones de kyats de Myanmar (equivalente a 2800 dólares) y el uso de moneda digital puede acarrear un castigo de seis meses a un año de cárcel con la misma multa prevista para disuadir del uso de VPN.
En la actualidad, los habitantes de Myanmar utilizan las VPN para acceder a plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter, ya que los militares prohibieron esas plataformas desde el golpe de Estado. En diciembre del año pasado, el NUG, el gobierno en la sombra, aprobó el uso de stablecoin y Tether como moneda oficial lo que podría facilitar la recaudación de fondos y la realización de pagos.
El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que la situación de Myanmar «sigue siendo grave» en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. También mencionó que todavía no hay avances significativos en la aplicación del consenso de cinco puntos sobre Myanmar acordado por la ASEAN y los militares de Myanmar, que incluye el llamamiento al cese de toda la violencia y la reanudación del diálogo constructivo entre todas las partes.
El Presidente indonesio dijo que Indonesia y Singapur comparten la misma opinión sobre la situación de Myanmar y que el consenso de cinco puntos es la decisión que la ASEAN ha tomado al más alto nivel y que debe ser respetada por todos. Comentando la situación en Myanmar y los intentos del Primer Ministro de Camboya de invitar a la Junta militar de Myanmar a las reuniones de la ASEAN, el Primer Ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, dijo también que Malasia no apoyará ningún intento de invitar a representantes políticos de Myanmar a las reuniones de la ASEAN.
Las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN, previstas para enero de 2022, también han sido aplazadas por el gobierno de Camboya en medio de informes sobre desacuerdos entre los Estados miembros en relación con Myanmar.
Dawei Watch, un medio de comunicación regional de Myanmar con sede en Tanintharyi (Myanmar), ha declarado que tres de sus empleados detenidos por las fuerzas militares el 18 de enero de 2022 han sido puestos en libertad. Los periodistas y los empleados de medios de comunicación siguen siendo vulnerables y 120 de sus miembros han sido detenidos desde el golpe de Estado. En la actualidad 46 siguen sin recobrar la libertad y 1 murió bajo la custodia de la Junta. 16 periodistas han sido condenados por los tribunales militares y 5 medios de comunicación han sido acusados en virtud del 505 (a), mientras que 8 medios de comunicación han sido prohibidos en los últimos 12 meses.
El Banco Mundial (BM) informó que la economía y la población de Myanmar siguen viéndose gravemente afectadas por el golpe militar y el aumento de los casos de COVID-19. El BM estimó un descenso del 18% de la economía en 2021, mientras que el recién publicado Myanmar Economic Monitor prevé un crecimiento del 1% para el año 2022. El anuncio también indica que la economía sigue en un estado de debilidad crítico, donde se calcula que hay alrededor de un 30% menos del crecimiento que podría haber logrado en ausencia del COVID-19 y del golpe de Estado.
Junto a Total y Chevron, la empresa energética australiana Woodside también anunció su retirada de Myanmar. La empresa dio a conocer un comunicado donde informan que han decidido retirarse debido al deterioro de la situación de los derechos humanos tras nueve años de operar en el país.
Hasta el 28 de enero de 2022, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP) registró que 1.499 personas habían sido asesinadas por la Junta militar, mientras que otras 8.798 personas están actualmente detenidas. 84 han sido condenadas a muerte y 1.966 eluden órdenes de detención.
*Artículo originalmente publicado en Reporte Asia junto al Grupo de Estudios de Asia y América Latina de la Universidad de Buenos Aires.
Foto: Agencia EFE
