Este mes hubo dos hechos centrales: la movilización violenta de la llamada Generación Z con epicentro en la Ciudad de México el día 15 y el bloqueo de carreteras llevado a cabo por productores y transportistas en diversos estados entre los días 24 y 27.
En el segundo caso, las acciones fueron llevadas a cabo por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo.
Sin embargo, no hay que desconectar un hecho del otro: las organizaciones formalizaron su alianza para la medida de fuerza hace apenas dos semanas, abanderados por el Partido Acción Nacional que nuclea al conservadurismo mexicano.
La relación fue tal que, desde las mismas cuentas y bots de redes sociales de la llamada Generación Z, llamaron a apoyar el paro nacional y los bloqueos de los transportistas y agricultores.
Tampoco es menor el nivel de intervención de Ricardo Salinas Pliego, director de TV Azteca y mano de acción de Red Atlas, la organización que recibe financiamiento del Departamento de Estado y la Fundación Nacional de la Democracia de Estados Unidos, instrumentos del poder blando. Es otro caballito de batalla en el escenario de la Guerra de Cuarta Generación.
No es conocido el recorrido de David Estévez, jefe de la ANTAC. Un dato llamativo es que días antes ocho organizaciones transportistas se bajaron de la protesta: CANACAR, CONATRAM, FEMATRAC, AMOTAC, INDECO, TAMEXUN, UNICARSOC Y HAMOTAC.
En cuanto a los reclamos, se agruparon en tres grandes ejes: mayor seguridad en las carreteras para los transportistas, políticas públicas para los agricultores frente a la caída del precio mundial del maíz y, de forma transversal, la oposición a la Ley General de Aguas.
Respecto al primer punto, cabe decir que el reclamo no está en línea con la realidad. Los homicidios en México bajaron un 37% entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, de acuerdo a cifras oficiales, al mismo tiempo que la violencia disminuyó.
Es menos comprensible el rechazo a la Ley General de Aguas, que busca garantizar la soberanía hídrica, asegurar el derecho humano al agua y frenar prácticas de acaparamiento, especulación y corrupción. El proyecto afecta los intereses de las grandes riquezas y la oligarquía, y por ello hay un intento de universalizar el reclamo hacia el conjunto de la población.
La vinculación entre la llamada Generación Z, orquestada por intereses extranjeros, y el paro nacional y los bloqueos de agricultores y transportistas pone de relieve que la situación es mucho más profunda de lo que aparenta.
Este mes los intereses extranjeros, en complicidad con la derecha local, empezó un proceso de desestabilización del Gobierno de México conducido por Claudia Sheinbaum. Es a todas luces una operación programada con anticipación para hacer tambalear a la gestión morenista.
Al mismo tiempo, la cuestión evidencia la impotencia de la derecha para construir un proyecto alternativo al liderado por Claudia Sheinbaum en un escenario donde el apoyo popular es mayoritario por lejos.
Es decir, al no contener elementos propios para presentar una batalla cultural que desafíe el proceso iniciado por Andrés Manuel López Obrador, recurrieron a cumplir un rol en la operación de guerra cognitiva contra el Gobierno de México.
Resulta un camino más fácil el de infundir miedo a la población, mucho más aún cuando no se cuenta con una propuesta que motive por vías legítimas el apoyo a la funesta “guerra contra el narcotráfico”.
Esta operación sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum se acentuó, además, con la presencia de tres barcos de guerra de la Tercera Flota de Estados Unidos frente a la costa de Ensenada, en Tijuana; uno de los navíos era el US Gov Vessel 8, que es utilizado para operaciones militares.
Allí está el otro punto de este escenario: la amenaza latente de una intervención militar de Estados Unidos bajo la excusa del combate al narcotráfico, cuestión similar a la de Venezuela más allá de los matices.
Los intereses extranjeros buscan construir una realidad donde Claudia Sheinbaum es garante de un país dominado por el narcotráfico, cuando es sabido que el crimen organizado creció hasta niveles inusitados siempre durante los gobiernos de derecha.
Esta relación no es causal ni mucho menos: los gobiernos no alineados con el proyecto de hegemonía unipolar de Estados Unidos, como el de Claudia Sheinbaum, son señalados como “blandos” frente al narcotráfico.
Al mismo tiempo, a través del uso de los instrumentos del poder blando, Estados Unidos apoya los discursos de “mano dura” frente a la amenaza construída del narcotráfico como enemigo global.
Es en este punto donde entran en contacto el poder blando con el poder duro de Estados Unidos. Crea un enemigo común sobre las subjetividades de las grandes mayorías y, al mismo tiempo, ofrece la “solución”.
Es necesario evitar el error de creer que las problemáticas de esas grandes mayorías son irreales y únicamente construidas por el aparato discursivo y mediático. Para surtir efecto, estas operaciones deben tener un componente de verdad: los reclamos son legítimos, lo cuestionable es su instrumentalización.
Y quienes aprovechan los reclamos legítimos son los mismos que sumergieron al país en un espiral de violencia, jamás ofrecieron una solución más allá de la “mano dura” y ahora tampoco tienen elementos para ofrecer una respuesta que mejore la calidad de vida de la población.
Lo mismo ocurre para el actor que financia la Red Atlas para intervenir en asuntos de Nuestra América: actúa a través de amenazas y operaciones, pero no tiene un proyecto de desarrollo para la región más allá de la búsqueda de “correr a China” del medio. Ya ni siquiera son promesas de modernización e inversiones: es el palo y la zanahoria.
El Gobierno de México conducido por Claudia Sheinbaum tiene argumentos suficientes para resistir al embate de los intereses de los mismos de siempre. Sin embargo, debe continuar por el sendero de buenos resultados y profundizarlos, en especial en materia de seguridad.
Como explicó alguna vez el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, salvando las distancias de ubicación e ideológicas, los proyectos alternativos de Nuestra América deben avanzar a paso firme en todo momento: donde se quedan, son arrasados por la derecha respaldada por Estados Unidos.
También hay un componente de reconocimiento de la población respecto a la gestión objetiva de la política pública. Más allá del aparato mediático y discursivo, existen condiciones objetivas. Y el pueblo debe saber distinguir entre los reclamos legítimos y las instrumentalizaciones.
Más allá de la narrativa, además, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe tomar acciones concretas. Este punto adquiere relevancia, además, si se tiene en cuenta la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026.
Tomas Merani* Miembro del grupo editorial de PIA Global
Foto de portada: Claudia Sheinbaum (X).
