La privatización del sector eléctrico mexicano (cínicamente catalogada de “silenciosa”) a lo largo del régimen neoliberal redujo sustancialmente la participación del Estado en la generación, y si no llegó a cero fue porque a la tecnocracia ya no le dio tiempo. Si en julio de 2018 alguno de los fundamentalistas del “libre mercado” y la “competitividad” (con subsidios del erario) hubiera triunfado electoralmente, a estas alturas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería cosa del pasado, como tantas empresas públicas que a lo largo de casi cuatro décadas pasaron a manos particulares.
Lo anterior viene a colación por la información que en la mañanera de ayer aportó el presidente López Obrador: “ahora, la Comisión Federal de Electricidad puede aportar 35 por ciento (de la generación) aunque tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética (de Peña Nieto) están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Petróleos Mexicanos y por encima de la CFE”. Actualmente, dijo, “la ley, por ejemplo, es la que decide cómo funcionan estos órganos autónomos que son los que definen la distribución delmercado”.
El régimen neoliberal entregado y al servicio del gran capital (ni siquiera al empresariado en su conjunto), siempre con la directriz de impedir la participación y la rectoría del Estado en la economía, la cual, según los tecnócratas, solo estaría obligado a intervenir si se trata de “rescatar” y “salvar” –con recursos públicos– a los grandes corporativos.
En un primer intento, el gobierno de López Obrador propuso, y el Congreso aprobó, modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, pero como el mandatario lo recordó ayer, “todavía no se publicaba la reforma y a unas horas empezaron a llover amparos, y lo más sorprendente es que así, con esa rapidez, este instituto de la competencia también presentó un amparo en contra de la ley eléctrica. O sea, no guardan ni siquiera una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación. Hicieron todo esto, toda la llamada reforma energética (de Peña Nieto) y montaron todos estos aparatos supuestamente autónomos para favorecer a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras. Son órganos autónomos del pueblo y de la hacienda pública, pero dependientes completamente del sector que ha sido beneficiado con la política neoliberal; es lo que estamos corrigiendo”.
De ahí que el propio López Obrador presentará una iniciativa de reforma, pero ahora constitucional, en materia de energía eléctrica, y entre lo que planteará destaca que el Estado se haga cargo de 54 por ciento del mercado nacional en ese sector, casi 20 puntos porcentuales más de lo que dejaron los neoliberales. La ley actual, heredada de los neoliberales, “es la que decide cómo funcionan estos órganos autónomos que son los que definen la distribución del mercado; por eso vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la CFE y 46 por ciento por la iniciativa privada”.
No se trata de “desplazar al sector privado; es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol u Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y empresas, para impulsar el desarrollo de México. Para las empresas particulares el propósito es el lucro, entonces ¿cómo se le va a dar el mismo trato? Bueno, ni siquiera el mismo, porque el trato preferencial fue para las empresas particulares; apostaron –y esto molesta mucho– a quebrar la Comisión, lo mismo que a Pemex”.
Con la iniciativa de reforma constitucional se busca “quitar lo que perjudique al sector público. Vamos a mejorar esta relación y que la CFE pueda dar el servicio, mantener la red nacional. Es un asunto de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, con garantizar que no haya apagones, pero se necesita poner orden; es lo que se hará con la nueva reforma”.
Presente en la mañanera de ayer el vocero de la monarquía y de la derecha españolas recibió tremenda clase de historia, y de pasadita se llevó un mensaje para sus patrones: “hay una nueva realidad en México y ya no se permite robar”.
Este artículo fue publicado por Jornada.
