Aún faltan algunos meses para el arranque de las elecciones de 2024, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya enfrentan uno de los desafíos más grandes y complejos: los procesos internos mediante los que Morena y el Frente Amplio por México elegirán al hombre o a la mujer que más que encargarse de su organización interna, será su candidato a la Presidencia de la República.
Disfrazados de procesos internos, Morena y la alianza entre PRI, PAN y PRD adelantaron el calendario electoral y, con los recorridos de sus aspirantes, están incurriendo, según la ley, en actos anticipados.
Luz María Cruz Parcero, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirma que, aunque los partidos argumenten que se tratan de procesos internos para organizarse de cara al 2024, en realidad las fuerzas políticas están incurriendo en violaciones a la legislación.
“Claramente, están cometiendo actos anticipados de precampaña; sí se configura el escenario para ello, de acuerdo con la legislación. Ciertamente, la legislación es muy restrictiva, muy acotada y define cuáles son los actos anticipados, cuáles son los actos de campaña, pero hay que recordar que esta ley fue impulsada por quienes ahora están en el gobierno”, sostiene.
Primero fue Morena. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 27 de agosto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña recibieron instrucciones para un proceso de selección en el que recorren el país para encabezar asambleas informativas sobre los avances de la llamada Cuarta Transformación, y de paso, algunos, para hacer propuestas y para hablar de continuidad.
Esta semana, políticos del PRI, PAN y PRD darán el banderazo de salida a su proceso para elegir al responsable de construir Frente Amplio Opositor por México, el cual incluye recolección de firmas, realización de foros para discutir y analizar su visión sobre México y estudios de opinión pública.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que incurre en actos anticipados de precampaña toda persona que realice expresiones que contengan llamados expresos al voto en contra o favor de una precandidatura entre el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de precampañas.
Sin embargo, para que se acrediten actos anticipados de precampaña no necesariamente se requiere que haya iniciado un proceso electoral, según ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en tesis de jurisprudencia.
Para justificar sus actividades proselitistas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que se trata de un proceso interno y que no están eligiendo precandidato. Ese mismo argumento fue dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en su conferencia matutina.
“No están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador, coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación”, dijo el pasado 13 de junio.
En tanto, el líder de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza aseguró que la Constitución permite a los partidos crear frentes políticos que puedan convertirse en frente electoral.
Al respecto, Cruz Parcero recuerda que el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “los partidos políticos podrá constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes”.
“Ellos, por supuesto que están buscando ese Frente con fines electorales, entonces es otra forma de darle la vuelta a algo que claramente es ilegal”, advierte.
Retos y presiones para el INE
Para el exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, ese instituto y el Tribunal Electoral tienen que velar porque se cuiden los principios constitucionales en la materia, por lo que su rol es fundamental en la vigilancia de las actividades internas que realicen las “corcholatas” de Morena o de la oposición.
“De aquí a diciembre las autoridades electorales deben tomar previsiones importantes para evitar que, durante el proceso mismo, particularmente durante la campaña electoral, se presenten eventos que a la postre puedan ser motivo de descalificación de la elección”, plantea.
Hace unos días, el asunto de los recorridos de “las corcholatas” llegó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares para acotar sus recorridos por el país. Solo les convocó a ajustar su conducta a los límites y parámetros constitucionales y a conducirse dentro de los principios de legalidad y equidad.
Luz María Cruz sostiene que el árbitro electoral tiene que hacer que se respete la ley, pus el llamado o recomendaciones, no son suficientes cuando algunas de las «corcholatas» están haciendo propuestas en sus recorridos por el país.
“Tienen mucha responsabilidad las autoridades electorales. En el caso del INE tiene la responsabilidad de frenar este tipo de actos, tiene instrumentos para hacerlo y en el caso del Tribunal tienen la capacidad para revisar los actos, para revisar las decisiones del INE y determinar de qué tamaño es la infracción”, refiere.
«Es ilegal llamar al voto, es adelantar actos de campaña y hacerlo constituye una violación a la ley», coincide Arturo Sánchez.
En caso de que la autoridad electoral determine que Morena o los partidos que conforman el frente incurrieron en una ilegalidad, deberán imponerse las sanciones que establece la ley. A diferencia antes, hoy hay sanciones más severas para quienes no respetan la legislación, incluida la pérdida de una candidatura.
“Los actos anticipados de campaña de ser decretados como tales por parte del Tribunal Electoral tienen sanciones para los precandidatos pueden ser muy graves como por ejemplo no otorgarles la candidatura”, explica Sánchez Gutiérrez.
En el cumplimiento de su función, el INE no estará libre de presiones, advierte la acádemica de la UNAM, en particular del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
«Seguramente están sometidos a presión. Dado como está la conformación del INE, lo importante será cómo vengan las resoluciones del Tribunal», agrega.
Lidia Arista es periodista de Expansión Política, donde fue publicado originalmente este artículo.
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