En el análisis de los resultados de la elección del Poder Judicial en México concurren diversos factores. Más allá de lo cuantitativo y lo coyuntural nos interesan dos cosas: ubicar la convocatoria electoral como componente del proyecto estratégico de la Cuarta Transformación y la legitimación de los comicios ante la opinión pública, nacional e internacional.
A casi 7 años de 4t un aspecto esencial de la democracia ha quedado progresivamente en el olvido. En la propuesta de gobierno de AMLO estaba planteado que se consultaría la opinión del pueblo para las decisiones gubernamentales fundamentales. La Consulta Popular actuaría como mecanismo de democracia participativa. La legitimidad del proceso reposaría en la respuesta de los ciudadanos a las convocatorias y el método a utilizar sería el voto universal.
Si afirmamos que el sujeto histórico del cambio es el pueblo, en la izquierda mexicana estamos desafiados a revisar nuestros vínculos con él.
En la reciente elección del nuevo Poder Judicial, la respuesta de solo un 13% de la lista nominal al llamado a votar es un indicativo político muy serio. Un desafío a repensar las modalidades de democracia con las que se aspira a que el pueblo participe en la construcción de un nuevo modelo de sociedad.
La elección puede ser legal, pero si carece de legitimidad resultará muy difícil que sea respaldada por la población y, por el contrario, alimentará la narrativa de la oposición de derecha de que es antidemocrática. Cuando la realidad interpela, la respuesta debe ser consistente, sin evasivas.
Desde nuestra óptica, la democracia directa o participativa es aquella en la que las decisiones políticas estratégicas son tomadas por el pueblo, ya sea mediante consultas populares u otros mecanismos de consulta. Su objetivo es que la ciudadanía participe de forma directa en la toma de las decisiones de interés público.
Esta modalidad de democracia es la que permite un mayor grado de participación de la ciudadanía, una mayor cercanía entre el pueblo y el gobierno y su defensa, en caso de ser cuestionada.
Desconfío luego existo
La distancia de los ciudadanos mexicanos con los procesos electorales está marcada, desde hace muchas décadas, por el escepticismo y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. La corrupción endémica, la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos efectivos de participación popular han contribuido al distanciamiento entre los ciudadanos y sus gobernantes. Este fenómeno aún sigue presente en el imaginario de los mexicanos y no será fácil su erradicación.
A la desconfianza se suma la falta de transparencia y rendición de cuentas, ya que los organismos encargados de supervisar el ejercicio del poder, ante los ojos de la población carecen de independencia. Además, la polarización política y la percepción de que las elecciones no siempre reflejan la voluntad popular incrementan el escepticismo.
El debilitamiento de la confianza en las instituciones también ha llevado a la fragmentación social, donde diferentes sectores de la población se sienten marginados o excluidos de las decisiones gubernamentales. En especial los pueblos originarios, a los cuales no les falta razón para desconfiar.
La falta de un sistema judicial equitativo contribuye a la sensación de impunidad, donde los delitos de cuello blanco rara vez son sancionados. Este era uno de los principales argumentos para convocar a los ciudadanos a votar por la reforma del sistema judicial, sin embargo, se privilegió la crítica a los personajes y la composición de los órganos destinados a la impartición de justicia. Factores que, si bien son importantes, quedaron más distantes en la mayoría de la ciudadanía.
La apatía electoral persiste y el desencanto ciudadano ha generado un desinterés por la participación política más allá de los grandes procesos electorales, limitando la posibilidad de que la sociedad influya en la toma de decisiones públicas.
Es crucial que el gobierno y los miembros de la 4 T trabajen coordinados para garantizar que la participación ciudadana sea efectiva y no solo simbólica. No estamos hablando de una idea lejana, se trata de un derecho, de una concepción destinada a recuperar la legitimidad del Estado y garantizar un futuro político más equitativo.
La elección del Poder Judicial.
La elección del Poder Judicial es un acto de racionalidad política. La Cuarta Transformación, desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo inició una profunda transformación de la sociedad mexicana. Con una vocación de privilegiar los intereses de los pobres, los más perjudicados por el sistema reinante, propuso un proyecto de nación y legisló para darle un fundamento legal a sus acciones.
Desde sus inicios se encontró con la férrea oposición, el sabotaje y la corrupción del Poder Judicial, que derribó legislación, detuvo decisiones que legitimaban los beneficios sociales y hasta invadió atribuciones de otros poderes, con tal de oponerse a los cambios que se realizaban en México, declarándolas inconstitucionales.
Ante esta reiterada conducta, donde el único poder no electo se oponía a los cambios a las acciones y decisiones de los otros dos poderes, éstos si electos democráticamente por la mayoría, la única salida política racional era poner en manos de la voluntad popular la elección de los miembros del Poder Judicial.
Elegir a los que aplican la justicia, por lo menos en el marco constitucional actual, es retornar al poder soberano y poner en manos del pueblo el derecho a decidir quién va a administrar la justicia.
Consultas AMLO
El presidente López Obrador llevó a cabo distintas consultas, la mayoría de ellas no tuvieron mayor impacto en la población que, mayoritariamente, permaneció indiferente a la convocatoria.
Pero en lugar de analizar autocríticamente las causales y buscar manera de involucrar a la población, se asumió de manera pasiva que así era lo habitual. Y así permaneció.
Algunas de ellas fueron: Consulta popular sobre el posible juicio de actores políticos del pasado. Consulta para el Tren Maya. Consulta Istmo de Tehuantepec. Consulta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Consulta para refinería de Dos Bocas.
De todas ellas me detengo en la realizada el 1 de agosto de 2021, porque ilustra a la perfección las debilidades con que se efectuaban las consultas a la población.
El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo una consulta popular para decidir si se llevan a cabo acciones o no para investigar decisiones políticas que fueron tomadas en años pasados por expresidentes. La pregunta que los mexicanos leyeron en la boleta fue:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Para que los resultados de esta consulta fueran vinculatorios para el poder Ejecutivo y el Legislativo se necesitaba el 40% de la participación de personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, sin embargo, de acuerdo con los resultados entregados por el INE participó el 7.1% de la población, es decir, 6 millones 663 mil 208 personas.
Del total de votantes, el 97.7% votó por “sí” y el 1.5% por “no”.
Cifras de otras consultas en la Ciudad de México
La participación de la población de la Ciudad de México en la Consulta Popular 2021 fue de poco más del 10% (806 mil 693 personas). Otros casos han sido:
- 1993 – Plebiscito Ciudadano para elegir a autoridades capitalinas: 320 mil personas.
- 1995 – Consulta Zapatista: 300 mil personas
- 1998 – Consulta sobre el Fobaproa: 503 mil personas.
- 2000 – Consulta para que Andrés Manuel López Obrador fuera registrado como candidato a la jefatura de gobierno del DF: 503 mil personas.
- 2001 – Consulta sobre el Horario de Verano: 321 mil 933 personas.
- 2002 – Plebiscito Segundos Pisos del Periférico: 420 mil 536 personas.
- 2018 – Consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto: 235 mil 464 personas.
- 2021 – Consulta sobre juicio a expresidentes: 806 mil 693 personas.
Algunas conclusiones
La oposición política mexicana, desorientada y derrotada, no pudo elaborar un proyecto medianamente coherente y se replegó detrás del Poder Judicial que defendía no solo sus privilegios, sino un sistema de dominación. La campaña contraria a la elección, potenciada por los medios de comunicación y una extensa trama de bots en las redes sociales, se apropió de la bandera de la defensa de la democracia, aunque en realidad lo que adversaba era todo el proyecto de la Cuarta Transformación.
La democracia que levanta la oposición es de una democracia clasista, que reclama para la elite el derecho a juzgar a los demás ciudadanos desde una perspectiva de minorías dominando a las mayorías.
Con la Reforma Judicial no solo arrebata a la clase dominante sus espacios dentro del sistema, se recupera para el pueblo un derecho soberano. Por esa razón es imperativo que se defienda la legitimidad de la decisión, más allá de los pobres resultados.
La elección de las nuevas autoridades del Poder Judicial no garantiza automáticamente que habrá justicia. Es solo el primer paso dentro de un proceso de construcción de una nueva democracia, con verdaderos mecanismos de consulta y espacios de gestión y participación soberana. Entre otras cosas, el poder revocar aquellos personajes que no respondan a la nueva concepción de justicia.
Daniel Martínez Cunill* Catedrático, politólogo, asesor parlamentario del Partido del Trabajo de México, PT, coordinador del Grupo de Reflexión de América Latina y el Caribe, GRALyC.
Foto de portada: Presidencia de México
