Por fin el Jurado Nacional Electoral (JNE) de Perú, a 43 días de la segunda vuelta, reconoció la victoria del maestro Pedro Castillo, de Perú Libre, ahora presidente electo. Así se lo comunicó al vencedor el 19 de julio, en una ceremonia virtual, festejada por los seguidores del presidente en la calle, frente a la casona y local partidario en Lima. Castillo tuvo que llegar hasta la capital porque en Chota, su pueblo natal de Cajamarca, no habría tenido conexión de Internet para que se comunicaran consigo los miembros del JNE. Así de desigual e injusto es el país que recibirá cuando se instale en la Casa de Pizarro.
Hay fechas significativas. Este 28 de julio será el Bicentenario de la Independencia de Perú y si bien es un alivio que en esta fecha trascendental no haya un gobierno neoliberal, corrupto y represor, como era esperable de la hija del exdictador Fujimori, de Fuerza Popular (FP), el futuro de Perú es incierto. Las clases dominantes asociadas al imperialismo, las élites económicas y buena parte del Estado, comenzando por el Congreso de mayoría opositora, sectores de las Fuerzas Armadas y policiales, los monopolios mediáticos, etc, van a apostar al fracaso de la flamante administración.
A la cabeza de esa oposición desestabilizadora estará Keiko Fujimori y FP, vencidos en las urnas en abril y junio y que no han reconocido hasta hoy esa derrota. Aceptaron la resolución de la justicia electoral, pero insistieron en que “le habían robado miles de votos”.
El escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que Castillo obtuvo el 50,125% de los votos válidos, superando al 49,875% de su rival por el estrecho margen de 44.058 votos. Menos de un punto de diferencia hubo en el ballottage. Las falsas 943 denuncias de fraude del fujimorismo fueron desechadas por la ONPE y por la JNE al cabo de un análisis pormenorizado de las 270 actas apeladas.
El comicio fue transparente, al punto que ni siquiera la OEA, “que cosa tan fea”, pudo reeditar su conducta antidemocrática de los comicios bolivianos de 2019, donde inventó un fraude y dio pie al golpe de Estado de Jeanine Áñez y las masacres de Senkata y Sacaba.
CUATRO MANIOBRAS FRACASADAS
Cuando el 19 de julio el órgano competente proclamó ganador a Castillo se verificaron cuatro fracasos del fujimorismo.
El primero: el resultado electoral de la segunda vuelta. La derecha creyó ganarla con la confluencia de partidos de derecha, centro y ultraderecha, que habían concurrido por separado a la primera vuelta. Con esa sumatoria, más la campaña de temor y terror en la gente, basada en las mentiras de que con Perú Libre venía el comunismo a sacarte tu casa, tus hijos, etc, pensaron ganar. Error.
Luego del comicio vino la segunda maniobra, de impugnar actas de zonas rurales y serranas, tratando de privar a Castillo de 200.000 votos de esas procedencias. Tampoco pudieron.
El tercer fiasco fue alentar un golpe de Estado, con documentos firmados por numerosos oficiales y jefes en retiro. Esto no prosperó porque podía dar lugar a una resistencia popular muy fuerte, apareciendo la derecha como lo que es, un sector no democrático.
Y el cuarto intento sin éxito fueron los consejos dados por teléfono por el exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, desde la prisión donde purga una condena por violaciones a los derechos humanos. Él aconsejaba coimear a tres miembros del JNE para invalidar las elecciones y llamar a otro comicio.
El desprestigio de la derecha, su aislamiento internacional, la fuerza de los sectores populares que respaldaron a Castillo y su vigilancia en Lima y el resto del país, el apoyo recibido por los gobiernos de Bolivia, México, Venezuela, Argentina y Cuba, entre muchos otros, hizo que Keiko no pudiera salirse con la suya.
Y eso tiene para ella no sólo el sabor amargo de su tercera derrota en elecciones presidenciales. Las anteriores fueron en 2011 frente a Ollanta Humala y en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Ahora tiene el riesgo concreto de ir presa, en una causa por lavado de activos (coimas de Odebrecht) donde podrían darle hasta 30 años de cárcel. Le haría compañía a su padre, que purga una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad cometidos en la década que estuvo en el poder (1990-2000).
Un detalle político. El hundimiento de Keiko está arrastrando también a quienes fueron en su tiempo críticos de la dictadura de su padre y luego involucionaron a acérrimos defensores suyos frente “al populismo” de Castillo: Mario Vargas Llosa y su hijo. Devinieron en plumas y voceros de la extrema derecha peruana y regional, con su Fundación Internacional por la Libertad, a cuenta del Departamento de Estado.
La asunción de Castillo será un certificado de defunción del Cartel de Lima, ese que orquestaron entre Donald Trump y su cadete, Luis Almagro, con socios como Bolsonaro, Piñera y Macri. Deberán rebautizarlo Cartel de Washington.
LO BUENO Y LO PREOCUPANTE
Lo bueno para los peruanos es que su candidato, al que votaron mayoritariamente, estará en la Casa de Pizarro (convendría rebautizarla con un nombre originario o de un patriota de la primera independencia).
El maestro rural durante la campaña electoral ratificó puntos de vista programáticos y políticos que, si los respeta y aplica, serán muy beneficiosos para las mayorías.
Me detengo en dos, uno de carácter económico-social y otro más político e institucional.
Castillo ha prometido que llevará la inversión en educación al 10 por ciento del PBI total, dando un vuelco espectacular frente a las actuales limitaciones a ese servicio esencial. Y cuando el periodismo amarillo lo quiso arrinconar preguntando de dónde sacaría los fondos para ello, respondió que de los mayores impuestos a las mineras multinacionales.
No planteó expropiarlas sino rediscutir los contratos e invertir los términos a nivel de ganancias. Ahora es el 70 por ciento para las mineras y el 30 para el Estado, y se comprometió a que fuera a la inversa. Algo parecido hizo Evo Morales desde 2006 con las empresas del gas y petróleo: les dejó el 18 por ciento de las ganancias y el 82 fue para el Estado, con lo que financió muchas obras y planes sociales.
La promesa política del líder de Perú Libre es una Nueva Constitución acorde a los derechos y necesidades de todos los peruanos, que reemplace a la vieja carta neoliberal de Fujimori, de 1993.
Esto enfrentará muchos obstáculos políticos y legislativos, porque en buena medida dependerá del Congreso unicameral de 130 bancas, donde el flamante gobierno será minoritario: sólo tiene 37 bancas y su aliado de Juntos por el Perú, de la centroizquierda de Verónika Mendoza, 5. El resto es oposición: Fuerza Popular tiene 24; el centrista Acción Popular, 17, los derechistas Renovación Popular, 15; Alianza para el Progreso, 13 y Podemos Perú, 5; el liberal Avanza País, 7; y los centristas Somos Perú, 4, y Partido Morado, 3.
Con este panorama será imposible lograr los dos tercios en dos votaciones en el pleno, para modificar un artículo de la Constitución, que permita modificarla. El único camino viable es reunir firmas del 10 por ciento del electorado y pedir un referendo, para convocar a una Asamblea Constituyente, un trámite que no será fácil de lograr, no tanto el piso de firmas sino todos los demás pasos institucionales.
La derecha no pudo impedir la proclamación de Castillo como presidente, pero desde la primera vuelta los nucleados en torno a Fujimori intentaron frustrar esta esperanza que hoy significa el maestro cajamarqueño.
Y en el Congreso van a hacer lo posible por frenar cada una de sus iniciativas a favor de los más humildes. No se puede subestimar a esa derecha, que tiene casi la mitad del electorado, amén de otras poderosas herramientas políticas, económicas, militares, culturales y de comunicación, así como poderosos aliados regionales y continentales.
Perú tuvo desde 2016 hasta hoy cuatro presidentes en vez de uno: PPK, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Para ello se combinaron acciones judiciales con votaciones en el Parlamento. No hay que ser muy sagaz para advertir que a Castillo querrán paralizar su acción de gobierno, demonizarlo en los medios, hostigarlo desde los intereses económicos del establishment y buscar echarlo antes de cumplir su mandato.
La clave entonces estará no tanto en el recinto parlamentario sino en lo que puedan hacer con sus movilizaciones los sectores mayoritarios y postergados de ese pueblo, en unidad con uno de los suyos a los que hicieron presidente. Ahora deben apoyarlo por todos los medios porque su experiencia les demuestra que es mejor un maestro con lápiz antes que una corrupta con billetera y represión, o un Bolsonazi limeño.
Notas:
*Periodista y referente del Partido de la Liberación de Argentina.
Fuente: Colaboración
