“La idea de conquistar Sudamérica está totalmente fuera de cuestión, pero la posibilidad de ganarse todos sus puntos prominentes, apartándolos de sus actuales conexiones europeas, de fijarse en una posición militar y disfrutar de todas sus ventajas comerciales, pueden reducirse a un simple cálculo, sino a una operación segura; los beneficios que una empresa de este tipo le darían a nuestro país son incalculables, las riquezas que aportarían, las nuevas fuentes que se abrirían para nuestras manufacturas y navegación”.
Memorándum redactado por Francisco de Miranda y Sir Home Riggs Popham y elevado al primer ministro británico William Pitt en 1804 para enviar expediciones militares a Caracas y Buenos Aires.
PARTE I
Empezamos por una afirmación fuerte: en Malvinas se perdieron algunos combates y se ganaron otros, la batalla se perdió finalmente por una imprevisión descomunal de la conducción militar estratégica. Sin embargo, la “guerra” se perdió 8 años después, en Madrid en una mesa de negociación. La derrota firmada en esa mesa de negociación por en canciller Domingo Cavallo (no nos sorprendamos del nombre, no es casualidad) supera sospechosamente las lógicas consecuencias de la derrota mucho más leve en el campo de batalla.
No es exagerado afirmar que la guerra se perdió a través de derrotas más contundentes que la militar, en el plano de la economía y la diplomacia, derrotas que tuvieron su punto de consagración en “las Declaraciones de Madrid” de 1989 y 1990. De allí a su vez se abrieron el paso a una cascada de acuerdos, declaraciones, tratados, leyes y reformas cada vez más perjudiciales para la Argentina. Después de varias décadas de vigencia no podemos constatar un mínimo avance en lo que es lo fundamental: la recuperación del territorio y sus mares, sino un continuo retroceso en la posibilidad de hacer efectiva la soberanía argentina en la región.
Por el contrario fue muy claro el avance inglés, especialmente desde 1990 en adelante. Además, encontramos que la proyección de esta derrota diplomática se extiende a territorios mucho más amplios que los originales en disputa y se proyecta hacia el continente con fuerza sorprendente.
Vamos a los hechos
Entre el 17 y el 19 de octubre de 1989 se reunieron en Madrid representantes del gobierno argentino y el británico dando a conocer una “Declaración” en la que se expresaba la voluntad concreta de reencauzar hacia la “normalidad” las relaciones entre ambos países. Esta declaración era consecuencia de meses de sondeos previos: en agosto de 1989 (al mes siguiente de la asunción de Menem como presidente) se había acordado la agenda de esta reunión, lo que muestra que hacia octubre existía un amplio consenso para sellar positivamente las negociaciones sin muchas vueltas. En el mismo registro y como consecuencia de dicha primera declaración.
Se realizó una segunda declaración el 14 y 15 de febrero de 1990 donde se efectivizó el restablecimiento de relaciones diplomáticas e Inglaterra anunció el levantamiento de la “Zona de exclusión”. Además, se crearon diversas comisiones que trabajan aspectos importantes de la “cooperación” deseada. De los cuales 4 temas son fundamentales para dos países que están en grave conflicto: inversiones, pesca, hidrocarburos, FFAA. La idea acordada era dejar de lado el tema de la soberanía, bajo un “paraguas” Muchos sectores por ingenuidad o por mala intención niegan la existencia, la validez o la eficacia de estas Declaraciones.
Porque para que tengan efectividad y “obliguen” a la Argentina deberían ser ratificadas por el Congreso, cosa que, aducen, nunca ocurrió. En primera instancia estas voces, suponiendo que sean ingenuas o ignorantes, no saben que lo que el Congreso debe ratificar son “tratados” no “declaraciones”. Y la elección de la formula “declaración” en estos acuerdos no fue ingenua. Estuvo pensada para evitar que la sensibilizada sociedad argentina se vea en la situación de debatir el asunto Malvinas. El objetivo de los acercamientos con Gran Bretaña es, justamente, lo contrario: olvidar, bajar a un mínimo el tema Malvinas. desmalvinizar. Por eso son “Declaraciones”.
Pero con sólo leerlas tomamos nota que su redacción es la de tratados completos y súper abarcativos, en las más amplias cuestiones que hacen a la soberanía, en sus aspectos más íntimos: explotación de hidrocarburos, pesca, inversiones británicas y FFAA. Para solo mencionar cuatro aspectos de los muchos que estas “Declaraciones” encuadraron hacia el futuro. ¿En qué sentido? En un carril específico que otorgó las ventajas necesarias a Gran Bretaña para obtener lugar primordial en la región. Y para poder sostener a un bajo costo la ocupación militar del territorio en disputa.
Son acuerdos de garantía geopolítica para Inglaterra y con ella de su lugar en el concierto de naciones imperiales. Se podría seguir impugnando la vigencia efectiva y obligatoria de estos tratados insistiendo en que no son “Tratados” y pueden ser obviados por cualquier gobierno. Pero esto no ha sido así. Primero porque este tipo de declaraciones se continuaron reiteradamente y se materializaron en comisiones que operaron muchos años y tuvieron consecuencias concretas en las políticas argentinas en todas las áreas, esto es fácil y públicamente verificable.
Además, a partir de las declaraciones el parlamento sancionó un conjunto de leyes que hace a cada una de las áreas que mencionamos, leyes de pesca, de inversiones, de defensa, de hidrocarburos, que son las que efectivizan como normativa obligatoria las “declaraciones”. Porque estas como tales, presentadas al pueblo como “Tratados entre Inglaterra y Argentina”, no hubieran sido aprobados o hubieran sido modificados. Por eso las leyes concretas en los terrenos específicos en medio del clima privatista pasaron, con o sin oposición, pero “desmalvinizadamente”.
Los acuerdos de Madrid
Si bien hubo sondeos anteriores las delegaciones Argentina y británica se reunieron por primera vez en Madrid el 17 de Octubre (si ¡¡el 17 de Octubre!!) de 1989 y acordaron una serie de puntos que fueron la hoja de ruta para las relaciones desde ese momento. Estos puntos fueron “-Medidas para fomentar la confianza y evitar incidentes en la esfera militar. –Relaciones comerciales y financieras. –Comunicaciones aéreas y marítimas. –Conservación de la pesca y futura cooperación sobre pesquerías. –Relaciones culturales científicas y deportivas. –Otros asuntos bilaterales”.
En ese momento, al cerrar los acuerdos, se declaró que “las hostilidades habían cesado”. Recodemos algo que poco sabido en Argentina, que Malvinas fue una batalla y que la rendición condicional fue de la guarnición, ni siquiera formalmente ya que la firmó el general Menéndez que no era el comandante militar sino el gobernador. El gobierno militar, y en siguiente gobierno democrático, no realizaron ninguna otra declaración al respecto, o sea que de hecho la Argentina no se había rendido y la conflagración en términos teóricos continuaba.
El punto 2 de la declaración es el más importante que se presenta en esta primera reunión de Madrid. En él se establece el famoso “paraguas de la soberanía”, bajo el cual se realizan todos los acuerdos posteriores y mediante el cual se pueden impulsar, como si no existiera conflicto, las actividades económicas en la zona y en el continente. Resumiendo, el “paraguas” dice que todos los convenios, declaraciones, tratados, notas, arreglos económicos que se realicen no impondrán a la Argentina ni a Gran Bretaña cambios en sus respectivos reclamos en la zona de Malvinas, Georgias, Sándwich y mares circundantes. Lo que hace es tender a estabilizar el statu quo de posguerra y abrir el juego al trabajo conjunto en todos los demás aspectos que presentan la declaración y sus ampliaciones posteriores.
A partir de la declaración se normalizan las situaciones financieras, comerciales, diplomáticas, marítimas y aéreas. Y, lo que es central, se inicia la colaboración entre partes en el tema pesquero. También se realizan arreglos en términos “normales” por cuestiones de la “deuda externa”, intercambios deportivos y culturales, temas humanitarios, etc. El “paraguas” o “formula de la soberanía” debe ser explicado en sus reales consecuencias.
Una, que legitima un statu quo pos guerra, tranquilizando a los británicos que son los que ocupan un territorio en disputa. No aporta nada a la Argentina que no tiene ninguna amenaza sobre territorios en los que aún ejerce su soberanía efectiva. Por el contrario, los abre a las inversiones británicas (y, como se verá después, con enormes privilegios). O sea, en ese punto los británicos logran que se patee hacia un tiempo sin definición la discusión sobre la soberanía y los deja tranquilos en el resto de sus intereses.
Segundo, al normalizar las relaciones sin que eso implique ningún cuestionamiento a la ocupación británica, abre la puerta a las inversiones en el territorio ocupado y llama al trabajo conjunto, es decir a la colaboración argentina en la explotación, lo que descomprime en forma absoluta los costos y riesgos, tanto de la ocupación como de los posibles inversores. Indudablemente, suponemos que esa era la intención, para beneficiar a empresas del continente.
Pero hasta en ese punto las cosas no fueron así, ya que las beneficiadas fueron las mismas firmas británicas y de otros países que operan en la zona. Las empresas argentinas se encontraron con la traba que para los británicos el “paraguas” implicaba que estas debían reconocer, durante el tramiterío correspondiente, que operaban en otro país, o sea reconocer la soberanía británica. De hecho, el caso de la explotación pesquera es paradigmático, pero esa situación se dio hasta en la colaboración claramente humanitaria para el desminado.
Inmediatamente después, y viendo que Argentina avanzaba rápidamente en la normalización de la situación, el 14 y 15 de febrero de 1990 se hizo pública la “Segunda Declaración de Madrid”. Allí acorde al punto 4, Inglaterra anunció que levantaría la zona de exclusión, cosa que se efectivizó a fines de marzo de ese año como figuraba en la declaración.
El punto 3 anunciaba que “se reabrirán próximamente las respectivas embajadas”. La cuestión de la zona de exclusión merece aclaración. Fue establecida el 30 de abril de 1982 ante la llegada de la flota británica para especificar la zona donde todos los buques y aeronaves militares o civiles argentinas o de otros países podían ser atacados si se introducían, es la zona de guerra. Y luego fue extendida hasta 12 millas de las costas argentinas. Sin embargo, en la práctica Gran Bretaña no dejó de imponer su soberanía por la fuerza en reiteradas ocasiones dentro de lo que considera jurisdicción de las Faklands.
De hecho, hubo reiterados incidentes en que buques argentinos fueron advertidos (desde el Almirante Irizar cuando revisaba pesqueros, hasta recientemente el velero “La Sanmartiniana”). Por eso el propagandizado “levantamiento de la zona de exclusión total” del gobierno de Menem, fue una apertura para hacer viable la actividad pesquera y la colaboración argentina en ella, de acuerdo a la conveniencia británica que, desde entonces, implica no entrometerse y dejar hacer a los británicos sus deseos y conveniencias.
De ninguna manera se dio ni en esta declaración ni en ningún otro convenio algún tipo de aceptación inglesa (aunque fuera bajo el “paraguas”) de presencia argentina en la zona sin su explícita autorización, ni voluntad alguna de sentarse a discutir algún tema trascendente.
Finalmente, el punto clave de esta “Declaración” es el que se refiere al aspecto militar. Es el punto 5 donde “ambos gobiernos aprobaron con satisfacción el Informe Final del Grupo de Trabajo Argentino Británico sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar”. Los acuerdos entraron en vigor el 31 de marzo de 1990 el mismo día del levantamiento de la zona de exclusión. Estos acuerdos fueron modificados, pero sólo en aspectos secundarios, en otras reuniones de alto nivel el 25 de setiembre de 1991, el 12 de julio de 1993 y el 19 de julio de 1994. Posteriormente el 27 de setiembre de 1995 aparece un anexo a la declaración conjunta en el que se especifican detalles de la colaboración entre ambos países para la explotación de hidrocarburos.
PARTE II
En base a lo planteado en la primera parte de este informe, podemos ver cómo los “Acuerdos de Madrid” de 1989 y 1990 son “hojas de ruta” para la implementación de una política de vasto alcance en lo económico, militar y de vasta implicancia geopolítica. La bajada a la práctica, los acuerdos concretos de validez legal o que hacen a la implementación de las políticas acordadas en las áreas definidas en las declaraciones se fueron implementando mediante grupos de trabajo binacionales que abordaron los temas, que realizaron nuevas declaraciones que complementaban las de “Madrid” y que implicaban la realización (ahí si eran necesarios) de tratados y leyes que los hicieran efectivos en los casos específicos.
Debemos aclarar algo que reiteraremos en todo este trabajo: la política general del gobierno menemista, desregulación, privatizaciones, libertad al capital extranjero, endeudamiento, realismo periférico, reforma militar, etc. enmarcados por la ley de reforma del estado y la ley de emergencia económica, sumada a las herencias del “proceso” de desregulación financiera, son la base sobre la que “Los acuerdos de Madrid” pueden ser implementados en forma contundente. Pasamos ahora a ver algunas de las políticas específicas que, por su implicancia para la formación socioeconómica argentina y para la soberanía nacional, consideramos fundamentales, por generar estructuras estables y difíciles de revertir.
El Acuerdo bilateral de inversiones
De toda la política británica hacia la Argentina contenida en las “Declaraciones de Madrid” es el “Convenio entre el Reino Unido (…) y el gobierno de la República Argentina para la promoción y protección de inversiones” la llave maestra del entramado. La segunda declaración de 1990 establecía en su punto 12: “Reconociendo que la promoción y la protección recíprocas alentaría la iniciativa privada y fomentaría la prosperidad en sus países, ambos gobiernos decidieron comenzar por vía diplomática la negociación de un ‘acuerdo de promoción y protección de inversiones’”.
Así el 11 de diciembre de 1990 Domingo Cavallo, en su última gran acción como canciller antes de pasar a revistar como ministro de Economía, y Douglas Hurd, el canciller británico, firmaron el Tratado que fue ratificado por el Congreso sin cambios el 4 de noviembre de 1992. Como vemos, la puesta en acto de medidas acordadas en Madrid que requieren sanción legal fue hecha en tiempo y forma. Por eso los negociadores no dudaron en llamar “Declaraciones” a las de Madrid, que son orientativas del conjunto de las políticas, y “Tratados” a las políticas específicas que requieren leyes del parlamento.
Esto no disminuye la validez de las declaraciones con las obligaciones que implican para las políticas de las partes. Para llevarlas adelante estaban los “Grupos de trabajo” que se reunieron muchas veces por diversos temas. Y de allí salieron los acuerdos (y desacuerdos) respecto de todos los temas. También es necesario señalar que, si uno se aleja de lo acordado en las declaraciones, o las diferencias implican enfrentamientos, debe denunciarlas. Tal como (veremos más adelante) hizo el canciller Jorge Taiana en el caso de la Pesca.
El tratado abarca la protección más amplia y completa de todo tipo de inversiones, como detalla el Artículo 1: físicas, muebles o inmuebles, títulos o acciones de todo tipo, tecnología y propiedad intelectual, concesiones y otros tipos de acuerdos que hagan “a la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales”. Como vemos en este artículo, el tratado abarca la minería e hidrocarburos en todo el territorio argentino, no especialmente en la región de Malvinas. Sectores de la economía que comenzaron a transformarse en recursos de explotación y exportación en manos de las grandes empresas extractivas extranjeras entre las que las inglesas, son parte sustancial. Este tratado fue parte de un paquete que transformó y permitió su implementación a partir de este momento histórico, de la mano del nuevo “Código de Minería”, la reforma constitucional que entrega los recursos naturales (desregulados y privatizados) a las provincias y la privatización de YPF.
El Artículo 3 es interesante ya que repite casi textualmente los conceptos fundamentales del tratado argentino británico del 2 de febrero 1825, firmado por el inefable lobbysta de los intereses británicos Manuel García, a la sazón ministro del gobierno de Rivadavia, y Woodbine Parish el encargado de negocios inglés en el Río de la Plata. En el cual se estipulaba la categoría de “nación más favorecida”, con un trato excepcional a los súbditos británicos y sus inversiones, con especificaciones respecto de aduana, tránsito, inversiones, navegación, propiedades y mercaderías, etc. que serían tratados preferencialmente.
El actual tratado señala en su Artículo 5 que “ninguna parte someterá en su territorio las inversiones y ganancias de inversión de la otra parte contratante a un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o que las inversiones y ganancias cualquier tercer estado”. No es muy aventurado afirmar que la “reciprocidad entre las inversiones británicas en nuestro país y las argentinas en Inglaterra no tiene ninguna dimensión de realidad. Debemos mencionar que, dada la continuidad jurídica, tanto del Estado Argentino como del Reino de Gran Bretaña, el tratado de 1825 estaría vigente, lo que hace a la Ley de protección de inversiones un renacimiento y una readecuación (y profundización) de aquel viejo tratado rivadaviano. Y en su inciso B, como en el Artículo 6 protege las “ganancias” especificando todos sus posibles tipos, remisión de utilidades, beneficios, intereses, dividendos regalías u honorarios, etc. que no pueden ser tocados, ni directa ni indirectamente. Dejando claro que no podrán ser manipuladas tampoco por el tipo de cambio, lo que implica que el Estado deberá suministrar divisas a cambio internacional. Ni podrá negarse a otorgar las divisas en tiempo y forma para ser remitidas al exterior. Agrega que en caso de “dificultades excepcionales de balance de pagos y por un periodo limitado” (haciéndose cargo de los problemas periódicos de la Argentina) se podrá “limitar la libre transferencia”. Siempre y cuando después de un tiempo prudencial se otorguen las divisas al tipo de cambio en el que fueron suspendidas.
Como para destacar también está el Artículo 8 donde se estipula al CIADI como organismo preferencial para resolver diferendos, aunque en el inciso siguiente deja abierta la posibilidad de que, si no se estipuló explícitamente en el contrato, la cuestión sea resuelta por otro tribunal acordado por las partes. Como vemos ésta es la llave maestra británica con la que se coloca varios pasos delante de otras potencias capitalistas en la fila de entrar a saquear la Argentina desregulada y privatizada por el menemismo.
Es claro que la victoria diplomática del 89/90 fue muy superior a la militar de 1982. Y abarca todo el territorio nacional. Era evidente que la diplomacia consideraba que con tal nivel de concesiones la colaboración dentro de estos parámetros en Malvinas sería posible. Pero no lo fue. Los ingleses, a diferencia de nuestras clases dirigentes, tienen claro que la proyección geopolítica es más que un negocio. Mediante este tratado devenido en Ley los británicos cuentan a su favor con preferencias especiales como para compensar su retaso relativo como potencia imperialista. Y es necesario destacar que Argentina no es un botín chico ni mediano, sino que está entre los grandes botines que el capital transnacional adquirió en esos años, y aun tiene, produciendo toneladas de huevos de oro.
Pesca
En la primera declaración de Madrid en el punto 1-d y en el punto 2-10 se aborda el tema pesca. Lo presenta como acercamientos para la “conservación y cooperación” de la fauna marina. E insta a “establecer un grupo de trabajo” que avance en el tema, que se lleva adelante. Esto se efectivizó con la reunión el 18 y 19 de diciembre de 1989 en París del “Grupo de trabajo argentino británico sobre pesca” que estableció que ambos países intercambiarían información sobre el tema en la región que va del paralelo 45 al 60 (en coincidencia aproximada con la zona de control militar), aportando detalles de las flotas, cardúmenes y que se iniciaría la exploración de la posibilidad de cooperación.
En la segunda “declaración de Madrid” se retoman estos puntos y se amplían en el punto 8 de la misma. Allí se reafirma el funcionamiento de un “Grupo de trabajo” que trate los temas claves de Pesca y FFAA. Estos temas serán tratados en numerosas reuniones de las partes a lo largo de los años. A partir de allí comienza una dinámica muy intensa que no conducirá a buen puerto para la Argentina. En cambio, irá paralela a la mejora de la situación británica en las Islas y a la enorme expansión de la explotación pesquera en la región por parte de flotas extranjeras, muchas de ellas con sede en Malvinas.
El 28 de noviembre de 1990 se realiza la primera reunión de la “Comisión de Pesca del Atlántico Sur”, donde se saca una “Declaración conjunta sobre la conservación de recursos pesqueros”. Este tipo de reuniones se repiten en Buenos Aires y Londres cinco veces a lo largo de 1991 y 1992. Inglaterra avanzó sin pausa mediante sucesivos actos unilaterales de afirmación de su dominio de diversas formas. Uno de ellos fue la declaración de jurisdicciones marítimas exclusivas alrededor de Malvinas desde 1986 y de las Georgias y Sándwich desde 1993. Había comenzado con la venta de licencias en 1987 y no se detuvo, sino que las amplió exponencialmente a partir de los acuerdos.
Siguió con el levantamiento unilateral en 1994 de la prohibición total temporaria de pesca estipulada en el área descripta en el “Anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990”, en el área al Oeste de aquella y la instauración en 2005 de un régimen de cuotificación de los recursos pesqueros en aguas circundantes a las Islas Malvinas, lo que llevó a la suspensión del acuerdo explícito de la declaración de noviembre de 1990. Todos actos de afirmación de soberanía y de expansión económica, bajo un eficiente “paraguas de soberanía”.
Las protestas argentinas están asentadas ante los foros internacionales correspondientes, pero caen siempre en saco roto. A pesar de ello hubo dos reuniones más el 6 y 7 de septiembre de 2006 y el 14 y 15 de marzo de 2007. Y una “Segunda Reunión Diplomática Especial para el tema pesca”, sin alcanzarse un acuerdo. Finalmente, el 20 de junio del 2008 el Gobierno nacional promulgó la ley 26.386 de Régimen federal de pesca, para actuar en relación con las empresas que explotan recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina (que abarca Malvinas y demás islas) sin la autorización correspondiente, a las que se le aplican sanciones pecuniarias, hasta el decomiso del buque. Los acuerdos previstos en la declaración de noviembre de 1990 se encuentran suspendidos.
En setiembre del 2016 el gobierno de la Alianza Cambiemos inició una nueva negociación y reestableció acuerdos. La canciller Malcorra y el vicecanciller británico Alan Duncan firmaron una “declaración” donde se contempla la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona de Malvinas y el restablecimiento de un vuelo desde las islas al continente, para mencionar los aspectos centrales, pero sin que Inglaterra haya revertido, ni siquiera puesto en discusión, algunas de las medidas anteriores que llevaron a la ruptura, ni mucho menos el tema de la soberanía.
No está de más señalar que esta nueva declaración solo ha dado más tranquilidad y tiempo al avance británico, y que no consiguió ni mininas aspiraciones económicas. Muchos recordarán una propaganda que tenía como lema “Menem lo hizo”. Una de las realizaciones menemistas era el enorme incremento de la explotación pesquera. Los 90 fueron el comienzo del auge del saqueo pesquero en todo el Atlántico Sur, enormes flotas de los países cuyas banderas cobijan industria de la pesca han recalado en nuestras aguas. En su masiva mayoría no son barcos argentinos, ni tripulaciones argentinas. Pescan con permisos, dejando un impuesto no muy elevado en las arcas provinciales. Este es el tema de disputa en la zona. Desde Malvinas se disputa un puerto y costos más baratos para la explotación de nuestras aguas.
Sin embargo, es claro que la política nacional en este tema ha dejado mucho que desear, se ha asimilado al denominado “extractivismo” (una empresa extranjera llega al país, toma de un recurso natural todo lo que puede, deja lo menos posible y se lleva todo, sin abonar a ninguna actividad transformadora), en este caso de recursos ictícolas. La pesca representa el principal ingreso fiscal de las Islas con 108 millones de dólares (es lo que queda en las islas por impuestos, no el valor de lo que se extrae) el 34,1% del total producto (2017). De unas 230 licencias concedidas por los Isleños bajo protección británica, en condiciones muy favorables a pesqueros principalmente de bandera española, coreana y taiwanesa que se llevan más de 200000 toneladas anuales. Esa cifra no ha sido eclipsada por las inversiones petroleras que han ido en aumento haciendo bajar el porcentaje de ingreso por pesca del 40 al 31%.
Sin embargo, el petróleo descubierto aún no es rentable. El salto cualitativo sucedió con la declaración de la zona económica exclusiva por parte de Inglaterra, lo que les dio a los isleños la posibilidad de hacer concesiones en las 350 millas de jurisdicción y saltar rápidamente en ingresos desde 8 millones a los 60 millones en muy pocos años, ya en 1987 se habían exportado 227500 toneladas de calamar. Como se ve al estudiar la evolución y composición del PBI isleño, la histórica Falkland Company y su lobby colonial sigue siendo la dueña de la mayoría de las tierras (el 40%) y los numerosos rebaños de ovejas. Pero ahora su antigua hegemonía es una más de los grupos de interés que operan en la zona. Las cifras varían en los últimos años, pero más o menos se sostienen y muestran cual ha sido el éxito británico en su política colonial.
Teniendo en cuenta que Inglaterra destina unos 65 millones de libras a las islas por año en defensa y que el ministro de Defensa, Michael Fallon, había anunciado en el 2015 que el Gobierno invertiría 268 millones de dólares en los siguientes 10 años a fin de asegurar la protección de los habitantes de ese territorio. Vemos que las islas generan superávit. Y lo hacen más allá de la hipotética expansión de los recursos petroleros y de la lucha por la posesión de la Antártida
Hidrocarburos
El 9 de diciembre de 1991 las cancillerías de Argentina y Gran Bretaña anunciaron la creación de un “equipo binacional para analizar formas de cooperación mutua en la exploración y explotación del lecho marino en el Atlántico sur”. El canciller era Di Tella y el ministro de economía, Cavallo. La representación argentina estuvo presidida por el director general de política exterior de la Cancillería, embajador Fernando Petrella; en tanto que la delegación británica estuvo a cargo del subsecretario adjunto del Foreing Office, Adrián Beamish. Pero esta intención no fue fácil de concretar por la dureza británica que, también en este tema, realizó un avance rápido sin importarle los reclamos e intenciones de “cooperación” argentinas.
El pedido mínimo de nuestro gobierno era desarrollar exploración y explotación conjunta y proponía una serie de zonas “limítrofes” entre la proyección de Malvinas y la del continente. En realidad, como en el tema pesquero, Argentina consideraba que la zona de Malvinas era, específicamente, la que debía discutirse y Gran Bretaña consideraba que la relación debía llevarse como si fueran dos países limítrofes que generaban espacios para sociedades comerciales. O sea, como en todos los casos, para Inglaterra el “paraguas” era en realidad un “blindaje”.
El 25 de septiembre de 1992 el gobierno británico, como consecuencia de las negociaciones mantenidas desde diciembre de 1991, decidió que empresas argentinas podrían participar en el llamado a licitación para la prospección sísmica, primer paso para la explotación petrolera. En marzo de 1993 anunció que, mediante una carta de intención, había notificado a las compañías petroleras más importantes del mundo que abriría la licitación para la exploración del petróleo. Lo hizo de modo unilateral y para la fase de exploración con perforación. Como vemos, la invitación a empresas argentinas es de una nación que ejerce soberanía (en Malvinas) a empresas de otro país, donde no se discrimina (como hasta el momento) a las que tengan personería jurídica en nuestro país (muchas británicas, todas extranjeras en 1993). Este llamado para la explotación de petróleo se realizó mediante las llamadas “letters of comfort”. Que garantizaban que si había petróleo dentro del área de 150 millas que rodea a las Malvinas, podrían extraerlo. La Argentina envió su respuesta mediante las “letters of discomfort” a las mismas empresas, advirtiendo que iniciaría un juicio en los tribunales internacionales a todo aquel que extrajera petróleo de esa zona en conflicto sin su autorización.
Pero Inglaterra respondió dejando clara su interpretación de la cuestión del “paraguas” y de los “Acuerdos de Madrid” en general: “que el gobierno británico no tenía por qué consultar al argentino al respecto, y que las relaciones entre ambos países debían seguir en el marco de amistad, confianza y cooperación que ha caracterizado a las relaciones bilaterales desde que se renovaron las relaciones entre nuestros países (…) esta medida no excluye al gobierno argentino de una futura cooperación en el área petrolera. El gobierno argentino sabía que íbamos a emitir estas cartas de intención, ni Gran Bretaña ni la Argentina quieren descartar una futura cooperación en las islas”.
El avance en la relación se produjo finalmente por el esfuerzo y las concesiones del canciller Di Tella, pese a recomendaciones en contrario de otros diplomáticos, inclusive el embajador en el Reino Unido, Mario Cámpora. La cancillería en ese entonces llevaba a fondo la política del “realismo periférico”, que se metaforizaba en dos definiciones de cancillería: las “relaciones carnales” y la “seducción” a los Kelpers, a los que llegó a enviarles ¡ositos de peluche! Así en Nueva York, el 27 de setiembre de 1995, se firma una nueva “Declaración conjunta” entre los ministros de relaciones exteriores de Gran Bretaña y Argentina Guido Di Tella y Malcolm Rifkind para avanzar en la “exploración y explotación de hidrocarburos” en el Atlántico Suroccidental. Luego de reafirmar el consabido paraguas de la soberanía, destaca que se excluyen a las Georgias y las Sándwich de esta declaración, en coincidencia con los intereses británicos. Esto es así porque Inglaterra separó la jurisdicción de Malvinas (dándole autonomía a los Kelpers en su zona) respecto de Sándwich y Georgias bajo jurisdicción directa de Londres.
Malvinas tiene su “gobierno propio” y se busca hacerlas sustentables, y meter a los kelpers como parte soberana en la discusión con Argentina. Mientras que Georgias y Sándwich pasan a ser territorios directamente administrados desde Inglaterra. La declaración, al mencionar explícitamente esto, hace una nueva concesión geopolítica a los ingleses, ya que en Argentina las Malvinas, Georgias y Sándwich son parte de una unidad política que es la provincia de Tierra del Fuego.
O sea la diplomacia Argentina acepta nuevamente un statu quo y una geografía política del ocupante, siguiendo de esta forma la aceptación de hecho y derecho de negociaciones económicas entre dos estados soberanos de los cuales uno (el inglés) ejerce su soberanía y la hace efectiva en el plano de la economía. Luego, la declaración pasa a especificar que los convenios serán de acuerdo a las necesidades estrictamente técnicas de la industria, acorde a la experiencia en el Mar del Norte y el Atlántico. Se crean organismos de coordinación para avanzar y se establece la decisión de realizar una estrecha coordinación para repartir beneficios y regalías. Es sencillo darse cuenta que la explotación del petróleo en el Atlántico sur sólo podría hacerse con la colaboración argentina, o al menos esto disminuiría notablemente sus costos.
El embajador Petrella expresaba claramente las intenciones del gobierno señalando la “satisfacción por el resultado de la reunión y demuestra el interés británico para avanzar en algún acuerdo sobre la cooperación en materia petrolera. Las formas de concretarla son amplias: desde la utilización del territorio continental argentino por parte de las empresas petroleras internacionales que tomen a su cargo las tareas, hasta la botadura de naves con licencia compartida por ambos países para facilitar las mismas”.
Muy claro, huelga la explicación del significado de fondo de toda nuestra política. Si para los ingleses la “economía” aparece como una herramienta para imponer su soberanía; para Argentina, la soberanía se subordina a los negocios privados. Sin embargo, además de esta cuestión de “costos” que son ciertas (y que los británicos han decidido poner en un segundo plano respecto al ejercicio pleno de su soberanía), la lectura del tratado parece similar al que se podría hacer con Chile o Uruguay en la frontera marítima.
O sea, da a las Malvinas el carácter de ser parte de un Estado extranjero con el que se tratan cuestiones de explotación común en áreas de frontera, aunque el “paraguas” dé la excusa a nuestro gobierno para impulsar esos negocios. Pero todo devino en conflictos. El tratado especifica que busca “promover la exploración y explotación (…) en áreas (…) sujetas a disputa de soberanía y jurisdicción”. Pero esto es diferentemente interpretado por ambos países en conflicto, aunque, no está demás aclarar que, para los foros internacionales la “zona en conflicto” es geográficamente más cercana de lo que Argentina plantea.
El acuerdo señala seis zonas de 3500 km2 donde se iniciarían las colaboraciones, ubicadas aproximadamente entre Malvinas y Tierra del Fuego. Sin embargo, la colaboración en este sentido nunca se llevó a la práctica justamente por la “interpretación distinta” de lo que está en conflicto (claro, porque es un conflicto). Ya que Argentina interpretaba que la exploración y explotación común se debía realizar en los 430000 km2 en disputa en torno a Malvinas, e Inglaterra solo aceptaba que fueran los espacios exteriores a esa zona y se reservaba para sí misma la jurisdicción soberana del área que reclamamos. Inglaterra continuó con sus licitaciones de amplias zonas sin que las protestas argentinas mellaran su política.
El problema para los británicos es que el petróleo se encuentra mar adentro, fuera de la plataforma continental y en cantidades insuficientes para compensar los costos en las condiciones actuales. Esta ha sido la única razón por la que la explotación petrolera kelper no haya avanzado y que la política argentina no se haya transformado de fracaso en catástrofe. Con el cambio de autoridades nacionales del menemismo a la Alianza se produjo un cambio en la política respecto a Malvinas. En el año 2000 el nuevo canciller Adalberto Rodríguez Giavarini determinó que el acuerdo petrolero entraría en una “pausa de reflexión”, que en la práctica implicó la suspensión de la colaboración que hasta el momento había sido fallida para la parte argentina.
Esta pausa se prolongó hasta el 2007 cuando el canciller Jorge Taiana, de la nueva administración kirchnerista, dio por terminado el acuerdo, indicando la falta de voluntad británica, la interpretación incompatible de las partes respecto de los términos de la declaración y la violación permanente de Gran Bretaña de las resoluciones internacionales. Aunque está claro, y hay que destacar, que a lo largo de las diversas administraciones el objetivo siempre fue que las licitaciones inglesas para explorar y explotar lo que se descubriera se hicieran en conjunto, tuvieran participación argentina.
Una aspiración módica, que Inglaterra no satisfizo. Lo que evidencia con crudeza algo que siempre fue muy claro, más allá de las formulaciones diplomáticas, el “paraguas de la soberanía” era un blindaje británico que dejaba afuera un tema que no podía ser excluido ya que “la soberanía” abarca y se materializa en la posesión de recursos pesqueros, petrolíferos, etc.
Por lo tanto, todas las negociaciones terminaron fracasando. Pero fracasando solo para Argentina, para los británicos fueron éxitos rotundos, materialmente verificables. La decisión del Gobierno argentino de dar por terminado el entendimiento provisorio de hidrocarburos fue apoyada por los doce países que participaron en la “I Cumbre Energética Sudamericana celebrada en la Isla Margarita” en Venezuela. Allí Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Chile, Guyana, Surinam, Perú, Brasil y Bolivia suscribieron el 17 de abril de 2007 la “Declaración Presidencial sobre las Islas Malvinas” que apoya claramente las posiciones argentinas.
Además, en el marco de las medidas concretas destinadas a desalentar y evitar la explotación ilegítima de sus recursos naturales, el Gobierno nacional dictó el “Decreto N° 256/2010 de aplicación a la circulación de los buques y artefactos navales entre los puertos continentales y los de las islas en disputa”, cuyo Reglamento de Aplicación fue publicado el 26 de abril de 2010 en el Boletín Oficial, que se implementó y que entró en aplicación concreta. Con relación a este tema cabe tener presente la Ley 26.659 sancionada el 16 de marzo de 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prevé sanciones de entre 5 y 20 años de inhabilitación a los infractores. Constitucionalmente la plataforma continental argentina incluye a Malvinas, Georgias y Sándwich.
Así, como señala la ex canciller Ruiz Cerruti (alto miembro del personal del ministerio durante la gestión de De la Rúa), a 10 años de la firma de los acuerdos de Madrid sólo había perjuicios para Argentina: Inglaterra no había cesado de avanzar y consolidar su posición y Argentina no había obtenido nada en absoluto. La derrota diplomática de los 10 años menemistas había sido catastrófica y construido una estructura difícil de desmontar.
En la discusión petrolera eso era muy evidente por la visualización mediática del tema. Aunque lo cierto es que la extracción del petróleo en Malvinas tantas veces anunciada nunca se concretó, con o sin colaboración argentina. Es que los costos de la explotación Off Shore en el Atlántico sur, en zonas muy complicadas climáticamente, lejos de la costa y a mucha profundidad necesita una muy alta inversión y equipo muy costoso. Y/o requiere una enorme potencialidad del yacimiento, y los descubiertos hasta ahora no tienen esa potencialidad a los precios de mercado actuales, lo que implica un riesgo enorme para las inversiones. Se suma esto a que, pese a la voluntad mostrada por nuestro país de “colaborar”, Malvinas sigue siendo una zona “caliente”. La política de la actual administración argentina demostró voluntad de volver a avanzar en “mejores relaciones”, o sea más facilidades a los británicos.
El 3 de marzo del 2018 la empresa Rockhoper y la empresa perforadora Diamond Offshore, ambas británicas, que operan en el mar del Norte (donde las reservas inglesas van en declive), firmaron una carta de intención para explotar un yacimiento. La empresa debe garantizarse extraer de una sola vez 1500 millones de dólares para que sea rentable la inversión. Los yacimientos se encuentran al noreste y sureste de las islas, más allá de las 200 millas. Según Federico Bernal, especialista en el tema, en la cuenca de Malvinas hay unos 293 millones de barriles para extraer en 25 años. Este especialista anunciaba en el año 2104 que estas empresas que hoy licitan, comenzarían a extraer petróleo en el año 2018 y que a unos 100 dólares el barril esto podía ser rentable dejando una ganancia de unos 30 mil millones en ese periodo y que serían comercializados en Inglaterra.
Pero para que sea rentable en el largo plazo la explotación en la zona en las condiciones existentes debe asegurar un precio por arriba de los 80 U$S por un largo plazo, cosa que en los últimos años no parece segura. NO está de más señalar que al igual que en el tema sequero, las concesiones de los kelpers son sumamente favorables para las empresas, y despreocupadas por el brutal saqueo. Más que las de nuestro país.
Pero la pregunta es ¿creemos que el petróleo es lo que mueve los intereses en el Atlánticos sur y los acuerdos de Madrid? Los hidrocarburos son un tema sobredimensionado. No porque no existan, sino porque la mayoría de los recursos reales de las Islas son hasta hoy pesqueros y, por otro lado, su valor geopolítico es central en la zona, tanto hoy como hacia el futuro. Inglaterra lo que busca es afirmar su jurisdicción sobre la Antártida y los enormes territorios marinos de la zona.
Si fuera sólo económico su interés, sin dudas ya habría aceptado la colaboración, aunque eso implicara algún tipo de “soberanía” formal compartida, quizás así sí el petróleo podría ser extraído a menor costo. Y sin dudas serían aún mayores los ingresos para los kelpers y para la corona. Argentina ha demostrado con creces estar dispuesta a ceder todo a cambio de algo. Aunque sea formal. Pero para los ingleses eso le implicaría un riesgo geopolítico que en condiciones de tanta “suavidad” de nuestra parte no le es necesario.
Vuelos
La declaración de Madrid de 1990 ya establecía poner en consideración “la situación de los contactos entre las islas Malvinas y el continente”. Esto se pospuso mucho tiempo, también por reticencias británicas. El conflicto era que para Argentina los vuelos a Malvinas eran “internos” mientras que para Gran Bretaña eran “internacionales”.
Finalmente, en “La Declaración Conjunta” del 14 de julio de 1999 estableció un vuelo regular semanal de la empresa chilena LAN Airlines entre Punta Arenas y las Islas Malvinas con dos escalas mensuales en Río Gallegos. Esta declaración fue ratificada por un decreto ley de junio del 2002. Para la cancillería argentina esto significa que, como Chile reconoce a las Islas Malvinas como territorio argentino, los tramos entre Punta Arenas y Río Gallegos y entre Punta Arenas y las Islas Malvinas configuran vuelos internacionales entre la Argentina y Chile, mientras que el tramo entre Río Gallegos y las Islas Malvinas es considerado de cabotaje dentro del territorio argentino, por lo cual LAN Chile cuenta por Decreto 1179/2002 con una excepción a la reserva del tráfico de cabotaje para aerolíneas de bandera argentina. Una salida decorosa pero que roza el límite de lo extremadamente formal frente a la realidad de una concesión que (nuevamente) sólo beneficia a Gran Bretaña.
Con el cambio de gobierno el 3 de noviembre de 2003 se comunicó al Reino Unido y a los demás países involucrados, que la República Argentina no autorizaría vuelos no regulares entre terceros países y las Islas Malvinas operados por empresas de terceras banderas. Con esta decisión se suspendió la comunicación por barco que había desde Chile, Brasil, pero especialmente de Uruguay. Dicha medida no alcanza a los vuelos regulares amparados por la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999, ni a los privados cubiertos por el Acuerdo por Canje de Notas del 23 de febrero de 2001.
Este último acuerdo otorga la posibilidad de vuelos charter aprobados desde territorio argentino, autorizados específicamente. Bajo este paraguas se realizaron los vuelos de los familiares y de turistas que visitan las islas. En este sentido no es criticable la declaración, pero abre la puerta (de hecho, lo hizo) a su utilización por gobiernos muy flexibles para darle a los ingleses más facilidades de comunicación. O sea, se mantiene el vuelo de Chile como situación excepcional y se desalienta otros vuelos, ya que al ser considerado territorio argentino los vuelos deberían tener autorización del gobierno para todos los que reconocen la soberanía argentina (todos los países sudamericanos).
De hecho, la única comunicación cómoda y efectiva se ha venido realizando desde el continente americano, aunque podría haber vuelos desde Brasil o Uruguay, estos países han mostrado disposición en colaborar con Argentina. Solo existe el puente aéreo desde la isla de Santa Elena a 4000 km al noreste, que es el cordón umbilical de los kelpers. Es allí ante la apertura de un aeropuerto civil de carácter internacional en el 2016, desde donde se puede (con gran déficit) establecer una conexión directa alternativa a las que Argentina pueda proveer.
En el 2018 Argentina y Reino Unido llegaron a un acuerdo de establecer un nuevo vuelo entre el continente y Malvinas. Este vuelo debería ser desde Buenos Aires, pero los británicos exigen que tenga un origen en algún país vecino. En este sentido también deja en cierto “limbo” la cuestión de la soberanía, y si el vuelo es internacional o de cabotaje, al igual que el existente entre Punta Arenas y Malvinas. Pero hasta ahora ha fracasado, ya que las Islas sólo tienen 2000 habitantes y las relaciones comerciales y económicas que sustentan la colonia tienen una raíz en Chile, no en Uruguay ni Brasil, posibles orígenes del vuelo previsto.
Los vuelos desde Punta Arenas trasladan turistas y unas 24 toneladas de productos al mes. Pareciera que los vuelos desde Punta Arenas no dan ningún beneficio a Argentina y representan un gran oxígeno para la colonia que se puede proveer fácilmente de cosas y tener una salida civil viable, esto permite que entre de 200 y 300 chilenos estén trabajando en las islas, 160 tengan residencia permanente (algunos ya se consideren isleños británicos), lo que es una cifra elevada para tan escasa población (con la autorización del vuelo la presencia chilena como habitantes permanentes, pasó del 1,5% a más del 6%).
La única manifestación registrada en la historia de las islas fue hecha por residentes chilenos en contra de la posición argentina hace unos pocos años. Los kelpers además tienen una fluida comunicación con el continente a la que aprecian mucho. Tampoco sabemos si los trabajadores chilenos tienen sellado su pasaporte por autoridades argentinas en su tránsito hacia Malvinas.
Como podemos observar en este tema, en apariencia tan sencillo de resolver, tampoco la política británica se ha mostrado dispuesta a aceptar un equilibrio, sino que sólo reestablecen vuelos cuando son completamente beneficiosos para una de las partes, les brinda posibilidades amplias de comercio y aumento de su población desde una perspectiva contraria a la integración con nuestro país. Pero está claro que las “declaraciones” respectivas y acuerdos concretos de vuelos son la materialización de la “hoja de ruta” planteada desde la “primera Declaración de Madrid”.
PARTE III
Las Fuerzas Armadas
Comenzaremos esta parte con un balance de la evolución material de las FFAA. Esto es necesario ya que la contundencia material que queda en evidencia es una constatación de la implementación por parte de nuestros gobiernos de la hoja de ruta de Madrid, aunque con una voluntad que suponemos supera las más promisorias ilusiones inglesas. Nos centraremos en la aviación por ser más fácil de cuantificar y ser un instrumento indispensable para un ejército eficaz.
Antes de comenzar el conflicto la Fuerza Aérea contaba con 68 aviones A-4 y 45 Mirage de diversos modelos o sea 113 aviones de combate efectivos para una guerra interestatal. En total la FA disponía de 216 aviones y helicópteros, entre ellos Pucaras y Camberras. La aviación naval disponía de 10 A4 y 5 Súper Etendard. O sea 15 aviones de combate efectivos más 25 de otros modelos menores. En total Argentina podía tener en condiciones de volar más de 250 aparatos Los que se ajustan a una fuerza aérea media para un país como de América latina, o sea no era una fuerza especialmente grande. Se perdieron en la guerra 19 A4 13 Mirage con un total de 47 aviones, mas 3 A4 de la marina y otros 9 de diverso tipo, en total 59 aviones. Quedando el material utilizable reducido a unos 190 aparatos a los que se incorporaron al terminar la guerra otros 9 Súper Etendard (con un Exocet para cada uno), entregados por Francia al levantarse el bloqueo impuesto por la OTAN. Tema que merecería un capítulo aparte para explicar algunas irracionalidades que implicaron una imprevisión de parte de las autoridades militares. Salvo los Súper Etendard y una parte de los Mirage, los aviones ya eran de una generación que iba quedando obsoleta y poco a poco quedaron la fuera de uso.
Es interesante destacar que la fuerza aérea y la aviación naval, perdieron parte de sus aviones porque quedaron en Malvinas luego de la rendición. Y que los británicos perdieron 34 aviones, 8 buques de primera línea hundidos, 7 con averías importantes (entre ellos un portaaviones) y 5 con averías menores. Debemos comprender las severas pérdidas británicas (mucho mayores a las argentinas en material e irrecuperables en lo inmediato en una expedición de larga distancia) para entender una parte del desmantelamiento del potencial bélico argentino por la política y la diplomacia.
Y para entender la Segunda Declaración de Madrid, donde se especifica la cuestión del control y vigilancia. Después de los Super Etendard (que eran el remanente de compras preguerra ya pagadas, otras compras de A4 hechas a Israel durante la guerra se transformaron en una estafa) sólo se incorporaron 36 viejos A4 comprados a EEUU modernizados y se actualizaron los Mirage Dagger.
En la época de Menem las FFAA se pusieron al servicio de necesidades operativas encuadradas en la nueva alianza estratégica con los enemigos de Malvinas. Allí su función se redujo a apoyo a misiones de paz o invasiones. Y se firmó un acuerdo para ser “aliado extra-OTAN”, cuyo significado fue más político que militar. En el marco general de la diplomacia de “realismo periférico” y apoyo al libre mercado, se desmantelaron las fábricas militares, y todas las industrias civiles concebidas como parte de la defensa nacional, cuya base era la posesión y desarrollo de “industrias básicas y estratégicas”. Entre ellas la fábrica de aviones, que otrora nos diera los generosos prototipos del Pulqui, y que en esa época fabricaba los Pucará, fue siendo abandonada y finalmente privatizada durante la gestión menemista.
El deterioro de la Fuerza Aérea fue progresivo en relación con la salida de servicio por vejez de sus aparatos. Sólo se adquirieron aviones de entrenamiento a hélice, algunos Tucanos brasileños (son 27, buen avión, pero para entrenamiento o apoyo táctico) y helicópteros también de apoyo. El principal equipo de vuelo lo constituyen 30 Pucarás, más acordes con una guardia nacional que con una fuerza aérea en condiciones de combatir o implicar algún tipo de desafío en el Atlántico Sur. De hecho, se destinan a apoyar a gendarmería en la lucha contra el narcotráfico. Hay 7 viejísimos A4 no aptos para el combate. Se suman a esto 20 Pampas, 22 aviones de transporte, cisternas, etc. Y 12 Texan de apoyo y entrenamiento que se esperan recibir este año (en el 2018 se compraran también 12 Suter etendard de descarte y desaramas a Francia). Lo demás son avionetas.
El único avión moderno en servicio hoy de los mencionados son los 4 Saab suecos, que no son de combate. Y son realmente útiles dos grandes helicópteros rusos para apoyo de campañas antárticas adquiridos durante le gestión kircherista. O sea, más de 100 aviones y avionetas y unos 35 helicópteros, todos de apoyo y para vuelos menores, o para combates de tipo guardia de fronteras. Claramente no es necesario insistir que no es una Fuerza Aérea. Creemos que es clara la política seguida desde 1982 y especialmente desde 1989 de desarme de todo lo que pueda implicar una “amenaza” hacia un potencial enemigo exterior.
La segunda declaración de Madrid y las FFAA
Las medidas que organizan el tema militar en el sur del nuestro país comienzan a delinearse en la “Segunda declaración de Madrid” de 1990. Es bueno recordar que hasta estas “Declaraciones” no existían relaciones diplomáticas, ni había algún acuerdo de partes (más allá de la rendición no incondicional firmada por el gobernador militar, general Menéndez en 1982) que regulara la cuestión militar en la zona, de hecho, la situación de conflicto militar continuaba en lo “formal”.
Tampoco había una política clara para las FFAA, esta se implementó después de la resolución de las internas militares y la asunción de un gobierno plenamente neoliberal. Respecto del Atlántico sur la primera declaración abarcaba un conjunto de temas que debían estructurar la relación argentino-británica; pero la segunda se centraba en el ríspido tema militar, llave para la seguridad y estabilidad inglesa en la zona. Implica un conjunto de medidas del ámbito militar para aplicación en el área disputada (en realidad en un espacio mucho más grande), que se especifican como anexos a la Declaración Conjunta.
Se construyó un “Grupo de trabajo sobre asuntos del Atlántico Sur” que se reunió en reiteradas oportunidades para tratar el tema militar. Las medidas de la segunda declaración fueron revisadas y progresivamente simplificadas a través de las Declaraciones Conjuntas del 25 de septiembre de 1991 y del 12 de julio de 1993 y del Comunicado Conjunto del 19 de julio de 1994 emitido por la tercera reunión del grupo de trabajo. Ninguna de las declaraciones subsiguientes altera nada significativo respecto de la original de Madrid. Lo interesante es que los “Grupos de trabajo” se llaman de: asuntos “del Atlántico Sur”, no de Malvinas/Falkland como aparece en las declaraciones originales. Esto implica la clara atención inglesa, no están “discutiendo Malvinas” entre dos países que se las disputan, sino el “Atlántico Sur” entre dos países que tienen intereses en el mismo, otro retroceso. En los artículos anteriores señalamos algunos puntos, aquí nos centraremos en la cuestión militar específica, cita en el punto 5 de la declaración. Estos son los dos ítems claves: A) “Sistema transitorio de información y consultas recíprocas” sobre los movimientos de las unidades navales y aéreas en la zona. B) “Sistema de comunicación directa”, para aumentar el conocimiento militar entre las partes. Los demás hablan de cuestiones de salvataje y seguridad de la navegación en la zona.
El “Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur” que surge de la declaración, abordó en forma permanente durante los años posteriores los puntos 5 (militar, que garantiza seguridad estratégica de las inversiones y disminución de los gastos británicos) y 7 (pesca, el fundamental para el sostenimiento de las islas en ese momento). La Declaración abarca también en los anexos 1 y 2 la forma concreta de cómo sería en control militar. Implicando a las unidades dependientes del Área Naval Austral (Ushuaia) y a la Novena Brigada Aérea (Comodoro Rivadavia). Del lado británico la contraparte es el Comandante de las Fuerzas en Malvinas.
Los detalles relevantes son: -comunicación radial directa abierta las 24 hs. –“Las partes se proporcionarán recíprocamente (…) con una anticipación mínima de 25 días información por escrito” de: movimientos de fuerzas navales y aéreas de 4 o más buques o aviones, ejercicios militares de 1000 o más hombres en que despeguen más de 20 veces aviones, todo tipo de ejercicios anfibios o aerotransportados que desplieguen 500 hombres o 20 salidas de aeronaves. – Se aceptará la presencia de un buque observador de la otra parte. – Hasta 50 millas de las costas se deberán dar datos detallados de cada unidad y sus jefes con, al menos 48 hs de anticipación. – Se acordarán “visitas recíprocas” a bases militares y unidades navales. –Se evitará cualquier movimiento que pueda ser considerado hostil (y el acuerdo detalla una serie de puntos para precisar esta cuestión).
La zona de vigencia de los acuerdos está detallada en el punto 3 del anexo 1. La zona bajo control se extiende desde la costa patagónica hasta el este de las islas Sándwich, y desde unos pocos km. el norte de las Islas Orcadas, hasta el paralelo 40. Un inmenso territorio, de hecho, casi todo el Mar Argentino, el acceso a la Antártida, el acceso a los pasos interoceánicos. Todo el territorio marítimo que Argentina reclama como propio y que recientemente fue adjudicado por la ONU a la Argentina (con la salvedad del conflicto con Inglaterra que, de hecho, lo deja en suspenso en su mayor parte), básicamente unos 4 millones de Km2. Para Argentina el control británico disminuye por el oeste hasta el término medio de la distancia entre Malvinas y la costa.
Es imposible que las fuerzas argentinas se muevan sin penetrar en este rectángulo. Y no sabemos cuántas veces se informó o como funcionó en la práctica este acuerdo. Sí que existieron reuniones para ajustar su implementación concreta. Y también otras dos cosas. Una que se registraron incidentes menores con barcos de bandera argentina, (inclusive privados) y con el rompehielos Almirante Irizar por realizar maniobras de inspección sobre pesqueros. Y dos, que, en las siguientes declaraciones y comunicados del 91, 93 y 94, los británicos manifiestan su conformidad plena con el cumplimiento argentino “teniendo en cuenta el aumento de la confianza mutua” como se declara el 12 de junio de 1993.
De esta forma en las siguientes declaraciones se disminuyen los días de anticipación para los informes de movimientos de tropas a 14 (dentro del rectángulo mencionado), y se disminuyen las distancias de alerta unas pocas millas. Sin embargo, son claros un par de temas. Uno, que Argentina cede a Gran Bretaña un control sobre sus fuerzas militares en un inmenso territorio que no estaba en discusión y que no había por qué colocar bajo ese sistema que de hecho restringe la libertad de las FFAA en el mar mucho más allá de Malvinas. Otro, que no sabemos si Argentina en algún momento intentó ejercer la vigilancia sobre los movimientos de unidades inglesas en las islas, que sí se hicieron numerosos y en cantidad. Quizás porque las FFAA argentinas carecen de la mínima capacidad de vigilar y de mover unidades al nivel que la declaración indica, como mencionamos al empezar este capítulo.
O sea, 4 unidades no se disponen en condiciones de operar por parte de nuestro país, y no hay recursos para realizar 20 despegues de aeronaves, ni aeronaves que tengan la categoría bélica suficiente. Entonces, si la clave técnica de este acuerdo es el “control recíproco”, nos preguntamos ¿es realizable? ¿A quién beneficia? ¿Argentina controla las fuerzas británicas en Malvinas, los ejercicios militares de la OTAN, el entrenamiento de tropas que pasan para las guerras de intervención y que en algunos casos allí se aclimatan? ¿Argentina controla el dispositivo militar de las islas o la llegada y salida de buques? Claro que no. Pero en sentido opuesto ¿lo hace Inglaterra? Y allí es donde debemos desprendernos y salir de la letra fría del acuerdo.
¿Qué significa el “aumento de la confianza” que declaran los ingleses? Va de la mano de dos cosas. Una, el progresivo deterioro de la capacidad de defensa, la baja del presupuesto que se dio en grado notable con Menem. El presupuesto militar argentino estaba en un 2,125 en 1988 cifra en la que rondó durante el gobierno de Alfonsín. Se derrumbó al 1,135 en 1998 cifra que redondea el gasto en defensa menemista, a lo que hay que agregarle el desmantelamiento de la industria militar y de defensa, civil o militar con su “irreversibilidad” producto de proceso de privatizaciones y de cierre de empresas del área de defensa. Con el kirchnerismo cayó nuevamente a un promedio del 0,8, cifra que hace insostenible cualquier fuerza armada. Bajo el actual gobierno se encuentra en el 0,9 porcentaje casi igual al del último año kirchnerista. Casi todo el presupuesto se gasta en salarios (que son bajos) y hace imposible que las fuerzas operen, mantengan sus unidades y menos se equipen.
Aunque se manifestó durante el kirchnerismo la intención de rehabilitar algunas industrias del área de defensa (sólo el astillero se “comenzó” a mover, la posibilidad de avanzar en satélites y el intento de un vector), todo quedó en algunas intenciones iniciales, que actualmente se están revirtiendo. Eso está en relación al deterioro y desaparición de escena del equipo militar más importante. Y no dudamos en arriesgar mucho si decimos que se relaciona con la desaparición del submarino ARA San Juan y que las otras dos unidades submarinas estén varadas sin posibilidad de moverse.
Es sorprendente también la evolución opuesta tanto del gasto, del número y equipamiento (y cambio de roles), de efectivos de seguridad respecto a los de defensa. El promedio de gasto militar en la región es bajo, del 1,6%, el mundial 3% y lo que recomiendan organizaciones especializadas es 2%; el nuestro menos del 1%. Segundo, la clara incorporación de la Argentina a las hipótesis geopolíticas de los EEUU y la OTAN en la época de la caída del muro de Berlín y la hegemonía unívoca de los EEUU. Eran los tiempos de nuestra incorporación como “Aliado extra OTAN” (categoría que aún detentamos) y la intervención de nuestras fuerzas en la expedición punitiva contra Irak.
El brutal alineamiento de Argentina junto al imperialismo y en contra de los pueblos y naciones soberanas, marcó un cambio radical de todas las políticas anteriores, hayan sido conservadoras, peronistas, radicales o militares. Pero, ambas cosas no deben desenmarcarse de una situación general que las sobre determinan. Es el “consenso de Washington” en el que nuestro país es incorporado como neo colonia, o como un nuevo tipo de país dependiente, del cual es ejemplo y modelo, a un hipotético imperio global (tal como Lenin había puesto a Argentina como modelo de dependencia antes de la primera guerra mundial). El librecambio asociado a “democracia política”, las privatizaciones, y la subsunción de la soberanía nacional en el “realismo periférico”.
¿Qué significa esto último? La doctrina diplomática y geopolítica del “realismo periférico” (teorizada entre otros por Carlos Escudé y puesta en práctica por Cavallo-Di Tella-Menem) implica que la autonomía de las naciones débiles debe limitarse a intersticios que dejan las naciones dominantes. Ya que enfrentar esa situación daría más perjuicios a la larga, y la dependencia en definitiva es beneficiosa. Esto sólo puede tender en lo militar la eliminación de las FFAA como una fuerza destinada a afirmar la soberanía en diversos campos, y menos aún en desafiar a algún país central.
Los “Acuerdos de Madrid” son la expresión más acabada de esa doctrina y, específicamente, el “Paraguas de la soberanía” cuya implicancia militar es “olvidar” que una enorme porción de territorio está ocupada militarmente por otro país y que este país mantiene una presencia militar notoria destinada a amenazar al nuestro. A eso se respondió con muestras inequívocas de voluntad estratégica de no luchar y, durante el menemismo, de incorporarse a la esfera geopolítica y militar imperialista. Como dijimos las recetas del Consenso de Washington implicaron la privatización generalizada y esto afectó gravemente a las FFAA argentinas. Las FFAA modernas de nuestro país se construyeron desde una hipótesis de defensa nacional con la producción nacional y estatal de materiales estratégicos y la disposición de industrias que fueran el sustento de la autonomía. Estas eran la “base” de la defensa nacional.
Ajustando el foco a lo militar, las FFAA argentinas debían parte de su poder en la estructura social argentina a su rol en la industria. El “Consenso de Washington” dejó a las FFAA sin la mitad de su razón de ser desde que el general Mosconi creó YPF. Las retrotrajo a la época del libre comercio, pero en una época en que los Estados-nación clásicos pasaron a ser considerados una traba para las líneas fundamentales de acumulación de capital mundial. Así el presupuesto militar cayó en un tobogán que no se detuvo hasta el colapso de las FFAA en este nuevo milenio.
Es de destacar, para tener en cuenta desde los sectores progresistas, que esta caída (única en el mundo) del presupuesto militar y el desguace de la industria de defensa nacional siguió a rajatabla, en todas las administraciones, las recomendaciones del Banco Mundial y el FMI, que “recomendaban” todos los años su disminución porcentual y la eliminación de “empresas del estado deficitarias”, específicamente las de defensa.
En qué situación nos encontramos hoy
Es en este paquete completo que encontramos las razones de la confianza inglesa. Toda su política se orientó a garantizar la seguridad de su establecimiento colonial al menor costo. Y lo logró con creses. Todas las declaraciones diplomáticas en foros mundiales favorables a la Argentina, más o menos contundentes, no implicaron ningún corrimiento de la línea inglesa en su afán de consolidar su dominio ni, mucha menos, alguna dificultad o sanción para esa potencia. Salvo cuando el gobierno alteró su discurso y tomó algunas medidas tendientes a dificultar y no a favorecer el desarrollo económico de las islas durante el gobierno kirchnerista (con el sencillo objetivo de sentar a Inglaterra a negociar), que tampoco afectaron el balance financiero isleño, ni hubo algún ruido en el tema Malvinas que valga la pena atender como vimos.
Pero la seguridad militar de las islas y su bajo costo económico están garantizados por la nula presencia militar argentina en la zona. Y esa es la clave de los acuerdos de Madrid en el tema militar: darles confianza a los ingleses para mantener su base al mínimo posible de efectivos acorde con una hipotética amenaza desde el continente. En este camino de consolidación inglesa, en diciembre de 2007, los entonces 27 países miembros de la Unión Europea consintieron la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur en el Tratado de Lisboa. Ignorando todos los países del bloque las decisiones de la ONU, lo que debería ser un llamado a la reflexión sobre cierta “ingenuidad” de nuestra política exterior. Situación que deberá repensarse con el alejamiento inglés del bloque, pero que dudamos que nuestro actual gobierno sepa, quiera o le interese, aprovechar.
Recodemos la frutilla de la torta para Gran Bretaña: Argentina carece de “hipótesis de conflicto” según la definición oficial de nuestros gobiernos. Siendo aún más paradójico que sí lo es para otros países latinoamericanos, inclusive nuestro hermano Uruguay. En Sudamérica, nuestros vecinos cuando desarrollan sus planes anuales de instrucciones e hipótesis a atender por sus fuerzas militares, Malvinas aparece como un asunto de atención claro y grave. Y que está burda declaración hecha por el kirchnerismo, la realizó con clara conciencia de estar en un mundo con amplios conflictos y enormes apetencias de las más diversas potencias que se despegan militarmente para hacerlas efectivas, y teniendo en cuenta que el conflicto de Malvinas es el más grande en términos de territorio que existe en el mundo. Cosa que es sorprendente y contradictoria con el discurso y el mensaje hacia la población y en foros latinoamericanos, donde se impulsaron medidas correctas y un marco de alianza acorde a la soberanía, como también con ciertos cambios desarrollados por el canciller Jorge Taiana como vimos en la primera parte de este informe.
Sin embargo, el correlato material del discurso en la práctica no se realizó, o se hizo en forma casi simbólica. Si se pensó la defensa se hizo sin FFAA, el Ministerio de Defensa permaneció atado a una concepción “negativa” respecto al tema militar. Como contraparte los ingleses mantienen una presencia clara y no simbólica orientada a amenazar la Argentina y sus discursos son claros en los más altos niveles de la metrópoli. Están basados en Monte Agradable 4 cazabombarderos Typhoon, un avión muy moderno, un Avión cisterna y un Hércules C 130. También desde el 2007 hay 2 helicópteros Sea King y 2 helicópteros civiles Sikorski S-61. Las unidades de tierra incluyen 3 unidades de señales y un destacamento de misiles Rapier de la Artillería Real. Hay equipos de ingenieros de la RAF y del Cuerpo Real de Logística en la capital y en Monte Agradable. Monte Agradable tiene dos pistas de aterrizaje, una de 2590 metros -la única pista que tiene el Aeroparque Jorge Newbery es de 2100 metros- y la otra de 1.525 metros.
El emplazamiento podría albergar para operar correctamente en una guerra a 80 aviones de combate. Por el lado del mar, las fuerzas británicas alternan diversos buques, aunque sólo uno está permanentemente en la zona. Son fragatas modernas y un destructor que no están en forma permanente ni dos juntos, sino que a lo largo de los años van cambiando, o vienen cuando hay prácticas masivas, además de buques patrulleros para control policial del mar. En general la marina británica destina un submarino nuclear con misiles crucero al Atlántico Sur. Entre personal civil y militar hay unos 1300 hombres, que para una población de 2000 habitantes son la vida de las islas.
En el 2018 Gran Bretaña anunció la instalación de nuevos misiles de estratégicos para apuntar contra nuestro país. Esto bajo el “Paraguas de la soberanía” y el “control recíproco” sobre 4 millones de Km2, en las puertas de la Antártida, en la boca de los estrechos que comunican al Pacífico y con un gran esfuerzo de conseguir inversores que se arriesguen con el petróleo. Y mientras nuestros gobiernos manifiestan que “no tenemos hipótesis de conflicto”. No es evidentemente una fuerza formidable y el gasto de mantenerla sólo es de unos 65 millones de libras, nada frente a los ingresos que las islas le proporcionan en estos momentos de amplia distensión.
Es de indicar que cuando Argentina manifestó cierto interés en adquirir aviones rusos, (o sea aviones no sometidos a ninguna limitación por alianza o veto ingles) el gobierno británico anunció aumento del gasto hasta los 100 millones. Argentina automáticamente desactivó cualquier intento de volver a tener fuerza aérea, siendo que sólo eran unos pocos aviones Sukhoi. Los misiles tierra-tierra anunciados por Inglaterra sólo tienen destino posible a la Argentina. La política inglesa es permanente y está destinada a la hipótesis de guerra.
Con el actual gobierno de Macri nos encontramos en la etapa final de un largo proceso. Este sin duda puede ser adjudicado a la claudicación diplomática y política que se materializó en los Acuerdo de Madrid de 1989/90, pero que no la podemos comprender si no la pensamos como uno de tres que se realimentan y son uno (como la trinidad cristiana).
Los Acuerdos que venimos estudiando, son la primera: la rendición efectiva, que hoy Macri pretende completar sepultado definitivamente a las FFAA como organización militar para la defensa nacional y transformándolas en un complemento para luchas de seguridad interior. El segundo, la existencia de una ideología que abarca desde la izquierda, el progresismo, la derecha, el neoliberalismo, la clase media y las clases burguesas, de que no se necesitan fuerzas armadas para la defensa nacional, porque países como el nuestro no “tienen hipótesis de conflicto” y no pueden pensarse con capacidad de defensa militar. Eso es común a Macri su equipo y todo el espectro progresista.
El actual gobierno se prepara para crear una nueva fuerza militar tipo “guardia nacional” para “nuevos conflictos” orientados al orden interno, conflictos de tipo policial. Es el fin del ejército que una vez organizó el general Richieri, sería el surgimiento de un nuevo tipo de fuerza armada muy distinto al ejército que estudiamos del siglo XIX, o que conocimos en el siglo XX. El tercer elemento también es ideológico y se basa en considerar a las FFAA una amenaza a la democracia, cuyo fortalecimiento va en relación opuesta a la libertad civil y los derechos humanos.
Por eso cuando las muy auspiciosas políticas de defensa pensadas en clave latinoamericana en UNASUR dieron unos titubeantes pasos, los militares argentinos solo pudieron hablar de DDHH, no de Malvinas o del cinturón de bases inglesas en el Atlántico sur, o como compartir tecnología para desarrollar aviones de combate efectivos, o si hay que tener proveedores y socios rusos o israelíes, etc. sino de DDHH. Tema justo para todas las áreas (por ejemplo, debería ser más aún necesario en nuestra deshumanizada economía) pero que hace poco a la defensa concreta. Eso va en relación casi simbiótica con la derecha neoliberal para la cual las FFAA son solo un “gasto”.
No podemos entender el grado de coincidencia en el aspecto del deterioro objetivo de la defensa nacional entre el progresismo y el neoliberalismo si no vemos estas tres fuerzas que operan como estructurantes de las ideas de defensa en el plano militar. De la misma forma que no podemos entender los acuerdos con Inglaterra, el éxito, la satisfacción y seguridad inglesa sin comprender esto.
Para cerrar esta tercera parte del informe volvamos a la Fuerza Aérea. En 2018 se denunció una de sus peores crisis que se cristalizó en el éxodo masivo de pilotos, una reducción presupuestaria, bases aéreas semiparalizadas y una flota de aviones de cero potenciales de combate, que además se encuentra fuera de actividad por problemas de equipamiento y mantenimiento. Hay sólo 45 pilotos operativos y quedaron 270 en la fuerza. NO es necesario decir más nada.
PARTE IV
Una larga historia diplomática
La cancillería registra 61 acuerdos diplomáticos de carácter diversos que reestructuran la relación entre Argentina e Inglaterra desde 1989, habiendo un vacío diplomático entre 1979 y 1989 (sólo interrumpido por negociaciones en torno a la crisis de la deuda externa a partir de 1985). Mientras que existieron 80 acuerdos de carácter diplomático entre 1823 y 1979 en su mayoría referentes a cuestiones económicas de transporte, de inversiones y comercio.
Aunque hay una intensificación de “la cuestión Malvinas” a partir del surgimiento de las Naciones Unidas. Sorprendentemente Cancillería no muestra en el reconto diplomático las varias notas de protesta presentadas por Manuel Moreno, el 17 de junio de 1833, el 29 de diciembre de 1934, el 18 de diciembre de 1841, el 19 de febrero de 1942 y 31 de Julio de 1849 (todas contestadas por las autoridades británicas) respecto de la usurpación de Malvinas. Quizás no lo hace porque fueron notas del encargado de negocios de la Confederación y no de un ministro o embajador de la República, sin embargo, Moreno representaba a todas las provincias.
Mientras que sí se señala como relaciones diplomáticas las establecidas por Rivadavia cuyo reconocimiento como Presidente de la República es mucho más cuestionable que el de Rosas como encargado de negocios de la Confederación. Es por ello que estamos acostumbrados a escuchar que nuestro país no se ocupó de las Islas hasta entrado el siglo XX. Se puede cuestionar por “rutinario” el reclamo rosista, y aún de que Rosas estaba dispuesto a negociar con Inglaterra en alguna ocasión la soberanía. Pero, es un tema de debate la estrategia rosista, un país en guerra permanente no parece en condiciones de hacer mucho más, y aun así, desde la caída de Rosas hasta fin de siglo el tema desapareció hasta de lo rutinario.
Los reclamos por el tema se interrumpen hasta el gobierno de Julio Roca. En 1885 se realiza una quinta protesta y esta se repite en 1888. Es que, como señalaba Jauretche, el roquismo tenía una conciencia territorial más clara que el mitrismo. O que en la nueva etapa del Estado consolidado y la precisión geográfica y la afirmación clara de derechos sobre fronteras, tierras y mares, pasaba a ser un tema central.
De hecho fue durante la segunda presidencia de Roca cuando se instaló la base argentina en las Islas Orcadas. Y que en 1903 el noruego Carl Larsen se instaló en las Islas Georgias y fundó una compañía con sede en Buenos Aires para explotar la zona. Desde 1905 hasta 1943 operó también una estación meteorológica argentina en esa Isla. Los británicos enviaron en 1905 una expedición e izaron su bandera estableciéndose en paralelo a la Argentina. El primer hecho de reclamo argentino sobre las Georgias data de 1927 y sobre las Sándwich de 1948. Sobre estas últimas en enero de 1955 se realizó la primera presencia oficial de un Estado, la Argentina desembarcó; y a partir de 1976 hasta 1982 funcionó una base meteorológica y científica en la isla Thule.
En la cuestión diplomática, ya con la ONU formada y sus foros complementarios, en 1945 Argentina presento reservas sobre la cuestión Malvinas. Desde 1946 hasta 1964 se presentaron 18 reservas. Además de incidentes militares en la zona durante el gobierno peronista, consecuentes a que Argentina aumento su presencia en Antártida y Sándwich del sur, con nuevas bases permanentes. Es en 1963/64 que el comité de descolonización de la ONU coloca a las Malvinas y demás islas como uno de los tantos territorios a descolonizar.
El 16 diciembre de 1965 la ONU aprueba la resolución 2065 que insta a las partes a negociar la soberanía de las Islas, constituyendo una victoria diplomática Argentina que puede contar en su haber el gobierno de Illia. Hay que tener en cuenta el contexto mundial de descolonización y movimientos de liberación nacional. Inglaterra se replegó. La resolución sienta jurisprudencia para territorios ocupados no sujetos a “autodeterminación” sino que son parte de otro Estado al que les fue arrebatada una porción de territorio por la potencia colonizadora Sin embargo las negociaciones entran en una situación típica en estos casos. La potencia ocupante que se sabe fuerte, “acepta, pero no cumple”.
A partir de 1965 los reclamos irían subiendo de tono. Primero con el canciller Costa Méndez durante el gobierno de Lanusse el discurso se tornó menos pacífico. Sin embargo, es durante el gobierno de Lanusse que se realizan acuerdos en los que Argentina establece presencia en las Islas: un vuelo de LADE, maestras para escuelas bilingües, presencia de YPF, etc.
Durante el tercer gobierno peronista la cancillería insistió clara la vocación pacifica de nuestro país, pero señaló con insistencia tanto durante la cancillería de Puig como la de Vignes el tema Malvinas. Se avanzó en los foros americanos como en No Alineados, en un contexto regional donde las posiciones “tercermundistas” parecían imponerse. Y se insistió que Argentina no estaba dispuesta a que las negociaciones se prolonguen indefinidamente lo que de por si es una clara amenaza militar. El canciller Vignes señalaba que “mi país ha adherido y continúa adhiriendo a la vía de la negociación con la Potencia ocupante, pero advierte que ese procedimiento no puede prolongarse indefinidamente, sirviendo como medio para el mantenimiento de la situación actual. Si la actitud negativa del Reino Unido conduce a un callejón sin salida, el Gobierno argentino se verá obligado a reexaminar en profundidad la política seguida hasta el presente”. En esa situación de presión y negociación se evaluó por ambas partes una propuesta de “condominio” cuyas características negociaban hasta la muerte de Perón.
Sin embargo, desde 1969 paralelamente el Reino Unido inició la discusión de la hipótesis de la existencia de petróleo en la plataforma continental. Esto llevo a una confrontación en febrero de 1976 cuando un destructor de la Armada cañoneó al buque británico Shackleton que estudiaba el Mar Argentino a pocas millas de las Islas. La escalada era importante la cancillería había advertido hacia fines de 1975 que “su gobierno, juntamente con las FFAA (…) actuarán sin precipitación, pero con toda la persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr justicia” y así lo hicieron aduciendo que las 200 millas en torno a las islas eran jurisdicción nacional.
Una declaración de similar tono fue expresada por Oscar Camilión un año antes de la guerra “ni las Malvinas pueden seguir siendo un colonia, ni la Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas colonias”. O sea, la situación era tensa desde varias décadas. Los británicos estaban dispuestos a hablar, pero no a avanzar, y desde 1977 hasta 1981 de vivió una situación de parálisis diplomática. La situación terminó en la guerra, como ya dijimos, poco planificada, o mejor dicho, con poca previsión de alternativas militares, y con una visión de las relaciones de fuerzas internacionales, geopolítica, y posibles aliados y enemigos que conspiró contra las posibilidades argentinas.
Desde 1982 la diplomacia dejó de actuar públicamente hasta los “acuerdos de Madrid”. Los que como vimos implicaron no solo una serie de concesiones que superan la realidad de la batalla militar perdida, sino que implicaron un cambio de toda la tradición sostenida desde la segunda pos guerra mundial por todos los gobiernos nacionales.
La diplomacia bajo “Paraguas” sin soberanía
Lo que nos llama la atención es el desbalance de tratados entre los 28 años recientes (61, hasta hace un año) frente a 80 acuerdos en 159 años anteriores. Evidentemente a partir de las “Declaraciones de Madrid” las relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña se intensificaron. Debemos discriminar a los acuerdos referentes a Malvinas entre económicos, diplomáticos o militares, y separar también a los que tienen que ver con cuestiones generales que hacen a una relación entre Estados en cuestiones no conflictivas a la soberanía en las Islas en forma directa o que no se devienen de los acuerdos de Madrid, de los que hacen a la cuestión Malvinas en forma directa o indirecta.
Quizás se podrían dejar de lado los acuerdos relacionados con el desminado o las visitas e identificación de los argentinos enterrados en las Islas, ya que parecen cuestiones humanitarias que deberían ser resueltas con “caballerosidad”. Sin embargo, en ambos temas los conflictos fueron importantes, ya que la presencia argentina fue condicionada por Inglaterra de forma que implicaba un reconocimiento a su soberanía, transformando lo humanitario en una estrategia de autoafirmación de hecho.
En ambos casos fue muy dificultosa la colaboración ya que se consideraba la entrada de argentinos a las Islas como un trámite similar al de ingresar a Inglaterra, o sea “sellar el pasaporte”. Y en el caso de desminado la contratación de empresas por parte de Argentina sufría la misma restricción. En ese sentido se ve, una vez más, la inoperancia del “paraguas” ya que éste funciona para la extensión y facilitación de los beneficios británicos para cuestiones económicas que permiten hacer sostenible la ocupación, pero no funciona ni siquiera para cuestiones de humanidad. Inglaterra no duda que “el paraguas” es hacia área de Malvinas, Sándwich y Georgias más su zona exclusiva, allí no se discute nada o se boicotea toda discusión. O sea, sólo debe funcionar para las relaciones económicas, culturales diplomáticas y deportivas en el territorio argentino que nadie cuestiona.
Por el contrario, un éxito Ingles brillante ha sido conseguir, mediante una inoportuna intervención de los organismos de DDHH, el trato de los caídos argentinos en combate de “víctimas de la dictadura” y “NN”, o sea correr el eje de la disputa por Malvinas desde el colonialismo a los DDHH, de la pelea entre un país imperialista y un país oprimido, hacia la idea de democracia o dictadura. Idea que está detrás de todas las intervenciones e invasiones de las últimas décadas.
En este sentido la legítima necesidad de los familiares para acceder a las tumbas de los soldados y de conocer quién es quién en cada una de ellas para poder tributarles el afecto y realizar el duelo, pretendió ser usado en una disputa de sentido para nada caballerosa ni humanitaria. El objetivo inglés es que los familiares llevaran a sus caídos hacia cementerios en el continente. Igualmente, una vez realizada la identificación de las tumbas de Darwin salieron a la luz sus historias en la guerra y muchos actos de entrega y heroísmo. Recordemos que durante la guerra había dos posiciones en el progresismo y la izquierda mundial. Una que sostenía que las Malvinas eran una base inglesa en territorio sudamericano y que a Argentina le correspondía recuperarlas; más allá del régimen político de cada país, lo prioritario era la conflagración entre un país del tercer mundo y una potencia (posición acorde a la resolución 2065). Y otra que decía que Argentina era un dictadura e Inglaterra una democracia y que por lo tanto el tema de los DDHH que la dictadura violaba era prioritario, mientras que en Inglaterra primaba el estado de derecho. O sea, confundía la cuestión exonerando al colonialismo.
Respecto del tema FFAA y Tratados de Madrid, este es un punto clave. Ya mencionamos que el desarme argentino es parte de los tratados, pero también de una política más general hacia los países del Tercer Mundo sugeridas por los organismos internacionales. Sin embargo, ha sido especialmente exitosa en el nuestro. Ningún país de la región se encuentra tan indefenso militarmente.
En algunos casos el desarme fue un costo económico mayor que el sostenimiento del proyecto militar en cuestión, tal como el desguace del Misil Cóndor II, único en su tipo en el tercer mundo en esa época, una amenaza disuasiva muy real para la base británica y pilar de un desarrollo tecnológico de vanguardia. Eso sólo se logra con un consenso interno, y en nuestro país esto se debe a la confusión reinante entre temas de defensa nacional y FFAA con DDHH.
Esa política es un pivote del discurso imperialista hacia Argentina (y no tiene ningún reflejo en las políticas de los países centrales hacia sus propios ejércitos, eso es evidente). La defensa argentina depende de la muy saludable buena voluntad de nuestros vecinos. Mientras la conciencia de la opinión pública este predispuesta a aceptar que poseer una fuerza armada eficaz es un gasto innecesario, la correlación de fuerzas en el Atlántico sur seguirá inclinándose hacia el invasor y cualquier estrategia diplomática quedará mutilada.
Recordamos que esa confusión no estaba en la mente del pueblo argentino que se movilizó para respaldar la causa de Malvinas, sin dejar de lado la conciencia de que el gobierno militar era represor y antinacional. La diplomacia argentina respecto de Malvinas ha tenido dos sub etapas a parir de las “Declaraciones de Madrid”. Una desde 1989 hasta 1999 y otra desde el 2000 hasta el 2015.
En la actualidad, con la administración de Cambiemos, se intenta orientar nuevamente hacia la política de la etapa 1989-99. Sin embargo, el rotundo fracaso de la misma, hasta para los intereses de los mismos grupos económicos nacionales, no favorece para hacer ese transito muy rápido no consensuado.
Allí se nota la contradicción entre una administración “globalizadora” cuya concepción de país es de obsolescencia de la idea de soberanía: el país como “espacio de negocios”; frente a las fracciones de la burguesía local para las cuales el Estado propio sigue siendo una herramienta indispensable, y sigue vigente la función de éste como herramienta propia que abra mercados ayude a su desarrollo y le garantice ciertos privilegios a nivel local. La primera etapa se caracterizó por una ingenua o cómplice confianza en que Inglaterra compartiría los “beneficios” de la llegada de empresas a la región, primero en pesca y segundo en hidrocarburos.
Esa colaboración se dio en el ámbito del territorio continental donde los británicos contaron con enormes beneficios a partir de la “Ley de protección de inversiones”, pero no sucedió en lo más mínimo en Malvinas. Estuvo enmarcada en las reuniones de diversos “Grupos de trabajo”, que abarcaban los diversos temas de la hoja de ruta de las declaraciones, todos fueron un pantano para Argentina.
También se caracterizó por lo que se llamó “seducción”. Una política basada en convencer a los kelpers de que les convenía la integración a/o con la Argentina. Este segundo punto fue el colmo del ridículo, llegando a mandar ositos de peluche a los kelpers ¿Por qué 2000 personas que tienen los enormes beneficios de la protección de una potencia y de la libertad de quedarse con impuestos producto del saqueo incontrolado de recursos, van a querer aceptar ser argentinos, cuando obtienen la renta per cápita más alta del mundo? Que es producto de algo similar a la piratería, puede ser, pero los delitos son tales si no los cometen los poderosos o bajo su protección.
En realidad toda la diplomacia se encuadró en la ya explicada doctrina del “Realismo periférico”. Además, roza la “traición” respecto al tema de quienes son los interlocutores, cosa que nuestra diplomacia sostuvo con convicción en todas las administraciones y que fue el éxito de la resolución 2065: es una negociación entre Argentina el país despojado y la potencia que ocupa parte de su territorio (algo similar a los de China e Inglaterra respecto de Hong Kong). Nuestros políticos parecen darle a los Kelpers la categoría de tercer actor junto a Inglaterra y Argentina, siendo que está aprobado en todos los foros que las negociaciones son bilaterales y no es un proceso de “independencia” sino de “descolonización” e integridad territorial argentina. La segunda etapa abierta en el año 2000 con el acceso de la Alianza y desarrollada con la administración kirchnerista, tomó nota del fracaso (para la Argentina) de los “Acuerdos de Madrid”.
A partir del 2003 inició una ofensiva diplomática más efectiva, abandonando la política de seducción y suspendiendo el canciller Taiana algunos de los puntos de los “Acuerdos” tratados en los “Comunicados conjuntos” emitidos por las comisiones específicas. Esto dio resultado en los foros diplomáticos, ya que la posición argentina es coherente: que Inglaterra se siente a negociar es razonable y legal, la evidencia colonial de una Islas tan lejanas de la metrópoli es evidente.
Además, se encuadra en las resoluciones de Naciones Unidas. Pero no se obtuvieron más resultados que los que se venían obteniendo desde que se inició el reclamo sistemático. Pero, paralelamente, sí se lograron una serie de declaraciones y solidaridades más activas, especialmente de los países latinoamericanos que incluyeron el tema en sus agendas acorde con la posición argentina.
En este sentido la orientación latinoamericana que implicaba hacer partícipes activos de las declaraciones y acciones efectivas a los demás países del continente fue un cambio que dio resultados. Aunque todos los acuerdos logrados en UNASUR, Consejo de defensa de UNASUR, Mercosur, ALBA, etc. tuvieron la limitación de estos nuevos organismos, cuya consolidación se encontraba en proceso, fue vacilante y hoy tienden a ser abandonados.
También se logró mediante un trabajo sistemático el que pude ser considerado el único verdadero logro material de la diplomacia argentina con proyección geopolítica de futuro. El 21 de abril de 2009 se hizo entrega a la “Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas” de la documentación que avalaba la presentación nacional del límite exterior de la plataforma continental de la totalidad del territorio argentino. El 17 de marzo del 2017 y pese a la oposición británica, la ONU extendió un 35% la proyección nacional sobre los mares del sur. Aunque los territorios en disputa esa definición queda en suspenso. La Argentina realizó así un acto de afirmación soberana de sus derechos sobre un vasto territorio de 1.782.645 km2 de plataforma continental argentina que se extiende más allá de su zona económica exclusiva y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio continental, de las islas del Atlántico Sur y del Sector Antártico Argentino.
Como vemos el principal logro diplomático estuvo sin consultas ni intentos de acuerdo con la potencia ocupante. Los gobiernos kirchneristas dejaron en stand by o suspendieron acuerdos que habían sido violados notoriamente por la contraparte británica, que de hecho sólo funcionaban para paralizar la posición argentina en diversos foros para que, mientras tanto, el avance económico británico se consolidara. Aunque siempre lo hicieron con un llamado a la colaboración y a la posibilidad de trabajar conjuntamente, sin embargo, el “Paraguas de la soberanía” entró en crisis. Pero los mecanismos de “reciprocidad de inversiones” siguieron vigentes y la penetración del capital británico con enormes privilegios en el territorio continental se sostuvo al calor de la expansión de la producción extractiva tanto en el continente como en las islas.
Se insinuó alguna forma de “bloqueo” de hecho, con la recomendación (cumplida en parte) a los países vecinos de no permitir los viajes hacia las islas (que no pasasen por el país y fuesen autorizados por nuestro gobierno). Y la sanción en algunas provincias de la “ley Gaucho Rivero” que impedía atracar en puerto locales a buques que fueran a las Islas. Aunque continuó el vuelo desde Punta Arenas. Como también de aprobaron leyes que imponían sanciones a empresas pesqueras y petroleras británicas que operaran en las islas sin autorización argentina, como ya vimos.
El tema de las FFAA en el kirchnerismo merece un capítulo aparte que no abordaremos, aunque vimos una aproximación en la Parte III de este mismo artículo. Se estableció con solidez e insistencia la vía diplomática, exclusivamente, de recuperar Malvinas. Y se declaró con energía que “Argentina no tiene hipótesis de conflicto” toda una alegría para los británicos. Sumado a cierto discurso ambiguo respecto de la guerra en foros mundiales y noratlanticos, donde (a diferencia del discurso en Sudamérica) se dejó traslucir la idea de “locura” de una dictadura, que jamás volvería a cometer un gobierno argentino. Algo que parece innecesario y que creemos que expresa la lucha entre dos vertientes diplomáticas que operaron al interior de la cancillería kirchnerista: una más cercana a la tradición peronista, más nacionalista y confrontativa, y otra más cercana a las ideas de una “globalización progresista” cercana a las ideas de la socialdemocracia mundial y las ONGs.
Esto no impidió que en Malvinas exista una base militar y una política militar británica agresiva, en la que Argentina sí es una hipótesis de conflicto. Si Argentina abandono su Cóndor II y entrego toda la información del mismo a EEUU, Inglaterra hoy instala misiles de alcance medio apuntando a nuestro país. La política británica en combinación con la conciencia pacifista argentina ha conspirado en la imposibilidad de adquirir o desarrollar cualquier tipo de armamento eficaz, y generó un escándalo proporciones cuando desde el ministerio de defensa se insinuó que se podrían comprar aviones rusos, o genera rechazo desde sectores progresistas cada vez que se habla de gastar módicas sumas en defensa.
Debemos insistir que es una enseñanza histórica desde los tiempos más remotos que en las luchas más diversas (y las luchas entre naciones son un paradigma de esto) el factor fuerza (militar) es una de las variables importantes que entra en juego. La diplomacia es una relación de fuerzas, no es un terreno neutro de ideales bellos. Los “acuerdos de Madrid” fueron y son la hoja de ruta británica en relación con Argentina, y también la hoja de ruta de una parte de nuestra dirigencia y del poder económico transnacional que opera en nuestro país.
Las relaciones de fuerza son complejas y se corrigen alterando todos los vectores que las constituyen: políticos, económicos, militares, ideológicos, etc. Si bien a nivel mundial Argentina es más débil que Inglaterra, lo cierto es que a nivel regional no necesariamente debe serlo, y en el atlántico sudoccidental menos. Debemos romper con la conciencia impuesta de que somos un país débil, y que la guerra fue una derrota abrumadora.
A nivel global existen alianzas que pueden corregir esa relación de fuerzas. La combinación de todos los factores de presión; una estrategia nacional que incluya el corto, medio, y largo plazo; la alteración de las relaciones diplomáticas, económicas, etc. hasta tanto la cuestión Malvinas comience a resolverse. O sea, la denuncia práctica de las declaraciones de Madrid es la única forma de recuperar la soberanía sobre el sur de nuestro país y sobre nuestro mismo territorio continental.
Conclusión
Inglaterra es un estado potencia. Más allá de que el imperialismo ha ido evolucionado acorde con los cambios del capitalismo, los estados imperiales siguen siendo parte central del orden mundial, su sostén. En este sentido Gran Bretaña despliega unan serie de presencias coloniales a lo largo del plantea (Francia también, obviamente los EEUU), la más importante de todas se encuentra en Malvinas.
¿Cómo se despliega la geopolítica inglesa? Como estado imperial tiene tres espacios en los que se apoya. Uno es Europa. Allí los ingleses mantienen una integración parcial, que se limita, al no abandonar su moneda (calibra sigue siendo una divisa), y al no integrarse plenamente a la UE (ahora plantea el alejamiento). El segundo espacio geopolítico: es el status de principal aliado de los EEUU en los foros internacionales y en las intervenciones punitivas. Los ingleses operan junto a Europa con a los europeos continentales, pero también fuera de este marco de alianza, en paralelo, junto a los EEUU. El tercer espacio geopolítico (muchas veces olvidado en los análisis) es la Commonwealth, la comunidad británica de naciones. Tiene 54 países miembros, abarca 30 millones de km2 y 2100 millones de habitantes, su objetivo es cooperar en política economía y cultura, la Reina de Inglaterra es la cabeza de la misma. Es muy flexible países como India, Sudáfrica, Pakistán, etc. forman parte, lo que muestra una libertad en los integrantes. Pero es un espacio de proyección británico propio, muy importante para su geopolítica mundial como estado imperial. No debería sorprendernos que Ghana, país en el cual un ignoto juez puso embargo a la Fragata Libertad, sea miembro de esta asociación, y que los británicos hayan puesto en alerta a sus fuerzas en la zona cuando el conflicto de los fondos buitre amenazó con el embargo.
O sea Inglaterra se proyecta en el mundo, además de con su propio poder, con estos tres espacios de alianza. ¿Argentina que hace en ese sentido? Existe una vacilación entre tres ideas. Una, la del realismo periférico que fue introducida durante el menemismo. La segunda, el alineamiento flexible con “occidente”, que en la práctica es tener como horizontes al mundo noratlántico. Tercero, la idea de Argentina debe respaldarse en un bloque regional para proyectar colectivamente en el mundo un nivel de independencia, priorizar la idea de “multipolaridad”, eligiendo socios de acuerdo a intereses, y orientarse a relaciones sur-sur. Si la primera es la geopolítica renuncia a todo tipo de soberanía, la última es la única que permitirá a la Argentina conquistar su soberanía en el Atlántico sur y en el continente.
Un hecho destacable producto del debate parlamentario iniciado e mediados de la década del ochenta fue la creación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hecho materializado en 1990, lo que implicó una reafirmación soberana. No caben dudas de la perversidad de los que niegan la existencia y eficacia de los “Acuerdos de Madrid”. Es más, creemos que hemos demostrado que estos acuerdos se proyectaron en un gran número de otros acuerdos, declaraciones, tratados y leyes que encuadran una cantidad importante de áreas de nuestra soberanía económica, diplomática y militar.
Pero además es fácil inducir, si lo anterior fuera poco; que las políticas argentinas están orientadas, con fuerza de ley o de “voluntad”, mucho más allá de lo que se declaró en Madrid. Tal es así que ha dado en pensar la existencia de cláusulas secretas, cosa que no podemos afirmar, dado que las administraciones pos menemistas se mostraron perplejas ante los funestos resultados de los acuerdos del 89 en adelante. Pero es de destacar que los “Acuerdos de Madrid” son la forma en que Argentina se estructuró como país en relación a la asunción, más allá de lo efectivamente militar, de una derrota integral. En ese sentido vemos que la política en general es una: la desregulación, la entrega al capital foráneo de todas las riquezas, esa es una orientación general aparte de la derrota de Malvinas.
La derrota de Malvinas es un piso que se pagó, en primera instancia diplomáticamente, por la mentalidad subordinada de nuestras elites políticas y económicas dirigentes. Los acuerdos de Madrid son la forma en la que el imperialismo inglés (una parte del imperialismo mundial) se garantiza una tajada de león en Argentina y en una zona estratégica del mundo como es el Atlántico Sur. El acuerdo bilateral de inversiones es una concesión que abarca todo el territorio, los acuerdos por Malvinas, siempre fracasados desde nuestra perspectiva ingenua, son sólo mecanismos que favorecen el avance unilateral británico, evitando una política de mayor dureza en aras de una cooperación ficticia.
Que nuestras FFAA sean “controladas” o monitoreadas, o deben rendir cuentas de sus movimientos a la base inglesa de Malvinas pasó a ser secundario. Como sabemos eso es parte de la Declaración de Madrid. Pero no tiene fuerza de ley como impugnan con razón los que relativizan estos temas, y es bilateral. Sin embargo, la bilateralidad no existe, y al observar los fríos datos de la evolución de las FFAA argentinas, y su capacidad operativa, veremos con claridad que aparecen como inofensivas, en algunos casos hasta la virtual desaparición como tales. Lo que es sin dudas consecuencia de los acuerdos con Gran Bretaña.
El “no tenemos hipótesis de conflicto”, es la consecuencia de cumplir con las declaraciones en la que se establece la orientación de descomprimir al máximo la región para facilitar inversiones. En este terreno debemos no solo encuadrar la desaparición del submarino ARA San Juan, sino la política de ocultamiento y desaprensión por parte del gobierno. En el año 2016 la primer Ministra Británica Teresa May escribió al gobierno argentino pidiendo relanzar las relaciones enfriadas durante el periodo kirchnerista, especialmente en cuestiones de pesca y petróleo, reactivando las políticas de concesión dificultadas en la gestión anterior.
Los convenios firmados por el canciller Jorge Faurie en el 2017 sobre pesca, generaron suficiente rechazo en la población como para que la Gobernadora de Tierra del Fuego enviara una nota de protesta al Gobierno Nacional por haber encarado acuerdos en materia pesquera y de operaciones científicas en la Antártida que ignoran el interés provincial. Mientras en paralelo se fortalece la presencia militar enemiga. Durante el 2017 se revistaron seis vuelos militares entre Monte Agradable y aeropuertos de Brasil, como también viajes marítimos desde Uruguay. Es la contradictoria contracara de las recomendaciones anuales del Banco Mundial y del FMI, que se debe bajar el presupuesto de defensa hasta el 1%, ínfimo entre los países equivalentes a Argentina, y está en consonancia con la idea de la actual administración sobre la “integración de Argentina al mundo”.
Es así que en este caso también los “Acuerdos de Madrid” se encuadran en la forma británica de penetración y control de nuestra defensa, como un aspecto en el que el imperialismo nos desarma y nos impone la orientación geopolítica al Estado y la idea que nosotros como ciudadanos debemos tener sobre la defensa.
Por último, vemos como muy sugerente que Domingo Cavallo haya sido el ministro de relaciones exteriores desde julio de 1989 a enero de 1991 cuando se firmaron las dos “Declaraciones de Madrid” que encuadran toda la política argentina en Malvinas y mucho más allá. Por ejemplo, fue Cavallo el que anuncio con gran propaganda el envío de tropas argentinas para invadir Irak junto a Inglaterra y los EEUU principales socios en esa guerra colonial. No fue ni el presidente, ni el ministro de defensa, ni el jefe de las FFAA, sino Cavallo. Y no es sorprendente tampoco que haya sido con Cavallo como ministro de Economía cuando se realizaron todos los principales acuerdos de contenido económico que implicaron los mayores éxitos de Gran Bretaña y su consolidación exitosa tanto militar como económica en el Atlántico Sur.
No es que queramos sindicar a una persona “malévola” como responsable, pero es un símbolo, un exponente de una clase y de un personal técnico político que gestiona la Argentina hace décadas, que pervive en los intersticios claves de la burocracia, y que es la garantía para los intereses imperialistas desde hace décadas.
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Cuando la independencia de América Española comenzaba a madurar en la transición del siglo XVIII al XIX, los británicos elaboraron 8 planes de Invasión. Todos de diferente manera incluían a Buenos Aires y el viejo virreinato. En ellos había dos tendencias. Una, proponía la ocupación militar directa y, partir de allí, incorporar el Río de la Plata a la esfera comercial inglesa. Otra, proponía una expedición que “viniera a ayudar” a la independencia, a cambio de concesiones comerciales que también implicarían la incorporación del virreinato a la esfera comercial inglesa. Todos estos proyectos fueron en los tres años previos a la invasión de 1806/7. Militarmente fracasaron, pero diplomática y económicamente triunfaron. Toda America Latina y especialmente el Río de la Plata fueron vistos por el gabinete imperial británico como una zona muy atractiva para desplegar sus intereses. Muchas ponencias vinieron después a disputar la hegemonía británica o tajadas de nuestro país. El capital evolucionó. Pero la ambición innata de dominio nunca cambio de naturaleza. Lo que es de destacar es que lo ingleses en todos sus proyectos planteaban que era la colaboración de la elite local la única forma de dominar este país y que eso se haría con acuerdos económicos.
Todo lo que hemos visto hasta aquí es solo un aspecto de los problemas argentinos cuya raíz no está en Londres, ni en Nueva York, ni en la sede de ningún grupo empresario global o entidad financiera. Esta en nosotros mismos.
Guillermo Martín Caviasca* Doctor en Historia UBA / Docente e investigador UBA y Universidad de la Defensa Nacional / Autor de libros de historia sobre el movimiento obrero, historia militar y geopolítica / Experto en Defensa. Miembro del equipo de PIA Global.
Este artículo fue escrito para Radio Gráfica en mayo de 2018
Foto de portada: Pablo Temes
Bibliografía
Muñoz Azpiri, José Luis (1966) Historia completa de las Islas Malvinas Oriente Bs. As.
González, Julio (2004) Los tratados de Paz por la guerra de Malvinas. Del Copista. Bs. As.
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Declaración Mercosur 2015 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/7368/1/declaracionmalvinas.pdf Balance económico Malvinas
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