El indulto que el presidente norteamericano, Donald Trump, otorgó al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández echa por tierra la falsa retórica que Washington utiliza para agredir a Venezuela.
Mientras el Pentágono despliega sus tropas en el Mar Caribe y realiza ejecuciones extrajudiciales al atacar embarcaciones de supuestos narcos, Trump ordena la libertad de Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión por un tribunal de la Corte Federal de Estados Unidos, en Nueva York, tras encontrarlo culpable de tráfico de drogas.
Pero el caso del exmandatario hondureño no es la excepción, sino la regla. La lista de dirigentes de la derecha latinoamericana denunciados por sus vínculos con el narcotráfico es larga.
Algunos de los referentes de la derecha latinoamericana que han sido denunciados por sus vínculos con el narcotráfico son: paraguayo Horacio Cartes, el colombiano Álvaro Uribe Vélez, los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los ecuatorianos Daniel Noboa, Guillermo Lasso, la peruana Keiko Fujimori, el uruguayo Lacalle Pou, el argentino José Luis Espert y hasta el propio secretario de Estado, Marco Rubio.
Paraguay
En 2023, el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes (socio del expresidente argentino Mauricio Macri), fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico y fue incluido en la Lista de Personas Especialmente Designadas (SDN, por sus siglas en inglés), elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC).
Tras la llegada de Donald Trump al gobierno, en 2025 la OFAC decidió sacar a Cartes de dicha lista. Sin embargo, el empresario Darío Messer, socio del expresidente paraguayo y a quién Horacio Cartes definía como su “hermano”, fue detenido en Brasil, en julio de 2019, y condenado en 2020 por lavado de dinero (Messer se declaró culpable y negoció la reducción en su condena).
México
Felipe Claderón, que fue presidente de México desde 2006 a 2012, y declaró una “guerra contra el narcotráfico”, sin embargo, testimonios de exfuncionarios de su gobierno y miembros de organizaciones criminales aseguran que desde su gobierno se le brindaba protección al Cártel de Sinaloa y al Cártel de los Zetas.
En esa línea, Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y quien era considerado el hombre de confianza del presidente, fue arrestado en Estados Unidos en 2019 y condenado por tráfico de drogas en 2023.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, presidente mexicano entre 2012 y 2018, también fue denunciado por sus supuestos vínculos con el Cártel de los Zetas. Excolaboradores y exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto sostuvieron denuncias sobre estos vínculos.
El 26 de septiembre de 2014, se produjo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese caso dejó en evidencia el vínculo entre el Cártel Guerreros Unidos, policías municipales, miembros de las Fuerzas Armadas y con funcionarios de la gobernación y del gobierno federal de Peña Nieto.
Ecuador
En 2023 se revelaron vínculos entre Rubén Chérrez, un empresario ecuatoriano y amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y la mafia albanesa. Se descubrió que Chérrez tenía relaciones con Dritan Gjika, líder de dicha organización criminal. La Fiscalía de Ecuador fusionó las investigaciones sobre Carrera y Chérrez, enfocándose en corrupción y narcotráfico. En noviembre de 2024, Danilo Carrera fue condenado a diez años de prisión por delincuencia organizada.
Por su parte, la empresa Noboa Trading, perteneciente a la familia del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha sido relacionada con el tráfico de cocaína hacia Europa. Según señaló el portal Telesur, la policía de Ecuador aseguró que la empresa Noboa Trading “podría estar involucrada en la exportación de más de media tonelada de cocaína desde 2020 hacia varios países de Europa”.
“En 2020, tras el hallazgo de cocaína en contenedores de banano, José Luis Rivera Baquerizo, empleado de Noboa Trading, fue detenido. Sin embargo, quedó en libertad gracias a la defensa del abogado Edgar José Lama, quien era asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y quien ahora ocupa el cargo de ministro de Salud”, señala el portal.
Colombia y Perú
En 2018, el diario norteamericano The New York Times, publicó un artículo del periodista Nicholas Casey titulado: “Cables diplomáticos de Estados Unidos sugieren nexos de Álvaro Uribe con narcotraficantes”. Allí se detallan los vínculos que en la década de 1990 Uribe Vélez tejió con distintas redes del narcotráfico, en particular con el Cartel de Medellín y con su líder, Pablo Escobar Gaviria.
Entre los cables citados se hace referencia a que los senadores Guillermo Vélez Trujillo y Alejandro González, del mismo partido que Uribe Vélez, señalaron ante diplomáticos norteamericanos los nexos que este tenía con el Clan Ochoa, miembros del Cartel de Medellín y fundadores de grupos paramilitares.
Por su parte, en Perú en 2016, la fiscalía abrió una investigación contra la líder de ultraderecha Keiko Fujimori, por lavado de dinero. Según señaló el periodista Carlos Noriega, en un artículo publicado en el diario Página/12, titulado “El fantasma de un narcoestado”, para la campaña presidencial de 2011, Fujimori habría recibido aportes de diferentes offshore (estructura que se suele usar para ocultar el origen real del dinero), de Luis Calle Quirós, “incluido por las autoridades peruanas y norteamericanas en las listas de narcotraficantes”, y Joaquín Ramírez, investigado por la DEA por lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Uruguay y Argentina
El expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou quedó involucrado en el escándalo por la fuga del narcotraficante Sebastián Marset quien logró evadir la orden de captura de Interpol gracias a la adquisición de un pasaporte uruguayo. A lo que se sumó que Alejandro Astesiano, jefe de seguridad presidencial estuvo involucrado en una red de entrega de pasaportes falsos.
En Argentina, uno de los principales aliados del partido de gobierno (La Libertad Avanza), José Luis Espert, debió declinar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires al estallar un escándalo por sus vínculos con el narcotraficante Federico “Fred” Machado.
Según documentos filtrados de Estados Unidos, Espert (hombre de estrecha confianza y cercanía con el presidente Javier Milei) recibió al menos 200 mil dólares y realizó varios viajes en el jet privado de Machado, quién tiene un pedido de extradición de la Justicia norteamericana para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.
En casa de herrero, cuchillo de palo
La retórica belicista de Washington, que utiliza la excusa del combate al narcotráfico para amenazar a Venezuela, Colombia y a toda la región, tiene entre sus principales abanderados al secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, poco se dice sobre las denuncias contra el propio Rubio por sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas.
Orlando Cicilia, cuñado de Marco Rubio, fue condenado, en 1990, a 25 años de prisión por narcotráfico. Cicilia, quien estaba casado con Bárbara Rubio, era parte de la estructura de tráfico de drogas que comandaba Mario Trabaue, y que había convertido a Miami en el principal puerto de entrada de cocaína a Estados Unidos.
Una investigación de The Observer señala que en 2009, durante su campaña para el Senado de los Estados Unidos, Rubio habría recibido miles de dólares de aportes del lobista Joel Steinger acusado de lavar dinero de distintos cárteles de droga.
Una conducta recurrente
Ya en 1989, el senador demócrata John Kerry presentó un informe (conocido como El informe Kerry) ante el Congreso de Estados Unidos en el que revelaba cómo La Contra nicaragüense, que se dedicaba a atacar al gobierno Sandinista, cometer masacres y sembrar el terror en Nicaragua, era financiada con dinero proveniente del narcotráfico con complicidad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En uno de sus puntos el informe señala que: “los vínculos de la droga con la Contra incluían… pagos a narcotraficantes por parte del Departamento de Estado de EE. UU. con fondos autorizados por el Congreso para asistencia humanitaria (…)”.
Alcira Argumedo, destacada intelectual argentina, aseguró en alguna ocasión: “no se dejen engañar, la DEA no combate el narcotráfico, pelea por monopolizarlo”.
Si Estados Unidos quisiera combatir el narcotráfico debería enfrentar a los bancos norteamericanos que se dedican a lavar el dinero de los grupos narcos, a las empresas norteamericanas que proveen el armamento a esos grupos y a sus socios regionales, quienes articulan esas redes de tráfico con la complicidad de la CIA y la DEA. “La lucha contra el narcotráfico” y “el enemigo narcoterrorista”, son solo una construcción retórica (como en algún momento lo fueron las supuestas “armas de destrucción masiva”, que se suponía tenía Sadam Husein), para desarrollar su estrategia geopolítica y avanzar con amenazas e injerencismo contra los países de la región.
Héctor Bernardo* Periodista, escritor y profesor de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. Miembro del equipo de PIA Global.
Foto de portada: Imagen creada con IA Gemini
