La operación militar rusa en Ucrania ha provocado un inmenso sufrimiento a la población de ese país, al tiempo que ha suscitado llamamientos para aumentar el gasto militar tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque esa guerra puede resultar una tragedia para el mundo, un grupo ya se está beneficiando de ella: los contratistas de armas estadounidenses.
Incluso antes de que estallaran las hostilidades, los directores generales de las principales empresas armamentísticas hablaban de cómo las tensiones en Europa podrían aumentar sus beneficios. En una llamada de enero de 2022 con los inversores de su empresa, el director general de Raytheon Technologies, Greg Hayes, se jactó de que la perspectiva de un conflicto en Europa del Este y otros puntos calientes globales sería buena para el negocio, añadiendo que «estamos viendo, diría yo, oportunidades para las ventas internacionales… [L]as tensiones en Europa del Este, las tensiones en el Mar del Sur de China, todas esas cosas están presionando sobre algunos de los gastos de defensa allí. Así que espero que veamos algún beneficio de ello».
A finales de marzo, en una entrevista con la Harvard Business Review tras el inicio de la guerra en Ucrania, Hayes defendió la forma en que su empresa se beneficiaría de ese conflicto:
«Así que no me disculpo por ello. Creo que, de nuevo, reconociendo que estamos allí para defender la democracia y el hecho es que con el tiempo veremos algún beneficio en el negocio. Todo lo que se está enviando a Ucrania hoy, por supuesto, está saliendo de las reservas, ya sea en el DoD [el Departamento de Defensa] o de nuestros aliados de la OTAN, y eso es una gran noticia. Con el tiempo tendremos que reponerlo y veremos un beneficio para el negocio en los próximos años».
Armas para Ucrania, beneficios para los contratistas
La guerra en Ucrania será realmente una bonanza para empresas como Raytheon y Lockheed Martin. En primer lugar, habrá contratos de reabastecimiento de armas como el misil antiaéreo Stinger de Raytheon y el misil antitanque Javelin producido por Raytheon/Lockheed Martin que Washington ya ha proporcionado a Ucrania por miles. Sin embargo, el mayor flujo de beneficios provendrá de los aumentos asegurados del gasto en seguridad nacional aquí y en Europa tras el conflicto, justificados, al menos en parte, por la operación rusa y el desastre que le ha seguido.
De hecho, las transferencias directas de armas a Ucrania ya reflejan sólo una parte del dinero extra que reciben los contratistas militares estadounidenses. Sólo en este año fiscal, está garantizado que también obtendrán importantes beneficios de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania (USAI) del Pentágono y del programa de Financiación Militar Extranjera (FMF) del Departamento de Estado, que financian la adquisición de armamento y otros equipos estadounidenses, así como la formación militar. Estos han sido, de hecho, los dos canales principales de ayuda militar a Ucrania desde el momento en que los rusos invadieron y tomaron Crimea en 2014. Desde entonces, Estados Unidos ha comprometido alrededor de 5.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a ese país.
Según el Departamento de Estado, Estados Unidos ha proporcionado esa ayuda militar para ayudar a Ucrania a «preservar su integridad territorial, asegurar sus fronteras y mejorar la interoperabilidad con la OTAN.» Así que, cuando las tropas rusas empezaron a concentrarse en la frontera ucraniana el año pasado, Washington rápidamente subió la apuesta. El 31 de marzo de 2021, el Mando Europeo de Estados Unidos declaró una «crisis potencial inminente», dado que se calcula que ya hay 100.000 soldados rusos a lo largo de esa frontera y dentro de Crimea. A finales del año pasado, la administración Biden había comprometido 650 millones de dólares en armamento para Ucrania, incluyendo equipos antiaéreos y antiblindaje como el misil antitanque Javelin de Raytheon/Lockheed Martin.
A pesar de estos elevados niveles de ayuda militar estadounidense, las tropas rusas ingresaron a Ucrania en febrero. Desde entonces, según los informes del Pentágono, Estados Unidos se ha comprometido a dar aproximadamente 2.600 millones de dólares en ayuda militar a ese país, con lo que el total de la administración Biden asciende a más de 3.200 millones de dólares y sigue aumentando.
Parte de esta ayuda se incluyó en un paquete de gastos de emergencia para Ucrania en marzo, que requería la adquisición directa de armas de la industria de defensa, incluyendo drones, sistemas de cohetes guiados por láser, ametralladoras, munición y otros suministros. Las principales corporaciones militares-industriales buscarán ahora contratos con el Pentágono para entregar ese armamento adicional, incluso mientras se preparan para reponer las existencias del Pentágono ya entregadas a los ucranianos.
En ese frente, de hecho, los contratistas militares tienen mucho que esperar. Más de la mitad de los 6.500 millones de dólares del paquete de gastos de emergencia para Ucrania están destinados simplemente a reponer los inventarios del Departamento de Defensa. En total, los legisladores asignaron 3.500 millones de dólares a ese esfuerzo, 1.750 millones de dólares más de lo que solicitó el presidente. También aumentaron la financiación en 150 millones de dólares para el programa FMF del Departamento de Estado para Ucrania. Y hay que tener en cuenta que esas cifras ni siquiera incluyen la financiación de emergencia para los costes de adquisición y mantenimiento del Pentágono, que están garantizados para proporcionar más flujos de ingresos a los principales fabricantes de armas.
Mejor aún, desde el punto de vista de dichas empresas, quedan muchos bocados por dar a la manzana de la ayuda militar ucraniana. El presidente Biden ya ha dejado muy claro que «vamos a dar a Ucrania las armas para luchar y defenderse en todos los días difíciles que se avecinan». Sólo cabe suponer que hay más compromisos en camino.
Otro efecto secundario positivo de la guerra para Lockheed, Raytheon y otros comerciantes de armas como ellos es el impulso del presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith (demócrata de Washington), y del republicano de Alabama que ocupa el puesto más alto en el comité, para acelerar la producción de un misil antiaéreo de próxima generación que sustituya al Stinger. En su audiencia de confirmación en el Congreso, William LaPlante, el último nominado para dirigir las adquisiciones en el Pentágono, argumentó que Estados Unidos también necesita más «líneas de producción en caliente» para bombas, misiles y aviones no tripulados. Considere esto como otro beneficio en espera para los principales contratistas de armas.
La mina de oro del Pentágono
Sin embargo, para los fabricantes de armas estadounidenses, los mayores beneficios de la guerra en Ucrania no serán las ventas inmediatas de armas, por grandes que sean, sino la naturaleza cambiante del debate en curso sobre el propio gasto del Pentágono. Por supuesto, los representantes de estas empresas ya estaban hablando del desafío a largo plazo que supone China, una amenaza muy exagerada, pero la invasión rusa es nada menos que el maná del cielo para ellos, el último grito de guerra para los defensores de un mayor gasto militar. Incluso antes de la guerra, se preveía que el Pentágono recibiera al menos 7,3 billones de dólares durante la próxima década, más de cuatro veces el coste del plan nacional Build Back Better, de 1,7 billones de dólares, del presidente Biden, ya obstaculizado por los miembros del Congreso, que lo calificaron de «demasiado caro» con diferencia. Y hay que tener en cuenta que, dado el actual aumento del gasto del Pentágono, esos 7,3 billones de dólares podrían resultar una cifra mínima.
De hecho, funcionarios del Pentágono como la vicesecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, citaron rápidamente a Ucrania como uno de los fundamentos de la propuesta de presupuesto de seguridad nacional récord de la administración Biden, de 813.000 millones de dólares, calificando la invasión rusa como «una amenaza aguda para el orden mundial». En otra época esa solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023 habría sido alucinante, ya que es superior al gasto en los momentos álgidos de los conflictos de Corea y Vietnam y más de 100.000 millones de dólares más de lo que el Pentágono recibía anualmente en el momento álgido de la Guerra Fría.
Sin embargo, a pesar de su magnitud, los republicanos del Congreso -a los que se han unido un número significativo de sus colegas demócratas- ya están presionando para conseguir más. De hecho, cuarenta miembros republicanos de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado han firmado una carta dirigida al presidente Biden en la que solicitan un crecimiento del 5% del gasto militar por encima de la inflación, lo que potencialmente añadiría hasta 100.000 millones de dólares a esa solicitud presupuestaria. Como es lógico, la representante Elaine Luria (demócrata de Virginia), que representa la zona cercana a los astilleros militares Newport News de la empresa Huntington Ingalls, en Virginia, acusó a la administración de «destripar la Marina» porque contempla el desmantelamiento de algunos buques antiguos para dar paso a otros nuevos. Esa queja se presentó a pesar del plan de ese servicio de gastar la friolera de 28.000 millones de dólares en nuevos buques en el año fiscal 2023.
¿Quién se beneficia?
El aumento previsto de los fondos para la construcción naval forma parte de una propuesta de 276.000 millones de dólares para la adquisición de armas, así como para la investigación y el desarrollo, que figuran en el nuevo presupuesto, que es donde los cinco principales contratistas de producción de armas -Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman- ganan la mayor parte de su dinero. Estas empresas ya se reparten más de 150.000 millones de dólares anuales en contratos del Pentágono, cifra que se disparará si la administración y el Congreso se salen con la suya. Para poner todo esto en contexto, sólo una de esas cinco empresas principales, Lockheed Martin, recibió 75.000 millones de dólares en contratos del Pentágono sólo en el año fiscal 2020. Eso es bastante más que todo el presupuesto del Departamento de Estado, una prueba dramática de lo sesgadas que están las prioridades de Washington, a pesar de la promesa de la administración Biden de «poner la diplomacia en primer lugar».
La lista de deseos en materia de armamento del Pentágono para el año fiscal 2023 es un catálogo de cómo los grandes contratistas van a hacer caja. Por ejemplo, el nuevo submarino de misiles balísticos de la clase Columbia, construido por la planta de General Dynamics Electric Boat en el sureste de Connecticut, verá crecer su presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 de 5.000 a 6.200 millones de dólares. El gasto en el nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) de Northrop Grumman, el Ground Based Strategic Deterrent, aumentará aproximadamente un tercio anual, hasta los 3.600 millones de dólares. La categoría de «defensa y derrota de misiles», una especialidad de Boeing, Raytheon y Lockheed Martin, está programada para recibir más de 24.000 millones de dólares. Y los sistemas de alerta de misiles basados en el espacio, un elemento básico de la Fuerza Espacial creada por la administración Trump, pasarán de 2.500 millones de dólares en el año fiscal 2022 a 4.700 millones en el presupuesto propuesto para este año.
Entre todos los aumentos, hubo una sola sorpresa: una propuesta de reducción de las compras del problemático avión de combate F-35 de Lockheed Martin, de 85 a 61 aviones en el año fiscal 2023. La razón es bastante clara. Ese avión tiene más de 800 defectos de diseño identificados y sus problemas de producción y rendimiento han sido poco menos que legendarios. Por suerte para Lockheed Martin, ese descenso en el número de aviones no ha ido acompañado de una reducción proporcional de la financiación. Mientras que los aviones de nueva producción pueden reducirse en un tercio, la asignación presupuestaria real para el F-35 se reducirá en menos de un 10%, de 12.000 millones de dólares a 11.000 millones, una cantidad que es más que el presupuesto discrecional completo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Desde que Lockheed Martin obtuvo el contrato del F-35, los costes de desarrollo se han duplicado con creces, mientras que los retrasos en la producción han hecho que el avión se retrase casi una década. Sin embargo, los servicios militares han comprado tantos de esos aviones que los fabricantes no pueden satisfacer la demanda de piezas de repuesto. Y, sin embargo, el F-35 ni siquiera puede probarse adecuadamente en cuanto a su eficacia en combate porque el software de simulación necesario no sólo no está terminado, sino que ni siquiera tiene una fecha estimada de finalización. Así pues, el F-35 está a muchos años de distancia de la plena producción de aviones que realmente funcionen como se anuncia, si es que eso llega a producirse.
Algunos de los sistemas de armas que, en el momento de Ucrania, tienen garantizada una lluvia de dinero son tan peligrosos o disfuncionales que, como el F-35, deberían ser eliminados. Por ejemplo, el nuevo ICBM. El ex secretario de Defensa William Perry ha calificado a los ICBMs como «algunas de las armas más peligrosas del mundo» porque un presidente sólo tendría minutos para decidir si los lanza en una crisis, aumentando enormemente el riesgo de una guerra nuclear accidental basada en una falsa alarma. Tampoco tiene sentido comprar portaaviones a un precio de 13.000 millones de dólares cada uno, sobre todo porque la última versión tiene problemas incluso para lanzar y aterrizar aviones -su función principal- y es cada vez más vulnerable a los ataques de los misiles de alta velocidad de nueva generación.
Los pocos aspectos positivos del nuevo presupuesto, como la decisión de la Armada de retirar el innecesario e inviable Littoral Combat Ship -una especie de «F-35 del mar» diseñado para múltiples tareas, ninguna de las cuales realiza bien- podrían ser fácilmente revertidos por los defensores de los estados y distritos donde se construyen y mantienen esos sistemas. La Cámara de Representantes, por ejemplo, cuenta con un poderoso Caucus de Cazas de Ataque Conjunto que, en 2021, reunió a más de un tercio de todos los miembros de la Cámara para presionar por más F-35 de los que el Pentágono y la Fuerza Aérea solicitaron, como sin duda volverán a hacer este año. Un Caucus de Construcción Naval, copresidido por los representantes Joe Courtney (D-CT) y Rob Wittman (R-VA), luchará contra el plan de la Armada de retirar buques viejos para comprar otros nuevos. (Preferirían que la Armada mantuviera los viejos y comprara otros nuevos con más dinero de sus impuestos). Del mismo modo, la «Coalición ICBM», formada por senadores de estados con bases o centros de producción de ICBM, tiene un historial casi perfecto de evitar reducciones en el despliegue o la financiación de esas armas y, en 2022, se esforzará por defender su asignación presupuestaria.
Hacia una nueva política
Elaborar una política de defensa sensata, realista y asequible, que siempre es un reto, lo será aún más en medio de la pesadilla ucraniana. Sin embargo, teniendo en cuenta a qué se destina el dinero de nuestros contribuyentes, sigue mereciendo la pena. Ese nuevo enfoque debería incluir cosas como la reducción del número de contratistas privados del Pentágono, cientos de miles de personas, muchas de las cuales realizan trabajos totalmente redundantes que podrían ser realizados de forma más barata por empleados civiles del gobierno o simplemente eliminados. Se calcula que recortar el gasto en contratistas en un 15% permitiría ahorrar unos 262.000 millones de dólares en 10 años.
El plan de «modernización» del Pentágono, de casi 2 billones de dólares, de tres décadas de duración, para construir una nueva generación de bombarderos, misiles y submarinos con armamento nuclear, junto con nuevas ojivas, debería, por ejemplo, simplemente desecharse de acuerdo con el tipo de estrategia nuclear de «sólo disuasión» desarrollada por la organización de política nuclear Global Zero. Y la asombrosa huella militar global de Estados Unidos -una invitación a nuevos conflictos que incluye más de 750 bases militares repartidas por todos los continentes excepto la Antártida, y operaciones antiterroristas en 85 países- debería, como mínimo, reducirse drásticamente.
Según el Grupo de Trabajo sobre Defensa Sostenible del Centro de Política Internacional y un estudio sobre enfoques alternativos de la defensa realizado por la Oficina Presupuestaria del Congreso, incluso un replanteamiento estratégico relativamente minimalista podría ahorrar al menos 1 billón de dólares en la próxima década, lo suficiente para hacer un buen desembolso inicial en inversiones en salud pública, prevenir o mitigar los peores impactos potenciales del cambio climático o comenzar la tarea de reducir los niveles récord de desigualdad de ingresos.
Por supuesto, ninguno de estos cambios puede producirse sin desafiar el poder y la influencia del complejo militar-industrial-congresual, una tarea tan urgente como difícil en este momento de carnicería en Europa. Por difícil que sea, es una lucha que merece la pena, tanto por la seguridad del mundo como por el futuro del planeta.
Una cosa está garantizada: una nueva fiebre del oro del gasto en «defensa» es un desastre en ciernes para todos los que no estamos en ese complejo.
*Julia Gledhill es analista del Centro de Información de Defensa en el Project On Government Oversight. William D. Hartung es investigador principal del Quincy Institute for Responsible Statecraft y autor de Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex.
FUENTE: Tom Dispatch
