Los recientes acontecimientos, marcados por la declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol y las subsecuentes reacciones políticas y sociales, ilustran un escenario donde el poder no sólo está alejado de los intereses populares, sino que parece operar como una jaula que limita la verdadera libertad de sus ciudadanos.
El anuncio de la ley marcial por Yoon Suk-yeol, bajo el pretexto de «erradicar las fuerzas a favor de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y proteger el orden constitucional», provocó un terremoto político y social en el país. Esta medida, que fue vista como un intento de consolidar su poder frente a una oposición que ganaba terreno, desató disturbios en el Parlamento y una ola de críticas tanto internas como internacionales.
El Partido Democrático, principal opositor, catalogó la acción como inconstitucional y la calificó de traición, anunciando su intención de llevar al mandatario, junto con altos funcionarios y militares, a juicio político por estos hechos.
La respuesta del Partido Democrático subraya una polarización extrema en el espectro político surcoreano, donde las decisiones del gobierno son vistas no como gestos de gobernanza, sino como ataques frontales contra la oposición.
El contexto de esta medida también es significativo: se produjo después de que la oposición aprobara rápidamente un presupuesto a la baja y presentara mociones de destitución contra figuras clave del aparato estatal. Esto demuestra una escalada en el enfrentamiento político que ha transformado al Parlamento en un campo de batalla, lejos de ser un espacio de debate constructivo.
El trasfondo de esta crisis también revela el papel ambiguo de las fuerzas armadas y la policía. El ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien recomendó la imposición de la ley marcial, asumió posteriormente toda la responsabilidad por la medida y presentó su dimisión en un intento por mitigar la tensión.
Sin embargo, la situación ya había escalado a niveles críticos, con manifestaciones masivas y enfrentamientos en las calles, que evidencian una desconfianza generalizada hacia las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad.
La reacción de la comunidad internacional ha sido igualmente reveladora. Mientras que críticos como la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, destacaron el caos potencial de un país que podría descender rápidamente de una democracia declarada a un estado de desorden absoluto, el principal aliado de Corea del Sur, Estados Unidos, ha guardado un silencio cómplice.
Este doble rasero por parte de Washington no sorprende a analistas que señalan que el respaldo estadounidense a regímenes autoritarios es una constante cuando estos sirven a sus intereses estratégicos en la región.
La población surcoreana, mientras tanto, se encuentra atrapada en un sistema que les promete libertad y prosperidad, pero que en la práctica los reduce a meros espectadores de un drama político que se desarrolla sin su participación activa. El uso de la ley marcial, aunque temporalmente levantada, ha dejado una cicatriz profunda en la percepción colectiva de la democracia en el país.
Muchos ciudadanos se sienten como «ratas de laboratorio» en una jaula que simula libertad, mientras las decisiones cruciales se toman lejos de su alcance y respondiendo a intereses que poco tienen que ver con sus necesidades reales.
Esta alienación de la población respecto al poder no es un fenómeno nuevo en Corea del Sur, sino más bien un síntoma de una corrupción estructural que permea todos los niveles del Estado. Los escándalos que han salpicado a anteriores administraciones, como el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida y encarcelada por corrupción, son un recordatorio de que el problema es sistémico.
Las conexiones entre las grandes corporaciones, conocidas como chaebols, y los altos funcionarios públicos han creado una red de intereses mezquinos que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar social.
En este contexto, la ley marcial no sólo representó un ataque directo a los «principios democráticos» que dice sostener el sur, sino también un recordatorio de cuán frágil es la estabilidad política en Corea del Sur. La narrativa oficial de Yoon Suk-yeol sobre la amenaza de «fuerzas pro-RPDC» resulta difícil de justificar en un país donde la disidencia interna se ha convertido en un enemigo tan peligroso como cualquier amenaza externa.
Esto también explica la creciente preocupación de Pionyang, que observa con desconfianza cómo la militarización interna en Corea del Sur podría convertirse en una herramienta para justificar una agresión futura lo cual esta presente en todos los analisis y panoramas mientras permanezca la injustificable masiva presencia militar de los Estados Unidos que mantiene subyugada la soberania del sur.
El panorama futuro es incierto. La oposición ha prometido llevar adelante el proceso de juicio político contra Yoon, una medida que podría profundizar aún más las divisiones en el país. Mientras tanto, la renuncia del ministro de Defensa no parece suficiente para calmar las aguas, y la desconfianza hacia las instituciones sigue creciendo.
El discurso de estabilidad y seguridad promovido por el gobierno se ve socavado por sus propias acciones, que han generado más incertidumbre que resolución.
Por lo cual podemos afirmar que la crisis actual en Corea del Sur no es simplemente el resultado de una decisión política aislada, sino la manifestación de un sistema que ha fallado en su capacidad de representar y proteger los intereses de su pueblo. La corrupción endémica, la polarización política y la alienación de la población son factores que han convergido para crear un ambiente donde la democracia es más una ilusión que una realidad.
Corea del Sur enfrenta el reto de reconstruir la confianza en sus instituciones y de garantizar que las jaulas invisibles que limitan la libertad de sus ciudadanos sean desmanteladas, pero para ello, el cambio debe ir más allá de las palabras y las disculpas.
La cuestión ahora es si existe la voluntad política y social para enfrentar estas raíces profundas o si el país continuará atrapado en un ciclo de inestabilidad y descontento, mientras que esto tapa la verdadera raíz del problema, la falta de respuesta y de acción para recuperar la soberanía del país.
Tadeo Casteglione*. Experto en Relaciones Internacionales y Experto en Análisis de Conflictos Internacionales, Diplomado en Geopolítica por la ESADE, Diplomado en Historia de Rusia y Geografía histórica rusa por la Universidad Estatal de Tomsk. Miembro del equipo de PIA Global.
*Foto portada: Oficina Presidencial/Reuters
