Pero lo que ya había hecho saltar las alarmas en muchos analistas antiliberales no eran las alianzas con figuras políticas dudosas, sino la amplitud y profundidad de la penetración en la campaña electoral de Lula de figuras vinculadas a toda la constelación de ONG nacionales y extranjeras, todas ellas con vínculos directos e indirectos con la Open Society de George Soros, o incluso con el Departamento de Estado estadounidense u otros gobiernos extranjeros de países de la OTAN.
La victoria de Lula confirmó estas expectativas, con varios ministros con vínculos internacionales y otros innumerables cargos de asesoría; así como innumerables visitas de representantes de la Open Society, Klaus Schwab y emisarios de diversas ONG y agencias extranjeras para reunirse con dignatarios brasileños, establecer acuerdos, etc., sin olvidar las numerosas visitas de funcionarios brasileños a EE.UU.
Aquí me gustaría dar un salto.
Este mes de septiembre he sido testigo de algunas polémicas peculiares que han sacudido al gobierno de Lula hasta la médula.
La primera, y más importante, fue la campaña para presionar a Lula para que seleccionara a una «mujer negra» para la próxima vacante en el Tribunal Supremo. Esta campaña fue respaldada por numerosas ONG y artistas, entre los que destaca el cómico Gregório Duvivier.
El caso, más concretamente, se refiere a la sucesión en la vacante de Rosa Weber, que se jubilará en breve. La campaña para que la persona elegida sea una mujer negra apela a los temas de la «representatividad» y la «diversidad», elementos narrativos comunes de la nueva izquierda posmoderna, más inspirada en Ernesto Laclau, Michel Foucault y Jürgen Habermas que otra cosa.
En este sentido, la elección de una «mujer negra» (obviamente parte de la élite de antemano, ya que no hay «oprimidos» entre los jueces) representaría una «victoria» para otras «mujeres», otros «negros» y específicamente para las «mujeres negras», incluso si la ministra «mujer y negra» en cuestión sigue formando parte de esa pequeña fracción de brasileños que ganan más de 50.000 reales (aprox. 10.000 dólares) al mes, e incluso si las condiciones existenciales de otras mujeres, negros y «mujeres negras» no ven ningún cambio.
Por último, más allá de la sustitución de la lucha de clases por enfrentamientos puramente narrativos y simbólicos basados en filiaciones identitarias en el marco del capitalismo tardío, es interesante destacar la coalición de ONG que respalda la campaña.
La lista de ONG que firman la campaña incluye «Coalizão Negra por Direitos», «Nossas», «Instituto de Defesa da População Negra», «Mulheres Negras Decidem», «Instituto de Referência Negra – Peregum», «Observatório da Branquitude», «Utopia Negra Amapaense», «Movimento da Advocacia Trabalhista Independente», «Lamparina», «Movimento Negro Evangélico», «Instituto Marielle Franco», «#aOABtáON», «DeFEMde», «Juristas Negras», «Perifa Connection», «IANB», «Geledes», «RENFA – Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas», «Rede de Mulheres Negras de Pernambuco», «Aganju», «FMNDF», «Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde».
La información está sacada del sitio web ministranegranostf.com.br – pero el sitio no nos dice quién paga la campaña.
Pero la campaña fue muy bien financiada, hasta el punto de sorprender a Lula con vallas publicitarias estratégicamente colocadas en su ruta durante su visita a la India para la Cumbre del G20 (lo que, según se informó, irritó profundamente al Presidente), lo que es una demostración evidente de que se trataba de una acción de personas vinculadas a su propio gobierno; y, por supuesto, con muchos recursos financieros.
Frente a esta campaña, el presidente Lula ha insistido públicamente en que el color de la piel y el sexo no son criterios para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo. La izquierda está dividida al respecto, incluso con figuras del propio Partido de los Trabajadores atacando al Presidente. Se profundizan las divisiones latentes en el seno de la izquierda, con una brecha creciente entre una «izquierda patriótica» y una «izquierda cosmopolita», división que atraviesa a los partidos de izquierda, produciéndose disputas en el seno de cada uno de ellos.
En la práctica, los primeros pasos de la campaña tuvieron lugar hace unos meses, cuando se produjo otro nombramiento para el Tribunal Supremo. Tras la jubilación de Ricardo Lewandowski, el presidente Lula decidió elegir a un ministro legalista y «de confianza», Cristiano Zanin. La elección fue muy criticada porque Zanin es un «hombre blanco». El hecho de que Zanin diera algunos votos jurídicamente fundados, pero en sentido contrario a los intereses de esta izquierda más cosmopolita y filo-yanqui, tampoco ayudó.
Podemos pasar aquí a la segunda cuestión, antes de profundizar. La segunda cuestión es más anecdótica, pero ha suscitado el mismo tipo de comentarios y sospechas que la primera.
El caso es inicialmente inocuo. Una asistente de la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, mientras la acompañaba a un partido de fútbol entre el São Paulo y el Flamengo (como parte de su trabajo), profirió públicamente una serie de insultos racistas dirigidos a los aficionados del São Paulo, los grabó y los publicó en las redes sociales como si fueran la cosa más normal del mundo.
El caso generó una fuerte reacción y una campaña de repulsa que desembocó en su destitución por la ministra Anielle Franco, aunque en contra de su voluntad.
La peculiaridad del caso era que las víctimas de los insultos eran supuestamente «blancas» y la autora se identificaba como «negra». Pronto se descubrió que es empleada de la ONG Instituto Marielle Franco y -además de haber participado en manifestaciones contra la presidenta Dilma Rousseff, como parte de la «izquierda radical» instrumentalizada mediante técnicas de guerra híbrida para desestabilizar Brasil- también trabaja para la tristemente célebre Oficina de Washington para Brasil.
La Oficina de Washington para Brasil ayuda a «atar cabos».
La Oficina Washington Brasil, que se presenta a sí misma como un «think tank», fue fundada a principios de 2022 como un «observatorio de la democracia» cuyo objetivo sería producir informes sobre la escena política brasileña para los responsables de la toma de decisiones en Washington, y buscar su apoyo para que EE.UU. se «interese» más por los asuntos brasileños.
La primera institución en anunciar la financiación del OMB fue la Open Society Foundation de George Soros, pero poco después le siguieron varias otras, como Action for Democracy (nacida con el apoyo de la National Endowment for Democracy), una ONG acusada de conspirar para provocar un cambio de régimen en Hungría.
La Oficina de Washington en Brasil, en la práctica, parece ser una especie de alianza o coalición de ONG «progresistas» que operan en términos de la cosmovisión del liberalismo posmoderno. En su página web figuran, además de Open Society, el Instituto Galo da Manhã, Action for Democracy, el Instituto Clima e Sociedade, el Instituto Ibirapitanga y el Instituto Samambaia.
Entre las organizaciones asociadas figuran: Center for Economic and Policy Research, Just Foreign Policy, Advocacy for Human Rights in the Americas, US Network for Democracy in Brazil, Friends of the Earth, Common Action Forum y Amazon Watch.
Y como afiliados Instituto Marielle Franco, Instituto SoudaPaz, Instituto Vladimir Herzog, Associação Brasileira de Relações Internacionais, Ação Cidadania, Article 19, Greenpeace, 342Artes, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MTST Brasil, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, Movimento dos Atingidos por Barragens, el Instituto de Referencia Negra Peregum, Bem-Te-Vi Diversidade, el Centro de Estudios y Acción Social Dom Helder Câmara, UNEAfro, el Instituto Ciudad Segura, el Instituto Nuevos Paradigmas, el Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas, el Movimiento Justicia y Derechos Humanos, el Colectivo RJ Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, ABGLT, el Instituto Salud y Felicidad, el Instituto Geledés de Mujeres Negras, el Observatorio de Monitoreo de Riesgos Electorales en Brasil – DEMOS, el Instituto Themis, la Comisión ARNS, el Colectivo de Entidades Negras, la Unión General de Trabajadores, el Instituto Diplomacia para la Democracia, el Centro de Análisis de la Libertad y el Autoritarismo, el Instituto Cultural Steve Biko, el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, la Plataforma CIPÓ, la Coalición Brasil por la Memoria, la Verdad, la Justicia, Reparación y Democracia, el Grupo Tortura Nunca Mais, Abong, el Instituto Maria e João Aleixo, LabJaca, Transparencia Internacional Brasil, el Instituto para la Democracia, el Fondo Agbara, el Colectivo de Mujeres Negras N’Zinga, el Centro de Estudios de las Relaciones y Desigualdades Laborales, la Central Única dos Trabalhadores, el Comité Chico Mendes, la Asesoría Popular María Felipa y la Asociación Brasileña Interdisciplinar de Sida.
Naturalmente, entre la multitud de ONG relativamente nuevas vinculadas esencialmente a las agendas del liberalismo de izquierdas, también hay instituciones cuya respetabilidad está consagrada por una larga historia de lucha por objetivos vinculados a los intereses existenciales del proletariado y el campesinado o de los sin techo.
Esta organización actuó en 2022 principalmente para denunciar las políticas públicas del gobierno de Bolsonaro en EEUU, así como para convencer al gobierno de EEUU a dar apoyo a la elección de Lula. No se sabe qué obtuvo EEUU a cambio ni qué esperaba conseguir, pero sin duda se forjó un vínculo a través del cual Washington obtuvo la oportunidad de intentar influir en el gobierno brasileño desde dentro, a través del «activismo social» y de figuras vinculadas a la propia militancia de base del Partido de los Trabajadores, especialmente los sectores juveniles, o de otras formaciones de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad.
El trabajo de este lobby se intensificó con la proximidad de las elecciones y es posible considerar que a él se deben las visitas de una serie de dignatarios estadounidenses a nuestro país: Anthony Blinken, Victoria Nuland, Lloyd Austin, por citar algunos. Es interesante que, tras la victoria electoral de Lula, los ministros vinculados a este lobby y a este grupo de ONG se convirtieran en una presencia cautiva en Washington, con frecuentes visitas. También ha habido un papel más activo de la Embajada de EE.UU. en Brasil, actualmente dirigida por Elizabeth Bagley, que ha empezado a asistir a numerosos espacios y eventos vinculados a este sector de ONG, centrándose en los ámbitos cultural, periodístico y pseudo-humanitario.
Ante estas reflexiones y comentarios, muchos podrían objetar que «las ONG desempeñan un papel importante en la crítica al imperialismo» o que «las ONG están en primera línea en la crítica a la injusticia y la desigualdad», y puede que hasta cierto punto sea cierto.
Pero en un sentido más global, también está claro que el fenómeno de las ONG, surgido a raíz del fortalecimiento de la ONU en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, opera a través de la propia lógica de la desoberanización, la privatización y la externalización de las atribuciones estatales. De modo que, paralelamente, por ejemplo, a la privatización de las prospecciones petrolíferas en un determinado país, la función de control del impacto medioambiental de dichas prospecciones también recae cada vez menos en el ámbito del Estado y cada vez más en el de las ONG (o, dicho de otro modo, cada vez hay más una «puerta giratoria» entre las ONG y los organismos públicos, y éstos confían cada vez más en los datos recogidos y los informes redactados por las ONG).
Pero, según un dicho popular, «quien paga a la banda elige la música». Y son públicas y notorias las conexiones entre las principales ONG brasileñas e instituciones como la Open Society, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la NED e incluso el Departamento de Estado estadounidense.
Por eso se sospecha de todas las iniciativas vinculadas a esas mismas ONG y a los ministros que las representan: la «defensa del medio ambiente» resulta ser una estratagema destinada a obstaculizar el desarrollo nacional; el auge de la militancia racial aparece como una estrategia para fragmentar el tejido social brasileño. Y así sucesivamente.
Al menos esto es mucho más racional que creer que la «filantropía» de los multimillonarios es desinteresada y altruista.
Raphael Machado* Licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Presidente de la Associação Nova Resistência, geopolitólogo y politólogo, traductor de la Editora Ars Regia, colaborador de RT, Sputnik y TeleSur.
Foto de portada: lasolidaridadunbuenremedio.com/
