El 11 de noviembre de 1969, General Motors era la mayor empresa de Estados Unidos cuando uno de sus empleados, el coronel retirado de la fuerza aérea brasileña Evaldo Herbert Sirin, entró en la sede local de la policía política de la dictadura militar brasileña. Sirin estaba allí para reunirse con un mayor del ejército y el jefe de la policía política local, así como con los jefes de seguridad de las empresas estadounidenses Chrysler y Firestone, la holandesa Philips y la alemana Volkswagen, entre otras.
El grupo se reunía en un contexto de descontento entre los trabajadores industriales debido a que los salarios no estaban a la altura de la galopante inflación y a las nuevas políticas gubernamentales antiobreras. En las calles y en el campo, las huelgas y las protestas sacudían al régimen, y pequeñas bandas de izquierdistas se habían alzado en armas. El ejército reprimió a sus opositores con una fuerza abrumadora. Fue el inicio de los «Años de Plomo», el periodo más autoritario y sangriento del régimen militar que comenzó en 1964 y duró hasta 1985.
El «grupo de trabajo», como se autodenominaban los hombres reunidos en la sede de la policía política local, estaba preocupado por los «problemas» de sus fábricas. Los representantes de las empresas querían intensificar la colaboración formal, pero clandestina, entre las corporaciones y la policía para identificar y neutralizar a cualquier alborotador, según documentos publicados por primera vez por el periódico O Globo décadas después. Ese día, establecerían un «centro de coordinación» en la sede de la policía política.
La reunión del 11 de noviembre de 1969 – notoria en los anales de la historia pero en gran medida olvidada en la conciencia pública – fue un hito en la sistematización de la alianza represiva entre los jefes corporativos y los generales brasileños.
En los centros de trabajo de todo el país, los departamentos de seguridad de las empresas, dirigidos por militares que empleaban redes de espías en los talleres, vigilaban a sus trabajadores y entregaban los expedientes de los «subversivos» – izquierdistas y organizadores sindicales – para que los manejara la policía política.
Entre las más de 80 corporaciones que denunciaron en secreto a cientos de trabajadores problemáticos a los ejecutores de la dictadura se encontraban gigantescas empresas internacionales y, en particular, estadounidenses, como Johnson & Johnson, Caterpillar, Kodak, General Motors, Chrysler, Ford, Philips, Volkswagen, Rolls-Royce y Mercedes-Benz, según la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, creada tras la dictadura.
Las corporaciones, que también proporcionaron la financiación inicial privada para otra fuerza policial secreta más brutal y represiva, pretendían restringir los derechos de los trabajadores y frenar la democracia cuando ésta se interponía en el camino de los beneficios y el poder. La dictadura, necesitada de inversiones extranjeras para apuntalar la economía, estaba feliz de servir a los intereses del capital extranjero.
Al menos 434 personas fueron asesinadas bajo la dictadura, y 20.000 más fueron torturadas, incluida la ex presidenta Dilma Rousseff. Las cámaras de tortura fueron financiadas por empresas, incluidas las estadounidenses, y los torturadores fueron entrenados por el ejército de Estados Unidos. Sólo una persona fue condenada por los abusos, y la sentencia no se dictó hasta este mes de junio. Y sólo una empresa fue formalmente responsabilizada: Volkswagen, que en 2020 admitió su mala conducta y llegó a un acuerdo con los fiscales para pagar millones en restitución a cambio de inmunidad.
Ecos de hoy
El pasado sangriento no resuelto se cierne sobre Brasil mientras la nación se prepara para las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022.
El presidente Jair Bolsonaro, un ex paracaidista, nunca ha ocultado su anhelo de volver a la dictadura militar respaldada por Estados Unidos o su admiración incuestionable por los peores villanos del régimen, como el jefe de la policía secreta y torturador, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
La agenda económica neoliberal que acompañó a la visión autoritaria de Bolsonaro fue abrazada por las élites financieras globales y grandes franjas de los medios de comunicación, como la página editorial del Wall Street Journal. Otros fueron más reservados en su apoyo. Bolsonaro llenó rápidamente su administración con más generales, coroneles y mayores que ningún otro presidente desde la redemocratización y desenterró planes inconclusos de la dictadura. Al igual que sus predecesores militares, se esforzó por hacer a Brasil más atractivo para los inversores extranjeros. La presidencia de Bolsonaro ha sido un desfile de tres años de horrores: el desgaste del gasto social, los derechos laborales, los salarios reales, las instituciones democráticas y las regulaciones esenciales, todo ello mientras el hambre, el desempleo y la inflación se disparan.
La era Bolsonaro ha sido un rudo recordatorio de que los momentos más oscuros de Brasil siempre han sido el resultado de las élites corporativas multinacionales que se alinean con los militares para aplastar los movimientos democráticos supuestamente en nombre de la salvación de la democracia. La alternativa, han alegado dudosamente sus partidarios, invitaría al izquierdista Partido de los Trabajadores a convertir a Brasil en una dictadura comunista peor que la de Cuba, la misma historia que se utilizó para justificar el golpe de 1964.
El renacimiento de una historia oscura representada por Bolsonaro también informa el pasado de su oponente de 2022. En la década de 1980, Volkswagen entregó a la policía de la dictadura un expediente basado en la vigilancia de un activista sindical regional llamado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que llegaría a ser presidente entre 2003 y 2010, había sido vigilado por el fabricante de automóviles alemán y fue detenido arbitrariamente por la dictadura por liderar una huelga. En 2018, volvió a ser encarcelado en dudosas circunstancias por cargos de corrupción que posteriormente fueron anulados, pero que le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales de ese año. El político de 76 años está ahora libre y vuelve a liderar las encuestas.
Las condiciones de esta vez no difieren de las que rodearon la victoria de Lula en 2002. Entonces, Lula reforzó su reputación de luchador por la clase trabajadora y consiguió alianzas con partidos oligarcas para aliviar una grave crisis económica sin recurrir a políticas radicales. Hoy, busca de nuevo forjar esas alianzas y sigue manteniendo un seguimiento leal entre muchos de los pobres de Brasil. Sin embargo, la clase elitista dio la espalda al Partido de los Trabajadores de forma abrumadora para apoyar a Bolsonaro en 2018 y hacer retroceder el legado de programas sociales y regulaciones más estrictas del partido.
Hoy, la élite de Brasil está dividida. Algunos todavía apoyan abiertamente o tímidamente al presidente, mientras que muchos lo han abandonado por su alejamiento de algunas políticas económicas neoliberales, la caída de los números de las encuestas y las rivalidades internas. Entre los desertores, unos pocos están en negociaciones tentativas con Lula, pero la mayoría aboga por un candidato de «tercera vía» que se adhiera a su visión económica neoliberal sin todo el bagaje de Bolsonaro. Tal y como están las cosas, ni Bolsonaro ni esta «tercera vía» tienen la popularidad necesaria para ganar unas elecciones democráticas.
Estas élites, casi de la misma manera que sus predecesores en el período previo al golpe de 1964, emplean un cuidadoso lenguaje de liberalismo, democracia, reformas graduales y anticorrupción. Sin embargo, detrás de la retórica se esconden objetivos profundamente reaccionarios. Fue una estrategia ganadora en 2016, cuando se utilizó para destituir a Rousseff con cargos falsos, y volvió a funcionar con la Operación Lava Jato, la ahora desacreditada cruzada «anticorrupción» que llevó a Lula a la cárcel.
Los intereses empresariales tienen mucho que proteger: Hoy en día, el 1% más rico posee la mitad de la riqueza de Brasil. Y hay razones -la creciente inseguridad alimentaria y el desinterés del Congreso por un programa populista, por ejemplo- para que esos intereses estén preocupados por lo que podría traer una ola democrática cambiante.
La elección de las élites brasileñas
En Brasil, la mayoría de los historiadores no se refieren al período comprendido entre 1964 y 1985 como una «dictadura militar», sino más bien como una «dictadura cívico-militar», debido al papel protagonista que desempeñaron las élites corporativas nacionales y multinacionales en todo momento. Empresas estadounidenses como IBM, Shell y Coca-Cola invirtieron millones en organizaciones sin ánimo de lucro anticomunistas de extrema derecha que, según la Comisión Nacional de la Verdad, fueron esenciales para la planificación y la propaganda del golpe. Las empresas presionaron al gobierno de Estados Unidos para que apoyara el golpe, y así lo hizo, llegando incluso a enviar un grupo de trabajo de la Marina estadounidense cargado de suministros a la costa para apoyar a los conspiradores.
El golpe de 1964 que derrocó al presidente João Goulart fue orquestado, con ayuda de la CIA, por élites que casi con seguridad habrían apoyado a Bolsonaro en 2018 y que hoy probablemente se inclinarían por un candidato de la «tercera vía». Uno de esos candidatos -que se unió formalmente a un partido político el miércoles, el primer paso oficial en una carrera por la presidencia- es el deshonrado ex juez de la Operación Lava Jato Sergio Moro, que puso a Lula en la cárcel y luego se unió al gobierno de Bolsonaro. Finalmente, con sus propias ambiciones políticas al desnudo, Moro dejó el gobierno por diferencias de opinión.
Durante años, Moro fue representado como un superhéroe en las protestas callejeras «anticorrupción» organizadas por grupos de derecha con turbias finanzas y vínculos con Estados Unidos que pretendían ser apolíticos y moderados, pero que pasaron a promover temas divisivos de la guerra cultural conservadora y una agenda económica libertaria radical. Las organizaciones sin ánimo de lucro respaldadas por empresas que están detrás del golpe hicieron un esfuerzo similar para ocultar en un principio sus objetivos más radicales.
Los izquierdistas brasileños, comprensiblemente, son tan hostiles a Moro y a cualquiera que lo haya apoyado como a Bolsonaro. Detestan la investigación Lava Jato, apoyada por Estados Unidos, que causó estragos en los sectores nacionales del petróleo y la construcción de Brasil, condujo a despidos masivos y abrió el camino para las privatizaciones de activos estatales rentables. La Operación Lava Jato «puede haber sido la mayor herramienta para forjar la agenda neoliberal» en Brasil, dijo Dilma Rousseff a Brasil de Fato el año pasado.
Las elecciones del año que viene dependerán de si las élites de la derecha brasileña, que han estado en racha durante los últimos seis años, son capaces de reagruparse y unirse en torno a una estrategia para bloquear de nuevo al Partido de los Trabajadores por medios no democráticos, o si un número suficiente de ellas está dispuesta a cambiar de rumbo y llegar a una tregua tentativa con Lula. Las élites deben decidir si quieren terminar el trabajo que empezaron en 1969 o en 2002.
*Andrew Fishman es un periodista de investigación con sede en Río de Janeiro, Brasil. Sus reportajes actuales se centran en la política brasileña, el medio ambiente y la influencia de las empresas multinacionales.
FUENTE: The Intercept.
Traducido por PIA Global.
