Esta semana se ha reunido en Pittsburgh por primera vez el Consejo de Comercio y Tecnología, un nuevo intento de “cooperación reguladora” transatlántica centrado especialmente en el sector tecnológico. A la reunión han acudido el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la secretaria de Comercio de la Administración Biden, Gina Raimondo, la representante comercial de EE UU, Katherine Tai, y la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager junto con el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis.
Cuando se anunció su creación durante la cumbre UE-EE UU, que se celebró en Bruselas el pasado 15 de junio, las grandes empresas tecnológicas —Big Tech— se mostraron satisfechas porque ven en ello una oportunidad para sentarse a la mesa e influir la regulación del sector en ambos mercados.
La semana pasada, el Gobierno francés y algunos funcionarios de la UE sugirieron sin éxito que la primera reunión del Consejo podía posponerse debido a las repercusiones del acuerdo militarista entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia AUKUS —acrónimo del nombre de los tres países en inglés—, que sustituyó a un acuerdo sobre submarinos entre Francia y Australia y enfureció a la industria armamentística francesa y europea.
¿Qué es el Consejo de Comercio y Tecnología?
El llamado Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE UU —TTC, por sus siglas en inglés— es una iniciativa para reavivar las relaciones económicas y comerciales tras los diferentes encontronazos de la era Trump. En diciembre de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este nuevo órgano como parte de un foro de diálogos transatlánticos sobre regulación.
Von der Leyen planteó al presidente estadounidense Joe Biden la necesidad de trabajar juntos en temas como la reducción de las barreras comerciales, acordar “normas y enfoques reguladores compatibles para las nuevas tecnologías”, “profundizar en la colaboración en materia de investigación y promover la innovación y la competencia leal”; pero también el control de las inversiones extranjeras, los derechos de propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología y el control de las exportaciones.
Entre los objetivos principales del Consejo de Comercio y Tecnología están “ampliar e intensificar el comercio bilateral y la inversión”, “evitar nuevos obstáculos técnicos al comercio”, “cooperar en políticas de tecnología y el desarrollo de normas”, “facilitar la cooperación en materia de política reguladora” y todo bajo “el liderazgo de las empresas”.
El organismo reúne a responsables políticos de alto nivel en diez grupos de trabajo que abordan un amplio abanico de temas, desde cómo abordar los flujos de datos y la protección de datos (palabra clave “Privacy Shield”), la inteligencia artificial y la falta de suministro de semiconductores y materias primas para la transición energética, hasta la coordinación en la regulación de las plataformas de internet.
En algunos de estos temas hay grandes diferencias entre la UE y los EE UU. Por ejemplo, mientras que la protección de datos en EE UU es extremadamente débil, la UE tiene normas de privacidad más exigentes.
¿Por qué ahora?
Se pone en marcha justo cuando el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE debatirán la propuesta de Ley de Mercados Digitales de la Comisión Europea junto a Ley de Servicios Digitales, por un lado, y se están aplicando diferentes tipos de impuesto para las grandes plataformas de internet (conocido como “Tasa Google”), por el otro lado. Un momento, pues, en el que ambos bloques deberían aprobar leyes ambiciosas para hacer frente al creciente poder de las empresas Big Tech y tecnologías como los sistemas de inteligencia artificial.
La industria digital invierte grandes sumas de dinero para dominar el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, como advirtió el estudio de LobbyControl y Corporate Europe Observatory
Las propuestas de la UE están avanzadas e incluyen normas para abordar el problema de los contenidos ilegales y fraudulentos y la desinformación utilizados especialmente por los partidos de extrema derecha para su apología del odio; así como la tecnología de inteligencia artificial de alto riesgo para las libertades y los derechos humanos —incluido el reconocimiento facial y los sistemas manipuladores o discriminatorios—.
Al mismo tiempo, la industria digital invierte grandes sumas de dinero para dominar el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, como advirtió el estudio de LobbyControl y Corporate Europe Observatory. Más 600 empresas, asociaciones y alianzas empresariales gastan más de 97 millones de euros al año para casar la política europea sobre economía digital con sus intereses.
Google, Facebook, Microsoft y Amazon son algunas de las empresas transnacionales que están empleando mas fondos para descafeinar las propuestas legislativas de la Comisión. Han desplegado una agresiva oposición a cualquier medida que podría afectar a su poder y su posición oligopólico en el mercado digital.
Casi un tercio del gasto total en lobbies de la industria tecnológica corresponde a sólo diez empresas: Google —con el mayor presupuesto— (5.750.000 euros), Facebook (5.500.000 euros), Microsoft (5.250.000 euros), Apple (3.500.000 euros), Huawei (3.000.000 euros), Amazon (2.750.000 euros), Intel (1.750.000 euros), QUALCOMM (1.750.000 euros), IBM (1.750.000 euros) y Vodafone (1.750.000 euros).
En Estados Unidos, Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft han gastado 582 millones de dólares en perjudicar las leyes del Congreso entre 2005 y 2018 según vpnMentor.
Ahora, el sector que más gasta para corromper los procesos reguladores de la UE, por delante de sectores como el farmacéutico, el de los combustibles fósiles, el financiero y el químico, podría ampliar su influencia aún más a través del Consejo de Comercio y Tecnología.
¿Qué resultados esperan?
Durante el fin de semana, los funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea siguieron introduciendo cambios en una lista de posibles resultados de la primera reunión del Consejo, ajustando el lenguaje de una declaración conjunta sobre las cadenas de suministro de semiconductores y el trabajo forzoso, según Inside U.S. Trade.
Una tarea encomendada por la industria es buscar respuestas frente a las interrupciones del suministro de semiconductores
El documento aborda siete áreas: cadenas de suministro de semiconductores, control de las exportaciones, inteligencia artificial, control de las inversiones, retos del comercio mundial, trabajo forzado y comercio y medio ambiente. Asimismo, la Administración Biden intentará vincular el órgano a su política de rivalidad con China.
Buscan un proceso rápido. Según el último borrador, ambas partes tienen previsto lograr “resultados concretos” para la próxima reunión del Consejo en la primavera de 2022.
Una tarea encomendada por la industria es buscar respuestas frente a las interrupciones del suministro de semiconductores. Aunque la declaración no revela pasos concretos más allá de “mapear la capacidad en la cadena de valor de los semiconductores y reforzar nuestros ecosistemas nacionales de semiconductores, desde la investigación hasta la fabricación de diseños, con vistas a mejorar la resistencia, mediante consultas con las partes interesadas y los incentivos adecuados”.
A raíz de las continuas interrupciones de la cadena de suministro, la Casa Blanca convocó la semana pasada a la industria de los semiconductores para debatir la actual escasez de chips. El Departamento de Comercio lanzó ese mismo día una solicitud de información a los grupos industriales de toda la cadena de suministro, pidiéndoles que compartan voluntariamente información sobre “inventarios, demanda y dinámica de entrega”, según un comunicado. El objetivo de la iniciativa, como detallan, es “comprender y cuantificar” dónde se producen los cuellos de botella.
¿Estados Unidos contra el trabajo forzoso?
Otra materia de colaboración será el control de las exportaciones e inversiones. Esto incluye la voluntad para frenar las prácticas de trabajo forzado. Estados Unidos y la UE tratarán de utilizar ”las políticas y herramientas comerciales pertinentes“, incluidos los acuerdos de comercio existentes, las medidas unilaterales y los foros multilaterales para la prevención del trabajo forzoso e infantil. Se puede interpretar como una iniciativa para restar poder económico a China.
En mayo, la Comisión presentó una propuesta que obligaría a las empresas apoyadas por gobiernos extranjeros a exigir la aprobación de la UE antes de hacerse con activos europeos estratégicos.
Llama poderosamente la atención que el Gobierno de Biden haga tanto hincapié en el trabajo forzoso ya que Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una de las razones habría que buscar en el trabajo que realizan reclusos en las cárceles que es un gran negocio. CoreCivic y GEO Group, las dos corporaciones que controlan la mitad del mercado del trabajo penitenciario privado en EE.UU. y buena parte del negocio con las deportaciones de personas migrantes, obtuvieron en 2015 unos ingresos combinados de 3.500 millones de dólares. En 2019, ingresaron mil millones de dólares.
Aparentemente la “subcontratación en prisiones” ha crecido en EE.UU. como opción a la subcontratación de empleo esclavo en países con menores costes laborales. Una gran variedad de empresas, como Whole Foods, McDonald’s, Target, IBM, Texas Instruments, Boeing, Nordstrom, Intel, Wal-Mart, Victoria’s Secret, Aramark, AT&T, BP, Starbucks, Microsoft, Nike, Honda, Macy’s y Sprint, y muchas más, participaron activamente en la subcontratación de prisiones a lo largo de las dos últimas décadas.
Desde hace años, la Unión Europea podría haber aplicado una de las escasas excepciones generales de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que permite explícitamente que los gobiernos puedan restringir las importaciones “relacionadas con los productos del trabajo penitenciario”, y no lo ha hecho.
¿Influencia al estilo TTIP?
El poder corporativo lleva tiempo presionando para que la cooperación regulatoria entre la UE y EE UU vuelva a estar en la agenda y está muy interesado en convertir el Consejo en una nueva herramienta para la industria y estar sentada directamente en la mesa donde se pacten las políticas. Recordemos que durante la Administración de Trump, la UE intentó reiniciar las negociaciones comerciales.
El lobby corporativo ya se está produciendo de forma intensa, como demuestran numerosos documentos y reuniones, según ha revelado la ONG Corporate Europe Observatory.
Apenas dos días después de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero de 2021, cinco grupos de presión empresarial estadounidenses del Big Tech —la Alianza del Software, la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones, la ITI, la Asociación de Internet y el Consejo Nacional de Comercio Exterior— escribieron una carta en la que instaban, entre otras cosas, a aceptar la propuesta de la UE de crear el Consejo de Comercio y Tecnología. La industria estadounidense también pidió audiencia a Dombrovskis para debatir los enfoques del comercio digital.
Hace más de diez años, el diálogo secreto con las empresas condujo a las negociaciones del TTIP, notorias por la falta de transparencia y la influencia de la industria
Google va más allá: ”EE UU no debe promulgar nuevas normas de privacidad o de control del comercio tecnológico sin consultar con la UE; la UE debe proseguir las consultas bilaterales para garantizar que las iniciativas tecnológicas, como la Ley de Mercados Digitales“, instó Karan Bhatia, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública al presidente Joe Biden.
En febrero de 2021, el Consejo Empresarial Transatlántico (TABC), un grupo de presión de las multinacionales con sede en la UE o en EE UU, escribió a Dombrovskis para expresar su apoyo a crear un Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE.UU. ”destinado a crear oportunidades de colaboración transatlántica impulsada por el mercado y la industria, reforzar el liderazgo tecnológico e industrial de la UE y EE.UU. y ampliar el comercio y las inversiones bilaterales“.
La Comisión Europea añadió gustosamente que el órgano sea orientado por la industria.
La patronal europea BusinessEurope también considera que el TTC es un “foro apropiado” para “salvaguardar” un acuerdo sobre los flujos de datos a través del Atlántico y “acordar a corto plazo un sólido sucesor del escudo de privacidad”.
Según la Cámara de Comercio de EE UU, las acciones del TTC deberían ”evitar políticas y medidas reguladoras que se dirijan a las empresas con sede en la otra parte (explícita o implícitamente) a través de leyes o reglamentos“.
¿Por qué debería sonar la alarma?
La euforia del poder empresarial nos trae recuerdos de la influencia corrupta en las negociaciones del polémico acuerdo comercial transatlántico TTIP que descarrilaron por la movilización social.
El Consejo de Comercio y Tecnología se asemeja a los predecesores del TTIP, a su enfoque unilateral de los intereses corporativos y el objetivo de aumentar el comercio cueste lo que cueste.
En el período previo a las negociaciones del TTIP, se celebraron estrechas consultas en el llamado Consejo Económico Transatlántico y en el Consejo Empresarial Transatlántico (TABC, por sus siglas en inglés) entre los consejos de administración de las principales empresas de EE UU y de la UE y los responsables políticos de alto nivel de ambos bloques comerciales. Estas discusiones eran informales y muy opacas.
Hace más de diez años, el diálogo secreto con las empresas condujo a las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), notorias por la falta de transparencia y la influencia de la industria. A partir de 2013, la Comisión Europea y la Administración Obama retomaron el diálogo con las empresas a través de la llamada cooperación en materia de regulación e intentaron consagrarlo con un capítulo propio en el acuerdo, que no prosperó debido a las protesta de entonces.
Aunque suena muy benévolo, la “cooperación reguladora” es una amenaza a la protección de las y los consumidores, los derechos laborales y el medio ambiente. Las anteriores experiencias amenazaban con reducir las normas de los países participantes a un mínimo común denominador, e incluso ponían a las empresas reguladas al frente de este proceso.
La cooperación en materia de reglamentación surgió en la década de los 90 a raíz de las disputas entre EE UU y la UE sobre cuestiones normativas de los productos químicos peligrosos, las sustancias que destruyen la capa de ozono, la seguridad alimentaria y la privacidad de los datos, entre otros. Al no abordarlos en las negociaciones comerciales, las dos partes optaron por reuniones a puerta cerrada, en las que funcionarios o ministros intentaban encontrar soluciones, a menudo en estrecha colaboración con grupos empresariales.
Este mecanismo tiene implicaciones para la democracia. Por ejemplo puede permitir que otro Estado y empresas intervengan en todas las fases de la toma de decisiones para asegurar que las normas que se elaboren no afecten a los intereses del poder económico y financiero.
La intención siempre fue eliminar las ”barreras comerciales“, que con demasiada frecuencia son reglamentos protegiendo el interés público. De hecho, un ejemplo de cómo se negoció un acuerdo en el marco de la cooperación reglamentaria que no sólo atentó contra el derecho a la intimidad, sino que resultó ser una violación de la legislación de la UE fue el acuerdo de transferencia de datos entre la UE y Estados Unidos, invalidado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2020.
Las reacciones del poder empresarial dejan claro que existe el mismo peligro con el Consejo de Comercio y Tecnología. Las empresas tecnológicas aplaudieron que Dombrovskis ofreciera la participación estrecha de la industria. El representante para Europa del Consejo Empresarial Transatlántico (TABC), Giovanni Campi, se refirió explícitamente al mencionado Consejo Económico Transatlántico como modelo para la mesa de negociación.
Además, los debates en el TTC se centran en más comercio y no en normas justas para la ciudadanía. Tampoco abordará el agotamiento de las materias primas necesarias para la digitalización ni los tremendos impactos socio-ambientales de su extracción y transformación.
En junio de 2021, una red de más de 70 organizaciones de consumidores de la UE y de EE.UU., publicó una lista de demandas que incluye la petición de que los diálogos de cooperación sean totalmente transparentes, incluyendo la publicación de las propuestas comerciales y de cooperación, los órdenes del día, las actas de las reuniones y la lista de participantes. El Diálogo Transatlántico de los Consumidores (TACD) también pidió una participación significativa de la sociedad civil y que la protección de los consumidores se reconozca como una prioridad, y no como una ”barrera comercial».
Habrá que estar muy atentos y preparar las movilizaciones oportunas para evitar que las negociaciones bloqueen los tramites comunitarios en curso para regular la industria tecnológica —el paquete de Servicios Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial— o se diluyan en nombre del “libre comercio”. En España, estos temas pasen caso inadvertidos por el parlamento y las ruedas de prensa en La Moncloa.
El poder económico y político de los gigantes tecnológicos es muy peligroso y por eso es necesario limitarlo y desmantelarlo si queremos, por otra parte, construir alternativas a la distopía de la alta tecnología sin contactos con y entre humanos que Naomi Klein, entre otras, ha denunciado como la doctrina del shock pandémico y digital que está impulsando procesos de privatización, deshumanización, explotación laboral, soledad y problemas de salud mental así como extractivismo, despojo y destrucción ambiental en todo el mundo.
*Tom Kucharz, Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción.
Artículo publicado en El Salto.
Foto de portada: DAVID F. SABADELL.
