Los acontecimientos de los últimos días en la frontera entre Ceuta y Marruecos han traído a la primera línea informativa, una vez más, la frontera sur de la UE. Su análisis debe realizarse desde una óptica multidimensional que incorpora cuestiones de tipo geopolítico, de percepción de amenaza y de utilización de la demografía (en este caso de la inmigración) como arma política para alcanzar objetivos también políticos. Nada de todo esto es nuevo. De hecho, una parte importante de las crisis se sostienen sobre esos tres ejes: territorio, geopolítica, miedo.
En este caso, además, la utilización de la migración como elemento de presión en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos es un fenómeno recurrente en el tiempo y en contextos muy diferentes desde el comienzo del proceso de descolonización. Quizás el hecho diferencial, en esta ocasión, haya sido el volumen de personas que han atravesado la frontera en un corto espacio de tiempo.
Desde esta perspectiva, es imprescindible tener en cuenta el tipo de relaciones bilaterales que existen entre Marruecos y distintos actores internacionales. Vayamos con los europeos. Francia ha sido siempre el gran paraguas bajo el que Rabat ha encontrado refugio, mientras que España, como consecuencia de su vecindad, es la que, movida por la necesidad y la responsabilidad ante potenciales amenazas, se ha visto motivada a ser la voz de Marruecos ante la UE. Por otro lado, la alianza estratégica entre EE.UU. y Marruecos tampoco es nueva, si bien durante los últimos meses ha adquirido una mayor relevancia ante el creciente interés geopolítico de Washington en la región. En pago a esta alianza en diciembre de 2020 la administración Trump se saltaba la cortesía diplomática y declaraba su reconocimiento a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara.
A partir de ese momento, Rabat ha puesto en marcha una presión diplomática de una asertividad llamativa. Primero con el bloqueo del diálogo con Alemania, ahora con la apertura de las fronteras en Ceuta. Y todo ello, no se equivoquen, con el objetivo de presionar a estos dos países en particular y a la UE en su conjunto para modificar sus posiciones en relación con el conflicto del Sahara Occidental, ante la previsión de una sentencia no muy favorable a sus intereses que se espera que emita el Tribunal de Justicia UE, y que afecta a los acuerdos de Asociación y pesca firmados en 2019 entre Bruselas y Rabat, lo que deslegitimaría al gobierno marroquí para negociar con mercancías saharauis. Esto, junto con las tensiones que resurgieron en el Sahara Occidental en noviembre y diciembre pasados, donde, por cierto, también Rabat jugó la baza de la migración hacia Canarias, son los principales elementos que explican esta maniobra política del gobierno marroquí. Por tanto, la atención médica ofrecida por el gobierno al líder saharaui Ghali no es más que una simple excusa para elevar el tono de la presión hacia España.
Pasemos ahora al análisis del siguiente nivel, el miedo. La política de vecindad europea y la política migratoria tanto de la UE como de los Estados miembros se ha construido desde hace 30 años sobre la base de la vinculación de la migración con la seguridad. Esto es, la gobernanza migratoria europea se sostiene sobre la idea de la construcción de una zona buffer en torno a Europa que permita mantener unos niveles de estabilidad y seguridad frente a potenciales amenazas, siendo una de ellas la cuestión migratoria. Este hecho es algo en lo que, sorprendentemente, todos los Estados miembros coinciden. No hay fisuras, no hay dudas. Construyamos una política migratoria que nos proteja, luego ya veremos. Y para construirla es necesario el apoyo de los países de la vecindad. Pero para convencerles de que la securitización y la externalización de las fronteras les beneficia, hay que ofrecer algo a cambio: acuerdos de Asociación preferentes, fondos destinados a cubrir los gastos del control fronterizo, fondos de cooperación al desarrollo, y, más recientemente, los fondos para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, son algunos de los privilegios ofrecidos desde Bruselas para “convencer” a países como Marruecos, Turquía o Libia de las virtudes del plan.
El problema viene cuando estos países no cumplen con su parte del trato. Cuando optan por utilizar las herramientas que se les han dado en beneficio propio poniendo en marcha ofertas que la UE no podrá rechazar. Así, lo mismo que ha sucedido en Ceuta ocurrió en marzo de 2020 en la frontera greco-turca. Entonces la reacción de la Comisión fue la de considerar a Grecia el escudo de contención de Europa. Ahora el discurso es más sofisticado, pero la política sigue siendo la misma. La excusa, siempre igual, no es posible llegar a un acuerdo entre los 27 Estados miembros que abandone la miopía con la que se aborda el fenómeno migratorio. La realidad es que no existe ni un solo gobierno de la UE que quiera efectivamente diseñar una política migratoria europea que apueste por la defensa de los derechos fundamentales de las personas migrantes, es decir, un enfoque orientado a la seguridad humana que combata la explotación y que favorezca la visibilidad de estas personas. Esto no querría decir la apertura descontrolada de las fronteras, sino una gestión de los flujos que otorgue la dignidad a las personas en movimiento.
La última dimensión es la que tiene que ver con los niveles de responsabilidad, en este caso de España en relación con las personas que logran atravesar la frontera. La política migratoria actual lo único que consigue es favorecer los discursos del odio, la criminalización de los migrantes y el miedo de las poblaciones ante una amenaza que ha sido construida por las élites políticas y económicas dominantes. Y una buena prueba de ello es la constatación de las continuas vulneraciones de derechos que se llevan ejerciendo dentro del territorio español y europeo contra las personas migrantes. Estos días también en Ceuta. La vulneración del Estado de derecho se encuentra a la orden del día. Los rechazos y devoluciones en frontera, de los que el ministro Marlaska alardea de manera impúdica, quiebran las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la del Tribunal Constitucional español, ambas de 2020, además del Derecho Internacional que garantiza el derecho a la no devolución. En las fronteras de Ceuta no se están ofreciendo ni los procedimientos ni las garantías a los que la ley obliga y, por tanto, se están vulnerando cuestiones esenciales tales como la tutela judicial efectiva o el derecho a la solicitud de asilo y refugio. Esto es una buena muestra de cómo el discurso de la derecha extrema y el nativismo han calado de manera transversal en todo el espectro ideológico. Hay mucho de que preocuparse si a estas alturas la clase política, de izquierdas y de derechas, no es capaz de identificar cuáles son las causas de todo esto. O quizás es que simplemente no quieren ponerle remedio.
*Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política e Investigadora Adscrita al ICEI (Instituto Complutense de Estudios Internacionales).
Artículo publicado en Contexto y Acción.
Foto de portada: Miembros del ejército español sacando del agua a niños migrantes en las playas de Ceuta. MINISTERIO DEFENSA.
