Todo comenzó con acciones universitarias: en abril, un millón y medio de personas salieron a las calles exigiendo detener los recortes en la financiación de las universidades. Las protestas continuaron en mayo, paralizando la provincia de Misiones, donde las acciones se llevaban a cabo todas las semanas.
El gobierno intentó sofocar los focos de protesta reduciendo a la mitad el número de participantes en mítines y acciones. Sin embargo, el pueblo sigue saliendo y con más fuerza.
Allí no se detuvo la movilización masiva de personas: el 12 de noviembre se llevará a cabo la marcha universitaria Federal en contra del veto impuesto a la ley de financiamiento universitario. Una vez más se mostrará abiertamente el descontento de la comunidad estudiantil y el conjunto del pueblo argentino.
La educación pública en Argentina está bajo amenaza por una agenda política que ha logrado penetrar en el gobierno nacional y cuyo objetivo es – en palabras del propio presidente Javier Milei – “destruir el Estado desde adentro”. Sosteniendo que el Estado es una “organización criminal” que ataca la libertad (del mercado) y que la justicia social es un ataque al principio del mérito individual y la competencia libre, Milei tiene la intención de llevar adelante un proyecto que es tan delirante como sus discursos en foros ultraconservadores internacionales, y tan despiadado como sus publicaciones en redes sociales.
Los poderosos grupos económicos que lo apoyan y ahora ocupan posiciones clave en el gobierno, esperan implementar una fórmula de dominación irreversible que les permita asegurar de manera permanente las condiciones necesarias para acumular ganancias a través de la explotación desenfrenada de los recursos y el pueblo de Argentina.
Por ello, el gobierno actual ha comenzado a trabajar en lo que Milei ve como una “refundación”, borrando el marco institucional preexistente. No es casualidad que la Argentina soñada por los libertarios económicos sea exactamente la misma que la Argentina pre-democrática, libre de derechos políticos, sociales y culturales, en la que una economía primariamente agroexportadora alimentaba los festines fastuosos de una oligarquía que se enriquecía escandalosamente a costa de la miseria de la mayoría. Esta agenda, impuesta con sangre y fuego al inicio del ciclo neoliberal en Argentina, durante la última dictadura civil-militar (1976-1983), no es nueva.
Apenas después del 40º aniversario del retorno a la democracia, la élite económica ha vuelto con Milei para vengarse: desregulando la economía, abriendo el país al capital extranjero, reduciendo el gasto público, depreciando los ingresos de los trabajadores e implementando una reforma neoliberal del Estado, una reforma laboral regresiva y una política de criminalización de la organización social y la protesta social.
En el contexto de la deuda externa contraída previamente por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y la consecuente subordinación a los dictados del FMI, en apenas seis meses de gobierno “libertario”, esta política ya ha generado un aumento sin precedentes de la pobreza, la indigencia y el desempleo. Estos devastadores impactos sociales no son un accidente ni un “daño colateral”, sino que están diseñados para lograr un reordenamiento social bajo la disciplina de la desigualdad.
Y así como tal objetivo requiere la eliminación de la clase media en un país como Argentina, también exige suprimir la capacidad de movilizar de la oposición, ya sea a través del sindicalismo, los movimientos sociales, el peronismo, el feminismo o las organizaciones de derechos humanos. De ahí que, a los pocos días de asumir el cargo, el gobierno de Milei introdujo el llamado “protocolo anti piquetes” que instruye a las fuerzas de seguridad a intervenir en las manifestaciones callejeras, limitando la libertad de expresión y asociación y criminalizando la protesta pacífica, en violación de todas las convenciones y recomendaciones internacionales sobre derechos humanos.
La aplicación de este protocolo ya provocó no solo represión injustificada y violenta de la movilización social, sino también en detenciones arbitrarias, multas a organizaciones, extorsión a los beneficiarios de programas de asistencia social y, más recientemente, en la imputación arbitraria de personas que participaban en protestas por delitos graves.
El ataque a las universidades públicas y a la educación pública forma parte de una política multifacética de ajuste neoliberal y reforma del Estado, de la mercantilización de todas las esferas de la vida y de la disciplina social. El gobierno actual – que eliminó el Ministerio de Educación, reduciéndolo a una Secretaría del nuevo Ministerio de “Capital Humano” – ya ha realizado recortes brutales al presupuesto educativo y universitario, suspendiendo la financiación de innumerables programas necesarios para asegurar condiciones adecuadas para la educación y la actividad académica.
Ha dejado de pagar el Fondo Nacional de Incentivos Docentes (FONID), una conquista histórica ganada por los docentes que representaba un porcentaje significativo de su salario en los niveles obligatorios de la educación, y ha bloqueado efectivamente las negociaciones colectivas en la educación nacional y las universidades, lo que ha provocado una caída de más de un tercio del poder adquisitivo de los salarios de los docentes. Con ello, el gobierno nacional está ignorando su obligación de garantizar el derecho a la educación en todos los niveles y, al mismo tiempo que impulsa que la educación sea declarada un servicio esencial para suprimir el derecho a huelga, ha provocado que miles de docentes caigan por debajo de la línea de indigencia.
Con respecto a las universidades, el gobierno no solo las somete a su plan general de reducción del gasto público y achicamiento del Estado, sino que está deliberadamente arrojando su funcionamiento a la crisis con el fin de abrir las puertas al mercado, amenazando con destruir un sistema público único por su carácter democrático y popular. En nuestra experiencia, en el pasado, la asfixia presupuestaria ha sido utilizada como una condición extorsiva destinada a someter la actividad académica a los objetivos del sector empresarial o de organizaciones financieras internacionales. La intención del presidente de reenfocar el financiamiento educativo hacia la demanda – mediante vouchers, créditos o fórmulas similares – es un componente clave en la estrategia global de privatización y comercialización de la educación, que ya ha avanzado significativamente en otros países del mundo, y especialmente en América Latina. Con esto en mente, debemos advertir sobre los intentos de desencadenar la fragmentación del sistema universitario, conduciendo a un escenario – como en otros países – en el que algunos nichos de excelencia y “ranking mundial” coexisten junto a instituciones o áreas donde la actividad, limitada a la función docente, estaría subordinada a la lógica del mercado, basada en trabajos más precarios para los docentes y reduciendo la educación universitaria a la provisión de credenciales para aumentar la “empleabilidad” de las personas.
Pero la precarización y el desmoronamiento de las condiciones de igualdad ya son visibles en diversos aspectos de la vida académica. Por ejemplo, el agravamiento de la crisis está llevando a la búsqueda de soluciones de emergencia, que son motivo de particular preocupación, como la incorporación de espacios virtuales para reemplazar la educación presencial en las universidades, tal como ocurrió durante la pandemia.
Las universidades públicas de Argentina no solo son consideradas innecesarias por un proyecto neocolonial como el representado por Milei, sino que también son vistas como un obstáculo para sus aspiraciones. Por esta razón, a las habituales acusaciones de ineficiencia y corrupción que la derecha tiende a lanzarles, se ha sumado ahora una nueva invectiva: las universidades públicas son centros peligrosos de “adoctrinamiento” político e ideológico.
La responsabilidad pública de una institución en la que la pluralidad de ideas y la integralidad de la educación promueven el desarrollo de una ciudadanía crítica y una sociabilidad solidaria que no se doblega ante la imposición dogmática del sufrimiento y la injusticia inevitables, que debate los problemas que afectan a la mayoría y se compromete en la búsqueda colectiva de soluciones para resolverlos, se convierte en un obstáculo para quienes desean un pueblo esclavizado.
Frente a este embate, nuestros sindicatos se encuentran en un estado permanente de movilización para defender la educación pública y las universidades, así como el diezmado sistema científico-tecnológico. Y, junto con todas las organizaciones populares, estamos activamente involucrados en la construcción de la resistencia a esta política, que es autoritaria y devastadora en todos los aspectos.
El 23 de abril, más de un millón y medio de personas llenaron las calles de Buenos Aires y de numerosas ciudades en todo el país, bajo la consigna de defender las universidades públicas. La naturaleza transversal y masiva de este llamado a la acción refleja la profunda raigambre de ciertos valores compartidos entre la población y da cuenta de la importancia de una institución central para la construcción de la democracia, la justicia social y la soberanía. En esta demanda y en la clara determinación de luchar por ella, radica nuestra confianza en un pueblo que, en cada período de resistencia, a lo largo de nuestra historia, ha logrado reconstruir la implacable esperanza de poder alcanzar una sociedad más justa en estas tierras.
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