La decisión de este viernes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el contencioso que desde 2019 mantiene el Frente Polisario —legítimo representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)— por los acuerdos comerciales firmados entre la Unión Europea y Marruecos para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental es histórica en una doble vertiente.
Por un lado, la Corte de Justicia de la Unión anula los acuerdos de pesca y los relacionados con los productos agrícolas —aunque sobre estos últimos da una moratoria de un año para que sigan en vigor— debido a que el pueblo saharaui no dio su consentimiento para la firma de esos tratados entre la Unión Europea y Marruecos, potencia que ocupa la gran parte del territorio del Sáhara Occidental.
Y por otro lado, la decisión del TJUE es importantísima porque pone en valor la soberanía del pueblo saharaui y la legitimidad del Frente Polisario para ser su único y legal representante.
Es una resolución esencial porque pone fin a un recorrido judicial que duraba ocho años. Desde 2016, el TJUE viene diciendo que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y que cualquier acuerdo comercial sobre sus recursos sin su beneplácito no es legal.
La Justicia europea observa en su sentencia de este viernes, sobre la base de los principios del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que «la aplicación de un acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, como se prevé en los acuerdos controvertidos, debe obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Pues bien, ese consentimiento no existe en los presentes asuntos», consta en la sentencia del TJUE.
No obstante, el TJUE matiza respecto al consentimiento que puede no ser «explícito» en todos los supuestos. «Puede presumirse cuando el acuerdo no crea obligaciones a cargo del pueblo tercero en dicho acuerdo y este confiere a ese pueblo una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de las explotación de los recursos naturales de ese territorio y proporcional a la importancia de dicha explotación».
Pero los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no preveían esa ventaja, por lo que el tribunal acuerda declararlos nulos, porque obviaron absolutamente el beneplácito saharaui.
El TJUE señala el impacto en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y esta afirmación supone un espaldarazo muy importante para el Frente Polisario, que en un comunicado al que ha tenido acceso Público manifiesta su satisfacción por la respuesta del TJUE.
Larga batalla, desde 2016
La Corte de Luxemburgo lleva tiempo insistiendo, a través de varias sentencias, en que el pueblo saharaui tiene derecho a disponer de sus recursos y que cualquier acuerdo que le afecte debe contar con su autorización.
En este sentido, las históricas negociaciones entre España y Marruecos para la delimitación de sus espacios marítimos no pueden incluir aguas saharauis, advierte la Justicia europea.
Fue en 2016 cuando por primera vez el TJUE se pronunciaba al respecto de la soberanía del pueblo saharaui para decidir sobre sus propios recursos naturales. En una histórica sentencia, la Corte europea confirmaba que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y, por lo tanto, no puede aplicarse ningún acuerdo entre la UE y Rabat sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Pero los acuerdos se fueron renovando a medida que la Comisión Europea y el Consejo Europeo interponían recursos para revertir la respuesta del TJUE. El último acuerdo de pesca le ha supuesto a Marruecos 200 millones de euros desde 2019.
Cuestión de descolonización
En su comunicado, el Frente Polisario clama contra las «acciones irresponsables de ciertos Estados europeos, en particular Francia y España, que, a través de decisiones unilaterales, creyeron que podían alterar el estatus internacional del territorio». Y subraya que las resoluciones del TJUE «nos recuerdan con fuerza que la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización y que no hay solución más que el estricto respeto al derecho a la autodeterminación y a la independencia del pueblo saharaui».
La Asociación Internacional de Juristas en apoyo al Sáhara Occidental (IAJUWS) indicó hace algo más de un año, en una rueda de prensa en Madrid, que se había abierto el ‘melón’ de las indemnizaciones para el Sáhara Occidental. El abogado del Frente Polisario Manuel Devers señaló entonces que «el Frente Polisario podría exigir responsabilidad por los perjuicios causados estos años y eso es un argumento de peso para limitar posibles subterfugios de las autoridades europeas para sortear la Justicia europea».
El ‘melón’ de las indemnizaciones
Y advertía en relación a la sentencia que finalmente se ha producido este viernes: «Si el TJUE confirma las sentencias anteriores ya no habrá posibilidad de llevar a cabo ninguna actividad económica en el Sáhara Occidental y si la Comisión Europea o el Gobierno español hacen algo para escapar de la resolución se les puede forzar para que las acaten», dijo Manuel Devers.
Según este letrado francés, sería «perfectamente posible» que el pueblo saharaui reclamara 4.000 millones de euros de indemnización por los años en los que se han aplicado los acuerdos, declarados ilegales por el TJUE.
«Asociación estratégica» con Marruecos
En este sentido, hay que destacar que el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado el respeto del Gobierno por la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de tumbar los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos, al tiempo que ha reivindicado la «asociación estratégica» con el reino alauí y la voluntad de mantenerla.
Albares ha asegurado que el sector pesquero contará con «todo el apoyo» del Gobierno y ha destacado los «beneficios» que ha reportado tanto al sector pesquero como al agrícola la «asociación estratégica» con Marruecos. Dicha estrategia con Marruecos fue anunciada en marzo de 2022 y supuso un giro total de la política española sobre el Sáhara, que le valió a Pedro Sánchez muchas críticas.
También ha destacado Albares los «beneficios» en relación a Ceuta y Melilla de dicha asociación con Marruecos, «en la defensa de nuestras fronteras», así como en el plano comercial, «con un comercio que alcanzó los 22.000 millones de euros, solo superado por el comercio con Estados Unidos y Reino Unido».
Marruecos no reconoce la sentencia
Por su parte, el Gobierno de Marruecos ha afirmado que no se considera «aludido de ninguna forma» por el fallo del TJUE y ha «exigido» a la UE y a sus Estados miembros que «adopten las medidas necesarias para respetar los compromisos» firmados, habida cuenta de la alianza «estratégica» entre ambas partes, informa Europa Press.
El Ministerio de Exteriores marroquí ha afirmado en un comunicado que Rabat no ha participado en el proceso judicial, situando a la UE «en una parte» del tablero y, en la otra, al Frente Polisario, de quien partió precisamente el recurso que ha terminado por tumbar los dos acuerdos este viernes.
*Ana María Pascual, periodista de investigación.
Artículo publicado originalmente en Público.es
Foto de portada: Varias personas sujetan una bandera durante una manifestación en apoyo al Sahara Occidental, a 11 de noviembre de 2023, en Madrid. Foto de archivo. —Jesús Hellín/Europa Press.
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