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La intención, el plan y la acción de Bolsonaro contra el pueblo brasileño

Por Ana Dagorret – La cantidad de crímenes contra la salud pública cometidos por el presidente y los militares que lo acompañan durante la pandemia de la covid19 evidencian una estrategia institucionalizada de propagación del virus en el territorio brasileño, según un estudio presentado por la Universidad de São Paulo.

No es una novedad que Brasil atraviesa una catástrofe humanitaria causada por la pandemia. Tampoco es una novedad el por qué. En el año 2016, un golpe parlamentario orquestado por el mercado, las elites, los monopolios mediáticos con amplia representación política en el país, le puso fin al mandato de Dilma Roussef y, con ello, comenzó la debacle.

Por aquellos años, nadie se imaginaba cuáles podrían ser las consecuencias. Ni siquiera aquellos que ya en 2018 alertaban de lo que se venía con Jair Bolsonaro al frente de la presidencia. Si en sus años de diputado el actual presidente defendía la tortura y muerte de los enemigos del régimen militar, con su llegada a la presidencia y la pandemia de coronavirus sus anhelos de exterminio comenzaban a hacerse realidad.

Así lo entienden desde el Centro de Investigaciones y Estudios en Derecho Sanitario de la Universidad de São Paulo, quienes en conjunto con la organización Conectas Derechos Humanos, una de las organizaciones de justicia más respetadas de América Latina, se dedican desde marzo a repasar las medidas adoptadas a lo largo del 2020 relativas a la COVID-19.

Con esas informaciones, los investigadores produjeron el boletín Derechos en la Pandemia – Mapeamiento y análisis de las normas jurídicas en respuesta a la covid19 en Brasil. En su edición número 10 los investigadores afirman que existe intención de propagar el coronavirus de parte del gobierno federal.

“A lo largo de 2020, recopilamos los estándares federal y estatal relacionado con la Covid-19 para estudiarlos y evaluar su impacto sobre derechos humanos, buscando contribuir, prevenir o minimizar los efectos negativo” explica el documento.

A su vez, agrega: “a nivel federal, más allá de la ausencia de un enfoque de derechos, ya encontrado, lo que nuestra investigación reveló es la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el Gobierno brasileño bajo el liderazgo de Presidencia de la República”.

El documento traza una línea del tiempo desde los primeros casos confirmados en San Pablo en marzo del 2020 y apunta tres cuestiones claves en la cronología: los actos normativos, incluyendo las decisiones de ministros y los vetos presidenciales, los actos de obstrucción a la respuestas que gobiernos estaduales y la propaganda contra la salud pública, es decir, la politización de la pandemia y diseminación de noticias falsas.

Resulta fácil rememorar algunas de las frases más célebres de Bolsonaro a lo largo del 2020. Ya sea refiriéndose a la pandemia como “gripezinha” o justificando las muertes por covid con la afirmación “todos nos vamos a morir algún día”, lo del presidente brasileño no fueron sólo frases desafortunadas y mentiras.

Discursos, decisiones y dificultades

Como muestra el documento, diferentes decisiones adoptadas por el gobierno federal desde el comienzo de la crisis sanitaria evidenciaron un fuerte desprecio por la vida de los brasileños, principalmente con los más vulnerables. 

Con los primeros casos y en una respuesta a la decisión de más de 25 gobernadores de cerrar sus economías, Bolsonaro adoptó medidas en donde decretaba como atribución del presidente la competencia de decidir sobre servicios públicos y actividades esenciales. A su vez, retuvo recursos federales solicitados por los estados para la compra de insumos para hospitales bajo el argumento de que sería dinero para la corrupción de los gobernadores.

En la misma línea negacionista, el gobierno federal gastó millones en una campaña producida por la Secretaría de Comunicación denominada “Brasil no puede parar”, en donde se decía que “en el mundo son raros los casos de jóvenes y adultos que mueren por covid”.

Ya en abril, con 20 mil casos confirmados y 700 muertes, el Ministro de Salud Henrique Mandetta, que había ganado popularidad por seguir las recomendaciones de los especialistas, fue despedido por Bolsonaro y reemplazado por Nelson Teich, un empresario sin experiencia en salud pública que duró menos de un mes en el cargo. La salida de Teich se dio por haberse negado a recomendar el uso de la cloroquina como tratamiento precoz, medicamento sin comprobación científica y con efectos colaterales graves que ya era promocionado por el presidente como la cura para el coronavirus. 

Luego de Teich, quien asumió el cargo de Ministro fue el General Eduardo Pazuello, un paracaidista del ejército que aceptó sin excusas obedecer las órdenes del capitán reformado. Para entonces, Bolsonaro volvía a insistir en sus críticas a la prensa y a los gobernadores y afirmaba que “parece que ya se está yendo esa cuestión del virus”. 

En mayo Bolsonaro publicó una medida provisoria donde se establecía que funcionarios públicos no podrían ser responsabilizados por acciones u omisiones ante la pandemia. Mientras, amenazaba con dar un golpe de Estado si su voluntad de dejar morir a las personas no era respetada. Las amenazas sólo se calmaron cuando la justicia comenzó a investigar la realización de actos antidemocráticos y los nombres de dos de los hijos del presidente aparecieron entre los financiadores. 

Tal vez el hecho más grave durante el 2020 haya sido en junio, cuando se contabilizaban cerca de 42 mil muertes y más de 850 mil contagios. En ese momento y tras las críticas de especialistas, el Ministerio de Salud retiró las informaciones sobre cantidad de casos y muertes contabilizados hasta la fecha para mostrar solamente los datos de las últimas 24 horas. Si bien debieron volver atrás, lo cierto es que desde entonces tanto la comunidad científica como la sociedad civil pasaron a desconfiar de las informaciones brindadas por las autoridades, motivo por el cual diferentes medios de comunicación impulsaron la creación de un consorcio para divulgar las últimas informaciones a partir de los datos obtenidos por estados.

Ya sea con medidas como declarar esenciales los salones de belleza e iglesias, o con decretos en donde se le niega compensación económica a familiares de trabajadores de la salud víctimas de covid, el gobierno brasileño utilizó la pandemia como arma de destrucción en masa. En palabras del Ministro de la Suprema Corte Gilmar Mendez, “no podemos seguir tolerando la situación que atravesamos con el Ministerio de Salud. Hay que decirlo claro, el ejército se está asociando a éste genocidio”.

Vacunas para qué si existe la cloroquina

Con la llegada de las vacunas, mientras el mundo se disputaba la compra de dosis para comenzar cuanto antes la inmunización, Bolsonaro cuestionó la efectividad de los inmunizantes y hasta llegó a sugerir que vacunarse contra la covid podía transformar a las personas en caimanes. En contrapartida, el presidente continuó insistiendo en la eficacia de la cloroquina como tratamiento precoz, algo de lo cual hoy busca desprenderse sin éxito.

Según el análisis de los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios en Derecho Sanitario de la USP, la mayoría de las muertes podrían haberse evitado de existir una estrategia conjunta con el gobierno federal y estados coordinando la gestión de la crisis. En la línea del tiempo presentada en la última edición del boletín, es posible ver el plan de exterminio documentado con frases, decisiones y obstrucciones de parte del presidente.

Casi un año después de que se detectara el primer caso positivo en el país, con más de 215 mil muertes y más dudas que certezas acerca del plan de vacunación, la respuesta de las instituciones democráticas, debilitadas y desprestigiadas por su complicidad en el golpe del 2016, todavía se hace esperar. 

Aún con más de 60 pedidos de impeachment en el Congreso y tres representaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, Bolsonaro continua al frente de la presidencia, ejecutando un genocidio y apoyado por un amplio sector del ejército. Las imágenes de un Manaos con récord de muertes diarias por asfixia debido a la falta de oxígenos en los hospitales aceleraron la indignación que produjo una caída brusca en la popularidad del presidente.

A más de seis años del golpe parlamentario que destituyó a Dilma Roussef bajo acusaciones de desvío de recursos de la cual posteriormente fue declarada inocente, la llegada y permanencia de Jair Bolsonaro a la presidencia nos muestra las consecuencias desastrosas de manipular la democracia. Con un gobierno con más militares que durante la última dictadura e instituciones debilitadas producto de esa manipulación, el panorama para un futuro post Bolsonaro en Brasil es desolador. 

Quedan aún dos años más por delante, 215 mil muertos por covid y un archivo de mentiras y delitos cometidos por el presidente. El comienzo del 2021 con la llegada de las vacunas parecen acelerar la discusión acerca de la posibilidad de un impeachment. Habrá que esperar para ver si las instituciones brasileñas tendrán el coraje de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, el motivo principal que llevó al país hasta esta catástrofe.