Recta final en el pulso por la reforma de las pensiones. La contestada medida afronta una semana clave en que, tras su aprobación el domingo en el Senado, volverá a la Asamblea Nacional. Pese a las huelgas y manifestaciones más multitudinarias de las últimas décadas en Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron se mantiene inflexible. Incluso contempla aprobar por decretazo gubernamental el impopular aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años —con 43 años cotizados para recibir una pensión completa—. Esta decisión agravaría la crisis social y democrática desencadenada por la temeridad del presidente de impulsar un recorte del sistema de jubilación en plena crisis energética y de la inflación.
El Ejecutivo apuesta por imponerse por la fuerza ante la masiva oleada de protestas, que empezó el 19 de enero y vivió un repunte en el número de manifestantes en esta primera quincena de marzo. Francia vivió el pasado martes su jornada de huelgas más multitudinaria en las últimas décadas. Entre 3,5 millones de personas —según los sindicatos— y 1,28 millones —según la policía— se manifestaron en el conjunto del país vecino. Desde que la policía gala empezó a dar cifras de manifestantes en 1962, nunca había informado de un número tan elevado de personas en la calle en una huelga sindical. Ni siquiera en el Mayo del 68.
Cuatro días después, los sindicatos volvieron el sábado a la calle. Representó la octava jornada de movilizaciones —en cuatro de ellas, hubo alrededor de un millón de manifestantes, según los datos austeros de las fuerzas de seguridad— y la menos multitudinaria de todas. Lo sucedido la semana pasada ejemplifica los puntos fuertes y débiles de este potente movimiento sindical que ha puesto contra las cuerdas a Macron, obstinado en sacar adelante esta medida con unos métodos y una actitud más bien propios de un thatcherismo anacrónico.
Una movilización multitudinaria y transversal
Nadie pone en duda en el país vecino la holgada victoria del bloque sindical en la batalla de la opinión. Según los últimos sondeos, un 68% de los franceses se oponen a la reforma, una amplia mayoría que se ha mantenido inalterable a lo largo del conflicto. Esta victoria ideológica se observa en detalles significativos como una posición menos hostil que en conflictos precedentes, como la revuelta de los chalecos amarillos o las huelgas de 2019, por parte de los medios mainstream, conscientes de que buena parte de su audiencia se opone al aumento de la edad de jubilación y simpatiza con los manifestantes.
Otro puntal ha sido la unión de todos los sindicatos bajo una misma coalición —algo que no sucedía en Francia desde 2010—, liderada por una inhabitual alianza entre la combativa CGT y la moderada CFDT. “Para los intereses de los asalariados, resulta una excelente noticia que estén todos los sindicatos unidos contra las políticas de Macron”, explica a El Salto el politólogo Stefano Palombarini, autor del interesante ensayo L’illusion du bloc bourgeois. Según este profesor en la Universidad París 8, “cuando hay un rechazo tan masivo, esto refleja que hay un descontento que va más allá de la edad legal de jubilación”.
La “injusticia social”, “deterioro de los hospitales públicos”, “recortes en las ayudas a los desempleados” o “el encarecimiento de la vida”. Son algunos de los motivos, según los manifestantes, que alimentan esta contestación. A eso se le suma la lúcida comprensión por parte de esta marea social de que los recortes hechos con la subida de la edad de jubilación —de unos 12.000 millones de euros— servirán para financiar los regalos fiscales y ayudas dadas a las empresas bajo el mantra de la competitividad, defendido por Nicolas Sarkozy, François Hollande y acentuado por Macron. Según un grupo de investigación de la Universidad de Lille (el Clersé), el Estado francés dio en 2019 hasta 157.000 millones a las empresas, sin exigirles apenas compensaciones.
Este keynesianismo para los ricos —o más bien dicho neoliberalismo a la francesa— conlleva recortes del Estado del bienestar, desde una reducción en un 25% del tiempo máximo en que se puede cobrar el paro —de 24 a 18 meses—, la subida de la edad mínima de jubilación o la posibilidad de que se obligue a trabajar o formarse durante 20 horas a todos aquellos que cobren el equivalente del ingreso mínimo vital. Todo ello en un contexto de elevada inflación —del 7%— y subidas salariales que no la han compensado. La consecuencia final: un movimiento sindical más multitudinario y transversal que otras históricas movilizaciones, como las de 2019, 2010 o 1995.
Límites de la estrategia sindical
A diferencia de otras oleadas de protestas, el protagonismo no recae solo en los conductores de metro, agentes ferroviarios, profesores u otros trabajadores de la función pública. Esta diversidad social, con una presencia significativa de asalariados del sector privado, refleja un respaldo mayoritario, pero al mismo tiempo ha supuesto un freno a la hora de “bloquear la economía”.
Ante la inflexibilidad del Ejecutivo, los sindicatos recurrieron desde el 7 de marzo a huelga ilimitadas, pero solo en algunos sectores. No se atrevieron a hacer una llamada a unos paros ilimitados generalizados. Debido a las dudas de los sindicatos moderados —CFDT, UNSA y la cristiana CFTC— y la voluntad de mantener la unión sindical, se dejó que decidieran los afiliados en cada empresa o sector, donde los trabajadores deciden en asambleas diarias si continúan con la movilización.
A diferencia de lo que sucedió en las huelgas de 2019, contra otro intento de Macron de reformar el sistema de jubilación galo —uno de los más avanzados de Europa—, el impacto de estos paros ilimitados no está siendo tan importante en los transportes, sobre todo en el metro de París que circula con cierta normalidad. En cambio, se está haciendo notar especialmente en la recogida de basura en la capital francesa, en cuyas calles se acumulan más de 5.000 toneladas de bolsas de desechos. Además, todas las refinerías de Total continúan en huelga y las expediciones de combustible bloqueadas.
“Hay un problema de estrategia en las direcciones sindicales. Esta apuesta por los bloqueos puntuales resulta insuficiente y peligrosa, ya que puede ser utilizada para dividir a la opinión pública”, considera el periodista Romaric Godin, del diario digital Mediapart y autor de La guerre sociale en France. “Los sindicatos se están viendo confrontados a los límites de su propia estrategia”, reconoce Palombarini.
“Hace falta organizar más acciones de bloqueo de la economía. Debemos generalizarlos”, pedía el sábado Roland Lemyre, de 60 años, un responsable local en el sector de la sanidad de la CGT, desde la manifestación en París, donde protestaron entre 300.000 personas, según los sindicatos, y 48.000, según la policía. Pese a los múltiples intentos del Ejecutivo para desmotivar a los manifestantes, la mayoría de ellos se resisten a resignarse. “Este mes de marzo será entretenido. No pararemos de manifestarnos”, advertía Laurence Finel, de 52 años, una investigadora que llevaba una pancarta en que Macron aparecía representado como Napoleón, con el mensaje: “El despectivo de la República”.
Crisis de régimen de la Quinta República
Muchos de los manifestantes se mostraban críticos con la dureza del presidente con los sindicatos, a los que no hizo ninguna concesión. En realidad, los pocos retoques han sido para contentar a Los Republicanos (LR, afines al PP), cuyos votos necesita el dirigente centrista para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Macron se negó el viernes a reunirse con las organizaciones de trabajadores, como le habían pedido a principios de semana los líderes sindicales. “Tenemos que respetar el tiempo parlamentario”, afirmó en una carta en que cerraba la puerta al diálogo social.
“No me extrañaría que se inspire de Margaret Thatcher”, asegura Godin, sobre esta “demonización” de los sindicatos que no solo resulta anacrónica —el modelo neoliberal es cada vez menos hegemónico—, sino también irresponsable en un país en que la ultraderecha superó el 40% de los votos en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales.
“Me dan mucho miedo los próximos comicios y que los franceses se venguen con su papeleta electoral y eso beneficie a Marine Le Pen (ultraderecha)”, reconocía Christine Laurin, de 52 años, desde las primeras filas de la manifestación en la capital francesa. Pese haber votado a Macron en la primera vuelta de 2017 —y en la segunda de 2022— y que hasta este año prácticamente solo se había manifestado una vez en su vida —en el homenaje en 2015 a las víctimas del atentado yihadista contra la redacción de la revista Charlie Hebdo—, esta cuidadora de niños no se pierde ahora ninguna protesta. “Este Gobierno no protege los intereses de los franceses, sino del sector financiero”, lamentaba.
Para sacar adelante la reforma, el Ejecutivo ha recurrido a un amplio abanico de recursos legales que ofrece el presidencialista sistema de la Quinta República. La reforma no ha sido elaborada como una ley normal, sino como un presupuesto rectificativo de la Seguridad Social. Esta decisión, muy poco habitual para un texto de este calado, limitó a 50 días el proceso legislativo con la intención de coger con el pie cambiado a los sindicatos. El pasado viernes, recurrió a otro artículo de la Constitución para acelerar los debates en el Senado, limitando la capacidad de la oposición para presentar enmiendas.
El texto volverá el jueves a la Asamblea Nacional. El mismo Macron no ha descartado recurrir al polémico artículo 49.3, que le permitiría aprobar la medida sin una votación en la cámara baja. Actualmente, al macronismo no le dan los números. Pese haber llegado a un acuerdo con la dirección de LR, numerosos diputados de la derecha republicana se oponen a votar el texto. Incluso representantes de la derecha republicana, de los socialistas y otros grupos están negociando una posible moción de censura que tendría opciones de prosperar, informó la cadena BFM TV sobre esta iniciativa incipiente.
“Que el final de esta historia sea un 49.3 me parece increíble y peligroso”, advertía Berger, líder de la CFDT, en una entrevista para Le Journal du Dimanche. Este pulso por la reforma de las pensiones no solo ha evidenciado la amplia contestación al proyecto neoliberal de Macron —elegido tanto en 2017 como en 2022 para evitar la llegada al poder de Le Pen—, sino también lo averiada que está la democracia francesa. Ha sido uno de los episodios más evidentes de la crisis de régimen de la Quinta República.
*Enric Bonet, periodista.
Artículo publicado originalmente en El Salto.
Foto de portada: Manifestación por la defensa de las pensiones en París, el 31 de enero de 2023. Foto: Jeanne Menjoulet
