A cinco meses de la elección de mitad de mandato en Estados Unidos, los demócratas enfrentan un escenario que puede dificultar el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Una serie de factores externos sumados a la falta de impulso de ciertas medidas a nivel interno pueden jugar un papel importante a la hora de persuadir a los votantes en un país con una tradición de participación muy reducida.
Lo que comenzó como un proyecto de oposición al extremismo de Donald Trump, que buscaba incluir a las minorías, generar mejores condiciones de vida y ponerle fin a medidas impopulares, con el correr de la gestión fue perdiendo impulso. Los índices de popularidad de Joe Biden así lo demuestran. Según publicó CBS News en abril, sólo el 42% de los norteamericanos aprueban la gestión de Biden, uno de los índices más bajos para un presidente en funciones.
Las razones no son pocas. Al momento, Estados Unidos padece la inflación más alta desde 1982, situación que empaña logros del gobierno como la recuperación de los índices de empleo a niveles previos a la pandemia. El Índice de Precios al Consumidor del país subió un 7% en 2021, empujado por el precio de la energía, que subió un 29,3%, principalmente el petróleo, cuyo precio se disparó un 50%.
Si bien este fenómeno se vive a nivel mundial producto de la crisis provocada por el covid19 y, posteriormente, por el inicio de la guerra en Ucrania, no hubo por parte del gobierno de Biden medidas contundentes dirigidas a reducir las consecuencias de la inflación para la población estadounidense.
A esta situación se le suma la dificultad que han tenido los demócratas para aprobar en el Congreso y el Senado el plan Build Back Better, considerado como la principal propuesta del gobierno para resolver cuestiones de infraestructura, economía, migración y ecología.
Dicho plan propone expandir el gasto en programas de bienestar social y cambio climático; entre otras disposiciones, también incluye fondos para licencias familiares y médicas pagadas, amplía el programa de salud conocido como Obamacare y brinda acceso a guardería universal para niños de 3 y 4 años. Tras una negociación que redujo el presupuesto de tres billones de dólares a 1,75, la propuesta encuentra resistencia en el Senado a más de un año de iniciado el mandato demócrata.
Crisis migratoria, racismo estructural y armas
En su primer día en la Casa Blanca, Biden envió al Congreso una propuesta titulada U.S. Citizenship Act of 2021, que preveía la regularización de 11 millones de personas que viven en el país sin documentación y que al momento no fue tratada en el recinto. Según Marielena Hincapié, directora del National Immigration Law Center, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes, la propuesta de Biden no se votó, en parte, porque se priorizó aprobar propuestas de ayuda financiera para estimular la economía, golpeada por la pandemia del COVID-19.
A su vez, la imposibilidad del gobierno de dar por terminada la polémica medida denominada Título 42, a través de la cual se obliga a miles de desplazados a esperar por una respuesta a su solicitud de asilo en el lado mexicano de la frontera, también es visto como una derrota. Si bien desde la administración se buscó retroceder, la justicia de Texas determinó que la medida continúe vigente.
La normalización de la violencia contra personas negras también es un factor que le resta popularidad a Joe Biden y que, en consecuencia, amenaza con desterrar a la mayoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes. El tiroteo en el supermercado Tops de Búfalo, en Nueva York, que dejó como saldo 10 muertos y tres heridos, tuvo como víctimas a 11 personas negras. Tras el hecho, Biden participó de un homenaje en la ciudad y se comprometió a buscar justicia. Sin embargo, poco se ha avanzado mientras la violencia racial crece ante un gobierno que se eligió surfeando la ola del Black Lives Matters.
Otro tiroteo, esta vez en el condado de Uvalde, Texas, puso en debate la cuestión del acceso a armas. En la masacre fueron asesinadas 21 personas y otras 17 resultaron heridas. Tras hacerse presente para prestar homenaje, Biden también se comprometió a revisar la legislación acerca del acceso a armas de fuego en el país, algo que por el momento no ha pasado a la acción.
El acceso al aborto y la guerra en Ucrania
Otra de las cuestiones que amenaza al pueblo estadounidense es el debate en la justicia acerca del acceso al aborto legal. A principios de mayo fue publicado un borrador filtrado de la Corte que establecía que la decisión del caso Roe vs Wade -que legalizó el aborto en el país en 1973- sería revertida. Dicha decisión abriría la puerta para que unos 26 estados restringieran al máximo la práctica y, en algunos de ellos, hasta se llegue a perseguir a quienes defienden el derecho al aborto.
Si bien esta es una decisión que la Corte Suprema podría revertir y el Ejecutivo quedaría excluido de cualquier decisión, lo cierto es que fueron pocos los esfuerzos tanto de la actual administración como de anteriores gobiernos demócratas para impulsar una ley federal integral que impidiera que decisiones como estas queden en manos de la justicia. Con la mayoría conservadora que hoy conforma la Corte, la decisión sobre la anulación o no del fallo queda en manos de quienes defienden los derechos del feto por sobre los de las mujeres.
Entre las cifras que muestran las encuestas, los demócratas de todos los niveles de gobierno aprovecharon la posibilidad que otorga la anulación del fallo Roe vs Wade para pedir compromisos de voto en noviembre. La senadora Amy Klobuchar llegó a decir que los demócratas no pueden hacer nada a menos que la gente “vaya directamente a las urnas” en noviembre. De esta forma, la amenaza de un probable retroceso en materia de derecho de las mujeres se vuelve un instrumento de campaña política de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Con la situación tal como está en el país, cualquiera pensaría que el gobierno dedicaría todos sus esfuerzos a tratar de resolver -aunque sea de forma momentánea- alguno de los múltiples problemas que enfrenta el electorado estadounidense. Sin embargo, la estrategia de política exterior a través de la cual se busca recuperar influencia en Europa mediante el incentivo a la continuidad de la guerra en Ucrania parece tener más peso que las necesidades más urgentes del pueblo norteamericano.
En lo que va del conflicto armado -iniciado a partir de la insistencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para que Ucrania ingresara a la OTAN y tras ocho años de hostilidades contra las poblaciones del Donbass- los demócratas ya destinaron 14 mil millones de dólares en asistencia al país europeo. La administración también intentó pasar un proyecto para el envío de 30 mil millones en concepto de ayuda militar y humanitaria, lo cual fue finalmente bloqueado en el Senado.
Es por estas cifras y por el enfoque del actual gobierno que mira hacia Europa y ahora también hacia el Indo Pacífico que se especula con que el partido Republicano pueda hacerse del control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir de 2023. Para ello se están preparando, no sólo con una fuerte campaña encabezada por Donald Trump, figura más importante dentro del partido, sino también con una articulación entre abogados y observadores en estados indecisos o de tradición demócrata.
La estrategia oficial hasta el momento ha sido pobre. Con la situación interna presentando varias urgencias, en abril Biden emitió órdenes ejecutivas que permiten el uso de una mezcla de etanol para reducir los precios de la gasolina y para poner en marcha una nueva regulación que solucione el llamado fallo familiar de la Ley de Asistencia Asequible, que reduciría los costes del seguro médico para millones de personas. También se busca hacer hincapié en el gasto policial y de defensa, acentuar la reducción del déficit federal y proponer mayores impuestos a los ultra-ricos.
Ya sea con la promesa de una ley federal de acceso al aborto -que recientemente fue derrotada en el Senado y que hasta ahora no ha tenido el impulso del partido- o de restricciones para el acceso a armas, más dinero para seguridad e impuestos a las grandes fortunas, la baja popularidad del presidente y la insatisfacción creada por la situación económica podría relegar a los demócratas al control del Ejecutivo en los últimos dos años de gobierno de Joe Biden al frente de la Casa Blanca.
