A pesar de contar con una estrategia antiterrorista sólida y multifacética, los avances de Somalia contra el grupo terrorista Al-Shabaab están perdiendo impulso debido a la inestabilidad política. Cada vez que se acercan las elecciones, la atención se desvía de la lucha contra el terrorismo hacia las luchas de poder.
Tras liberar partes de Somalia de Al Shabaab en 2022 y lograr avances significativos contra el grupo, las ofensivas del gobierno han disminuido desde 2024. Este año, Al Shabaab recuperó zonas clave en el centro de Somalia, intentó asesinar al presidente Hassan Sheikh Mohamud y está amenazando la capital, Mogadiscio.
La estrategia antiterrorista del país incluye operaciones de las fuerzas de seguridad, prevención mediante el desarrollo socioeconómico, y fortalecimiento institucional del Ejército Nacional Somalí y la policía. Entre los logros se incluyen la recuperación de territorio de Al-Shabaab y el aumento de la participación de las fuerzas de seguridad somalíes en las operaciones para contener al grupo.
Si bien Somalia lidera la estrategia, actores externos como la Unión Africana (UA), las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, la Unión Europea, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y países vecinos como Kenia y Etiopía han desempeñado un papel crucial. Proporcionan apoyo militar mediante el mantenimiento de la paz, la financiación, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad somalíes y la asistencia diplomática a las iniciativas políticas y de consolidación de la paz.
Sin embargo, Somalia tiene dificultades para implementar eficazmente su estrategia antiterrorista debido a la inestabilidad política , la escasez de recursos, la dependencia de la financiación de donantes y la naturaleza cambiante de la amenaza terrorista. La estabilidad es vital para que el plan funcione, y esto requiere instituciones sólidas, reconciliación política y una gobernanza integrada. Sin embargo, los disturbios políticos crean condiciones favorables para el resurgimiento y la consolidación de Al-Shabaab.
Desde 2012, las sucesivas administraciones somalíes han luchado por mantener las operaciones de contrainsurgencia, principalmente debido a la naturaleza cíclica de la política somalí. Cada nueva administración comienza con esfuerzos antiterroristas intensificados, pero estos disminuyen a medida que aumentan las tensiones políticas antes de las siguientes elecciones, lo que desvía la atención y los recursos hacia otras prioridades.
Antes de las elecciones de febrero de 2017, Somalia experimentó una considerable violencia relacionada con las elecciones entre las fuerzas gubernamentales y varias milicias de la oposición alineadas con clanes, una situación que Al Shabaab explotó.
En vísperas de las elecciones de 2022, el presidente, el primer ministro, los Estados miembros y la oposición discreparon sobre el proceso electoral, lo que provocó un retraso de 15 meses. Las tensiones culminaron en enfrentamientos entre las tropas leales al entonces presidente Mohamed Abdullahi Mohamed y la oposición. En 2022, los enfrentamientos de Al-Shabaab con las fuerzas de seguridad aumentaron un 19 % en comparación con 2021, mientras que los ataques contra civiles aumentaron un 41 %.
En un ciclo similar, las tensiones se intensifican bajo la actual administración a medida que se acercan las elecciones nacionales de 2026. También existe conflicto en torno al proceso de revisión constitucional que comenzó en febrero de 2024.
La enmienda constitucional que sustituye el antiguo sistema de reparto de poder de 4,5 clanes por una elección de “una persona, un voto” intensifica la oposición. Esto es especialmente cierto para clanes dominantes como los darod y estados dominados por ellos como Puntlandia y Jubalandia, que consideran que el sistema electoral amenaza su autonomía y sus recursos.
Los grupos de oposición han cuestionado la transparencia y la inclusión del proceso electoral, profundizando las divisiones políticas y aumentando el riesgo de que las elecciones de 2026 sean boicoteadas.
Para resolver estas tensiones, el gobierno intentó dialogar con la oposición política a mediados de junio para crear una hoja de ruta unificada para la gobernanza de Somalia, centrada en la seguridad, la democratización y las elecciones. Sin embargo, estados como Jubalandia y Puntlandia, y la oposición, boicotearon el diálogo por su falta de inclusión y transparencia.
Estas disputas resultan en una estrategia de seguridad inconsistente, lo que debilita la coordinación de operaciones y permite que Al-Shabaab se expanda más allá de sus bastiones rurales. En un ejemplo de cómo las rivalidades políticas debilitan la lucha antiterrorista, el Ministerio de Información de Puntlandia acusó recientemente al gobierno federal de desestabilizar el estado mientras Puntlandia luchaba contra los insurgentes.
Las disputas de liderazgo y la debilidad de las instituciones distraen la gobernanza y la seguridad, especialmente en las zonas liberadas de Al-Shabaab. El grupo se impone entonces como una autoridad paralela, prestando servicios de mediación, seguridad y justicia, y recaudando impuestos.
De esta manera, Al-Shabaab aprovecha los vacíos de seguridad y recupera zonas previamente perdidas. En julio, recuperó el distrito estratégico de Moqokori, liberado por las fuerzas gubernamentales en 2022. Un liderazgo débil también facilita la infiltración de Al-Shabaab en las estructuras gubernamentales, como el ejército.
La disminución del apoyo externo de la UA y la ONU —parte del cual Somalia ha solicitado— agrava la inestabilidad política y creará un vacío de seguridad. Tanto la ONU como la UA han expresado su preocupación por las continuas disputas políticas y la inseguridad en Somalia.
Al-Shabaab se ha adaptado a estos acontecimientos. Tácticamente, su enfoque ahora consiste en ganarse el apoyo de la población civil en las zonas bajo su control, restablecer las administraciones locales, evitar represalias contra antiguos partidarios del gobierno y reducir los daños a la población civil en los ataques. Estratégicamente, el grupo permite el paso de personas y mercancías por los puestos de control, facilita las protestas civiles y proyecta una imagen de rendición de cuentas y gobernanza.
Estos cambios están transformando la percepción pública, incluso entre la élite, que ahora ve a Al-Shabaab como un actor entre muchos que compiten por influencia y legitimidad en un panorama político fragmentado. A medida que esta visión se extiende, la capacidad del grupo para forjar alianzas locales e integrarse en las estructuras de clanes podría profundizarse en las zonas urbanas.
La fragmentación del gobierno somalí probablemente se agravará si persisten las divisiones políticas y las próximas elecciones se tornan excluyentes o controvertidas. Un mayor debilitamiento de la autoridad estatal podría acelerar la expansión de Al-Shabaab desde las zonas rurales hacia las ciudades, lo que podría dar lugar a dos posibles resultados.
En primer lugar, Al-Shabaab finalmente tomará el poder. Sin embargo, esto es improbable debido a los desacuerdos entre clanes, la oposición de países como Etiopía y Kenia, que lo consideran una amenaza regional, y la condena mundial del grupo.
El segundo resultado es que Al-Shabaab se convierta en la autoridad de facto dominante sobre el terreno, mientras que un gobierno nominal permanece en Mogadiscio. Esto podría permitir que los militantes se infiltren en las instituciones estatales y se integren en las estructuras oficiales de gobierno. Este escenario parece más probable dada la falta de una sólida capacidad política y de gobernanza para contrarrestar su influencia.
La fragmentación política obstaculiza la lucha contra Al-Shabaab. El gobierno debe priorizar la resolución de las tensiones y desacuerdos a nivel federal y regional con la oposición. Debe aprovechar las conversaciones en curso con la oposición y ampliarlas a los Estados miembros para lograr consenso y garantizar la inclusión.
*Selam Tadesse Demissie, Investigador, Análisis de Seguridad del Cuerno de África, ISS Addis Abeba
Artículo publicado originalmente en ISS AFRICA
