El primer ministro de Bulgaria, Rosen Željazkov, presentó su dimisión tras varias jornadas de protestas en los últimos meses y antes de la sexta moción de censura. De esta manera cae el gobierno que asumió en enero de este año y se suma a la lista de intentos de gobernabilidad que fracasaron desde 2021.
La caída de este gobierno búlgaro forma parte de la estrategia utilizada por el globalismo europeo sobre el este europeo, en especial la región de los Balcanes.
Por lo que los acontecimientos que se han vivido en los últimos meses en Sofía están conectadas a los modos de operación que el atlantismo europeo ya ejerció en Rumania, Moldavia, Serbia o incluso Ucrania: golpes preventivos, uso estratégico del descontento social, injerencia electoral, persecución y censura a opositores y disciplinamiento de gobiernos que intentaron mantener algún margen de soberanía o estuvieron próximos a tener gobiernos que cuestionen el accionar globalista. Bulgaria se ha convertido en el nuevo epicentro de ese proceso.
El ejecutivo que encabezó Rosen Željazkov, fue aprobado el 16 de enero de este año y nació débil ya que se constituyó como un gobierno en minoría tripartito formado por el conservador GERB, el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista ITN. Su mayoría parlamentaria se sostuvo gracias al apoyo externo del Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS), cuya figura más polémica asociada al soporte de este ejecutivo era el oligarca, Delyan Peevski, sancionado internacionalmente por corrupción por EEUU y Reino Unido.
Era el séptimo intento en menos de cuatro años de estabilizar un país que viene de siete elecciones consecutivas desde 2021, atravesado por protestas anticorrupción, polarización ideológica, un Parlamento cada vez más fragmentado y una clara presión de Bruselas.
Bulgaria se encuentra dividida, como varios de los países de europeo y en especial los del este, entre aquella fracciones de la sociedad y actores que están convencidos de perseguir el camino europeo y otra fracción y actores que son críticos y cuestionan las políticas que impone Bruselas y las elites atlantistas.
Sofía se encuentra transitando un contexto muy específico de profundización hacia el camino europeo con el ingreso a la zona Schengen el 1 de enero de 2025, y la entrada a la eurozona prevista para el 1 de enero de 2026. Aunque el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea había confirmado en agosto los pasos técnicos para la adhesión, el debate sobre el euro se transformó en una cuestión de soberanía. Algunos sectores apoyan estas medidas, mientras que otro gran porcentaje de la población percibe el proceso no como una decisión voluntaria, sino como el resultado de la presión sistemática de Bruselas.
En este escenario llega la crisis de diciembre. Željazkov anunció su renuncia en medio de protestas masivas y antes de enfrentar una moción de censura, la sexta desde su asunción. Lo que en apariencia es un episodio más dentro de la inestabilidad crónica búlgara, en realidad condensa una operación estratégica más amplia.
El principal detonante fue la imposición sobre la adopción del euro en 2026, un proceso que Bruselas y el BCE califican de “irreversible”, aun cuando Bulgaria arrastra inflación estructural y una opinión pública dividida: 43% a favor, 50% en contra. No obstante, aún cuando el presidente, Rumen Radev, propuso realizar un referéndum ya que, en palabras del alto funcionario, para la adopción del euro se requiere un amplio consenso público y son los ciudadanos los que deben decidir sobre las cuestiones que afectan a sus finanzas, el Parlamento decidió bloquear la propuesta.
La tensión estalló cuando el gobierno presentó el primer presupuesto elaborado en euros para 2026. Tras protestas simultáneas en todo el país, con enfrentamientos frente a las sedes de los partidos oficialistas, el Ejecutivo se vio obligado a retirar el proyecto.
Los partidos opositores, Preporod, Veličina, MEČ, capitalizaron el descontento, pero la presión más significativa provino desde Bruselas, la insistencia en que el calendario no puede modificarse, aun cuando el país no cumple todos los criterios, alimentó la percepción de tutela externa. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo insistieron en que el calendario de adopción era “irreversible” a pesar del continuo problema de inflación de Bulgaria, uno de los criterios esenciales del Mecanismo de Tipos de Cambio II (MTC II) del cual Bulgaria forma parte desde 2020.
Este mecanismo exige a los países candidatos que vinculen su moneda al euro y cumplan estrictos criterios de disciplina fiscal antes de adoptar el euro. Los informes del BCE y de la CE señalaron repetidamente que Bulgaria no cumplía plenamente con el criterio de inflación. Por lo que la presión de estas instituciones europeas, a pesar del incumplimiento técnico de Bulgaria, se tradujo en una presión política extrema para que el gobierno búlgaro aprobara medidas fiscales y presupuestarias impopulares (como el presupuesto de 2026 que generó las protestas) para forzar el ajuste a los criterios de Bruselas.
En medio de esta tensión se encuentra una figura clave de la política búlgara que es el presidente en funciones, Rumen Radev, un actor que la UE y la OTAN no pueden controlar a su gusto.
Radev encarna una posición soberanista, independiente y pragmática. Aunque no es abiertamente anti-europeo, crítica del alineamiento automático con las directrices atlánticas. Sus advertencias sobre la necesidad de preservar márgenes de maniobra frente al conflicto en Ucrania, el rechazo a adoptar el euro sin consenso y su insistencia en recalibrar la política exterior irritaron profundamente a Bruselas.
Un claro ejemplo fue cuando Radev se opuso inicialmente al envío de cualquier tipo de ayuda militar a Ucrania. Incluso llegó a vetar la primera ley para proporcionar ayuda militar, aunque el veto luego fue revocado por una mayoría parlamentaria otanista. También ha criticado a los políticos búlgaros por seguir una retórica belicista criticando el envío de armas y cuestionando la acatación de Sofía sobre las sanciones contra Rusia.
Radev prioriza los intereses nacionales búlgaros y critica la corrupción de las élites locales pro-occidentales, por ese motivo es que la mayoría del Parlamento búlgaro actual ha bloqueado una propuesta como el referendum, ya que la estructura parlamentaria está dominada por fuerzas que él critica y que representan la agenda atlantista/pro-UE a la que él se opone.
La renuncia de Željazkov es apenas la superficie de la crisis que recorre los videos en redes sociales con miles de manifestantes en las calles. La disputa central es quién controla Bulgaria en el momento en que el país ingresa a Schengen, enfrenta una transición monetaria forzada y se convierte en pieza clave del corredor energético del Mar Negro.
La promoción e intereses del globalismo atlantista sobre la caída del gobierno no es casual ni accidental, tiene un doble objetivo. Por un lado impedir que Bulgaria se desvíe hacia un soberanismo balcánico similar al de Eslovaquia o Hungría, y la gestión estratégica del este europeo como parte de su consolidación y disputa hegemónica en un territorio geoestratégico decisivo en un contexto de reconfiguración del tablero geopolítico europeo.
Bulgaria: una nueva operación geopolítica en los Balcanes
Bulgaria es tratada por las elites globalistas atlantistas no como un socio con autonomía política, sino como una periferia estratégica que debe ser gestionada, contenida y alineada sin fisuras con el proyecto atlántico. En este contexto, la caída del gobierno no buscaba corregir sus políticas, sino eliminar una estructura débil y sustituirla por un ejecutivo más obediente, capaz de cumplir la agenda geopolítica sin fisuras.
La región de los Balcanes, ampliamente disputada posee un rol geoestratégico sumamente relevante en el actual contexto. Para el globalismo atlantista esta región cumple una función que permite sostener su arquitectura de poder: evitar desviaciones estratégicas, controlar recursos e infraestructuras críticas y bloquear cualquier influencia de enemigos, es decir, Rusia y China, esto incluye a veces a terceros (como Turquía) que puedan acompañar a proyectos de estos dos últimos actores.
Las élites de Bruselas no están interesadas ni el pueblo búlgaro, ni en el pueblo balcánico, ni en ayudar a la región a un proceso de integración, sino que se centran en operar para lograr una administración del territorio como zona de amortiguación y contención, corredor de tránsito y energético, y frontera avanzada desde la cual proyectar poder estratégico.
Este modo de operar del globalismo atlantista se evidencia a través de mecanismos ya conocidos: presión diplomática y económica, disciplinamiento financiero, instalación o remoción de élites políticas compatibles, control de infraestructura energética, militarización, provocar constantemente escenarios de desestabilización como alentar protestas, crisis institucionales o sanciones selectivas, cuando un gobierno se aparta del guion esperado.
El patrón no es nuevo. Se aplicó en Rumanía mediante golpes preventivos institucionales, en Moldavia a través de una injerencia electoral abierta, en Ucrania ha sido más que evidente ya que se consolidado como la columna vertebral del proyecto globalista europeo, y Serbia continúa siendo un objetivo latente. Bulgaria se inserta ahora de lleno en esa secuencia.
Bulgaria ocupa un nodo crítico en la encrucijada Balcanes–Mar Negro, funcionando como corredor natural entre Europa Central, el sudeste europeo y el espacio euroasiático. Desde Sofía se proyectan rutas clave hacia Rumanía, Moldavia, Ucrania, Turquía, el Cáucaso y Asia Central vía el Mar Negro. Controlar Bulgaria implica asegurar el eje Balcanes–Mar Negro, hoy uno de los principales escenarios de disputa entre la OTAN y Rusia.
En términos militares, Bulgaria es una pieza central del flanco oriental de la OTAN. Miembro de la Alianza desde 2004, alberga infraestructura militar relevante, bases de entrenamiento conjunto como Novo Selo, operaciones permanentes de Estados Unidos y capacidades de “host nation support” para despliegues rápidos hacia el Mar Negro. En el contexto de la guerra en Ucrania, su rol como plataforma logística y de contención se volvió aún más sensible.
No obstante, el punto geoestratégico que hoy posee la disputa más clara es el energético. Bulgaria es un corredor fundamental para los gasoductos que conectan Turquía, Grecia y Serbia, y para el tránsito de gas hacia Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. La terminal de GNL de Alejandrópolis, impulsada por Grecia, Bulgaria y Estados Unidos, forma parte de una arquitectura diseñada para reemplazar el gas ruso (prioridad política de Bruselas) por suministro norteamericano y mediterráneo, que debe ascender por territorio búlgaro hacia Europa del Este. Cualquier fisura política en Sofía pone en riesgo ese diseño.
A esto se suma su rol dentro de la Iniciativa de los Tres Mares, que busca integrar infraestructura energética y logística en sentido norte-sur, cortar antiguas rutas de influencia ruso-germanas y asegurar corredores para tropas, gas y mercancías bajo control atlántico. El eje Rumanía–Bulgaria es vital para proyectar poder sobre el Mar Negro y consolidar la presencia occidental en el este europeo.
Bulgaria también es puerta terrestre hacia Turquía y el Mediterráneo oriental. Su control es geoestratégico no sólo para las rutas comerciales y la gestión migratoria, sino también para la proyección militar de la OTAN. El control de infraestructuras críticas, como los puertos de Varna y Burgas, vitales para el comercio, la logística, para la presencia naval y el soporte logístico de la OTAN en el flanco oriental y proyectos energéticos; junto con su integración en los corredores TEN-T, una red planificada y financiada por la UE de carreteras, ferrocarriles, vías navegables y puertos de todo el continente con el objetivo de integrar el mercado único y asegurar la movilidad; la convierten en un territorio de alta disputa.
En ese contexto, Rumen Radev aparece como la última barrera de soberanía interna. No es casual que su figura incomode tanto. No porque represente una ruptura radical, sino porque introduce incertidumbre en un territorio que el atlantismo necesita un control calculado.
Por lo que la crisis búlgara no es sólo una crisis democrática e institucional, sino que principalmente es una disputa geopolítica inscrita en el proceso de reordenamiento estratégico de Europa. El globalismo europeo despliega sus operaciones para cerrar cualquier fisura que ponga en riesgo su control sobre los Balcanes y el Mar Negro.
La crisis en Bulgaria empuja al país a una decisión difícil pero necesaria, o acepta la subordinación total al bloque atlántico, alineándose sin reservas a la agenda del euro y de la OTAN, es decir, del globalismo europeo, o intenta transitar el camino soberanista que acarreará altos costos políticos y una presión externa creciente. En este sentido, la renuncia de Željazkov no marca el final de la inestabilidad, sino el comienzo de una disputa estratégica por el destino político de Bulgaria y su lugar en el mapa geoestratégico europeo.
*Micaela Constantini, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: Borislav Troshev / AFP.
