La Corte anunció esta decisión luego de las impugnaciones realizadas por el Estado judío, en las cuales solicitaba la suspensión de cualquier procedimiento en proceso, dado que cuestionaba las facultades de la institución. Estados Unidos declara su rechazo a las órdenes de detención y denuncia errores, ya que considera que la CPI no cuenta con jurisdicción en el asunto.
Con el objetivo de investigar y procesar a presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional fue fundada en 2002 como tribunal permanente. En el 2018, sumó la misión de exponer los crímenes de agresión en situaciones en las que las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a denunciarlos (porque los abalan o porque son producidos por ellas mismas).
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el mayor órgano judicial de la ONU, el cual tiene una misión consultiva, jurídica y penal. También, la CIJ ha establecido tribunales ad hoc, especiales para situaciones que han ameritado juicios específicos, como lo fueron el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania) y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con sede en la Haya (Países Bajos), ambos ya disueltos.
A su vez, la jurisdicción universal avoca al derecho por el cual un tribunal nacional puede enjuiciar a personas por crímenes de derecho internacional que ponen en peligro a la comunidad mundial.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU no ha emitido hasta el momento sanciones que condenen los crímenes a los líderes involucrados en la Guerra en Gaza. Esta toma de posición, incentivó a generar acciones por parte de la Corte Penal Internacional, que no representa específicamente un organismo al cual Estados Unidos e Israel obedecen. Mike Waltz, el futuro asesor de seguridad nacional de Trump, expresó que la CPI “no tiene credibilidad” y sentenció que responderán fuertemente las detenciones a sus protegidos.
La Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son dos tribunales internacionales, pero con funciones y jurisdicciones muy diferentes.
En tanto que la Corte Penal Internacional (CPI) Se enfoca en juzgar a individuos acusados de cometer crímenes internacionales graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, con el fin de poner fin a la impunidad y contribuir a prevenir futuros crímenes de este tipo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se encarga de resolver disputas legales entre Estados. Puede emitir sentencias sobre una amplia gama de cuestiones legales internacionales, como delimitación de fronteras, violaciones de tratados y cuestiones relativas al derecho del mar, para resolver pacíficamente las controversias entre Estados, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Países como Sudáfrica, sí suelen apelar a la CPI, gracias a su grado de contención y comprensión en delitos engendrados por países del Norte Global.
Las medidas dispuestas por la Corte Internacional, obligan a que los 124 países miembros (entre ellos, Argentina) arresten a Netanyahu y Gallant si ingresan a su territorio. La Corte se sustenta en las pruebas que evidencian que los israelíes tienen responsabilidad penal por “el crimen de guerra de utilizar la hambruna como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, ya que ambos han decidido detener intencionalmente las provisiones de alimentos, agua, suministros médicos, combustible y electricidad a los residentes de Gaza.
Uno de los expertos que asesoró al fiscal en la emisión de órdenes de arresto contra líderes de Israel, es Theodor Meron, sobreviviente al Holocausto, ex-diplomático israelí y antiguo juez en jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
Netanyahu calificó estas decisiones como “antisemitas, falsas y absurdas” dejando un sabor amargo para el Estado judío y evidenciando la disconformidad de los países de la región respecto a la guerra que está perpetuando. Mandatarios de Países Bajos y de la Unión Europea declararon que respetarán las órdenes realizadas, señalando en voz de Josep Borrell, Vicepresidente de la UE, que “la decisión de la CPI no es política y que debe ser respetada e implementada”.
Gianna Rosciolesi* Técnica en Relaciones Públicas y Ceremonial, periodista junior del equipo de PIA global
Foto de portada: BBC News/ Netanyahu y Gallant, respectivamente.
