Aun cuando la prensa corporativa ha propalado una narrativa catastrófica respecto a la situación migratoria venezolana, queda claro por enésima vez su doble rasero. Mientras la emigración de venezolanos es vinculada a una crisis humanitaria, no se establecen categorías similares ante los eventos que suceden en Honduras y otros países de la región, donde parte importante de la población empobrecida escapa de las condiciones impuestas por las políticas neoliberales, muy parecidas a las que se imponen a Venezuela por la vía del asedio y el boicot económico.
¿Qué es «La caravana migrante»?
Desde hace más de una década en Honduras se evidencia cómo la acción del poder económico globalizado deteriora las condiciones de vida de sus habitantes.
El pasado sábado 13 de octubre arrancó su travesía una movilización llamada «La caravana migrante», entre 1 mil 600 y 2 mil hondureños marchan desde la localidad de San Pedro Sula al norte del país centroamericano, viajan con el propósito de cruzar la frontera hondureña hacia Guatemala, atravesar ese país y llegar hasta México. La primera escala sería en la ciudad mexicana Tapachula, en el sureño estado Chiapas, donde solicitarían refugio o una visa humanitaria para recorrer unos 4 mil kilómetros hacia la frontera norte con Estados Unidos.
La marcha fue convocada a través de redes sociales y cientos de personas procedentes de varios departamentos de Honduras acudieron al llamado. Muchos de estos migrantes no llevan comida, ropa ni dinero, y aducen que quieren llegar a Estados Unidos por la inseguridad y falta de oportunidades de trabajo en su país. Algunos de ellos se han desmayado y han requerido atención médica.
Honduras en el deterioro
A causa de las políticas económicas del gobierno hondureño, elegido bajo fuertes acusaciones de fraude por parte de la oposición, la situación económica de este país se deteriora causando una migración forzada. Tales políticas tienen como eje conductor los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Honduras y otros países centroamericanos han firmado con Estados Unidos y Europa.
Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que el 77% de niños hondureños se encuentran en estado de pobreza y desnutrición. Asegura su representante, Mark Connolly, que los casos siguen siendo muy «complejos» aun cuando ha habido avances como las jornadas de vacunación y la disminución de homicidios.
Se ha indicado que 6 de cada 10 niños indígenas y afrodescendientes no asisten a la escuela, y que los registros de mortalidad infantil son los mismos del año pasado. Esto último evidencia que no se hace mucho por resolver dicha situación crítica.
Tal es la situación de migración forzada en dicho país que, durante su participación en la 73° Asamblea General de la ONU, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, pidió a este organismo multilateral que interviniera para que 120 niños hondureños que restan en la frontera de Estados Unidos con México puedan ser reunidos con sus familias.
Señaló que esta situación denigra a los menores que se encuentran en centros de detención y que los priva del «derecho tan básico» y «fundamental» para su desarrollo como lo es la unidad familiar.
¿Cómo los Tratados de Libre Comercio forzan la migración?
Los TLC de países centroamericanos como Honduras han sido rechazados por líderes de movimientos sociales como La Vía Campesina. Los intereses comerciales de las grandes corporaciones transnacionales tanto de Estados Unidos como de Europa priman sobre las pequeñas economías de la región centroamericana.
Por ejemplo, el volumen comercial de cada una de las 25 naciones europeas es significativamente muy superior a la de los cinco países centroamericanos, por lo que éstos corren con una gran desventaja en cualquier tipo de negociación.
En el caso del TLC con Europa, firmado en 2011 por la Unión Europea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, se ha incluido el concepto de asociatividad en el que, por ejemplo, los productores agrícolas centroamericanos compiten contra la producción subvencionada de los agricultores europeos.
El caso del TLC de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta), firmado en 2004, ha sido negativo debido a que el balance comercial ha sido más beneficioso para la nación del norte. Aun cuando Honduras ha llegado a ser el país con mayor volumen exportado hacia esa nación, las estadísticas no muestran que muchos de los trabajos nuevos en las maquilas de las empresas transnacionales que han sido creadas en Centroamérica por los incentivos bajo el DR-Cafta son peligrosos y sobreexplotan al trabajador.
Esto ha significado un empeoramiento de las condiciones de salud laboral, el deterioro de los salarios y la seguridad social de las personas, dejándolas expuestas a las necesidades de las empresas y violando los derechos laborales con la complicidad de los gobiernos.
Los datos públicos tampoco presentan la realidad de ciudadanos cuyas familias han trabajado sus parcelas en el campo por generaciones de una manera sostenible, pero ahora tienen que buscar trabajo en las maquilas por falta de otras opciones, mucho menos explican que la tasa global de desempleo ha bajado mientras que ha aumentado casi al mismo nivel en el sector agrícola. Miles de personas han tenido que emigrar a México o Estados Unidos para buscar trabajo porque no se puede ganar lo suficiente para vivir en el campo ni sostener una familia; esta situación se agudiza con el cambio climático.
Como mecanismo hegemónico y empobrecedor que perpetúa una desigualdad ya alarmante en asistencia médica, el DR-Cafta permite que cualquier restricción de patente a un medicamento existente en los Estados Unidos pueda extenderse por 20 años en el país co-firmante, creando un monopolio más amplio y extendiendo el tiempo de espera para la generación de medicamentos genéricos a la población a quienes, en el caso de Honduras, apenas se les puede proporcionar.
El derecho a la migración y sus beneficiarios
El rechazo a «La caravana migrante» por parte de los gobiernos involucrados (Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos) ha sido casi al unísono, han advertido que no permitirán el ingreso irregular de los hondureños que van en la caravana. En particular el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, ha emitido amenazas contra Honduras por dejar salir a los migrantes de sus fronteras.
Ya en abril pasado Trump amenazaba a Honduras de la misma manera, enviando un mensaje a la población hondureña en el que advertía que debían detener su intención de llegar a Estados Unidos, además exhortaba al congreso estadounidense a actuar con prontitud al respecto.
«La gran caravana de gente de Honduras, que ahora viene a través de México y se dirige a nuestra frontera de las ‘leyes débiles’, es mejor que se detenga antes de que llegue allí. La ‘vaca lechera’ del NAFTA está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten que esto suceda. ¡El Congreso debe actuar ahora!», anunció Trump en aquella oportunidad.
Sin embargo, se sabe que detrás del «derecho» a la migración hay causas como la asfixia económica por parte de potencias hegemónicas mediante la pauperización de las condiciones de vida de la población.
Por otra parte, y en conexión con lo primero, están los intereses de países grandes de tener mano de obra extranjera y barata con la cual, no mantener ningún tipo de compromiso formal, es parte del neoliberalismo instalado en Estados Unidos y sus satélites.
Desde otro ángulo, tras el «derecho» a migrar se mueven intereses económicos que buscan legitimar la esclavitud, movilizando y negociando con mano de obra que, antes de llegar al destino, es vendida al mejor postor.
Redes entre América Central y Estados Unidos negocian con indocumentados que procuran el sueño americano. Esta quimera tiene un costo: morir en el desierto de Arizona o ahogarse en Río Grande. Aparte de diseminar entre 5 y 10 mil dólares en cadenas de complicidad con autoridades fronterizas, está el riesgo de ser violado, secuestrado, desaparecido o esclavizado por estructuras del narcotráfico que se disputan el control del territorio con bandas de coyotes.
Las cárceles estadounidenses donde detienen a los migrantes ilegales son otro negocio. Durante 2017, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) detuvo un promedio diario de algo más de 38 mil personas; más de la mitad de ellos permanecen en cárceles privadas. Se trata del sistema de detención de migrantes más grande del mundo y reporta ganancias exorbitantes a empresas privadas que la manejan porque el gobierno federal debe pagar por cada preso.
Oligarquía hondureña: ni responsabilidad ni patriotismo
En el marco de la política migratoria que la Administración Trump ha determinado, sus funcionarios manifestaron: «Estamos seriamente preocupados por la caravana de migrantes que viaja al norte desde Honduras, con falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas. Los Estados Unidos hacen cumplir vigorosamente sus leyes de inmigración».
Las élites económicas y políticas de Honduras han declarado a través del gobierno que «este es un momento crucial para actuar con responsabilidad y patriotismo». Sin embargo, esa misma élite se ha negado a dirigir su economía hacia derroteros fuera del saqueo neoliberal.
Y es que la política comercial de Trump ha colocado en la palestra el cuestionamiento a los TLC, abriendo incentivos a su rediseño y a nuevos reacomodos en las formas de intercambio comercial.
Pese a que el TLC es la principal causa de la migración forzada en Honduras, sus élites optan por defender el consenso global del libre comercio antes que dar dos pasos atrás y replantear su relación económica con Estados Unidos, aprovechando el ánimo proteccionista del presidente Trump, para así recuperar puestos de trabajo y reanimar sectores productivos en el país centroamericano.
Paradójicamente, Trump le ofrece un espacio de negociación a la élite hondureña para replantear el TLC que potencia la migración, a lo que ésta ha respondido con una defensa a ultranza de la expoliación del libre comercio.
Los gobiernos de países periféricos que buscan «salvar» sus economías individualmente mediante tratados que hipotecan el futuro próximo de sus países, terminan haciendo daño a las economías locales y a la gente, promoviendo más migración y aumentando las desigualdades económicas que ya existen por toda la región.