Un análisis de 200 elecciones europeas de los últimos 40 años concluye que las políticas de recortes en el gasto público reducen la participación electoral, elevan el voto a partidos “extremistas” y también provocan una mayor fragmentación parlamentaria.
La investigación, que publicaron dos economistas de la Universidad de Bonn (Alemania) y otro del Sveriges Riksbank en mayo, demuestra que la austeridad fiscal que aplicaron los gobiernos tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis del euro para rebajar los déficits favoreció el ascenso de la ultraderecha, que hoy campa prácticamente por todo el Viejo Continente, y, asimismo, un mayor apoyo a los partidos más a la izquierda y a los nacionalistas.
“Si bien las consecuencias económicas de los ajustes fiscales se han estudiado ampliamente, los costes políticos de la austeridad se comprenden menos”, apuntan los investigadores para justificar su informe (titulado The Political Costs of Austerity, en inglés). Y es cierto que hasta el FMI (Fondo Monetario Nacional) —que impulsó la troika del austericidio en la UE desde 2010, mano a mano con la Comisión Europea y el BCE— ha reconocido recientemente que los recortes no sirven para bajar el endeudamiento.
La investigación de la Universidad de Bonn da un paso más y detecta que “las recesiones propiciadas por la austeridad amplifican considerablemente los costes políticos de las crisis económicas al aumentar la desconfianza en el sistema”.
“Destacamos la estrecha relación entre los acontecimientos económicos perjudiciales y el apoyo de los votantes a los partidos extremistas, al observar que la austeridad induce graves costes económicos, al reducir el PIB, el empleo, la inversión privada y los salarios”, explican los economistas de la universidad alemana.
“Es importante destacar que demostramos que las recesiones que aplican medidas de austeridad amplifican significativamente los costes políticos de las crisis económicas en comparación con las recesiones sin medidas de austeridad”, inciden. La media del porcentaje de votos a partidos extremistas según sus criterios es del 14% desde 1980 [los países estudiados son Austria, Finlandia, Alemania, Italia, España, Portugal y Suecia]. En todos los periodos de austeridad fiscal desde entonces, sobre todo a mediados de los 90 y desde 2011 a 2015, este porcentaje creció varios puntos, alcanzando su máximos en el 23% del total en 2014.
Un recorte de 1 punto eleva 3 puntos el voto en los extremos
La investigación ha obtenido el siguiente cálculo medio: “Una reducción del gasto público del 1% provoca un crecimiento del porcentaje de votos de los partidos extremistas [de derecha o de izquierda] de alrededor de 3 puntos porcentuales”.
Más en detalle, “los efectos son algo más fuertes en las regiones rurales y pobres”, señala. Además, “los costes políticos de la austeridad también dependen significativamente de la inclinación política del partido que implementa las medida de austeridad. Encontramos que el aumento del voto extremo es mucho mayor cuando la consolidación es implementada por un gobierno de centro izquierda”.
El mapa político actual en Europa es una evidencia de las conclusiones del informe, con un sesgo hacia la ultraderecha. Partidos que defienden y proponen ideas y medidas xenófobas, homófobas, que desprecian los derechos humanos y el estado del bienestar o anti feministas han ganado importantes cuotas de poder por toda Europa, a nivel local, regional o estatal. En Italia, el líder de La Liga Matteo Salvini o la primera ministra Giorgia Meloni son dos de los principales exponentes, junto a los gobiernos de Hungría, Polonia, Suecia…
En Francia, Le Pen repitió en 2022 como candidata presidencial más votada en primera vuelta. En Alemania, la AfD está cada vez más reforzada en algunas regiones. Y en España, Vox ha entrado en los gobiernos de muchos ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas, aunque es el único partido de extrema derecha que claramente ha perdido terreno.
Las nuevas reglas fiscales
La investigación de la Universidad de Bonn debería servir de advertencia para la recta final de las negociaciones de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se retomarán en 2024, tras ser suspendidas en 2020 por el shock de la COVID.
Los socios europeos se permitieron déficits disparados y un incremento del endeudamiento histórico para poder gastar y favorecer una salida de la pandemia sin graves consecuencias económicas. Y, ahora, en pleno ciclo de subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que está elevando el coste de la deuda, han decido darse nuevos límites presupuestarios.
“Europa enfrenta serios desafíos ambientales, económicos y geopolíticos que requieren reformas e inversiones públicas significativas. Mientras tanto, el fantasma de la crisis del euro todavía moldea las percepciones sobre la deuda pública, impidiendo tomar las medidas necesarias”, lamenta Ludovic Suttor-Sorel, experto de la ONG Finance Watch.
La propuesta que hay sobre la mesa desde abril mantiene las referencias del 3% de déficit respecto al PIB (Producto interior bruto) y de un 60% para la deuda. La gran diferencia es que la amenaza de ajustes fiscales no sobrevuela por el incumplimiento de estos objetivos sino que está relacionada con el compromiso con los planes a medio plazo de cada país para alcanzar esos objetivos. Este mismo jueves, el Banco de España publicó una cuadro que lo resume.
Según la propia institución, España cerrará 2023 con un déficit cercano al 4%. Apenas algo más de un tercio de los socios europeos lo hará con un desequilibrio presupuestario inferior al 3%. Lo mismo para el endeudamiento, que en nuestro país se quedará en alrededor del 110% del PIB al final de año.
Por otra parte, la gran novedad es un límite al incremento del gasto público para cada socio. Para nuestro país es del 2,6%. La estimación es que en 2024 se elevará solo un 1,4%.
Por último, suma “orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía”, en línea con las reformas (como la laboral, de las pensiones, en la política de vivienda…) exigidas por el Plan de Recuperación, y que el Gobierno ha realizado desde 2021 en algo menos de un 10% del total en el caso de las inversiones y en un 60% en el de las reformas.
“A los mercados financieros [en referencia a los inversores en deuda de los Estados] les importa menos el volumen de deuda que la fortaleza y la resiliencia”, comenta Ludovic Suttor-Sorel, de Finance Watch. “Las agencias de calificación evalúan la sostenibilidad de la deuda pública ponderando su stock de deuda (deuda respecto al PIB) con su asequibilidad (pago de intereses frente a los ingresos), composición (vencimiento promedio, base de propietarios) […] y, fundamentalmente, el apoyo de su banco central”, continúa.
Según opina, los socios de la UE “pueden permitirse la deuda que necesitan” para las inversiones y reformas orientadas al futuro. A pesar del volumen de deuda comparativamente alto, “los costes [el pago de intereses] de Italia son manejables: representan el 8,4% de sus ingresos públicos. En el Reino Unido alcanza el 8,1%, en Estados Unidos el 14,3% y la India el 23% [en España algo más de un 5%]”, finaliza.
*Daniel Yebra, periodista económico. Estudié en la UCM y me especialicé en la URJC. Tras cerca de 8 años cubriendo mercados financieros y macroeconomía en elEconomista.es, llego a la sección de Economía de elDiario.es en marzo de 2022 con el objetivo de contar una salida de la crisis hacia horizontes más saludables.
Artículo publicado originalmente en elDiario.es.
Foto de portada: La ultraderechista Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Europa Press.
