Más vallas en el continente. Robos, palizas y migrantes lanzados al mar en Grecia para devolverlos a Turquía. Naufragios sin rescate en Italia mientras la labor de las ONG es limitada y sus barcos de salvamento son bloqueados en puerto. Tragedias con decenas de fallecidos que acaban sin consecuencias penales o políticas en Ceuta y Melilla. El derecho de asilo cuestionado en el Reino Unido posterior al brexit, que ha hecho retroceder sus fronteras hasta el Canal de la Mancha. Persecuciones a refugiados en varios países de la ruta de los Balcanes. Centros de detención de migrantes en pleno corazón de Europa. Estado de excepción en Polonia ante el cruce de refugiados desde Bielorrusia. Países con un dudoso Estado de Derecho encargados de controlar los flujos migratorios hacia el Viejo Continente.
En la última década, las políticas migratorias de numerosos países europeos han traspasado todas las líneas rojas en materia de humanidad. Algunas han rozado la ilegalidad, otras han conllevado delitos que han sepultado los derechos humanos de cientos de miles de personas que huyen de guerras, represión, conflictos o, simplemente, del hambre. El precio político ha sido escaso en una sociedad cada vez más acostumbrada a este drama, que ha normalizado que sean otros los que sufran, aunque sea delante de su propia casa.
«Estamos viendo cosas que jamás pensamos que veríamos. Y todo avanza a mucha más velocidad. Pero la construcción del relato, sobre la migración irregular primero y sobre los refugiados después, como una amenaza para la seguridad lleva ya 20 años instalado», sostiene Gemma Pinyol, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y directora de políticas migratorias en Instrategies.
Según explica, 2015, año de la crisis de los refugiados hacia Europa, marca un antes y un después. Nunca se han cumplido las cuotas de acogida y reasentamiento que marcó Bruselas, y hoy los países que se negaban a esa «solidaridad» obligatoria (los países de Visegrado) son los responsables de que no salga adelatante el nuevo Pacto de Migración y Asilo, una de las medidas más importantes para esta legislatura europea.
«Hemos visto cómo se desmantela el sistema de asilo internacional y cómo aumenta la militarización de las fronteras, y en lo único que todos los estados de la UE están de acuerdo es el perseguir la migración irregular, pero no se avanza en acogida de refugiados», apunta la experta. Y es que esa línea divisoria entre inmigrante irregular y refugiado no existe, en muchos casos, hasta que se está en suelo europeo.
La irrupción de la extrema derecha en gran parte de los arcos parlamentarios europeos son una de las explicaciones más repetidas para esta vuelta de tuerca en la lucha contra la inmigración irregular. Pero es un argumento «simplista», según varios expertos en migraciones consultados, que recuerdan que España ha sido desde hace décadas pionera en duras políticas de control migratorio en sus fronteras sin que la ultraderecha haya tenido que gobernar.
El diagnóstico es unánime. En nombre de la batalla contra los traficantes de personas se están vulnerando derechos humanos ampliamente asentados e, incluso, derechos civiles.
El derecho de asilo, en riesgo en Reino Unido
El ejemplo del Reino Unido es el más reciente y contundente. El Gobierno conservador de Rishi Sunak prepara una reforma legislativa para reducir drásticamente las llegadas de pateras que cruzan el Canal de la Mancha desde costas francesas, la mayoría para pedir asilo en Reino Unido. El año pasado llegaron más de 45.700 personas por esta peligrosa vía. En 2021 fueron 28.300. En 2020 eran menos de 8.500. El lema es «stop the boats» (detener las barcas). Y la fórmula planteada es impedir que la personas que llegan irregularmente en patera pueda pedir asilo, un derecho internacional reconocido por la Convención Ginebra desde 1951.
«Puede que salga adelante o que no. Pero se trata de legitimar políticamente sentimientos populares de protección nacional. Es allanar el camino a políticas cada vez más restrictivas con los migrantes y refugiados, y se hacen buscando apoyo electoral», apunta Blanca Garcés, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam e investigadora del CIDOB.
La ministra británica del Interior, Suella Braverman, argumenta que su sistema de asilo está desbordado por culpa de la inmigración irregular. Que gastan siete millones de libras al día en hoteles para alojar a solicitantes de asilo. La idea es desincentivar a los traficantes y a los propios migrantes dejando claro que quien cruce irregularmente no podrá solicitar asilo y será devuelto a su país o a otro considerado seguro, como Ruanda. La medida ha desatado una gran preocupación en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
«Si esto se puede decir y debatir en una democracia es que estamos matando el concepto de democracia tal y como la entendemos», sostiene Pinyol, que recuerda que llevamos años viendo cómo se ataca el derecho de asilo «no solo ya en las fronteras, sino dentro del continente».
Dinamarca, la socialdemocracia contra los migrantes
Dinamarca, gobernada por los socialdemócratas, aprobó hace casi dos años otra ley similar para reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la UE y firmó acuerdos en ese sentido con Ruanda. Los solicitantes deben esperar fuera de Dinamarca hasta que sus casos se resuelvan, y ni siquiera es seguro que, en caso de aprobación, el país de acogida sea Dinamarca.
El portavoz del gobierno danés, Rasmus Stoklund, lo resumía así: «Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca». No era la primera medida restrictiva contra los migrantes que aplicaba el país desde la crisis de los refugiados de 2015, siempre justificados en el coste para el Estado del bienestar nacional. De hecho, ha sido el primer país europeo en anular estatutos de refugiados a ciudadanos sirios y devolverlos a su país porque considera que hay regiones donde ya ha remitido el conflicto.
«Esto no pasa de repente. Dinamarca es el resultado de lo que hemos hecho en los últimos 20 años, de los grandes silencios de la socialdemocracia», opina Pinyol. «Las medidas que se toman para salvar las democracias liberales son antiliberales y antidemocráticas. Amenazan el Estado de derecho. Y lo naturalizamos porque afectan a personas que no tienen la misma nacionalidad que nosotros y las consideramos menos. Pero esta espiral no tiene fin y puede acabar afectando a los nacionales de un país», alerta.
El paradigma italiano
Quizás Italia sea el mejor ejemplo de este giro. Allí llevan casi tres semanas recogiendo cadáveres en las playas de Crotone. El último llegó el pasado viernes, una niña de unos cinco años cuyo cuerpo seguía flotando frente a las costas de Steccato di Cutro (Calabria) desde que murió en el naufragio del pasado 26 de febrero.
Son ya 30 ataúdes blancos llenos con niños de piel oscura. 74 fallecidos en total; afganos, iraníes, pakistaníes e iraquíes que han conmocionado a la región y han agitado la política italiana por una razón que lleva demasiado tiempo repitiéndose: es más importante bloquear que rescatar a los migrantes.
Sin embargo, el Gobierno de los ultraderechistas Fratelli de Italia y La Lega, lejos de reconocer cualquier fallo, han decidido culpar a los propios migrantes de poner en riesgo las vidas de sus hijos.
En octubre de 2013, un pesquero que zarpó desde Libia con más de 500 personas se partió en dos cerca de la isla italiana de Lampedusa. Solo se salvaron 155 migrantes. Se sabe que murieron más de 360, aunque solo se ha podido confirmar el fallecimiento de 359. Con un polideportivo lleno de ataúdes, el entonces primer ministro italiano, Enrico Letta (Partido Democrático), puso en marcha la mayor operación pública de búsqueda y rescate de migrantes. La llamó Mare Nostrum y costaba 300.000 euros al día. Solo duró un año.
Las tragedias siguieron ocurriendo, las guerras de Libia y Siria unidas a la inestabilidad y crisis en varios países de África siguieron amentando el flujo migratorio por esta ruta y la tasa de mortalidad en el Mediterráneo central se disparó. De 3.126 muertes y desapariciones en 2014, a 3.149 y a 4.574 en 2016, según datos muy conservadores de la Organización Internacional para las Migraciones. Son más de 20.500 los migrantes que han perdido la vida en el Mediterráneo central desde 2014, año en que esta organización de la ONU comenzó a recopilar datos.
La Comisión Europea, que sufragaba en parte este presupuesto, fue rebajando su contribución. De Mare Nostrum, en manos de la marina italiana, se pasó a Tritón, capitaneado por Frontex, la agencia europea de control de fronteras. El operativo tenía muchos menos fondos y recursos, pero siguió transformándose en operaciones puramente de seguridad y lucha contra las redes del tráfico de personas. Pasaron a ser los barcos humanitarios de las ONG los únicos que patrullaban el Mediterráneo Central. Los mismos contra los que Matteo Salvini, actual vicepresidente, emprendió una campaña de criminalización en 2018. La lógica era tan perversa como demagógica: los traficantes envían barcas con migrantes porque hay alguien que los rescata. Ergo las ONG son parte del negocio del tráfico de personas.
En el último naufragio en Crotone, los primeros equipos activados fueron los de la Guardia di Finanza (cuerpo policial) y no la Guardia Costera, a pesar de que Frontex había alertado a las autoridades italianas de que había una barca sobrecargada cuando aún estaban a 40 millas náuticas.
«Va más allá del color político del Gobierno. Este tipo de políticas se han aplicado por la derecha y la centro izquierda. El giro más duro en las políticas migratorias italianas fue entre 2016 y 2017, cuando se firmaron acuerdos con Libia para que sus guardacostas frenaran las embarcaciones en el Mediterráneo», incide Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones de CIDOB. Pasetti recuerda que la inmensa mayoría de migrantes en situación irregular no llegan a Europa de forma irregular, y que quien lo hace de este modo es porque no hay vías legales y seguras para hacerlo de otra forma. «Se trata la irregularidad como algo inherente a los migrantes, pero no es cierto. Depende de las leyes del país receptor. Si se facilitan visados o si se permite pedir asilo en embajadas habría muchos menos migrantes irregulares», apostilla Pasetti.
Los guardacostas libios, formados y equipados con fondos europeos desde 2017, han interceptado en alta mar y devuelto al país a más de 67.000 personas en solo los tres últimos años, según la OIM. Las torturas, extorsiones y venta de migrantes como esclavos en este estado fallido está ampliamente documentada. Y la externalización de las fronteras europeas sigue siendo una política común central para Bruselas.
Según el experto, la tragedia de Crotone sintetiza muy bien la teoría de los vasos comunicantes en las rutas migratorias. La embarcación zarpó desde las costas turcas. Hace cinco años, su destino natural hubiera sido alguna isla griega, pero la situación para los refugiados que llegan a Grecia se ha deteriorado tanto que prefieren usar rutas más peligrosas para evitarlo.
«El resultado del endurecimiento de las políticas en Grecia no es que vengan menos personas, sino que tengan más posibilidades de morir. Intentar bloquear una ruta solo hace que el flujo cambie hacia otra, porque los motivos que empujan a la gente siguen existiendo en los países de origen», sostiene.
Grecia, el maltrato como norma
Grecia fue el epicentro de las llegadas de refugiados en 2015. Fueron más de medio millón de personas, sobre todo sirios, afganos e iraquíes. La estrategia para frenar las llegadas pasó por pagar a Turquía 6.000 millones para que hiciera de «escudo». Bloquear el paso en barca hacia las islas griegas y a pie hacia Bulgaria y la Grecia continental. El acuerdo funcionó hasta que en 2020 se acabaron los fondos y Erdogán llenó la frontera de refugiados enviados en autobuses. Algo parecido a lo que hizo Marruecos en la frontera de Ceuta en 2021. La policía griega reprimió duramente a los refugiados. Hubo al menos un muerto por fuego real.
Después llegó el incendio del mayor campo de refugiados en suelo europeo, el de Moria, en la isla de Lesbos. Y la detención de migrantes y refugiados que son lanzados en barcas hinchables de nuevo al mar. El ministro griego de Migración, Notis Mitarakis, aseguró que se trataba de propaganda turca, pero varios medios internacionales como The Guardian o Der Spiegel probaron que era una política asentada que contaba además con la complicidad y el amparo de Frontex a pesar de su clamorosa ilegalidad.
Esto se une a decenas de personas encarceladas durante años como presuntos traficantes tan solo por llevar el timón de la lancha en la que viajaba, y a los procesos judiciales contra varias ONG de rescate a poyo a los migrantes. También se ha conocido esta semana que agentes griegos robaron a migrantes detenidos más de dos millones de euros en los últimos seis años y que llevaban a cabo detenciones y deportaciones colectivas.
El impacto a nivel europeo ha sido más que escaso, salvo la dimisión del director de Frontex. Aunque el historial de la agencia europea en su permisividad ante agresiones, detenciones ilegales y tratos degradantes a los refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes ya llevaba tiempo siendo criticada.
«Frontex es parte de esa deriva de normalizar la violencia y las devoluciones ilegales. No son una anécdota ni un descuido ni acciones individuales de agentes de Policía, sino una práctica general», sentencia Garcés.
Los expertos apuntan que la falta de condenas, «esa sensación de impunidad ante lo que ocurre en las fronteras» es una de las razones por las que Europa «ha perdido la vergüenza». «Debería preocuparnos esta reducción de derechos porque la tendencia viene de lejos y no va a parar. Son políticas que van totalmente en contra de los valores de la UE y de su actual Estado de derecho», advierte Pasetti. «Llegan con un discurso agresivo, discriminatorio, que diferencia entre nosotros y ellos. Y situaciones futuras de crisis, todo esto se lleva al extremo», alerta.
*Jairo Vargas Martín, periodista y fotoperiodista.
Artículo publicado originalmente en Público.
Foto de portada: Los familiares de las personas fallecidas en el naufragio de Crotone (Italia) lloran durante el funeral el 1 de marzo de 2023. REUTERS/Remo Casilli. —Remo Casilli/REUTERS
