Esto se suma a otras investigaciones de la Justicia suiza y española, donde la tónica es el dinero negro, los testaferros y los paraísos fiscales.
Como en ‘El Padrino’, aquí también es difícil diferenciar la complicidad de padres e hijos.
El 15 de junio se supo que la fiscalía suiza había encontrado en Andorra una cuenta vinculada a Juan Carlos I donde escondía 10 millones de euros. El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado supuestamente a través de la sociedad instrumental Stream S.A., dirigida por testaferros. Los investigadores llegaron hasta la cuenta del Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón -primo de Juan Carlos – que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros desde ella.
Esta cuenta en Andorra la cancelaron en 2016, precisamente cuando el Principado anunció la aplicación de la norma por la que compartiría con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio, según El Confidencial. Muchas personas cerraron sus cuentas en aquel entonces para evitar que se transmitiese esa información.
Este mismo mes también se ha sabido que la Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza, ha abierto un expediente contra el banco Mirabaud & Cie, entidad en la que se depositaron los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como adelantó El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.
Felipe VI como segundo beneficiario
La cuenta bancaria de Mirabaud & Cie se abrió a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, en cuyos estatutos internos aparece el emérito como primer beneficiario y Felipe VI como segundo. Las actas incluían una cláusula para tratar de evitar disputas en el seno de Zarzuela por el control de los activos de la sociedad instrumental.
De esa cuenta, Juan Carlos de Borbón habría sacado durante cuatro años un promedio de 100.000 euros al mes para gastarlos en España sin dejar rastro. Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012. El monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Ninguna de esas disposiciones de efectivo fue declarada a la Hacienda española. Además del ingreso inicial de Arabia Saudí, en la cuenta de Lucum aparece otra transferencia recibida del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares.
El resto de operaciones reflejadas en el balance del depósito son retiradas de dinero en ventanilla. Una vez llegaba a sus manos, los billetes eran usados por el conjunto de los miembros de Zarzuela para pagar regalos, viajes, consumiciones y otros lujos. Solo en 2010, el rey emérito dispuso de 1,5 millones de euros opacos. O lo que es igual, 125.000 euros en metálico cada mes, una cantidad similar a los 140.000 euros de dotación que tuvo asignados en los presupuestos de 2010 para todo ese año.
60 millones para Corinna
En julio y septiembre de 2011, Juan Carlos de Borbón efectuó de nuevo retiradas de la misma cuenta, y así continuó hasta junio de 2012, dos meses después de que se disculpara públicamente en unas declaraciones históricas por su accidente en Botsuana. Tras ese escándalo del rey cazando elefantes en Botsuana en plena crisis económica, el banco trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de la cuenta. Juan Carlos I optó entonces por transferirle los aproximadamente 60 millones de euros que quedaban en la entidad a su entonces amante, Corinna Larsen, en concepto de donación.
La investigación de la fiscalía suiza sobre las cuentas en ese país del rey emérito elevan a más de 82 millones de euros los negocios en común de ambos en sociedades, cuentas y fundaciones. Según el fiscal suizo, Juan Carlos I y su compañera compartieron esos ingresos procedentes de Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, México y Marruecos (en este último caso en forma de unos terrenos), quien confirmó estos datos a la justicia española a través de una comisión rogatoria enviada hace algo más de un año.
Ya en verano de 2018, el fiscal del cantón de Ginebra abrió una investigación ante la sospecha de que el rey había utilizado el sistema financiero helvético para blanquear dinero. Supuestamente, las comisiones por la adjudicación del proyecto saudí del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas, aunque en los últimos meses ha ganado fuerza la tesis de que los 64,8 millones de Arabia Saudí fueron en realidad una contraprestación por su labor de lobby para lavar su imagen internacional.
Tres investigaciones de la Fiscalía
Todo lo anterior es solo una de las tres vías de investigación contra Juan Carlos de Borbón que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo en España. Otra más se inició después de que el Ministerio Público recibiese un informe del Servicio de Inteligencia Financiera de España (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac), según informaron la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con periodistas el pasado mes de noviembre.
La tercera investigación abierta se refiere a los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirmaron a Eldiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.
Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, fechas posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que habría perdido parte de la impunidad que le otorgaba su cargo de jefe del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción no solo está analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían. Se sabe que se trata de un dinero procedente del extranjero, por lo que la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Mientras tanto, ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. También se ha identificado a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando del Ejército del Aire.
Regularizaciones fiscales como cortafuegos
La reacción de Juan Carlos de Borbón es intentar aplicar cortafuegos a las investigaciones de la justicia española mediante regularizaciones fiscales. A principios de diciembre del año pasado ya pagó 678.393,72 euros para evitar una investigación por delito fiscal, el objetivo de ese pago era regularizar las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas anteriormente citadas y que investigaba la Fiscalía.
En febrero de este año hizo un segundo pago a Hacienda de 4,4 millones de euros, que correspondería con deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. Se trata del dinero de la cuenta de Andorra con la que empezamos esta información. Esta regularización no ha frenado la investigación de la justicia española.
Testaferros desde Liechstenstein
La Fundación Zagatka se creó en 2003 en Liechtenstein y la fiscalía suiza sospecha que su objetivo era ocultar las cuentas de Juan Carlos de Borbón recurriendo a su primo como testaferro. Hasta el pasado junio, cuando cambió su reglamento, la fundación tenía como tercer beneficiario de sus fondos a Juan Carlos I y a Felipe VI y sus dos hermanas como cuarto y quintas, respectivamente. Una de las cuentas de la fundación, abierta en el banco Credit Suisse, habría llegado a acumular alrededor de 14 millones de euros.
Según el diario británico The Telegraph, sólo entre 2016 y 2019, cinco millones de euros procedentes de esa cuenta se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del monarca y su amante Corinna Larsen. «El banco es el primo. Él es el que paga los aviones», dijo Corina Larsen en una conversación con el comisario Villarejo en referencia a Orleans.
Una vez mostrada la evidencia de que el rey emérito manejaba una cantidad desorbitada de dinero muy por encima del presupuesto público que ingresaba por su cargo, y que ese dinero no estaba sometido al control de Hacienda, la siguiente incógnita era saber de dónde procedía. Eldiario.es elaboró un listado de empresarios multimillonarios y gobernantes de dictaduras, principalmente petromonarquías, que habrían sido los financiadores del monarca según las investigaciones periodísticas y judiciales. Ahí estarían personajes como el fallecido rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, el sultán de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa o el expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev junto a grandes magnates como el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause.
Y como nadie da dinero por nada, ni siquiera a un rey, la siguiente pregunta era a cambio de qué eran esas millonarias donaciones, y todo parece indicar que se trataría de comisiones por negocios hechos con el Estado español o empresas españolas. Quedaría por saber cuánto de toda esa trama quiere y es capaz de esclarecer la justicia española.
El Estado español le sigue pagando en Abu Dabi
Mientras tanto, el emérito, desde que salió de España en agosto de 2020 ante los escándalos financieros, sigue viviendo a su estilo, es decir, como un rey, en Abu Dabi. Mientras aparecía todo ese dinero negro, esas cuentas en paraísos fiscales y esos gastos desorbitados, durante 2020 todavía el presupuesto público español le destinaba 42.033,23 euros y otros 114.231,24 a su esposa.
Pero ese dinero no significa mucho porque el truco siempre ha estado en endosarle a otras instituciones del Estado los gastos de la Familia Real. Así, el coste del personal que asiste al rey emérito en Emiratos Árabes desde que salió de España corre a cargo de Patrimonio Nacional. La Casa Real endosa a este organismo público –que gestiona y conserva el patrimonio artístico e histórico del país– el pago de las nóminas del personal desplazado a Abu Dabi, así como los viajes de esos empleados de confianza del rey emérito desde que se instaló en el golfo pérsico y que se van rotando aproximadamente cada mes.
Juan Carlos de Borbón cuenta con tres ayudantes de cámara durante su estancia en el país asiático. Se trata de personal de libre designación contratado por Patrimonio Nacional que ejerce labores de asistencia al exjefe del Estado, solo en viajes de sus asistentes fueron 9.600 euros en 2020.
Además de esos tres salarios, Patrimonio Nacional asume también los gastos derivados de su estancia en Emiratos Árabes Unidos y el personal de seguridad que, por supuesto, también es cargado a los presupuestos públicos del Estado español. Pero el Gobierno español se niega a facilitar el coste ni de los hoteles del rey, ni de su corte ni de sus dietas ni tampoco el gasto en seguridad o las nóminas del personal, por considerarlo “información clasificada” que afecta a “la seguridad pública”.
Saltarse la cola para vacunarse
El comportamiento de privilegio lo sigue ostentando con total impunidad tanto el emérito como su familia. En febrero, tanto Juan Carlos de Borbón como sus hijas Elena y Cristina aprovecharon su estancia en Emiratos Árabes Unidos para vacunarse del COVID sin tener que esperar su correspondiente turno según los criterios de edad y sanitarios establecidos por las autoridades españolas.
Para justificar que se saltaran el orden lo razonaron así: “se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”. En realidad, nada diferente a lo que ha supuesto la monarquía en la historia de España: privilegios e impunidad que se les ofrece y a los que ellos acceden.
Lo que es evidente es que seguir llamando emérito (persona que ha cumplido su tiempo de servicio y disfruta la recompensa debida a sus méritos) a Juan Carlos de Borbón es todo un insulto a la inteligencia de los españoles.
Vinculación de Felipe VI
Por si acaso, como señala la periodista Eider Hurtado, coautora del libro La armadura del rey, la estrategia de la Casa Real hoy es desvincular a Felipe VI de todas las tropelías de su padre. Sin embargo, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias señaló en declaraciones a TV3 que, si se demuestra que Juan Carlos I controlaba la cuenta descubierta en Andorra, la fiscalía ya debería imputarle automáticamente por delito fiscal y afectaría a toda la Familia Real, Felipe VI incluido.
Piensan que si se logra que los latrocinios y crímenes de un rey solo salgan a la luz cuando haya abdicado en favor de su heredero, la rueda podrá seguir funcionando. El objetivo es que cada nuevo joven monarca herede los privilegios de la sangre azul pero nunca la responsabilidad de los desmanes paternos y el contador del saqueo monárquico se ponga de nuevo a cero. Cuando los suyos se hagan públicos, se le da al reset con un nuevo heredero y a seguir con el pillaje.
Sin embargo, no resulta creíble la no relación del actual rey Felipe VI con las tropelías económicas del padre: el monarca actual es el segundo beneficiario de la cuenta suiza abierta por Lucum Foundation, de los cien mil euros mensuales que sacaba el emérito vivían de lujo toda la familia, así como de las tarjetas de dinero negro. Por otro lado, Felipe VI también aparece como cuarto beneficiario de los fondos de la Fundación Zagatka de Liechtenstein que pagaba los viajes en jets privados.
Por eso decía Julio Anguita que la memoria es lo que convierte a la masa en pueblo. Esa memoria que debemos tener los españoles para recordar ante cada flamante Borbón toda la trayectoria de rapiña familiar que le precede.
*Pascual Serrano, periodista español. Fundó en 1996 el medio alternativo digital Rebelion.org. Fue asesor editorial de la televisión latinoamericana Telesur. Premio de Periodismo de Derechos Humanos 2019 de la Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE). Especialista en medios y analista político. Colabora en Eldiario.es, Le Monde Diplomatique y La Aventura del Saber (TVE2). Dirige la colección de libros de actualidad A Fondo, en la editorial Akal.
Artículo publicado en Sputnik.
Foto de portada: © AFP 2021 / Estela Castro.
