El Parlamento Europeo ya se posicionó sobre la situación de Haití a finales de 2019. Sin embargo, a raíz de la evolución de la situación política a principios de 2021, el Alto Representante para Asuntos Exteriores Europeos, Josep Borrell, no respondió —o respondió de manera muy limitada— a las preguntas sobre este tema. El 20 de mayo, el Parlamento salió finalmente de su letargo y adoptó una resolución. Aunque muchos puntos constituyen un claro avance, siguen viéndose frenados por los silencios y las contradicciones de la comunidad internacional. Los hombres y mujeres, en particular, tienen derecho a esperar que estemos a la altura de su sed de libertad.
La resolución da cuenta de la gravedad de la crisis y el deterioro de la inseguridad. También señala que el presidente Jovenel Moïse no deja de reforzar su poder: gobernando por decreto; queriendo llevar a cabo un referéndum inconstitucional; permaneciendo a la cabeza del Estado, considerando, en contra de la mayoría de la población y del Consejo Superior de la Magistratura, que su mandato presidencial no terminó el 6 de febrero de 2021.
La corrupción y la impunidad —endémicas y casi sistemáticas— amparan tanto el saqueo de la “élite” como los abusos de los líderes de las bandas, llevando al país a un círculo vicioso de violencia y confiscación del espacio público. El Parlamento Europeo recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas de Haití, ahora amordazado, implica a Jovenel Moïse en la malversación de fondos del programa Petrocaribe, y “que la violencia en Haití está estrechamente vinculada a las bandas armadas, algunas de las cuales están apoyadas y financiadas por la oligarquía local”. Por eso pedimos una auditoría de los fondos europeos destinados al país.
Europa parece haber comprendido la medida del descontento popular y del alcance de las “olas de movilizaciones a gran escala contra el alto costo de la vida, el autoritarismo y la corrupción”. Reconoce las raíces sociales de la crisis política: Haití es uno de los países más pobres y desiguales del mundo, donde el acceso a los servicios sociales básicos, ya reducido, ha disminuido aún más. Las mujeres pagan el precio más alto.
Sin embargo, las demandas formuladas a la comunidad internacional continúan siendo tímidas. Recordar que “la importancia de una acción internacional armonizada, coordinada y reforzada para apoyar a la población haitiana” es esencial. Falta entonces en consecuencia, denunciar la doble falta de armonía de una diplomacia más determinada por las decisiones de Washington (y de la Unión Europea) que por las voces del pueblo haitiano.
El Parlamento Europeo es ciertamente inequívoco en cuanto al referéndum del 27 de junio (desde entonces aplazado), instrumentado Jovenel Moïse. La Constitución lo prohíbe y la UE no lo apoya. Sin embargo, el Parlamento Europeo continúa pidiendo a las autoridades haitianas que organicen elecciones libres y creíbles. Teniendo en cuenta el control de las bandas armadas sobre distritos enteros, la falta de legitimidad de las autoridades y las numerosas irregularidades de las que son responsables, ¿no es eso no afrontar la realidad? Es, en todo caso, obviar la demanda que galvaniza a la gran mayoría de la sociedad civil haitiana: una transición de ruptura.
En primera línea
Las mujeres haitianas están en primera línea. No solamente en las manifestaciones, sino también en el día a día, cuando la vida se ha convertido en una lucha agotadora. Más de 4 millones de personas pasan hambre, los hospitales carecen de todo, las escuelas han tenido que cerrar sus puertas muchas veces por la inseguridad, todas las instituciones e infraestructuras públicas son disfuncionales, capturadas por la camarilla en el poder, y desplazarse es objeto de cálculos tan vanos como angustiosos. Sin embargo, son principalmente las mujeres las que se encargan de proporcionar alimentos, cuidados, educación, etc.
La inseguridad en Haití es un arma de guerra. Los secuestros se han multiplicado en los últimos meses y casi siempre van acompañados de violaciones. Lo mismo ocurre con las masacres —doce desde 2018 (sin contar la violencia que volvió a afectar a la capital a principios de junio)— y cuya impunidad prolonga y consagra el horror. Esta violencia no es ciega. Ataca sobre todo a las mujeres y constituye un espejo de aumento de la estrategia del poder.
El primer decreto emitido por Jovenel Moïse, después del 6 de febrero de 2021, consistió en la expropiación de miles de personas, entre ellas varios centenares de campesinas de la organización Solidarité des Femmes Haïtiennes (SOFA), formadas en agricultura ecológica. Estas tierras, situadas en la Savane Diane, han sido atribuidas a una familia de la oligarquía, con el fin de crear una zona franca agroindustrial, destinada a la exportación.
La situación en Haití es preocupante. ¿El tiempo se habrá congelado “al final de las derrotas / de la ira y la desesperación” (Évelyne Trouillot)? Sin embargo, si se observa más de cerca, la falsa impresión de fatalidad e impotencia se resquebraja para dar paso a nuestra responsabilidad en la tragedia actual, y a la formidable obstinación de los haitianos, y especialmente de las mujeres haitianas, por construir las condiciones para una vida libre y digna.
Se acaba de hacer público un llamamiento internacional, Stop silence Haití, firmado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil. Apoyamos plenamente este llamamiento a un cambio en la política internacional hacia Haití. Lo que está ocurriendo allí no es un espectáculo lejano y exótico, sino el escenario de una lucha común, que nos compromete como europeas, diputadas y mujeres.
*Las eurodiputadas Maria Arena (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), Saskia Bricmont, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose, Marie Toussaint (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea), Marisa Matias e Idoia Villanueva (Grupo de la Izquierda) firman este artículo.
Artículo publicado en El Salto.
Foto de portada: Un policía se enfrenta a los manifestantes este miércoles en Puerto Príncipe (Haití).H. RETAMAL / AFP
