Con el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford posicionado sobre el mar Caribe en la zona jurisdiccional del Comando Sur; preparadas las fuerzas de operaciones especiales (el Equipo SEAL 6 de la Marina de Guerra y la Fuerza Delta del Ejército), y también listos los agentes de la CIA y sus “activos nativos” al interior de Venezuela para intentar desarticular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el tejido político-social que respalda al gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos Donald Trump cuenta con todos los elementos para tomar una decisión con los ojos más o menos abiertos, pero con los dedos en el gatillo.
Preparado el ámbito cognitivo, normalizada la guerra bajo la falacia del combate al “narcoterrorismo” y otras argucias seudolegales (elementos todos que abarcan también a México con otras variables en la etapa), la situación actual indica que no se está ante un despliegue de “guerra convencional” sino de una “guerra híbrida” en estado puro. Como han destacado distintos observadores, las fuerzas desplegadas sobre el Caribe son insuficientes para una invasión militar a Venezuela, pero suficientes para la coerción vía ataques aéreos y con misiles; una distinción crucial que indica que el umbral de “lo realista” ya no es un asalto militar terrestre intervencionista (que Trump prevé incluso que podría fallar), sino intensificar la coacción a distintos niveles y la desestabilización sistémica en una lógica de shock and assess (impacto y evaluación), no de shock and awe (impacto y pavor, al estilo Irak).
Guerra híbrida y filtraciones
México y Venezuela reúnen, en la coyuntura, algunos elementos comunes y también grandes diferencias. Los dos son países poseedores de petróleo y otros recursos geoestratégicos disputados por Estados Unidos y China, y con distintos grados de intensidad y proyección situacional, ambos son objeto de una difusa guerra híbrida de Washington, que combina disuasión, presión psicológica y preparación bélica.
Otro eje común, es que aunque encarnan proyectos político-ideológicos disímiles: con inflexión al socialismo en el caso venezolano y de corte nacional popular neodesarrollista en el mexicano, e integran alianzas estratégicas internacionales también diferentes (Venezuela con Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua, y México principalmente con EU, en una situación de dependencia a través del Tratado de Libre Comercio), tanto Nicolás Maduro como Claudia Sheinbaum han sido sometidos a intensas y sostenidas campañas y operaciones de poder blando (soft power) y poder duro (hard power) por la administración Trump.
Asimismo, con la mira puesta en México, Venezuela y El Salvador, desde el comienzo de su segundo mandato en enero pasado, como comandante supremo de las fuerzas armadas y principal propagandista de su estrategia militarista, Trump fabricó una matriz de opinión que asimilaba a los cárteles de la drogas como “organizaciones terroristas extranjeras” (verbigracia, Al Qaeda, Daesh o ISIS y la organización islámica Hayat Tahrir al-Sham [HTS, antiguo Frente Al-Nusra], cuyo líder Ahmed al Sharaa, reconvertido por EU, Israel y la OTAN en presidente de Siria, fue recibido en la Casa Blanca este lunes 10 de noviembre), una estrategia de fuerza extraterritorial –incluida la militar– presuntamente para combatir al narcotráfico, pero que adelantaba ya entonces la posibilidad de ataques aéreos letales con misiles y drones para asesinar de manera sumaria extrajudicial a civiles identificados como supuestos criminales (sin pruebas, juicio ni proceso ), como ha venido ocurriendo en el Caribe y el Pacífico y que han sido tipificados por la ONU como crímenes de lesa humanidad.
El 10 de febrero de este año, las amenazas de Donald Trump de utilizar la fuerza del Pentágono para combatir a los grupos de la economía criminal mexicanos se materializaron, según reveló la cadena de televisión CNN con base en fuentes abiertas. La agencia reportó que Washington había enviado sofisticados aviones espía P-8 (conocidos como ‘Poseidón’ y equipados para atacar submarinos, neutralizar misiles tierra-aire y con capacidad para tomar fotografías y captar señales de inteligencia) a realizar al menos 18 vuelos de vigilancia a la frontera de México con Arizona y Texas y alrededor de la península de Baja California. Incluso, en una de sus misiones participó un avión espía U-2, que nunca se había utilizado en operaciones contra el narcotráfico. La presión sicológica sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum se acentuó, además, con la presencia de tres barcos de guerra de la Tercera Flota de Estados Unidos frente a la costa de Ensenada, en Tijuana; uno de los navíos era el US Gov Vessel 8, que es utilizado para operaciones militares.
A su vez, la matriz con fines intervencionistas pronto se convirtió en orden ejecutiva: el 19 de febrero la administración Trump designó como “organizaciones terroristas globales” a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y La nueva familia michoacana, junto con la Mara Salvatrucha o M-13 de El Salvador y el cártel venezolano Tren de Aragua (y donde curiosamente no figuraba el ahora multicitado Cártel de los Soles).
La CIA y las operaciones clandestinas
La guerra híbrida utiliza a distintos niveles toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional (por ejemplo, el actual cerco militar naval sobre las costas de Venezuela), como la guerra irregular (golpe suave, guerra económica y financiera, preventiva, jurídica [lawfare], de información, a las drogas, contra el terrorismo, cognitiva, cultural, mediática).
Un componente central de la guerra híbrida son las operaciones psicológicas (PsyOp) y las acciones encubiertas, como las autorizadas el 15 de octubre por Trump en Venezuela a la Agencia Central de Inteligencia. Herramientas de las políticas de cambio de régimen, las acciones encubiertas sirven para generar golpes de Estado, operaciones de bandera falsa y desestabilizar y generar caos social y político sobre el terreno a través de distintos actores. Para ello, además de la CIA, EU cuenta con otras 15 agencias de la llamada comunidad de inteligencia (DIA, NSA, FBI, DEA, NRO y otras) y oficinas de relaciones exteriores dependientes del Departamento de Estado (embajadas, consulados, misiones ante organismos internacionales, etcétera).
Además de los agentes encubiertos de la CIA plantados sobre el terreno, los principales instrumentos injerencistas del Pentágono en el extranjero son los comandos de élite de la Marina de Guerra (Navy SEALs) y la Fuerza Delta del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército. A su vez, para sus acciones clandestinas en Venezuela y México, la CIA, la DEA, la DIA, el FBI et al reclutan “activos nativos” (native assets) como informantes y operadores locales (militares y elementos de los aparatos de inteligencia y seguridad del Estado, políticos, periodistas, elementos del hampa, del narco, paramilitares, mercenarios y un largo etcétera), que actúan como agentes de redes de espionaje y/o generadores de violencia y caos, como en las guarimbas de la oposición venezolana jefaturizadas por María Corina Machado y, eventualmente, bajo la pantalla de los grupos de la economía criminal mexicanos, en ejecuciones simbólicas desestabilizadoras, como la que cobró la vida del alcalde Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre durante las tradicionales celebraciones del Día de Muertos.
Trece horas y media después del asesinato a quemarropa de Manzo por un joven de 17 años, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y exembajador de EU en México, Christopher Landau, no dejó pasar la oportunidad y colocó en X una condolencia a la que añadió que “Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”. Landau acompañó el mensaje con una fotografía donde se ve al alcalde cargando a un niño, captada, al parecer, minutos antes del homicidio.
En medio de la justa indignación y del hartazgo genuino de la población por la persistencia y crecimiento del poder del narcotráfico, y del legítimo derecho de ciudadanos de oponerse a gobiernos de turno (en este caso del partido oficialista Morena), las “condolencias” de Landau dieron marco a la profusión de mensajes en redes sociales que, de manera concertada, acusaron a la Presidenta de México, a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, al partido en el poder y a varias de sus figuras relevantes de ser “asesinos” de quien presidió Uruapan, así fuera por omisión. Asimismo, en momentos confusos y propicios para desarrollar manuales de desestabilización, se produjo una extraña convocatoria de entes de ultraderecha a una manifestación el sábado 15 de noviembre a nombre de la “generación Z”, que incita a emular lo sucedido recientemente en Nepal, con protestas violentas, incendio de edificios legislativos y gubernamentales, agresión directa a funcionarios públicos y sus familias y el derrocamiento de quienes ejercían el poder.
Como en anteriores ocasiones, ante los ofrecimientos de Washington de intervenir con tropas en México para combatir la violencia criminal, la presidenta Sheinbaum, sentenció: “Ni injerencia de EU ni guerra en Michoacán”, al tiempo que anunció un plan integral de pacificación y justicia para la entidad. Dijo que a todo México le duele el asesinato de Carlos Manzo, pero “no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaran la mitad del territorio (…) nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar. Tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos dentro de un marco de colaboración sin subordinación, pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie. nosotros somos un país soberano, independiente».
Siembra de desinformación: México como blanco
Otros elementos esenciales y complementarios del accionar desestabilizador abierto y encubierto de Washington en Venezuela y México, son el empleo de tecnologías de última generación (guerra cibernética) combinado con otros métodos de influencia como la siembra de desinformación, propaganda blanca, gris y negra y noticias falsas (fake news) seguida de técnicas de repetición e intoxicación sistemáticas y persistentes en los medios de difusión masiva hegemónicos. Todas esas modalidades híbridas forman parte de las operaciones de prensa –que incrementan las incertidumbres propias de la “niebla de la guerra” y las misiones clandestinas–, que tienen como objetivo principal allanar el camino y facilitar las tareas de las fuerzas militares; comienzan mucho antes de que se declare la guerra y no se detiene cuando esta estalla abiertamente, y a cada momento se retroalimentan y proyectan de cara a la opinión pública.
Un ejemplo típico de propaganda gris, que remite a una fuente anónima o camuflada, pero que lleva el sello de las operaciones de desinformación conjuntas de la CIA, el MI5 británico y el Mossad israelí –y en la que habría podido co-participar sobre el terreno el embajador de EU ante las autoridades mexicanas, Ronald Jonhson, viejo halcón de las acciones clandestinas y quien ha formado parte de la sección operativa de la CIA, exBoina Verde y miembro del Comando de Operaciones Especiales–, es la nota del periodista Barak Ravid, del medio estadunidense Axios, sobre el supuesto intento de atentar contra la embajadora de Tel Aviv en México, Einat Kranz Neiger. Ravid, quien antes sirvió en la división de inteligencia israelí Unidad 8200, citó como fuente a un “funcionario estadunidense” que habló bajo condición de anonimato. Según la “información” (que reúne las características de una filtración de inteligencia), el intento de atentar contra la diplomática israelí en México habría sido dirigido por una unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica, “que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina desde la embajada de Irán en Venezuela”. (sic)
Desmentida por la Cancillería y la Secretaría de Seguridad locales, la (des)información tuvo como objetivo demonizar a Irán, y enrarecer las relaciones entre Teherán, Caracas y México. Adscrita a las campañas de hasbará (diplomacia pública) del gobierno genocida de Benjamín Netanyahu y amplificada urbi et orbi por la caja de resonancia internacional de la agencia británica Reuters, la operación de prensa contó como protagonistas activos al Ministerio de Exteriores israelí y a la presunta víctima, la embajadora Einat Kranz Neiger, quienes al abordar el caso no dieron ningún dato concreto sobre la trama por tratarse de “información sensible”, pero se explayaron sobre las “amenazas terroristas de Irán” y sus aliados contra “objetivos israelíes y judíos” en América Latina, vía Venezuela.
Por otro carril, pero como parte de la guerra híbrida contra México, no sería ajena a esa operación de prensa con fines desestabilizadores la reciente publicación de la periodista conservadora Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal, que tuvo como blanco a Claudia Sheinbaum y donde asegura que la mandataria mexicana enfrenta una ola de homicidios y debería inspirarse en la estrategia del expresidente colombiano Álvaro Uribe para frenar la violencia. En su columna semanal, O’Grady, miembro del consejo editorial del Wall Street Journal y crítica de los gobiernos izquierdistas y progresistas de América Latina, dedica buena parte del texto a comparar a Sheinbaum con Uribe, a quien presenta como ejemplo de cómo enfrentar al crimen con “claridad moral” y dejar “buenas lecciones”. Según la columnista, Sheinbaum enfrenta la herencia de corrupción institucional de López Obrador, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, así como “vínculos aparentes entre Morena y los cárteles”.
A lo largo de su trayectoria, O’Grady ha publicado decenas de columnas donde suele advertir sobre los riesgos del populismo en América Latina, y defender políticas económicas basadas en el libre mercado, la propiedad privada y la cooperación con EU. En los años 2000 respaldó versiones del gobierno estadunidense que acusaban a Fidel Castro de desarrollar armas biológicas; en 2007 relacionó a Hugo Chávez con grupos terroristas islámicos; y más tarde insinuó que Andrés Manuel López Obrador tenía afinidades ideológicas con Irán y Venezuela (¡!)
Sendos textos de Barak Ravid y Mary Anastasia O’Grady fueron precedidos por un reporte de NBC News, que citó a dos funcionarios en activo y otros dos ex servidores estadunidenses (ergo, fuentes anónimas) que dijeron que el presidente Donald Trump había comenzado a planear una presunta operación encubierta para enviar efectivos militares y oficiales de inteligencia a México para combatir a los grupos criminales. En lo que parece evidenciar una nueva campaña de intoxicación mediática, las fuentes sin identificar (un recurso rutinario en la prensa hegemónica estadunidense que impide el escrutinio público sobre la veracidad de la noticia) señalaron que la administración republicana había iniciado las primeras etapas de entrenamiento de la misión, que incluiría operaciones terrestres, aunque descartaron, por ahora, un despliegue militar en el país.
Según los informantes anónimos de NBC News, las tropas, que en su mayoría formarían parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadunidense, en virtud del Título 50, que considera un amplio abanico de leyes en materia de seguridad nacional, espionaje y operaciones militares. Añadieron que también participarían elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La división de noticias de la cadena de televisión estadunidense refirió que la operación considera principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga, así como atacar a sicarios y cabecillas de los cárteles, lo que ya se había mencionado en reportes anteriores.
No es la primera vez que el magnate neoyorquino amenaza con una intervención militar en México. En su anterior mandato, Trump consultó con su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad de perpetrar bombardeos secretos en México para “destruir los laboratorios de drogas” y acabar con los grupos criminales, confirmó el mismo exfuncionario en su libro A Sacred Oath.
Tras su regreso a la Casa Blanca, en abril de este año funcionarios estadunidenses filtraron a NBC que Trump consideraba atacar con drones instalaciones e integrantes de los cárteles en territorio mexicano; en agosto, firmó una orden secreta en la que instruyó al Pentágono emplear la fuerza militar contra cárteles de países como México, Venezuela, Haití y El Salvador. Dos meses después, con la notificación formal al Congreso de que Estados Unidos está “en guerra” con los principales cárteles de droga “a través del hemisferio occidental” –lo cual incluye a México–, se expandió su poder para emplear la fuerza militar donde desee y cuando quiera alrededor del mundo, matar a “enemigos” incluso si no representan una amenaza inmediata o para detener a individuos sin cargos de manera indefinida.
La filtración de la nueva operación a NBC News se conoció en momentos en que Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar sobre las aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, como parte de una agresiva campaña, principalmente centrada en Venezuela pero que abarca también a Colombia, que ha incluido una serie de ataques a embarcaciones que derivaron en las ejecuciones extrajudiciales de al menos 64 personas, acusadas sin pruebas de “transportar drogas”. Las fuentes citadas por la televisora estadunidense sugirieron que, “a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la misión que se está planeando para México no está diseñada para socavar al gobierno del país”.
The New York Times devela las opciones militares de Trump
En el caso de Venezuela, el ingreso del portaviones USS Gerald Ford a la zona jurisdiccional del Comando Sur para sumarse al despliegue naval estadunidense en el mar Caribe, profundiza la campaña de presión política, militar y psicológica que, con la mira puesta en el petróleo, el gas natural y otras materias primas geoestratégicas (oro, hierro, bauxita y coltán, una mezcla mineral utilizada en baterías eléctricas), busca generar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro mediante un quiebre militar interno.
Con esa finalidad, como en la época de la “máxima presión” de la primera administración Trump, que tuvo como principal “activo nativo” al títere Juan Gauidó, ahora también los medios estadunidenses han aumentado de manera significativa la cantidad de publicaciones respecto a Venezuela con el objetivo de “cubrir” la temática, pero sin confesar su rol concreto y, genéricamente, con base en fuentes anónimas.
Es el caso de un artículo de cinco reporteros del New York Times publicado el 4 de noviembre, según el cual Donald Trump ya tiene sobre su escritorio un abanico de opciones militares para intervenir en Venezuela, que incluyen la captura o el asesinato selectivo del Presidente; generar condiciones internas que deriven en un golpe de Estado; ataques aéreos directos contra unidades militares que protegen a Maduro y/o el envío de fuerzas especiales a tomar el control de aeródromos castrenses y algún campo petrolífero e infraestructuras críticas del país sudamericano.
De acuerdo con el artículo, el presidente Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo. Las preocupaciones de Trump, además de girar en torno a un eventual fracaso embarazoso de una operación terrestre que además pusiera en peligro a los soldados estadunidenses, se circunscriben al efecto de estas, sobre “las enormes reservas petroleras de Venezuela, las mayores del mundo”. La gestión de este recurso, en caso de un cambio de régimen, está en el tapete de las preguntas que el magnate se hace respecto a Venezuela.
Los funcionarios del entorno del mandatario dijeron al NYT que no quería aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadunidenses o que pudieran desembocar en un fracaso embarazoso. Por ello, muchos de los planes en desarrollo emplean drones navales y armas de largo alcance, opciones que podrían resultar más viables una vez que el portaviones Ford y otros buques estén en posición.
Sin embargo, muchos de sus principales asesores están presionando a favor de una de las opciones más agresivas: expulsar a Maduro del poder. Los asesores de Trump han pedido al Departamento de Justicia directrices adicionales que puedan proporcionar una base legal para cualquier acción militar más allá de la actual campaña de atacar barcos que, presuntamente, trafican con narcóticos. Dichas directrices podrían incluir un fundamento jurídico para atacar a Maduro sin necesidad de una autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, y mucho menos una declaración de guerra.
La tesis de declarar a Maduro como “objetivo legítimo” estaría cobrando fuerza y, según el esquema estipulado, las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el Caribe y el Pacífico oriental pudieran servir como parte del ablandamiento a la opinión pública. El paralelismo reciente más cercano para una justificación legal para matar a un jefe de Estado, es un dictamen jurídico elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica durante el primer mandato de Trump, que concluyó que el presidente tenía autoridad para llevar a cabo un ataque con misiles para matar al general de división Qasem Soleimani, principal comandante de inteligencia y seguridad de Irán cuando fue asesinado por un ataque estadunidense con drones en 2020. Trump considera ese asesinato como uno de los éxitos más destacados de su primer mandato.
Trump y el factor petróleo
El artículo del New York Times afirma que Trump está profundamente concentrado en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, y cita, sin mencionarlo, otro reportaje del diario (“Maduro ofreció petróleo y otros recursos a EU para evitar un conflicto”, 10/X/2025) donde con base en una decena de fuentes estadunidenses y venezolanas que declararon bajo condición de anonimato, afirma que Maduro ha hecho “un esfuerzo desesperado” por ofrecer concesiones petroleras y auríferas a Trump; reorientar las exportaciones que ahora se dirigen a China, y limitar los contratos mineros con empresas chinas, iraníes y rusas. Dirigido a generar sospechas y divisiones en el entorno íntimo del presidente de Venezuela, en su artículo de octubre, el NYT afirmaba que “tras bastidores, algunos funcionarios venezolanos de alto rango, con la bendición de Maduro, le ofrecieron a Washington concesiones de gran alcance que, en esencia, eliminarían los vestigios del nacionalismo de recursos que constituye el núcleo del movimiento de Chávez.”
Sin embargo, la realidad subyacente –como explica un análisis de la página web Misión Verdad– es que el gobierno venezolano ha expresado el deseo de exportar petróleo y otros commodities bajo condiciones soberanas, y allí ha radicado el conflicto con las élites estadunidenses. Ante ello, dice el medio venezolano, “la prensa estadunidense ha intentado incubar la tesis de que, desde Caracas, se le habrían ofrecido condiciones preferenciales a empresas de ese país. Agrega que mientras esa prensa sostiene dichas teorías, Venezuela mantiene y profundiza asociaciones estratégicas con China, Rusia e Irán.
En definitiva, el New York Times devela cómo el despliegue militar naval en el Caribe y las acusaciones de “narcoterrorismo” contra Maduro son solo excusas para lograr condiciones internas que deriven en un golpe de Estado y hacerse del petróleo venezolano. Sencillamente, confirma lo que desde Caracas se ha afirmado y hace una disección exacta de cómo se siguen diseñando artilugios que validen el asalto militar intervencionista, con la posterior imposición de un gobierno cipayo que sea útil a los intereses unipolares del Norte global.
Visión tecno céntrica prevé una “guerra corta”, pero…
Como parte de la guerra mediática cabe citar, también, un informe del Center for Strategic & International Studies (CSIS) –uno de los think-tanks de seguridad nacional más influyentes en Washington, con estrechos vínculos al Pentágono, el Departamento de Estado y el complejo industrial-militar– que expresa una lectura técnica, deliberadamente neutral y calculada del despliegue militar estadunidense en el Caribe desde agosto de 2025, pero cuyo marco analítico revela una lógica operativa típica del establishment estadunidense: la guerra como problema de gestión de fuerzas, umbrales de escalabilidad y teorías de victoria.
Según un análisis del informe del CSIS hecho por Misión Verdad, si bien puede calificarse como un documento de propaganda, es más preciso tildarlo de “preparación de terreno cognitivo”; no para convencer al público venezolano, sino para legitimar opciones ante audiencias de política exterior en EU y aliados. Aunque evita el lenguaje ideológico, el informe “normaliza” la guerra; no expresa una profecía: se trata de un “manual para tomar decisiones con los ojos más o menos abiertos, pero con los dedos en el gatillo”.
El documento maneja cifras concretas y muchos datos derivados de fuentes abiertas, observaciones satelitales, comunicados oficiales y registros de movimiento aéreo y naval, pero presenta omisiones estructurales. Por ejemplo, menciona la existencia en el Caribe de 6,700 marines y 150 miembros de fuerzas de operaciones especiales; 10 aviones F-35 en Puerto Rico, y alrededor de 170 misiles Tomahawk proyectados en la zona con la llegada del Grupo de Ataque de Portaaviones, pero omite información sobre el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cualquier dato que complique la narrativa de asimetría absoluta: no se menciona el estado de los sistemas de guerra electrónica venezolanos, que podrían afectar la precisión de munición guiada por GPS como JDAMs estadunidenses; no aborda la capacidad de dispersión y camuflaje de activos críticos (centros de mando, radares, baterías SAM de las fuerzas de defensa bolivarianas), táctica aprendida de los conflictos en Ucrania y Siria, y no discute la vulnerabilidad de los buques de superficie estadounidenses –especialmente los portaaviones– frente a amenazas asimétricas: misiles antinavío, drones marítimos o minas inteligentes. Es decir, da por supuesto el dominio marítimo irrestricto de la Armada de EU, pero no reconoce sus límites ante artefactos modernos de bajo costo.
Otro elemento que se desprende del informe del CSIS, es que los 150 elementos de las fuerzas especiales a bordo del Ocean Trader, han sido utilizados en operaciones encubiertas en África y el Caribe por décadas, lo que indica que su despliegue es estratégico: facilita operaciones de influencia, sabotaje y apoyo a actores no estatales sin dejar huella diplomática. Es decir, no estamos ante un despliegue de “guerra convencional”; es guerra híbrida en estado puro. Con un agregado: son insuficientes para una invasión, pero suficientes para ataques aéreos y con misiles. Esa distinción, según el análisis de Misión Verdad es crucial: el umbral de “lo realista” ya no es la invasión, sino la coerción aérea y la desestabilización sistémica.
Otro dato que revela el informe del CSIS, es que el Pentágono y Trump ya no están en la fase de preparación sino de decisión, y la llegada del portaaviones Ford –un grupo de combate diseñado para proyección de poder en escenarios de alta intensidad– se presenta como un punto de no retorno simbólico: estructurado falsamente como un dispositivo antidrogas, entró ya en una fase de disuasión coercitiva, al menos en el Caribe, mientras continúa con operaciones en el Pacífico oriental.
En ese sentido, el objetivo (aún) no es derrocar al presidente Maduro por la fuerza, sino crear las condiciones para que colapse por presión. El informe lo explicita: los ataques iniciales serían “para ver qué efecto tienen”. Es una lógica de shock and assess (impacto y evaluación), no de shock and awe (impacto y pavor, al estilo Irak). De allí que según el informe del think-tanks estadunidense, se prioricen blancos que fragmenten el control interno: fuerzas de seguridad, telecomunicaciones militares, cuarteles, y se evitan objetivos económicos civiles (refinerías, energía), no por razones humanitarias, sino por cálculo: una “guerra corta” exige un “día después” viable. Una gestión de activos para una “transición post-Maduro”, que remite a las preocupaciones de Trump relativas al petróleo de Venezuela.
Al hacer un análisis de los “sesgos estructurales” del documento del CSIS, Misión Verdad destaca su “visión tecnocéntrica”, que reduce la guerra a capacidades de fuego, rango de sensores y número de plataformas, pero subestima factores como moral, cohesión social, resistencia popular o la capacidad del gobierno de Venezuela para movilizar a las fuerzas armadas y a la población civil. También critica el “determinismo militar”: el CSIS asume que la correlación de fuerzas decide el resultado político, pero en conflictos asimétricos, la voluntad política y la persistencia suelen superar la superioridad técnica (véase Vietnam, Afganistán).
Asimismo, señala la subestimación deliberada de terceros, como Rusia, China e Irán. Según Misión Verdad, eso no es error: refleja un pensamiento ilusorio (wishful thinking) estratégico. CSIS necesita creer que Venezuela es un problema regional manejable, no un frente de confrontación global. Pero esa lectura es estratégicamente errada, por cuanto si Moscú o Teherán deciden proveer directamente servicios y experticia en el terreno, por ejemplo, el cálculo de costos para EU cambiaría drásticamente. Otra omisión crítica: no se analiza la opinión pública estadounidense. CSIS presupone que Trump puede escalar sin costo político interno, pero las encuestas muestran que la mayoría de los estadunidenses rechaza intervenciones militares en América Latina, especialmente tras Afganistán. Una campaña aérea prolongada con bajas (aunque mínimas) o errores de inteligencia (blancos civiles) podría generar resistencia doméstica que ni Trump podría ignorar.
FANB activa fase superior del Plan Independencia 200
Al igual que los reportajes del New York Times, el Wall Street Journal y otros medios estadunidenses, el informe de CSIS normaliza la guerra. Pero su valor radica en su transparencia técnica: expone los límites reales del despliegue actual (insuficiente para invasión, suficiente para coerción), los umbrales de escalada (ataques iniciales, luego medición, después campaña aérea prolongada) y las trampas políticas del “día después” (un factor en el que, como subraya Misión Verdad, EU ha fracasado en imponer siquiera como supuesto por no poseer activos políticos de garantía, incluida, valga decir, la “premio nobel de la paz” (sic) María Corina Machado).
Su peligro está en lo que silencia: la agencia venezolana, la resistencia social no militarizada, la capacidad de improvisación en entornos de escasez y el hecho de que ningún gobierno colapsa solo por presión externa si mantiene cohesión interna y apoyo popular. Como otros propagandistas de la guerra híbrida de la administración Trump, el CSIS entiende la confrontación como una cadena de decisiones racionales. Pero en Venezuela, como en tantos lugares, la historia no se escribe solo con misiles, F-35s y portaaviones: también con lealtad, voluntad y pensamiento estratégico; variables que no caben en una tabla de fuerzas. Elementos, finalmente, que también marcan diferencias radicales entre los actuales procesos de México y Venezuela en su pugna con Washington.
Mientras en México, un día sí y otro también la respuesta a las provocaciones de la Casa Blanca la da con dignidad la presidenta Claudia Sheinbaum, no se sabe que harán un pueblo desmovilizado y unas fuerzas armadas sujetas, de facto, a la doctrina militar del Pentágono, si la artillería declarativa de Donald Trump diera paso a acciones castrenses terrestres en la geografía nacional.
En el caso venezolano, en cambio, el martes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la participación de “casi 200.000 efectivos” en un nuevo ejercicio ordenado por el presidente Nicolás Maduro, definido como “fase superior integral” del ‘Plan Independencia 200’, una estrategia defensiva que Caracas puso en marcha para hacer frente a una eventual agresión directa de EU. El general Padrino apuntó que además de completar, foguear y preparar a soldados y civiles, el ejercicio también implica el despliegue de medios aéreos, terrestres, navales, fluviales y misilísticos de todo tipo en el territorio nacional. Describió esta fase como una “Puesta en Completo Apresto Operacional” y dijo que la fase superior del Plan Independencia 200 abarca formas de lucha armada y no armada, e incluye sistemas de armas, unidades militares, la milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y los comandos para la defensa integral del país.
Carlos Fazio* Periodista de investigación y académico universitario
Este artículo ha sido publicado originalmente en el portal mateamargo.org.uy/
Foto de portada: Dibujo Adán Iglesias Toledo
