Dos países eternos rivales del Mediterráneo Oriental están sirviendo de ‘tapón’ frente a la incipiente pero creciente ola de migrantes afganos. Mientras Turquía mantiene sellada y fuertemente vigilada su frontera con Irán, en Grecia el Gobierno quiere reforzar los procedimientos de deportación y devolución de las personas sin derecho a protección internacional, para evitar que permanezcan en el país.
A la mayoría de refugiados afganos que intentan llegar a Turquía desde Irán les espera una frontera extremadamente vigilada y en gran parte amurallada, repatriaciones e incluso devoluciones en caliente, denuncian algunas ONG. A diferencia de lo que ocurrió en 2011, cuando se desató la guerra en Siria y millones de personas que huyeron de allí encontraron abierta la frontera con Turquía, ahora el país euroasiático se está blindando a toda marcha.
Esta vez, el Gobierno turco está decidido a hacer todo lo posible para detener y repeler un nuevo flujo masivo de inmigración, después de haber acogido a 3,7 millones de sirios, además de unos 300.000 afganos y otros miles de iraquíes, uigures y africanos.
El propio presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, lo dejó claro al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una conversación telefónica el pasado fin de semana. «Turquía, que ya está acogiendo a cinco millones de refugiados, no puede asumir una carga de migrantes añadida», le dijo Erdogan.
El pasado día 19, Erdogan cifró en 235.000 el total de afganos que «han sido enviados» de vuelta, sin precisar el período en el que han tenido lugar esas repatriaciones. Dado que suelen entran en el país de forma ilegal, las estimaciones sobre el número de migrantes afganos en Turquía varían. Según Erdogan, habría unos 300.000, mientras que otros cálculos llegan hasta la cifra de un millón. En todo caso, los afganos componen el segundo colectivo más grande de refugiados en Turquía, después de los sirios.
La Policía decidirá en Grecia
Mientras tanto, ya en la Unión Europea, Grecia continúa intentando evitar la llegada de más solicitantes de asilo y migrantes. La reforma, que el Gobierno espera que se lleve a votación a comienzos de septiembre, establece que cuando un extranjero entre en territorio griego de forma ilegal y sea detenido, la Policía emitirá una orden de deportación inmediatamente si no solicita asilo o en el momento en que su solicitud de asilo sea rechazada.
De aprobarse, las personas que vayan a ser deportadas —una decisión que sólo podrá tomar la Policía y no el sistema de asilo— y sean consideradas por las autoridades griegas «sospechosas de fuga, un peligro para el orden público, o que elude u obstruye la preparación de su salida» serán detenidas hasta su expulsión.
Aunque la reforma se comenzó a preparar antes de la crisis en Afganistán, el Gobierno griego ha dejado claro que ni quiere ser la puerta a Europa ni permitirá que se repitan situaciones similares a la crisis de refugiados de 2015, cuando miles de personas llegaban a sus costas todos los días.
Las ONG denunciaron además que la reforma incluye la limitación de las actividades que las organizaciones no gubernamentales tanto griegas como extranjeras podrán llevar a cabo «en zonas bajo competencia de la Guardia Costera» y prevé sanciones y multas de entre 2.000 y 12.000 euros, pero aclara cómo se limita exactamente su labor.
Expulsiones sumarias ilegales
Mientras el ministerio de Migración asegura que estas limitaciones buscan evitar a accidentes marítimos, las organizaciones creen que se quiere impedir la documentación de las docenas de denuncias realizadas en el último año contra el Gobierno griego, la Guardia Costera y Frontex por expulsiones sumarias ilegales de migrantes tanto en el mar Egeo, como en la frontera terrestre con Turquía e incluso desde las islas griegas, llevando a gente que ya había entrado en suelo europeo de vuelta a aguas turcas.
Por otro lado, el proyecto aprovecha para introducir un nuevo tipo de visado temporal, de un máximo de 12 meses, destinado a los «nómadas digitales», extranjeros que quieran teletrabajar desde Grecia para compañías o clientes no griegos, un público que interesa por su potencial impacto económico.
Tráfico de seres humanos
La situación actual en Afganistán favorece el auge del tráfico ilegal de personas, algo que se refleja en la cantidad de traficantes detenidos: en lo que va de año (hasta el pasado sábado) llega a 4.361, frente a los 4.282 en todo 2020, según fuentes oficiales.
Un traficante que pidió el anonimato explicó que a diario gestiona el cruce de unas 400 personas, y que para ello soborna a los militares en el lado iraní. Los contrabandistas anuncian sus servicios a través de la aplicación de Telegram, en su mayoría a personas de nacionalidad afgana, para ofrecerles llevarlas desde Irán, a través de la provincia de Van, hasta Estambul, y de allí a Europa.
«Le damos dinero a los soldados iraníes para facilitar las cosas en la frontera. Este trabajo es fácil, pero en Turquía las cosas son más difíciles», explica. «Pagan (los migrantes) entre 350 dólares y 600 por viajar de Irán a Turquía. Y otros 1.000 dólares desde Van a Estambul», detalla.
Artículo publicado en Público.
Foto de portada: Migrantes hacinados en el centro de deportación de Van, cerca de la frontera entre Turquía e Irán. —EFE/EPA.
