El 27 de octubre, Policy Exchange, uno de los grupos de reflexión más importantes y respetados de Albión, publicó un informe titulado «Soberanía y seguridad en el océano Índico». En él se analizaba la importancia de conservar la autoridad sobre el archipiélago de Chagos, también conocido como Territorio Británico del Océano Índico. El documento fue evaluado por Alan West, ex Primer Lord del Mar, lo que significa que el trabajo de investigación casi puede considerarse una declaración oficial de Londres.
El archipiélago comprende sesenta pequeñas islas, la mayor de las cuales, Diego García, es importante por la base aérea que allí se encuentra. Esta instalación está actualmente arrendada a Estados Unidos hasta 2035, con una guarnición conjunta británico-estadounidense de unos 3.000 efectivos desplegada en el lugar. Actúa como campo de aterrizaje y despegue remoto para las fuerzas locales y se utilizó para organizar salidas de aviones estratégicos y de reconocimiento en las campañas de Irak y Afganistán.
El Tribunal de la ONU ordenó al Reino Unido que entregara el archipiélago a Mauricio en 2019. La mayoría de los votos apoyaron esta decisión en la resolución correspondiente de la AGNU. En 2021, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó la sentencia.
Londres probablemente no impugnará el resultado del asunto ni presentará una excusa creíble para no hacerlo. Ante todo, Chagos estaba bajo el control administrativo de Mauricio, independientemente de que estuviera bajo dominio francés o británico. La separación fue artificial cuando en 1968 se hizo evidente que la isla tendría que lograr la independencia, y para entonces ya se estaba deliberando sobre la idea de construir una base aérea. En segundo lugar, los habitantes de la isla eran criollos, similares a los mauricianos, y descendientes de esclavos traídos por los franceses. En tercer lugar, recordamos a la población en pasado porque todos fueron trasladados ilegalmente a Mauricio y Seychelles cuando se construyó la instalación militar. Sus descendientes siguen luchando por su derecho a regresar a casa.
En noviembre de 2022, Londres accedió amablemente a discutir con los isleños la devolución del territorio. Sin embargo, la postura británica no ayuda y pretende retrasar el proceso. El Reino Unido insiste en que la base aérea debe seguir operativa incluso después de la transferencia de soberanía.
En Port Louis se llegó a un compromiso, pero la cuestión del regreso de la gente sigue sin resolverse. No está claro cómo esa gente puede vivir en las islitas que están vacías e intentar hacer negocios, ya que el despliegue del personal de la base y la instalación del perímetro de seguridad exigieron en su día el desalojo de todos los residentes. Aunque algunas personas quieran compartir las islas con los militares, los británicos dicen que no pueden devolver las tierras antes de que finalice el contrato de arrendamiento. Incluso podrían esperar encontrar otro pretexto para retrasar la resolución.
Artículo publicado originalmente en Oriental Review.
Foto de portada: La bandera del Territorio Británico del Océano Índico ondea en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres.
