“Evo Morales está dispuesto a bloquear nuestra economía y a convulsionar nuestro país para imponer su candidatura, a las buenas o a las malas como él mismo ha dicho. Esto con el objetivo de generar un escenario de crisis estructural, económica, política, social e institucional, para acortar el mandato del presidente Lucho (Luis Arce). Así como se pretende descabezar al Órgano Judicial de manera inconstitucional, se pretende hacer lo mismo en otros órganos del Estado”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Los partidarios de Morales, líder de un ala del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), advirtieron que iniciarían los bloqueos de caminos en caso de que Arce no promulgue la Ley 075, que destituye a los magistrados de los altos tribunales del país.El plazo venció el jueves, por lo que insinuaron con aplicar medidas de presión para lograr la promulgación de la norma.
La ley fue aprobada por el Legislativo en una polémica sesión en la que participaron los legisladores «evistas, junto a bancadas de los partidos de oposición Comunidad Ciudadana y Creemos. El bloque «arcista” estuvo ausente y denunció la ilegalidad de esa reunión. A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP ) extendió sus funciones y el de los magistrados de altos tribunales del país para evitar «un vacío de poder» hasta que se efectúen los comicios judiciales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró “nulos” los actos en la sesión parlamentaria que presidió el senador “evista” Andrónico Rodríguez, cuando el presidente nato del Legislativo y vicepresidente del país, David Choquehuanca, asumió como mandatario en ejercicio por el viaje de Arce a Rusia.
A finales del año pasado, el TCP extendió sus funciones y el de los magistrados de altos tribunales del país para evitar “un vacío de poder” hasta que se efectúen los comicios judiciales. También resolvió que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y que en el país se aplica “una única vez” de forma continua o discontinua, lo que afecta a Morales que busca ser candidato por el MAS en 2025, pero que ya gobernó Bolivia en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).
Esto causó a principios de año que los grupos afines a Morales realicen fuertes bloqueos de caminos de 16 días que se levantaron tras un acuerdo multipartidario que derivó en una nueva convocatoria a las elecciones judiciales en febrero, un proceso que está estancado en el Parlamento, junto a la aprobación de las “leyes antiprórroga” de los magistrados.
En conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, Prada señaló que los bloqueos que está organizando Morales pretenden también acortar el mandato de asambleístas nacionales y departamentales, gobernadores, alcaldes y concejales. Señaló que las demandas no tienen que ver con magistrados ni las leyes sino con una “ambición enfermiza por el poder”, para darle un golpe a la economía, con el cerco a las ciudades y una asfixia a la producción, que apunta a desabastecer de combustible y de alimentos.
“Señor Evo Morales ¡Deje gobernar al presidente Lucho y a todas las autoridades democráticamente electas! ¡Deje de organizar bloqueos que perjudican la economía del pueblo! Deje de buscar enfrentamientos en organizaciones sociales, en sectores, en departamentos, en municipios y en comunidades. El pueblo es sabio y se da cuenta lo que usted está haciendo”, emplazó la ministra.
Prada dijo que el diálogo siempre estará abierto para los sectores que busquen hacer conocer sus demandas, observaciones o sugerencias al gobierno, porque ese debe ser el camino a tomar y no los bloqueos ni la asfixia económica que solo perjudican al pueblo.
“Señor Evo Morales su angurria de poder lo está llevando a actuar en contra de los intereses del pueblo, y lo ha llevado a urdir un plan para destruir la economía de los bolivianos y tomar el poder por la vía del desastre”, advirtió.
La semana pasada, Bolivia anunció el despliegue de militares en las 700 estaciones de gasolina y diésel en todo el país para combatir el contrabando de esos combustibles que importa y vende a precios subsidiados. El gobierno de Luis Arce movilizó un contingente de 880 soldados para vigilar 120 puntos de distribución, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas.
Previamente, los representantes del transporte pesado nacional e internacional anunciaron una huelga el jueves 27 de junio para que el Gobierno solucione la falta de dólares, el aumento de los precios de los alimentos y la falta de combustibles, junto a otros pedidos sectoriales.
Boris Acosta Reyes* Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE
Este artículo ha sido publicado en el portal www.estrategia.la
Foto de portada: EFE
