Pese a la aprobación de la ley, el movimiento de protesta contra la reforma de las pensiones no pierde intensidad con la incorporación de muchos jóvenes, según las organizaciones estudiantiles, y con sectores en huelga que, como el de los combustibles, amenazan con paralizar la economía. Lo ajustado del resultado que permitió sacar adelante la reforma el lunes pasado por tan solo nueve votos y la firmeza de Macron, dispuesto a aplicarla antes de fin de año pese a su escasa popularidad, parecen haber fortalecido la protesta.
La movilización contra la reforma de las pensiones no se debilita, al contrario, unos días después de la adopción definitiva del texto en la Asamblea. En la novena jornada de manifestaciones nacionales convocada por la intersindical, el jueves 23 de marzo, los opositores a la reforma del Gobierno eran claramente más numerosos que el 15 de marzo en muchas ciudades francesas: 3,5 millones según las cifras de la CGT (de ellos 800.000 en París) y cerca de 1,1 millones según el Ministerio del Interior (de ellos 119.000 en la capital). Estas cifras son casi idénticas a las de la mayor jornada de manifestaciones hasta la fecha, el 7 de marzo.
Una semana después de una octava ronda de manifestaciones (480.000 manifestantes en todo el país según el Ministerio del Interior, más de 1,7 millones según la CGT) y al día siguiente de la entrevista de Emmanuel Macron, las procesiones volvieron a llenarse. En Ruán, la prefectura contabilizó 14.800 manifestantes, un récord desde el inicio del movimiento social, mientras que la CGT afirmó que fueron 23.000.
Cerca de 300.000 manifestantes en Marsella, según la CGT
La participación también aumentó considerablemente en Lyon (de 22.000 a 55.000 manifestantes), Brest (de 20.000 a 40.000) o Montpellier (de 18.000 a 40.000), donde, no obstante, la movilización se mantuvo por debajo de los picos registrados en días anteriores, especialmente el 31 de enero y el 7 de marzo. También se observó un aumento con respecto al día anterior de la movilización en ciudades medianas como Agen (de 4.000 a 6.000), Laval (de 5.200 a 9.600) o Valenciennes (3.100 según la policía).
Si las cifras suelen variar de simple a doble entre los recuentos de la policía y los de los sindicatos, algunas ciudades destacaron con diferencias mucho más pronunciadas, en particular Saint-Etienne (de 6.200 a 35.000), Niza (de 5.200 a 40.000) y, como de costumbre, Marsella, donde la prefectura contabilizó 16.000 manifestantes, es decir, diecisiete veces menos que los 280.000 contabilizados por la CGT.
La policía hizo uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para repeler a los manifestantes en la ciudad de Rennes, al oeste del país, así como en Nantes, donde recibieron proyectiles. En Lorient, algunos manifestantes atacaron la subprefectura y una comisaría, e incendiaron los alrededores.
En la capital, varios autos, basuras y barricadas fueron incendiados. 12.000 uniformados han sido desplegados en todo el país, de los cuales 5.000 en París, una cantidad nunca antes alcanzada desde el inicio de la movilización en diciembre pasado.
La red de trenes se mantuvo perturbada y una treintena de estaciones de metro cerró durante toda la jornada. El ministerio de Transición energética informó que debido al bloqueo de las refinerías había riesgo de escasez de keroseno en los aeropuertos parisinos.
Decenas de liceos y universidades están bloqueados. Los sindicatos estiman que entre 40% y 50% de los profesores de escuela están en huelga este jueves.
El gobierno espera que la movilización «decaiga» y todo vuelva a la normalidad «el fin de semana», pero los sindicatos ya llamaron a nuevas protestas de «proximidad» sábado y domingo y a una nueva gran jornada de manifestación el martes 28 de marzo.
Las huelgas provocaron también fuertes perturbaciones en el transporte público de París, la anulación de la mitad de trenes de alta velocidad, el cierre de escuelas, el bloqueo de liceos y universidades, y el cierre incluso de la Torre Eiffel.
Macron rechaza todas las críticas en una entrevista televisiva
El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere que la polémica reforma de las pensiones entre en vigor a finales de año. Sin embargo, según los sondeos en Francia, hasta el 70 por ciento de la población la rechaza. El índice de aprobación de las políticas del presidente es el más bajo de los últimos años, con un 28 por ciento.
Sin embargo, parece afectar poco a un Macron que está en su segundo mandato. «No puedo ser reelegido en cuatro años. No miro los índices de popularidad, hago lo que es necesario para el país», dijo en una entrevista retransmitida en directo desde el Palacio del Elíseo el miércoles (22.03.2023). Impulsar el aumento de la edad de jubilación a los 64 años en contra de la mayoría de los franceses «no me hace feliz, pero había que hacerlo», afirmó el presidente.
«Creo que es una pena que no hayamos sido capaces de convencer a todo el mundo. No estoy contento, pero no me arrepiento de nada», ha dicho Emmanuel Macron en respuesta a las reiteradas preguntas de dos periodistas de las cadenas de televisión France2 y TF1.
El presidente se mostró comprensivo con las protestas y el enfado de mucha gente. Utilizar el derecho a manifestarse es perfectamente legítimo, apuntó. «Escucharemos y seguiremos avanzando, pero nunca cederemos a la violencia», comentó en referencia a los violentos disturbios nocturnos y al incendio de contenedores de basura y vehículos de los últimos días y semanas. Varios centenares de personas habían sido detenidas temporalmente desde el lunes a raíz de los disturbios. «La violencia extrema no forma parte de esta república», sentenció.
Desde el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron invitó a los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales a hablar sobre nuevas reformas, salarios mínimos más altos, reducción del desempleo, el aumento de puestos de trabajo en la industria y los problemas sociales. Macron también anunció un nuevo impuesto sobre el exceso de beneficios en la industria. No está previsto que sea retirada la reforma de las pensiones, una remodelación del Gobierno, la disolución de la Asamblea Nacional, nuevas elecciones o un referéndum, agregó.
La alternativa al retraso de la edad de jubilación habría sido el aumento de los aportes jubilatorios, recortes en los montos de las pensiones e incluso un aumento de los impuestos. «¿Es eso lo que quieren?», preguntó retóricamente Macron. «La gente no quiere oír la verdad».
Los principales líderes sindicales acusaron a Macron de «echar leña al fuego» de las protestas al calificar de «muchedumbre» a los manifestantes y comparar los actos violentos en Francia con acciones como el asalto al Capitolio en Estados Unidos o al Parlamento de Brasil. «Es una provocación», indicó el líder de la CGT, Philippe Martinez, el más combativo de los sindicatos del frente unido, que protagoniza además otro tipo de acciones, como el bloqueo de depósitos de combustible.
Su colega Laurent Berger, al frente de la más dialogante CFDT, tampoco aceptó la mano que el miércoles le había tendido Macron, que apeló a restituir el diálogo, algo que, por ahora, parece complejo en vista de las posiciones tan lejanas. Pero Berger alertó contra el peligro de que la violencia les haga perder la batalla de la opinión pública, que por ahora los sondeos sitúan abrumadoramente en contra de la reforma de las pensiones.
Aplazada la visita a Francia del rey Carlos III
«Los gobiernos francés y británico (…) tomaron esta decisión para acoger a su majestad el rey Carlos III en las condiciones que corresponden a nuestra relación de amistad», reza una declaración del Elíseo, sin precisar ninguna nueva fecha para la visita.
El nuevo rey británico no pisará (de inmediato) suelo francés. La visita de Estado de Carlos III a Francia, prevista del domingo 26 de marzo al miércoles 29 de marzo, se «aplaza», «dado el anuncio de un nuevo día nacional de acción contra la reforma de las pensiones» el martes, anunció el Elíseo el viernes. El rey Carlos y Camila están deseando ir a Francia «tan pronto como se puedan encontrar fechas», reaccionaron en un comunicado de prensa desde el Palacio de Buckingham.
¿En qué consiste el RIP, el Referéndum de Iniciativa Compartida?
Tras el uso por el Gobierno del artículo 49.3 de la Constitución para imponer su reforma de las pensiones, y el fracaso de las dos mociones de censura propuestas en la Asamblea Nacional, la coalición de izquierdas Nupes presentó este lunes ante el Consejo Constitucional una solicitud de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) sobre dicha reforma. De completarse el proceso, se trataría de una primera vez: el mecanismo nunca ha tenido éxito hasta ahora.
Nuevo proyecto de ley
El RIP compartida prevé la posibilidad de organizar una consulta popular sobre una propuesta de ley. Para ello, una quinta parte de los parlamentarios deben presentar un “proyecto de ley de referéndum”.
En la situación actual, el RIP ya cuenta con el apoyo de 250 parlamentarios, lo cual es suficiente para presentar un proyecto de ley. Este consta de un solo artículo, que pretende fijar la edad máxima de jubilación en 62 años.
“Nuestro sistema no permite derogar por referéndum una ley que lleva menos de un año en vigor. Por ello, era importante que la izquierda presentara este RIP antes de que se promulgara la ley aprobada el 20 de marzo”, explica a France 3 Anna Maria Lecis, profesora en Sciences Po Bordeaux.
Varias etapas
A continuación, el Consejo Constitucional tiene un mes para comprobar la admisibilidad de la propuesta, en particular examinando si la consulta se refiere a los ámbitos de “la organización de los poderes públicos, las reformas relativas a la política económica, social o medioambiental y los servicios públicos que contribuyen a ellas”.
Si la solicitud es admisible, podría iniciarse la recogida de firmas de los ciudadanos, para intentar alcanzar el 10% de los votantes, es decir, unos 4,87 millones de firmas, en un plazo de nueve meses. Si se obtienen las firmas, la Asamblea Nacional y el Senado tienen seis meses para examinar el nuevo proyecto de ley.
“Durante este periodo, cada una de las asambleas debe examinar el texto, al menos en primera lectura. A continuación, pueden enmendarlo y adoptar su versión modificada, o incluso rechazarlo. Esto impediría la celebración del referéndum. Así que hay muchos obstáculos. Si el Parlamento no examina el texto en el plazo de seis meses, el presidente de la República lo somete entonces a referéndum”, detalla Anna Maria Lecis.
Artículo construído con informaciones de DW, Página12, RFI, Francetvinfo.
Título y bajada a cargo de PIA Global.
Foto de portada: Manifestantes en París, en la plaza de la Bastilla, el 23 de marzo de 2023 durante una nueva jornada de movilización contra la reforma de las pensiones. (THOMAS SAMSON / AFP)
