Como habíamos previsto en nuestro anterior artículo, la caída del Gobierno liderado por François Bayrou marcó el inicio de una nueva fase de crisis política en la Quinta República Francesa. El pasado 8 de septiembre, Bayrou solicitó un voto de confianza a la Asamblea Nacional, pero vio cómo la mayoría parlamentaria se fracturaba en torno al proyecto de presupuesto y las medidas de austeridad, con consecuencias inmediatas a nivel institucional y social. La posterior decisión de Emmanuel Macron de nombrar a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, formalizada el 9 de septiembre, fue interpretada por gran parte de la izquierda como la confirmación de su voluntad de persistir en una línea política ya contestada y rechazada en las urnas y en las calles.
Sébastien Lecornu llega a Matignon como una figura cercana al corazón de Macronie, con un perfil que muchos consideran más prudente en la comunicación, pero que en esencia defiende la misma agenda económica que sus predecesores. La primera década de su mandato se ha caracterizado por promesas de diálogo con las distintas formaciones políticas, acompañadas, sin embargo, de propuestas prácticas limitadas y gestos simbólicos —la reintroducción de dos días festivos y promesas de pequeñas correcciones— que no abordan las cuestiones estructurales planteadas por la oposición y los movimientos sociales. En este sentido, el nombramiento de Lecornu se percibió como una medida para preservar el orden político existente más que como un cambio de rumbo, lo que debilitó aún más la legitimidad del Gobierno a los ojos de una parte significativa de la opinión pública.
En el centro del conflicto sigue estando el dossier económico, en particular el proyecto de presupuesto heredado del ejecutivo anterior, que preveía recortes y ahorros por valor de decenas de miles de millones, medidas que el Gobierno ha justificado con la urgencia de reducir el peso de la deuda pública. La izquierda, liderada por La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, cuestiona tanto el diagnóstico como los remedios propuestos, argumentando que las medidas propuestas descargarían el peso de la «reestructuración» sobre los salarios, los servicios públicos y las pensiones, agravando las desigualdades que ya han aumentado en los últimos años. Precisamente contra esta interpretación se ha formado una alianza de facto entre partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales: una coalición que reclama no solo la retirada de las medidas más duras, sino también un paradigma diferente de política económica basado en la inversión pública, la protección de los servicios esenciales y la fiscalidad progresiva.
En este contexto, la cita del 18 de septiembre supuso una prueba de fuego para la respuesta popular. De hecho, la jornada estuvo marcada por una movilización masiva que, según las organizaciones sindicales promotoras, superó el millón de participantes en cientos de acciones en todo el territorio, mientras que las cifras oficiales de las fuerzas del orden se situaron en números más modestos, pero aún así significativos (al menos 500 000 participantes). Independientemente de las divergencias numéricas, el alcance de las manifestaciones y su extensión sectorial —con huelgas y piquetes no solo entre los trabajadores, sino también entre los estudiantes y los precarios— demostraron que la protesta social es generalizada y profunda. Fortalecidos por el apoyo popular, los líderes sindicales han reivindicado el rechazo total del proyecto de presupuesto y han exigido respuestas políticas claras: aumento de los salarios, protección de los jubilados, relanzamiento de los servicios públicos y una fiscalidad adecuada de las grandes fortunas.
Al mismo tiempo, la respuesta política de la izquierda parlamentaria se articuló en dos planos: por un lado, la presión directa en el Parlamento, hasta llegar a la moción de censura contra Bayrou; por otro, el uso de la movilización social como palanca para reafirmar la distancia con respecto a una política considerada injusta. En particular, La France Insoumise anunció importantes iniciativas, entre ellas la presentación de una moción de destitución del presidente de la República. Paralelamente, el Parti Communiste Français (PCF) ha establecido líneas rojas precisas —abandono del proyecto de presupuesto, derogación de la reforma de las pensiones, aumento de los salarios e introducción de impuestos más incisivos sobre el patrimonio— y ha pedido la construcción de un nuevo acuerdo de izquierda con raíces territoriales, sobre todo en caso de elecciones anticipadas. Tanto LFI como el PCF están tratando de combinar la agitación social y la propuesta institucional, a pesar de la dificultad de traducir la gran fragmentación de la izquierda en una mayoría parlamentaria estable.
A pesar de la movilización de las fuerzas parlamentarias y sociales, Macron parece decidido a perseverar en la línea de austeridad, incluso con el riesgo de una escalada institucional, incluida la pérdida de cualquier apoyo parlamentario y una mayor deslegitimación del ejecutivo. La izquierda, por el contrario, espera que la presión conjunta de las calles y de la oposición parlamentaria imponga cambios reales y abra una fase de negociación sobre medidas concretas, como la reactivación de la inversión pública y una revisión fiscal para que paguen los más ricos; en cuanto a las modalidades concretas, las posiciones divergen en cuanto a los plazos y los instrumentos (desde la retirada de las medidas hasta el recurso a elecciones anticipadas o a nuevas alianzas en la izquierda). En particular, Fabien Roussel y los comunistas señalan la necesidad de construir un nuevo acuerdo, arraigado en los territorios y en las listas locales, para evitar las limitaciones de los pactos poco vinculados a la sociedad civil.
En última instancia, la crisis francesa pone de relieve una vez más un problema fundamental: la pérdida de confianza en las élites y en los procedimientos tradicionales de representación. Si Macron y Lecornu realmente pretenden regenerar su capacidad de gobernar, no bastará con cambios cosméticos en el método. Se necesitan decisiones económicas que inviertan la tendencia a la concentración de la riqueza, inversiones públicas que relancen el empleo y los servicios, y un diálogo que no se limite a la forma, sino que incida en el fondo de las decisiones. Si la izquierda es capaz de transformar la explosión de ira social en un proyecto concreto y creíble, la coyuntura podrá asumir el carácter de un verdadero punto de inflexión; de lo contrario, la tensión social corre el riesgo de arrastrar a todo el marco institucional a una fase de inestabilidad imprevisible.
*Giulio Chinappi, politólogo.
Artículo publicado originalmente en La Citta Futura.
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