Cuando el pasado julio Pedro Sánchez acudió al Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre los Fondos Europeos, fue recibido entre aplausos. Poco faltó para que le hicieran la ola. La ministra Montero valoró los 140.000 millones asignados al estado español como algo “histórico” y Pablo Iglesias afirmó que el acuerdo iba “en una dirección diametralmente opuesta” a la respuesta austericida que se dio a la crisis de 2008.
Desde el otro extremo, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, también lo valoró como “histórico” –¡toca madera!-, y Pablo Casado, líder del PP, señaló que era “un buen acuerdo”, pues conllevaba “estabilidad presupuestaria y económica y reformas estructurales”. Así que todos, izquierdas y derechas, lo alabaron como histórico. La cuadratura del círculo acababa de lograrse.
Las ayudas consistían, mitad y mitad, en subvenciones a fondo perdido y préstamos a bajo interés para los próximos años. Más tarde se supo que las primeras estarán condicionadas a la aplicación de las recetas que imponga la Comisión Europea (CE), quien ha hablado ya de reformar las pensiones y el mercado laboral. El Acuerdo señala también que, cuando la situación lo permita, se aplicará de nuevo la política de austeridad presupuestaria ahora suspendida por razón de la pandemia.
Por otro lado, el control del cumplimiento de estas condiciones será riguroso. Cada estado pasará semestralmente un examen y, si éste no es favorable, las ayudas podrán ser reducidas, anuladas o, incluso, recuperarse las ya otorgadas, según sea el nivel de incumplimiento. Dígase de paso que el examinador, la CE, no es un órgano que haya mostrado hasta hoy sensibilidad alguna por el impulso de políticas sociales progresistas.
Otro aspecto esencial a valorar es el de las siete áreas a las que se destinarán estos fondos, todas ellas vinculadas con la transición ecológica y la digitalización. Curiosamente, no se mencionan para nada aquellos problemas de fondo puestos de manifiesto por la pandemia: sanidad, educación, atención social o industria farmacéutica. Fortalecer los servicios públicos y sacar a patadas a los fondos buitres y multinacionales que mercadean en estos ámbitos, no parece preocupar a la CE.
Nadie discute que obtener estas importantes subvenciones a fondo perdido para hacer frente a los estragos causados por la pandemia sea algo positivo. Pero ahí no acaba nada, sino que empieza todo de nuevo. Supongamos, por ejemplo, que se aumentan los fondos públicos destinados a sanidad, educación y servicios sociales….., pero que se destinan íntegramente a engrosar subvenciones y conciertos con los negocios privados que campean por estos sectores. ¿Sería esto algo progresista? Desde un punto de vista social-liberal, sin duda, pero, ¿lo sería también desde postulados de izquierda?
La transición ecológica y la digitalización que se pretende fomentar va hoy de la mano de los intereses de las grandes corporaciones. Hace años ya que éstas vienen vistiendo de verde, tecnología limpia y derechos humanos buena parte de sus proyectos. Hablamos de Unión Fenosa, Repsol, BBVA, Caixabank, Telefónica, Iberdrola, Santander… Responsabilidad Social Corporativa llaman a esto. Y si esto fue en sus inicios, allá por los años 90, una mera cuestión de mejora de marketing e imagen, ahora ha pasado a ser toda una estrategia en búsqueda de nuevos mercados y nichos de negocio.
Por ello, evidentemente, no es lo mismo que estos ingentes fondos se dediquen a impulsar la creación de una banca pública y social, que sumarse a los planes de digitalización que ya ha puesto en marcha la Banca (BBVA, Santander, Caixabank…), planes que conllevan a su vez fuertes recortes de plantilla. Como tampoco lo es desarrollar una política pública de creación de parques eólicos y fotovoltáicos de cercanía, y de distribución y comercialización de energía, que cofinanciar los macroproyectos “verdes” de las multinacionales eléctricas españolas.
En lo relativo al ámbito de decisión, será la CE (Borrel es allí el representante español), quien corte el bacalao imponiendo condiciones y vigilando su cumplimiento. Por otro lado, serán el gobierno central el único que podrá proponer a ésta la lista de proyectos a subvencionar, algo que ya se está cocinando con altos niveles de secretismo y falta de transparencia (los lobbies de la CEOE llevan tiempo ya en ello). Mientras tanto, a las Comunidades Autónomas solo les cabe, compitiendo entre sí, intercambiar cromos con el gobierno central (si me apruebas esto yo te voto lo otro) a fin de introducir en la lista final sus propios proyectos locales y poder así vender luego en casa la imagen de ser un buen “conseguidor”. Platos de lentejas, vamos.
A finales de enero, el Congreso español aprobó inicialmente el procedimiento a seguir para el reparto de los fondos europeos, algo que ahora deberá pasar por Comisión para ser enmendado por los distintos grupos. Bruselas, por su parte, acaba de urgir a los estados miembros para que esto se apruebe cuanto antes. El estado español deberá definir así en breve plazo su lista de proyectos definitiva y mecanismos de reparto. Entonces se sabrá qué es lo que contenía de verdad aquel acuerdo “histórico” de julio, tan alabado por izquierdas, derechas y patronal.
En mi opinión, poco puede esperarse de lo que resulte finalmente. Quizás alguien piense que ser pájaro de mal agüero no es lo mejor para los tiempos que corren. Sin embargo, vender humo y hacer la del avestruz, solo sirve para crear pasividad, hoy, y desconfianza en la izquierda, mañana, cuando el cántaro se rompa al llegar a la fuente. El acento, por el contrario, habrá que ponerlo en la necesidad de afilar un discurso alternativo al social-liberal imperante y prepararse para desactivar esta política antisocial, impulsando para ello lo que ya se está expresando en el ámbito de la salud, educativo, ecologista, sindical, pensionista, juvenil… Mejor esto que vender humo. Dará mejores dividendos.
Fuente: Viento Sur
