El ejército fue puesto en “alerta roja” y todas las licencias del personal militar quedaron suspendidas. Aunque las autoridades insistieron en que se trataba de un protocolo de seguridad, fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas confirmaron que grupos de ex generales y particulares intentaron persuadir a oficiales en servicio activo para que retiraran su apoyo al presidente Ferdinand Marcos Jr.
El secretario de Defensa, Gilberto Teodoro Jr., y el jefe del Estado Mayor, Romeo Brawner Jr., tuvieron que salir públicamente a defender la unidad nacional y advertir que no permitirían ninguna intervención inconstitucional. Aun así, la sola necesidad de ese pronunciamiento refleja la fragilidad política del momento.
El factor Duterte: una vicepresidencia incómoda
La crisis no puede entenderse sin la figura de la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte. La relación con Marcos Jr. se ha deteriorado al punto de generar una disputa abierta en la cúpula del poder.
Sectores cercanos a Duterte-Carpio han insinuado su intención de capitalizar el descontento social para forzar la renuncia del presidente y provocar su ascenso.
Sin embargo, la percepción dentro de las Fuerzas Armadas no juega a su favor. Una fuente militar de alto rango calificó a Duterte-Carpio de “perezosa” e “inestable”, descartando cualquier apoyo en caso de que intentara desplazar a Marcos Jr.
Además, la vicepresidenta ha gastado parte de su capital político en giras internacionales buscando apoyo para la liberación de su padre, actualmente detenido, lo que ha alimentado la crítica sobre su falta de compromiso con los asuntos nacionales.
Protestas y memoria histórica
El clima de tensión se agudiza con la convocatoria de masivas movilizaciones contra la corrupción. Una huelga de transporte y una “marcha de un billón de pesos” coincidirán con el aniversario número 53 de la ley marcial impuesta por Ferdinand Marcos Sr. en 1972. La elección de la fecha no es casual: los organizadores buscan reactivar el espíritu del levantamiento popular de 1986 que derrocó a la dictadura de los Marcos.
Más de 200 organizaciones —estudiantes, grupos religiosos, sindicatos y asociaciones civiles— se han sumado a la protesta. El mensaje es claro: el pueblo no tolerará que el saqueo y el abuso de poder se repitan. El recuerdo del EDSA y del derrocamiento de Marcos Sr. sigue vivo, y el simbolismo pesa sobre el actual presidente.
El detonante inmediato de la crisis ha sido el escándalo de los proyectos de control de inundaciones. Según datos oficiales, entre 2023 y 2025 se destinaron anualmente unos 118.500 millones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) a obras inexistentes o deficientes, producto de un esquema sistemático de sobornos y desvío de fondos.
La indignación popular se ha multiplicado, y aunque Marcos Jr. aseguró que respeta las protestas e incluso insinuó que, de no ser presidente, estaría en las calles con los manifestantes, muchos perciben en sus palabras un intento de desmarcarse de un sistema que lo involucra. Para los críticos, el problema no es coyuntural: se trata de un reflejo de la corrupción estructural que ha corroído a las instituciones filipinas durante décadas.
Entre la calle y los cuarteles
La mayor preocupación de los analistas no es solo la protesta en sí, sino el riesgo de que actores políticos y militares la utilicen como chispa para un levantamiento. Ronald Llamas, exasesor presidencial, advirtió que los conspiradores están buscando un “detonante” para un motín, y que el escándalo de las inundaciones podría ser ese punto de quiebre si no se avanza en la investigación.
Aunque las Fuerzas Armadas han declarado que seguirán subordinadas a la Constitución y a la cadena de mando, la historia filipina muestra que el retiro de apoyo militar ha sido decisivo en momentos de crisis, como en 1986. Esa sombra vuelve a proyectarse sobre el presente.
La confrontación entre Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte expone una crisis de representación más profunda en Filipinas. La élite política parece atrapada en disputas personales mientras el país enfrenta un descontento social creciente y un sistema corroído por la corrupción.
La incógnita radica en si el ejército mantendrá su lealtad institucional o si, como en el pasado, decidirá inclinar la balanza. Lo cierto es que el escenario filipino combina memoria histórica, luchas de poder y una sociedad movilizada que amenaza con romper el frágil equilibrio político.
*Foto de la portada: Reuters
