Este acontecimiento sin precedentes no solo representa un hito en términos de justicia internacional, sino que también se inscribe en un momento de profunda polarización política interna y de crecientes tensiones geopolíticas en el Sudeste Asiático.
Con las elecciones de mitad de mandato programadas para el 12 de mayo, el panorama político filipino se encuentra en un estado de ebullición que podría determinar el futuro del país y su posición en el tablero regional.
El caso Duterte debe analizarse no como un evento aislado, sino como parte de un complejo entramado de dinámicas políticas, sociales y geopolíticas que convergen en este momento crucial para Filipinas.
La forma en que se desarrolle este proceso judicial y su impacto en las próximas elecciones podría redefinir las alianzas políticas internas, influir en la orientación de la política exterior filipina y, potencialmente, alterar el equilibrio de poder en una región que se ha convertido en epicentro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
El caso judicial contra Duterte: precedentes y contexto
Rodrigo Duterte llegó a la presidencia de Filipinas en 2016 con la promesa de acabar con el narcotráfico y la delincuencia mediante métodos drásticos. Su guerra contra las drogas, que había implementado previamente durante sus 22 años como alcalde de Davao, se transformó en una política nacional caracterizada por operativos policiales agresivos y numerosas ejecuciones extrajudiciales. Según cifras oficiales, aproximadamente 6.000 personas murieron en estos operativos, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de víctimas supera las 30.000.
La CPI inició una investigación preliminar sobre estos hechos en febrero de 2018, ante lo cual Duterte respondió retirando a Filipinas del Estatuto de Roma en marzo de 2019. Sin embargo, la Corte ha mantenido su jurisdicción argumentando que los crímenes bajo investigación ocurrieron mientras Filipinas era aún miembro del tratado. El ámbito temporal de la investigación abarca desde el 1 de noviembre de 2011, cuando Duterte era todavía alcalde de Davao, hasta el 16 de marzo de 2019, fecha efectiva de la retirada del país del Estatuto de Roma.
La orden de arresto emitida contra Duterte refleja la determinación del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien ha argumentado que existen «motivos razonables» para creer que el expresidente lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales como parte de una política sistemática. La detención y traslado de Duterte a La Haya representa un momento histórico para la justicia internacional, como ha señalado Rachel Chhoa-Howard de Amnistía Internacional: «La comparecencia de Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional es una escena que las familias de los miles de víctimas de la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas temían no llegar a ver».
Resulta significativo que, a pesar de su detención, la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC) haya confirmado que Duterte mantiene su candidatura a la alcaldía de Davao para las elecciones del 12 de mayo. Según George Erwin Garcia, jefe electoral filipino, «la detención de alguien acusado de un crimen, incluso en nuestro propio país, no es suficiente para retirar el nombre del candidato o descalificarlo». Esta situación sin precedentes añade una capa adicional de complejidad al ya tenso panorama político.
Crisis política e institucional en Filipinas
El arresto de Duterte se produce en un contexto de grave crisis institucional que ha venido gestándose desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022. La alianza política que llevó a Marcos a la presidencia y a Sara Duterte, hija del expresidente, a la vicepresidencia, se ha fracturado de manera dramática, revelando profundas divisiones entre los dos clanes políticos más poderosos del país.
En febrero de 2025, la Cámara baja filipina, controlada mayoritariamente por aliados de Marcos Jr., intentó destituir a la vicepresidenta Sara Duterte, acusándola de graves delitos que incluían un supuesto complot para asesinar al presidente, corrupción a gran escala y falta de firmeza ante las «acciones agresivas» de China en el Mar de China Meridional.
La solicitud de destitución fue firmada por 215 de los 306 legisladores, una cifra significativamente superior a la requerida para iniciar el proceso. Aunque finalmente el Senado no procedió con la destitución, este episodio evidenció la ruptura total entre ambas facciones políticas.
La fragmentación política se ha intensificado con el arresto de Rodrigo Duterte. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, ha calificado la detención como un «secuestro» y «traslado forzoso», cuestionando la legalidad del procedimiento y sugiriendo la complicidad del gobierno de Marcos Jr. en la extradición.
Tras visitar a su padre en el Centro de Detención de La Haya, Sara Duterte transmitió un mensaje inquietante: el expresidente habría prometido que «habrá un día de ajuste de cuentas para todos», una declaración que ha sido interpretada como una amenaza velada contra quienes facilitaron su extradición.
Las manifestaciones en apoyo a Duterte que se han producido en Manila y otras provincias filipinas demuestran que el expresidente mantiene una significativa base de apoyo popular. Los manifestantes, que ondeaban banderas filipinas y portaban carteles pidiendo «apoyar» a Duterte, acusaron abiertamente a Marcos Jr. de «traidor» por entregar al expresidente a la justicia internacional. Esta polarización social refleja las profundas divisiones que caracterizan actualmente a la sociedad filipina.
El valor geopolítico de Filipinas en el Indo-Pacífico
Para comprender plenamente la trascendencia de la crisis política actual en Filipinas, es fundamental analizar el papel estratégico que juega el archipiélago en la geopolítica del Indo-Pacífico. Situada en una posición privilegiada entre el Mar de China Meridional y el Océano Pacífico, Filipinas ha sido históricamente un punto de inflexión en las configuraciones de poder regional, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial.
Con más de 7.600 islas y una ubicación que controla importantes rutas marítimas comerciales, Filipinas representa un enclave estratégico de primer orden. Su geografía otorga al país un valor incalculable en términos de proyección de poder naval y aéreo, control de líneas de comunicación marítimas y acceso a recursos naturales. Por este motivo, tanto Estados Unidos como China han buscado fortalecer sus vínculos con Manila en las últimas décadas.
La relación entre Filipinas y Estados Unidos se remonta a 1898, cuando Washington adquirió el control del archipiélago tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Aunque Filipinas obtuvo su independencia en 1946, los lazos militares y económicos con Estados Unidos han persistido. El Tratado de Defensa Mutua de 1951, que sigue vigente, establece un compromiso de defensa recíproca entre ambos países. Durante la Guerra Fría, Filipinas albergó importantes bases militares estadounidenses como Subic Bay y Clark Air Base, que fueron fundamentales para la proyección del poder estadounidense en Asia.
La relación experimentó altibajos durante las primeras décadas del siglo XXI, especialmente durante la presidencia de Duterte, quien adoptó una política exterior más independiente e incluso amenazó con anular el Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA), que permite la presencia de tropas estadounidenses en territorio filipino. Sin embargo, bajo el gobierno de Marcos Jr., se ha producido un notable acercamiento a Washington, con la firma del Acuerdo de Cooperación en Defensa Mejorada (EDCA) que permite a Estados Unidos utilizar nueve bases militares en territorio filipino.
Esta reorientación estratégica de Filipinas debe entenderse en el contexto de las crecientes tensiones con China en el Mar de China Meridional. Pekín reclama soberanía sobre casi la totalidad de este mar mediante la controvertida «línea de nueve puntos», lo que ha generado disputas territoriales con varios países de la región, incluido Filipinas. Los enfrentamientos en áreas como el Arrecife Scarborough y el Banco de Arena Second Thomas han escalado en los últimos años, con incidentes que incluyen el uso de cañones de agua por parte de la guardia costera china contra embarcaciones filipinas.
En 2016, un tribunal de arbitraje internacional falló a favor de Filipinas, rechazando las reclamaciones históricas de China sobre el Mar de China Meridional. Sin embargo, Pekín ha ignorado este fallo y ha continuado con la militarización de islas artificiales y la presión sobre las embarcaciones filipinas que operan en aguas disputadas. Esta situación ha llevado a Marcos Jr. a buscar un mayor respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos y sus aliados en la región.
Filipinas como pieza clave en la estrategia de contención de Estados Unidos
La anterior administración Biden en coincidencia con la actual gestión de Trump ha identificado a China como el principal desafío geopolítico para Estados Unidos, implementando una estrategia de «competencia responsable» que busca contener la expansión de la influencia china en el Indo-Pacífico.
En este contexto, Filipinas ha emergido como un aliado crucial debido a su ubicación estratégica y su creciente disposición a alinearse con Washington bajo el liderazgo de Marcos Jr.
En abril de 2023, Estados Unidos y Filipinas realizaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en décadas, denominados «Balikatan» (hombro con hombro), que incluyeron por primera vez maniobras de defensa de islas. Estos ejercicios, que involucraron a más de 17.600 soldados de ambos países, fueron interpretados como un mensaje directo a China sobre la fortaleza de la alianza.
Además, Estados Unidos ha incrementado significativamente su ayuda militar a Filipinas, aprobando en 2023 un paquete de asistencia por valor de 100 millones de dólares. Este apoyo incluye equipamiento militar avanzado, entrenamiento para las fuerzas armadas filipinas y mejoras en las capacidades de vigilancia marítima. Washington también ha expresado repetidamente su compromiso con la defensa de Filipinas en caso de un ataque armado en el Mar de China Meridional, invocando el Tratado de Defensa Mutua.
La estrategia estadounidense busca integrar a Filipinas en una red más amplia de alianzas en el Indo-Pacífico, que incluye a Japón, Australia, India y Corea del Sur. Esta arquitectura de seguridad multilateral, que complementa los acuerdos bilaterales existentes, pretende crear un contrapeso efectivo al creciente poderío militar y económico de China en la región.
Desde la perspectiva de algunos analistas críticos, especialmente en países del Sur Global, esta dinámica ha convertido a Filipinas en un «país satélite» de Estados Unidos, utilizado como pieza clave en su estrategia de contención hacia China.
Esta interpretación gana fuerza cuando se considera que el acercamiento a Washington ha coincidido con el distanciamiento del gobierno de Marcos Jr. respecto a la familia Duterte, que durante su mandato había promovido una política exterior más independiente y cercana a Beijing.
El dilema de Marcos Jr. y la nueva realidad filipina
Ferdinand Marcos Jr. enfrenta un complejo dilema político y estratégico. Por un lado, el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos le proporciona respaldo internacional y apoyo militar frente a las presiones de China en el Mar de China Meridional. Por otro lado, esta reorientación ha contribuido a la ruptura con el clan Duterte y ha generado divisiones internas significativas.
La detención y extradición de Rodrigo Duterte ha intensificado este dilema. Si bien Marcos Jr. ha negado cualquier participación en el arresto, argumentando que se trata de un asunto estrictamente judicial, muchos seguidores de Duterte perciben su gobierno como cómplice de la CPI. Esta percepción podría tener consecuencias electorales significativas en los comicios del 12 de mayo, considerados por muchos analistas como un referéndum sobre la gestión de Marcos Jr.
La candidatura de Duterte a la alcaldía de Davao, a pesar de su detención, añade un elemento adicional de incertidumbre. Si resultara elegido, se crearía una situación sin precedentes en la que un alcalde electo se encontraría detenido en el extranjero enfrentando cargos por crímenes contra la humanidad. Este escenario podría utilizarse políticamente para cuestionar la legitimidad del proceso judicial internacional y movilizar apoyo en favor de la familia Duterte.
El gobierno de Marcos Jr. también debe gestionar las repercusiones internacionales del caso. La postura de Filipinas respecto a la CPI se ha vuelto ambigua: aunque el país se retiró formalmente del Estatuto de Roma bajo la presidencia de Duterte, la administración de Marcos Jr. no ha tomado medidas para reincorporarse al tratado, como han solicitado organizaciones de derechos humanos. Esta ambigüedad refleja las contradicciones internas de un gobierno que intenta equilibrar presiones domésticas e internacionales.
Las elecciones del 12 de mayo: una prueba decisiva
Las elecciones de mitad de mandato programadas para el 12 de mayo representan mucho más que una simple renovación parcial del Congreso y de las autoridades locales. En el contexto actual, estos comicios se han transformado en un verdadero referéndum sobre la gestión de Marcos Jr. y, particularmente, sobre su ruptura con la familia Duterte.
Los resultados electorales podrían reflejar el grado de polarización de la sociedad filipina y determinar la correlación de fuerzas entre las dos facciones políticas dominantes. Una victoria significativa de candidatos leales a Duterte, especialmente en bastiones tradicionales como Davao y otras regiones del sur, fortalecería la posición política del clan y podría intensificar la crisis institucional. Por el contrario, un triunfo de los aliados de Marcos Jr. consolidaría su poder y le otorgaría mayor margen de maniobra para implementar su agenda política y de política exterior.
Estas elecciones también servirán como barómetro para medir la percepción pública sobre el proceso judicial contra Duterte. Si los votantes respaldan mayoritariamente a candidatos que defienden al expresidente, esto podría interpretarse como un rechazo popular a la intervención de la CPI y complicar la posición internacional de Filipinas. Alternativamente, un apoyo limitado a estos candidatos podría indicar que la sociedad filipina está lista para un ajuste de cuentas con el pasado reciente.
*Tadeo Casteglione, Experto en Relaciones Internacionales y Experto en Análisis de Conflictos Internacionales, Diplomado en Geopolítica por la ESADE, Diplomado en Historia de Rusia y Geografía histórica rusa por la Universidad Estatal de Tomsk. Miembro del equipo de PIA Global.
Foto de la portada: Bloomberg
