La asunción de Pedro Castillo Terrones, el cuestionamiento a la OEA enunciado por el presidente de México y las novedades sobre las causas judiciales ligadas al contrabando de armas –consumadas durante el gobierno de Mauricio Macri– han generado un movimiento recóndito en las placas tectónicas de la institucionalidad multilateral de América Latina y el Caribe.
El presidente Castillo juró como primer mandatario el 28 de julio, día del bicentenario de la independencia peruana, después de imponerse por 44.000 votos por sobre la candidata Keiko Fujimori el último 6 de junio, en la segunda vuelta electoral. Castillo fue electo para desempeñarse como primer mandatario durante el quinquenio 2021-2026. Nació hace 51 años en el poblado de Puña, en la región de Cajamarca, y alcanzó notoriedad pública al convertirse en uno de los voceros de la huelga nacional docente que duró tres meses en 2017. Además de dirigente sindical del magisterio, integró –durante las tres últimas décadas– las rondas campesinas, un sistema de seguridad pública autónomo de la policía, que se encarga de prevenir y sancionar faltas y delitos comunitarios.
Las dos medidas iniciales de su presidencia fueron de renuncia: comunicó, antes del juramento, que resignará su sueldo de jefe de Estado y sólo percibirá un monto similar al de su cargo de maestro rural, en pos de una “nueva ética que tiene que nacer en la dirigencia, para [construir] una Latinoamérica digna, humana e igualitaria”. En su alocución presidencial anunció además que no residirá en las suntuosas dependencias de la histórica sede presidencial: “No gobernaré desde la casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales. Cederemos este Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes”.
Un día después de la asunción de Castillo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard se refirió al lugar de América Latina y el Caribe (ALyC) ante los cambios globales. En una entrevista publicada en el diario Jornada el último jueves, reiteró la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de rever la institucionalidad interamericana privilegiando el multilateralismo regional expresado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) por sobre la lógica radial y hegemónica planteada por Washington desde la Organización de Estados Americanos (OEA). “Ha llegado el momento de plantearnos la construcción de algo nuevo (…) que supere el injerencismo tradicional de la OEA, que parta de relaciones menos asimétricas y un trato más respetuoso entre nosotros (…) vamos hacia una nueva correlación de fuerzas geopolítica en el mundo. No podemos seguir pensando como hace 70 años”.
En relación con la situación que vive Cuba, recordó que a fines de junio 184 países votaron contra el bloqueo de la isla –solo Estados Unidos e Israel sostuvieron su ratificación—, situación que según Ebrard muestra la incompetencia de la OEA para tramitar las relaciones internas de ALyC, al permanecer en silencio frente a esa votación. Por su parte, el flamante presidente boliviano Luis Arce se sumó a la propuesta de AMLO y demandó una nueva institucionalidad continental capaz de “expresar los equilibrios regionales, respetar la autodeterminación de los pueblos y limitar la hegemonía de un único Estado”.
Alberto Fernández también respaldó la posición del mandatario mexicano y agregó: “Sentimos que la OEA ha dejado de ser un organismo que sirva para América Latina”. Al otro día de la asunción de Castillo, luego de que el canciller Ebrard se refiriera a la necesidad de conformar una organización alternativa a la OEA, recibió una azarosa comunicación telefónica desde Washington. La gacetilla difundida por el Departamento de Estado consigna lo siguiente: “El secretario de Estado Antony Blinken conversó hoy en forma telefónica con el Canciller mexicano para abordar los esfuerzos coordinados entre los Estados Unidos y México para promover la democracia y los derechos humanos en la región”.
La UNASUR como antecedente
El análisis del rol asumido por la OEA durante el golpe contra Evo Morales estuvo dentro de los intercambios informales que se sucedieron en las dos jornadas que Alberto Fernández permaneció en Perú. Además, fue parte del diálogo mantenido entre el presidente argentino y Evo Morales, en el que se abordó también el crítico suceso del contrabando de armas perpetrado en noviembre de 2019, del que la OEA nunca se hizo eco. La delegación boliviana buscó informarse sobre los actuales intentos de Mauricio Macri por impedir la continuidad de las investigaciones judiciales que llevan a cabo el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Javier López Biscayart.
En la última semana, el ex Presidente argentino fracasó en dos operaciones combinadas: por un lado, lanzó a sus lebreles comunicacionales de la trifecta mediática para confundir a la opinión pública, afirmando que la administración de lxs Fernández habría avalado la permanencia de los pertrechos en territorio boliviano, otorgando prórrogas para su permanencia en La Paz luego de su ingreso ilegal a esa ciudad el 13 de noviembre de 2019. La operación quedó en evidencia cuando los propios gendarmes informaron que parte de los pertrechos (los 70.000 cartuchos) habían sido “utilizados en entrenamientos conjuntos”. No podía ser prorrogado aquello que había sido previamente consumido “en las prácticas de tiro”. La segunda operación, impulsada por los letrados de Macri en el juzgado de López Biscayart, intentó paralizar el relevamiento interno de la Gendarmería orientado a develar las órdenes emanadas antes del viaje de Los Alacranes a La Paz.
La única iniciativa que logró un moderado éxito fue la solidaridad recibida por un compacto seleccionado de referentes de la derecha hispanoparlante, que se manifestaron a través de una carta pública contra “sus adversarios de la izquierda antidemocrática [que] lo han marcado [a Macri] como objetivo y le abren causas judiciales sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas”. En un llamativo ejercicio de malabarismo invertido, la misiva señala que “bajo la dirección del actual gobernante argentino adquiere su plena significación la guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas”.
Entre los firmantes figuran afamados dirigentes que han sido imputados, procesados y/o condenados por los más variados delitos: el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe, por corrupción y crímenes de lesa humanidad; el líder del Partido Popular español José María Aznar, por instituir una red de financiamiento político ilegal conocida como Gürtel; el panameño Nicolás Barletta, por haber sido designado por un golpe militar; el mexicano Felipe Calderón, por participar de la trama de corrupción de Odebrecht; el salvadoreño Alfredo Cristiani, por haber sido parte del entramado que asesinó al obispo Arnulfo Romero junto al mayor Roberto d’Aubuisson. También el ecuatoriano Lucio E. Gutiérrez, golpista en el año 2000, acusado de contrabando de armas en 2003 y destituido por pergeñar un autogolpe mediante la disolución del poder legislativo y la Corte Suprema; el boliviano Jorge Quiroga, condenado en 2010; y el paraguayo Juan Carlos Wasmosy, penado por corrupción en 2002. Un verdadero seleccionado de buenos muchachos, dignos acompañantes de un ex mandatario que está acusado de espionaje ilegal y contrabando agravado de pertrechos represivos, entre otros delitos.
Antes de participar en la asunción de Pedro Castillo en Perú, el presidente de Colombia asistió en Bogotá al tercer Seminario Internacional Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, enfocado en las manifestaciones sociales rotuladas como formas de “terrorismo urbano de baja intensidad”. Se sumaron al encuentro el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, expulsado de Bolivia en septiembre de 2008 por ser partícipe activo de las iniciativas secesionistas de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. Durante el foro, Duque solicitó a Washington que declarara a Venezuela país promotor del terrorismo, después de atribuirle responsabilidad en el atentado contra su helicóptero oficial el último 25 de junio.
Derribo de largada
En su discurso inaugural frente al Congreso, Pedro Castillo decidió priorizar a los descendientes de los pueblos originarios, y afirmó: “A mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aimaras, a los aguajún, a los hermanos shipibos, a los conibos, a los hermanos afroperuanos. (…) Durante cuatro milenios y medio nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y convivir con la tierra. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla”. En otro segmento de su alocución, advirtió que “los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Esto significa un nuevo pacto con los inversores privados”.
Una de las respuestas a su discurso provino de la prensa más ligada a los capitales de inversión en sectores mineros e hidrocarburíferos, que el 28 de junio titulaba: “Empieza el festín comunista”. Un día después, cuando Castillo juraba en Ayacucho, completaban la idea: “Perú rumbo al Abismo”. El Grupo La Razón incluye varios diarios, revistas y radios. Sus directivos mantienen aceitados contactos con gerentes de las trasnacionales asentados en Perú y con los funcionarios diplomáticos de Washington residentes en Lima.
Al decir de Roland Barthes, “lo que es evidente es violento aun cuando esa evidencia se represente suavemente”.
Notas:
*Sociólogo. Dr. en Ciencias Económicas. Profesor Universitario. UBA, UNLM
Fuente: elcohetealaluna.com
