El lunes 8 de septiembre, el primer ministro francés, François Bayrou, no superó la moción de confianza que él mismo había solicitado. El martes presentó su dimisión y en pocas horas Macron nombró a un nuevo primer ministro, Sebastien Lecornu. El miércoles más de 175 mil personas salieron a las calles no sólo a protestar contra el plan de ajuste, también contra el proyecto estructural del presidente que ya ha derribado a cuatro primeros ministros, por lo que en las protestas se exige la dimisión de Emmanuel Macron.
Aunque Bayrou ya había sobrevivido a 8 mociones de censura en los 9 meses de su gestión, la Asamblea Nacional decidió no apoyar el plan de ajuste del primer ministro propuesto en julio. Con 364 votos en contra y 164 a favor, Bayrou se convirtió en el primer primer ministro en la historia de la Francia moderna en ser destituido mediante una moción de confianza en lugar de una moción de censura.
De esta manera cayó el cuarto gobierno, el cuarto primer ministro en el segundo mandato de Macron, el sexto si incluímos el primer mandato.
Élisabeth Borne asumió en mayo de 2022 tras la ajustada reelección presidencial para Macron, pero terminó dimitiendo a comienzos del 2024, debido a las fuertes protestas contra la reforma de pensiones y el uso reiterado del artículo 49.3 para aprobar leyes sin mayoría parlamentaria.
Su sucesor, Gabriel Attal, tomó posesión ese mismo día como intento de renovación generacional, aunque renunció en septiembre del mismo año tras perder apoyo político en medio de las tensiones por el presupuesto y la incapacidad de articular una mayoría estable.
Lo reemplazó Michel Barnier, designado el mismo mes, pero su mandato duró poco ya que fue destituido por una histórica moción de censura en diciembre de 2024, la primera exitosa desde 1962, motivada por la fractura política en torno al déficit y la deuda pública. Fue entonces cuando Macron llamó a elecciones anticipadas y se conformó un nuevo parlamento profundamente fragmentado, en el que el oficialismo de Macron perdió toda capacidad de mayoría. El nuevo escenario parlamentario confirmó el debilitamiento total del partido macronista y marcó la incapacidad del gobierno de acabar con la inestabilidad crónica.
En su lugar, François Bayrou asumió ese mismo mes, con el desafío de aplicar un severo plan de austeridad y mantener la frágil estabilidad de un gobierno sin mayoría en la Asamblea Nacional.
Bayrou había anunciado el plan de austeridad a mediados de julio asegurando que el Estado no debería gastar en 2026 más de lo que gastó en 2025 en ninguna de las partidas presupuestarias, salvo las relacionadas al pago de los servicios de deuda y del gasto militar. Esto ya comienza a darnos una idea de las prioridades e intereses del gobierno. Significa que ni las pensiones ni los sueldos del sector público aumentarán, los planes sociales también se congelarán, las áreas de salud y educación sufrirán recortes y duras imposiciones como no continuar contratando personal ante los retiros por jubilaciones. El programa incluso prevé suprimir dos días festivos nacionales y avanzar sobre revisión del sistema de subsidio de desempleo.
Francia atraviesa una profunda crisis arrastrada desde hace largos años, con una creciente deuda pública, que ya supera el 114 % del PIB y alcanza los €3.3 billones, y un déficit que ronda entre el 5 y 6 % del PIB. Los costes del servicio de deuda podrían superar los €100 mil millones para 2029, lo que anticipa enormes presiones fiscales a futuro. Los mercados exigen mayores primas de riesgo por los bonos franceses, al nivel de Italia, lo que responde a la creciente percepción de su fragilidad financiera.
Un dato a tener en cuenta es que el mayor porcentaje de la deuda francesa, más de la mitad, está en manos de inversores extranjeros mientras que otro gran porcentaje lo posee el Banco Central Europeo.
Esto se ve agravado por un nulo crecimiento económico, desindustrialización, desempleo, crisis políticas internas y una profunda fractura parlamentaria, que lleva a una falta de consenso, lo que provoca una inestabilidad constante.
Incluso, el ministro de Finanzas, Eric Lombard, había declarado que existía la posibilidad de que Francia tuviera que recurrir a pedir ayuda al FMI, “es un riesgo que está delante de nosotros”, declaró el funcionario. Sin reformas ni apoyo parlamentario, los mercados podrían terminar forzando a Francia a recurrir a la ayuda externa.
Macron se encuentra en una encrucijada, salvar la credibilidad financiera mediante recortes sin respaldo político o arriesgarse a que el FMI se convierta en la última tabla de salvación. No obstante, aún si Francia termina en un programa del FMI, también se enfrentaría, tarde o temprano, a presiones e imposiciones de recortes y ajustes más profundos.
Mientras a los franceses se les intenta imponer un ajuste brutal, anuncian con bombos y platillos un aumento histórico en el gasto militar. Unos días antes de que Bayrou anunciara su sometimiento a la moción de confianza, Macron anunciaba un aumento de 6.500 millones de euros en Defensa para los próximos dos años para asumir los compromisos con la OTAN y el rearme europeo.
Se recortan prestaciones por desempleo, se congelan pensiones y se incrementa el copago de medicamentos, pero el presupuesto militar alcanzará los 64.000 millones de euros en 2027.
Macron es parte del problema. Bajo su mandato, Francia no solo ha visto profundizar sus crisis internas, sino que ha perdido el lugar que alguna vez tuvo como potencia de referencia. La expulsión de África marcó el fin de un dominio colonial que garantizaba a París recursos estratégicos como oro y uranio; en el Pacífico, la creación del AUKUS supuso un golpe que lo dejó fuera de proyectos militares y comerciales clave; y en el plano atlántico, Washington y Londres lo relegaron de los grandes acuerdos estratégicos. Su alineamiento ciego con Bruselas y la OTAN lo redujo a un socio obediente, atado a una agenda que ha arrastrado a toda Europa hacia la desindustrialización, el desempleo, la crisis energética y migratoria. En el interior, el resultado es igual de devastador, una Francia debilitada, con su industria militar y agrícola en retroceso, y un presidente cada vez más cuestionado, convertido en símbolo de la pérdida de autonomía y peso internacional del país.
La Unión Europea, en su papel supranacional, presiona a Francia y aplica un procedimiento disciplinario por gastar más de lo que ingresa, por déficit excesivo, lo que implica que París queda bajo vigilancia estricta a la vez que se le exige un plan de recortes para equilibrar la balanza de las cuentas públicas. La Comisión Europea exige a Francia un proyecto de ajuste presupuestario para reducir el déficit por debajo del 3 % para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. En 2024, la Comisión Europea inició procedimientos de déficit excesivo contra siete Estados miembros, entre ellos, Francia.
“Los Estados miembros deben respetar la disciplina presupuestaria sobre la base de los criterios y valores de referencia establecidos en los Tratados de la UE: su déficit no debe superar el 3 % de su producto interior bruto (PIB) y su deuda no debe superar el 60 % de su PIB. Todos los Estados miembros deben respetar estos valores de referencia del Tratado”, explicó la Comisión Europea en 2024.
“La Recomendación del Consejo establece que Francia debe poner fin a su actual situación de déficit excesivo en 2029 a más tardar. Francia debe garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto neto no supere el 0,8 % en 2025, el 1,2 % en 2026, el 1,2 % en 2027, el 1,2 % en 2028 y el 1,1 % en 2029”, recordó la Comisión Europea en enero de 2025.
Así, Francia, que representa la columna de la eurozona, que se muestra como la gran potencia ejemplo, esa imagen de Francia comienza a debilitarse y a cuestionarse, y con ella se erosiona la credibilidad de la propia Unión Europea como proyecto político y económico.
La crisis francesa es un síntoma más del ocaso de la Unión Europea. Es otra manifestación del agotamiento del proyecto europeo de imposición de políticas y dogmas neoliberales, ajustes a los pueblos, subordinación a Washington y al proyecto globalista financista. La imposición de una disciplina fiscal a costa de recortar derechos sociales mientras se exigen cheques en blanco para el gasto militar, que generan grandes déficits, estancamiento económico, sumado a otras crisis, como consecuencia también de las políticas de Bruselas, como la desindustrialización, el desempleo, la crisis agrícola, pensionistas, refugiados, ubican a Francia como claro ejemplo de un nuevo fracaso de la UE como arquitectura europea.
Inmediatamente después de la renuncia de Bayrou, Macron nombró a Sébastien Lecornu como el quinto premier del actual Gobierno, un funcionario macronista que ya había estado entre las posibilidades en otras ocasiones anteriores.
Lecornu, hombre leal de Macron, proviene del ámbito de la Defensa y de la élite política y administrativa francesa. Fue ministro de las Fuerzas Armadas, se lo describe con un perfil técnico y pragmático, experimentado en crisis tras gestionar la salida de Francia de Mali y Níger. Con un profundo conocimiento de la maquinaria estatal francesa y siendo uno de los hombres de confianza de Macron, Lecornu puede ser una figura que guste a Bruselas como el encargado de la negociación que tenga la autoridad para llevar adelante el plan.
No obstante, Lecornu no posee experiencia en economía o finanzas, ni en resolución de tensiones internas, con el agravante de que le espera una Asamblea Nacional fragmentada y decidida a no ceder a un plan de ajuste. Pero en especial, se enfrenta a un enorme descontento social acumulado y estallado en las calles francesas.
El miércoles se desarrollaron las protestas, que ya estaban previstas, en una jornada que los manifestantes decidieron llamar “bloqueemos todo”. Más de 200 mil participantes, 550 manifestaciones en todo el país, 262 bloqueos, más de 400 detenidos y 80 mil agentes de seguridad.
Una jornada de protestas cargada de violencia, bloqueos, represión e incendios para demostrar la indignación no sólo contra el plan de ajuste sino específicamente contra el presidente y la élite política gobernante disfuncional, exigiendo la dimisión de Macron.
“¡Hoy (miércoles) 250.000 personas se han alzado en todos lados en Francia! Una marea humana, espontánea, masiva y comparable a la primera jornada de los chalecos amarillos (el 17 de noviembre de 2018)”, destacó en la red social X la cuenta de ‘Bloquearlo todo’. Este colectivo, compuesto por activistas de izquierdas y exmilitantes de los chalecos amarillos, resultó clave para que se hiciera viral el 10 de septiembre como un día de lucha en la calle”, relata Enric Bonet, corresponsal en París.
Esta represión policial, sin embargo, no disuadió a los manifestantes, ni parece que lo vaya a hacer en las próximas semanas. “Solo es el principio. La rabia está creciendo y la gente no dejará que apliquen los recortes, así como así”, afirmaba Rozan. “Hay un hartazgo general. No me parece normal que se pida más sacrificios a la gente corriente, cuando más de la mitad de la población no puede irse de vacaciones ni una vez al año”, añadió Farah Maatouk, de 17 años, en la cobertura realizada por Bonet.
Francia es ejemplo del callejón sin salida que impone la, cada vez más cuestionada, arquitectura europea, económica en este caso, es decir, se exige disciplina fiscal a costa de recortar derechos sociales, mientras se habilitan cheques en blanco para el gasto militar. La crisis política de París no es solo un asunto interno, sino un espejo de lo que se avecina en gran parte del continente. Con grandes déficits, economías estancadas y una creciente subordinación a las prioridades de la OTAN y Bruselas, la pregunta que queda es si Europa está dispuesta a seguir sacrificando el bienestar de sus pueblos en nombre de una supuesta seguridad que responde a intereses ajenos.
*Micaela Constantini, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: Manifestantes que exigen la dimisión del presidente francés Macron. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO.
