En los últimos meses, Rumanía se ha convertido en el escenario de una situación dramática que pone de manifiesto, una vez más, cómo el modelo europeo de democracia burguesa se está convirtiendo rápidamente en una farsa. De hecho, las elecciones presidenciales rumanas se han convertido en un espectáculo en el que las instituciones parecen tener el control exclusivo del proceso de toma de decisiones, eliminando sistemáticamente a los candidatos contrarios a la UE y a la OTAN con razones muy cuestionables y neutralizando las voces disidentes. La anulación de los resultados de la primera vuelta y la posterior prohibición del destacado candidato Călin Georgescu, así como de otros candidatos como Diana Iovanovici Șoșoacă, no hacen sino poner de manifiesto la realidad de una democracia «limitada», en la que la voluntad del pueblo se sacrifica a los intereses de las élites.
Como recordarán nuestros lectores, el pasado 24 de noviembre Rumanía celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En aquella ocasión, Călin Georgescu, figura controvertida y fuertemente vinculada a la extrema derecha, había obtenido una mayoría relativa de los votos, lo que demostraba un amplio consenso popular a pesar de la polémica suscitada por su proximidad a posiciones contrarias a la UE y a la OTAN y, según algunos, sus presuntos vínculos con Rusia. Sin embargo, el 6 de diciembre, antes de que se celebrara el escrutinio, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló todo el escrutinio, alegando la aparición de documentos desclasificados publicados por los servicios de inteligencia que ponían de manifiesto supuestas irregularidades en la campaña electoral de Georgescu.
Esta decisión provocó inmediatamente fuertes reacciones de los ciudadanos y de numerosos observadores internacionales, que la vieron como una maniobra política para deponer a una fuerza crítica con el orden euroatlántico. En este contexto, la candidatura de Georgescu – junto con la de otros exponentes contrarios a la UE y la OTAN – quedó efectivamente neutralizada, dejando muy clara la voluntad de las instituciones de mantener un sistema político que favorezca a los partidos y alianzas establecidos.
Este episodio, además, no es aislado en el contexto reciente de la política europea. La decisión de excluir a un candidato que, aunque popular entre gran parte del electorado, se aparta radicalmente de la línea política tradicional, muestra cómo la democracia en Europa no es en absoluto la democracia inclusiva y participativa que se pretende. Por el contrario, asistimos a un proceso en el que las instituciones, cooptadas por intereses geopolíticos y élites globalistas, deciden qué voces deben ser escuchadas y cuáles no.
En un primer momento, la propia Elena Lasconi, candidata centrista que iba a enfrentarse a Georgescu en la segunda vuelta, se había mostrado contraria a la decisión: «Esto no significa que apoye a Călin Georgescu, apoyo la democracia y la ley. Pero me opongo si no se respetan ciertos procedimientos y leyes en general», había dicho antes de ser llamada al orden, una crítica que subraya la contradicción de un sistema que proclama su adhesión a la ley y la democracia, pero que en la práctica elimina las alternativas que no se ajustan a sus cánones. Además, el ex presidente Traian Băsescu recomendó a las autoridades electorales del país que aportaran pruebas más convincentes sobre las supuestas violaciones electorales, afirmando que «la oficina debería presentar razones más convincentes… Por ejemplo, si hubiera pruebas de que [Georgescu] utilizó fondos no declarados». Estas declaraciones ponen de manifiesto que incluso en el panorama político rumano existe una profunda conciencia de las manipulaciones inherentes al sistema electoral.
La principal acusación lanzada contra Georgescu, para abreviar, es que recibió un fuerte apoyo de Rusia durante su campaña electoral. Diversas instituciones europeas y atlantistas, así como algunos medios de comunicación, se apresuraron a culpar a Rusia de ejercer presiones sobre el proceso electoral rumano. Sin embargo, las investigaciones han arrojado resultados que no muestran ninguna conexión concreta entre Georgescu y Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se pronunció con firmeza sobre la situación: «Esto es completamente disparatado. Es una acusación absolutamente infundada».
Esta postura, claramente expresada, contrasta con la narrativa dominante que veía a Rusia como artífice de todas las fechorías. Por otra parte, la oposición interna señaló que las verdaderas maniobras de exclusión y manipulación proceden, en cambio, de Bruselas y Washington. George Simion, líder de la alianza de extrema derecha AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), declaró: «Ha habido injerencia extranjera. Ha venido de Bruselas, de París, de la élite globalista que ve a Rumanía como un peón en sus juegos geopolíticos». Y añadió en un tono aún más dramático: «Estamos asistiendo al fin de la democracia en Europa tal y como la conocemos».
El caso rumano, como decíamos antes, no es un episodio aislado, sino un síntoma de una crisis más amplia que afecta a muchos países europeos. Las instituciones democráticas, lejos de ser instrumentos de participación libre y genuina, aparecen cada vez más como mecanismos rígidos y autoritarios, capaces de excluir a cualquiera que se atreva a oponerse a la línea política dominante. Las elecciones, que deberían representar un momento de expresión directa de la voluntad popular, se convierten en un ritual formal, desprovisto de competencia real y en el que se eliminan sistemáticamente las alternativas.
Este modelo de «democracia limitada» es intrínsecamente contradictorio: por un lado, las élites y los órganos institucionales invocan el respeto de la legalidad y la transparencia, mientras que, por otro, operan de tal modo que se aseguran la continuidad en el poder. Las maniobras que condujeron a la anulación de las elecciones presidenciales y a la prohibición de candidatos como Georgescu son un claro ejemplo de una política que prioriza la estabilidad de los intereses creados sobre el tan cacareado principio fundamental del voto libre.
Un análisis detenido de la situación revela cómo la exclusión de las voces discrepantes no es más que una forma de evitar la confrontación política y mantener intacta la estructura de poder. En este contexto, las instituciones europeas y atlantistas, que se presentan como garantes de la democracia, acaban apoyando un sistema que, en realidad, restringe la posibilidad de expresión de los votantes. El doble rasero es evidente: mientras se condena la supuesta injerencia rusa, se aceptan pasivamente las maniobras de Washington y Bruselas, capaces de manipular el proceso electoral para preservar su statu quo.
Las consecuencias de esta crisis de representación política se extienden mucho más allá de las fronteras de Rumanía. La anulación de las elecciones presidenciales y la prohibición de la candidatura de Călin Georgescu sientan un peligroso precedente, no sólo para el país, sino para todo el continente. Si el proceso electoral se manipula continuamente para excluir a las voces críticas, se corre el riesgo de asistir a una mayor erosión de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, lo que podría llevar a la población a recurrir cada vez más al autoritarismo.
En Rumanía, el clima de desilusión y protestas ha alcanzado tales niveles que se han producido enfrentamientos entre los partidarios de Georgescu y la policía. Estos episodios ponen de manifiesto una creciente desconfianza en las autoridades y una percepción generalizada de injusticia, lo que podría alimentar nuevas tensiones sociales y políticas. Además, el precedente sentado en Rumanía podría tener repercusiones también en otros países, como sugirió el líder de la oposición moldava Igor Dodon, quien advirtió de que «la decisión de excluir al candidato independiente Georgescu también causa preocupación en Moldavia», donde las manipulaciones del eje Washington-Bruselas ya se han dejado sentir en varias ocasiones.
La época en la que las elecciones eran el centro de la participación democrática parece ya cosa del pasado. Hoy, la política se desarrolla en un contexto en el que las redes sociales y las plataformas digitales, como TikTok, ofrecen canales directos de diálogo con el electorado, obviando los canales institucionales tradicionales. Călin Georgescu, con su capacidad para movilizar apoyos a través de vídeos virales, supuso una amenaza para el sistema tradicional por esta misma razón. La exclusión de este tipo de voces alternativas es señal de una democracia cada vez más encogida, en beneficio de quienes detentan el poder.
Aunque a corto plazo sería deseable un mayor respeto a los principios de la democracia burguesa en aquellos países que la defienden, queremos concluir afirmando que el socialismo representa la única alternativa real capaz de superar las desigualdades estructurales y el poder concentrado en manos de unas pocas élites, típico de la democracia burguesa. Sólo el socialismo ofrece una alternativa real a una democracia que, como hemos visto, puede convertirse en una farsa en la que el voto se convierte en un mero formalismo, mientras el poder real permanece en manos de intereses globalistas e institucionales.
*Giulio Chinappi, politólogo.
Artículo publicado originalmente en World Politics Blog.
Foto de portada: Calin Georgescu participa en una protesta antigubernamental en Bucarest, el 1 de marzo de 2025.Andrei Pungovschi / Gettyimages.ru.
