A un mes de las elecciones presidenciales en Chile, la victoria parece lejana para el oficialismo. Su candidata, Jeannette Jara, ganaría en primera vuelta, pero perdería en el balotaje. Y el neoliberalismo volvería al poder, ¿O nunca se fue?
Es difícil catalogar al Gobierno de Chile. “Progresista”, define el presidente Gabriel Boric. Lo cierto es que no cumplió las demandas del pueblo, expresadas en especial durante los levantamientos populares de 2019, al mismo tiempo que mantuvo el statu quo.
Las políticas de Estado de la gestión del Frente Amplio no impactaron de manera significativa en las condiciones de vida de los sectores populares. Ese es un error que ningún gobierno de Nuestra América se puede permitir, a menos que quiera ser arrasado por el representante de turno de la derecha.
Gabriel Boric dijo una y otra vez que su proyecto es “gradual y responsable”. El punto es que, bajo esta concepción, no cuestiona y mucho menos modifica el modelo neoliberal establecido por Augusto Pinochet en 1973.
Para llegar a esta afirmación es necesario revisar las demandas expresadas en los levantamientos populares, la salida institucional a esa crisis y la emergencia del Frente Amplio como respuesta.
Los levantamientos populares de 2019
La ebullición de 2019 empezó a partir del reclamo de sectores estudiantiles por el aumento del precio del boleto del metro. Pronto se sumaron los trabajadores, en especial los mineros y portuarios, a través de paros nacionales. También lo hicieron los movimientos feministas, y no faltó el alza de la bandera Wenufoye.
Desde aquel 18 de octubre en Santiago, la protesta se extendió a todo Chile. Hubo marchas masivas, cacerolazos y barricadas. El gobierno de Sebastián Piñera respondió con toque de queda, militarización y represión severa: el saldo fue de 30 muertos y miles de heridos.
Los levantamientos populares fueron transversales a la vez que ocurrieron de forma simultánea, confluyeron distintos sectores y se unificó el reclamo. No hay que menospreciar el rol de la clase media, frágil, endeuda y siempre al límite, pero decisiva al igual que en países como Argentina.
El aumento del precio del boleto del metro fue sólo el detonante. “No son 30 pesos, son 30 años”, fue el aglutinador. Era nada más y nada menos que la expresión del hartazgo contra el modelo neoliberal que continuó después de la dictadura.
Las demandas no apuntaron únicamente a una serie de reformas, sino que cuestionaron la estructura misma del sistema imperante. Exigieron educación, salud y pensiones públicas y dignas, sueldos justos y el fin del endeudamiento, mayor justicia social y ampliación de derechos. Ello se tradujo en la necesidad de una Constitución que recogiera el nuevo escenario y abandonara la vigente desde el pinochetismo.
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue el mecanismo institucional para mantener el orden, sumado a la represión de las protestas. Y la pandemia de coronavirus sepultó la continuidad de los levantamientos populares.
El balance de la gestión de Gabriel Boric
En ese contexto Gabriel Boric ganó el balotaje de las elecciones presidenciales del 2021 con el 55,87% de los votos, frente al 44,13% de José Antonio Kast, el representante de turno de la derecha.
Durante aquella campaña, Gabriel Boric hizo una serie de promesas de carácter reformista. Hubo dos grandes ejes. Por un lado, la realización de una nueva Constitución. Por otro lado, la implementación de una reforma tributaria que eleve la recaudación con el fin de aumentar el financiamiento de servicios públicos. Para lo primero necesitaba el apoyo del pueblo y, para lo segundo, del Congreso. Fueron dos grandes golpes para la gestión.
La nueva Constitución obtuvo un 61,9% de rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022. Durante el segundo proceso constituyente, el Partido Republicano de José Antonio Kast consiguió la mayoría absoluta de los votos para la redacción de la Carta Magna. Y entonces el resultado fue un 55,8% en contra.
En el medio, la reforma tributaria fue rechazada en la Cámara de Diputados. El impuesto a los superricos y la reducción del IVA jamás se aplicaron. Sólo se aprobó el royalty minero, que resulta insuficiente.
En cuanto a las pensiones, Gabriel Boric abandonó enseguida la propuesta de eliminar el esquema de los Sistemas de Administración de Pensiones (AFP). Aprobó la Pensión Garantizada Universal (PGU), que amplía la cobertura estatal mínima pero no reemplaza las AFP. Mientras tanto la reforma en el área, marcada por un nuevo esquema solidario, sigue estancada en el Congreso.
Respecto a la salud, tampoco eliminó el sistema de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) ni implementó un Fondo Universal de Salud (FUS) para financiar la atención en centros públicos y privados. Sí llevó a cabo la política de Copago Cero en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que beneficia a millones de usuarios del sistema público.
En materia de educación, no eliminó el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el proyecto para crear un nuevo sistema público de créditos se retrasó. Amplió la gratuidad universal de forma leve, pero no se universalizó como había prometido.
Sobre seguridad, no hizo una reforma de carabineros. Todo lo contrario: mantuvo la doctrina de “orden público” y fortaleció los recursos policiales.
En la región de Araucanía mantuvo el estado de excepción militar, no restituyó territorios a gran escala ni derogó la “Ley Antiterrorista” como había planteado.
Frente a la crisis de vivienda, ejecutó el Plan de Emergencia Habitacional con 220 mil viviendas terminadas o entregadas. Sin embargo, los precios de las viviendas no bajaron y el déficit habitacional sigue alto.
Quizás la mejor carta de Boric se encuentre en el tema laboral. Redujo la jornada de trabajo a 40 horas semanales y el salario mínimo ascendió a 500 mil pesos chilenos, el más alto de los últimos 29 años.
“30 meses consecutivos de crecimiento de salarios por sobre la inflación. Pero según algunos, la economía chilena es un desastre”, dijo Gabriel Boric el martes. Fue una nueva muestra del error de concepción: una serie de reformas de mediano alcance no pueden reducir el impacto de un modelo de mercantilización absoluta y arrasador para los sectores populares.
El problema es el modelo
Planteado de esta forma, Gabriel Boric llegó a dar una respuesta institucional a las demandas de los levantamientos populares. Una respuesta que no busca modificar las raíces de los problemas sociales, que no pertenecen a otro lugar que la estructura.
El fondo de la cuestión es que en el mapamundi Chile es aún un país productor y exportador de materias primas: responde a una matriz extractivista que jamás puede resultar en una justa distribución de la riqueza, aunque haya reformas de todo tipo.
Basta con mirar el comercio exterior chileno para caracterizar a este modelo. Sus principales exportaciones son el cobre, los carbonatos, el pescado y las frutas, mientras que sus principales importaciones son el petróleo refinado y crudo, los vehículos y el gas licuado.
Claro está que es difícil vislumbrar un horizonte más equitativo si se tiene en cuenta que la última experiencia distinta ocurrió entre 1970 y 1970. Fue ni más ni menos que la experiencia revolucionaria liderada por Salvador Allende, interrumpida por el golpe de Estado que impuso la dictadura de Salvador Allende con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana.
Al igual que entonces, Chile no está exento de la injerencia de Estados Unidos en Sudamérica. Sus sucesivos mandatarios lo convirtieron en el discípulo “ejemplo” en la región, a partir de la aplicación constante de las recetas de los Chicago Boys.
Al mismo tiempo, China se convirtió en su principal socio comercial. En Argentina, primero el embajador Peter Lamelas y ahora el secretario del Tesoro Scott Bessent, ni siquiera disimulan su búsqueda de alejar al gigante asiático de la región.
Eso sin contar que Chile cuenta con una posición estratégica en el pacífico, en especial en el sur, y en el norte tiene una parte importante del llamado “triángulo del litio” atesorado por los más poderosos.
Un escenario incierto
En ese esquema entra José Antonio Kast. Respecto a una gestión que no respondió de manera inexpugnable a las demandas sociales, lo diferente es el discurso: el candidato de derecha ni siquiera disimula en sus métodos y fines.
Para la primera vuelta del 16 de noviembre, es posible que Jeannette Jara consiga una victoria parcial. Sin embargo, ante un eventual balotaje el 14 de diciembre, perdería ante José Antonio Kast o, con menores posibilidades, Evelyn Matthei.
Kast, por ejemplo, propuso un recorte del gasto público de 6 mil millones de dólares. Ello se traduciría en un aumento de los servicios, además del desfinanciamiento público. Es un martillazo que movería de nuevo el termómetro social y podría reavivar las protestas del 2019.
De todas formas, el futuro del país todavía es incierto. Para algunos fue arriesgada la decisión del oficialismo de impulsar a una candidata del Partido Comunista, más allá de su posición “gradual y responsable” similar a la de Gabriel Boric.
Sin embargo, también existe una chance de que la actual ministra de Trabajo se alce con la victoria si el electorado chileno comprende que la alternativa es un viraje a un modelo neoliberal más conservador y sin escrúpulos. En ambos casos se prevén escenarios de alta polarización.
Una cuestión a tener en cuenta es que el conflicto al interior de Unidad por Chile evidencia la dificultad de las izquierdas latinoamericanas para el armado político sin la necesidad de crear frentes demasiados amplios. Las diferencias dentro de la coalición son un mal menor durante las elecciones, y un verdadero problema si es que se llega al poder.
Existe un horizonte mejor si se comprende que los levantamientos populares de 2019 obligaron al poder a reconocer, al menos parcialmente, que el modelo neoliberal no es el paraíso que estuvieron pintando durante décadas.
Tomas Merani* Miembro del grupo editorial de PIA Global
Foto de portada: CeCo
