Al endeudamiento insostenible y el oscurantismo en el uso de los recursos, se suma la incapacidad de generar políticas públicas adecuadas para rescatar la producción agropecuaria nacional.
El encarecimiento de los productos básicos, el subconsumo y la crisis alimentaria oscurecen aún más el porvenir de las grandes mayorías, ya de por sí empobrecidas y desprotegidas.
El desmontaje de la producción agrícola nacional
Recientemente, la Asamblea Legislativa de El Salvador presentó un proyecto de reforma a la Ley de Zonas Francas que, para fomentar la casi inexistente inversión extranjera, incorpora dentro de los beneficios la producción de alimentos, lo que traerá sin duda consecuencias catastróficas para los pequeños y medianos productores locales.
Con las modificaciones incorporadas, grandes empresas dedicadas a la producción de alimentos podrían funcionar como zonas francas y de esta forma recibir beneficios tales como la exención del Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales y la transferencia de bienes raíces.
Como “el tiro de gracia al sector agropecuario” calificó a las reformas propuestas el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, porque ponen en clara desventaja a la empresa local frente a las grandes corporaciones productoras o procesadoras de alimentos, que ahora podrán instalarse con beneficios fiscales imposibles de alcanzar para los pequeños y medianos productores agrícolas. Es de recordar que las estimaciones de la misma gremial indican que el 95% de los productores de granos básicos se dedica a la agricultura de subsistencia.
De aprobarse las reformas impulsadas desde el Ejecutivo, se pondría en peligro una vez más la soberanía alimentaria y la producción agrícola nacional. El pequeño productor se convertirá en obrero de Zonas Francas, advierten desde CAMPO.
La aprobación de esta iniciativa representaría sin duda un golpe mortal a los sectores más vulnerables de la producción agropecuaria; a esto debemos sumar las condiciones actuales de producción, el alto costo de insumos y la ausencia de políticas públicas, junto con la sequía provocada por el fenómeno climático de El Niño, que ya ha generado cuantiosas pérdidas para el sector.
Para este año se estima un déficit de 8 millones de quintales de granos de frijol para suplir el consumo nacional. De hecho, la gremial de productores ya anunció que no hay existencia de frijol nacional en el mercado, afectando directamente la economía de las familias salvadoreñas, con el incremento en los costos de la canasta básica de quienes ya tienen, desde hace mucho tiempo, dificultades para cubrir sus necesidades elementales.
Sin reservas estratégicas el país queda obligado a importar sus granos básicos. Esto solo apunta, una vez más, a un gobierno sin planes ni rumbo en lo relativo a las cuestiones agropecuarias y sin sensibilidad hacia la población. Actualmente El Salvador es el único país de Centroamérica que no cuenta con una reserva estratégica para reducir los impactos de las pérdidas por desastres climáticos y otras contingencias. Sin una política agropecuaria resulta imposible reactivar el agro.
La deuda y la pobreza eternas
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los datos de los años 2019 y 2022 demuestran que la pobreza extrema se ha duplicado en El Salvador, con 195 mil personas que han caído en esa categoría al no tener los recursos para cubrir los costos de la canasta básica. Recordemos que acabamos de romper el record histórico del precio de la Canasta Básica al superar los $250.
En este contexto, la deuda pública de El Salvador sigue creciendo. En junio pasado, la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de $1,000 millones en títulos valores para convertir deuda de corto a mediano y largo plazo. Y esta misma semana el órgano legislativo aprobó, con dispensa de trámite, que equivale a decir sin debate o análisis sustancial, la emisión de títulos valores por $500 millones para “obligaciones”.
Al cierre de 2019, año de la toma de posesión de la actual administración, la deuda total era $19,808.4 millones: $13,909.7 millones correspondían al sector público no financiero. Al cierre de 2022, la deuda pública total del país sumaba $25,350.1 millones; $6,799.8 millones del sector público financiero y $18,464.3 millones del sector público no financiero.
Como señalan informes económicos como los ofrecidos por ICEFI, actualmente por cada $100 producidos en El Salvador se deben $85, constituyendo los niveles más altos de endeudamiento de la región. El carácter de alto riesgo con que las calificadoras siguen viendo al país contribuye a que la deuda contratada por El Salvador sea muy cara, debiendo destinarse cada año más recursos para honrar esos pagos.
Estimaciones de economistas como Ricardo Castaneda, señalan que aproximadamente una cuarta parte del presupuesto general de la Nación se destina al pago de deuda, intereses y amortizaciones. Esto significa que El Salvador está destinando más recursos para pagar deuda que los que destina para educación o salud.
Al deterioro en los servicios de salud, el desabastecimiento de medicamentos, la inexistente política educativa, que no pasa más allá de la propaganda y los grandes anuncios, pero que sigue, por ejemplo, sin reconstruir las mil escuelas por año a que se comprometió este gobierno, debemos añadir el profundo deterioro de la producción agropecuaria y el bajo crecimiento económico.
En el primer trimestre de 2023, la economía salvadoreña solo creció un 0.8%. Dejando de lado la pandemia, este es el menor crecimiento trimestral desde el 0.4% registrado en el primer trimestre de 2016. La caída se observa desde el cuarto trimestre de 2021, cuando el PIB trimestral marcó un 5.6%, y a partir de ahí, ha ido en descenso cada tres meses, con un 1.3% al cierre del 2022, según datos publicados esta semana por la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Por más que el Ejecutivo siga destinando mayor presupuesto a su departamento de propaganda y desinformación que a los programas sociales, la narrativa tiene un límite. Los datos duros en casi todos los sectores confirman el lento pero incesante camino a la debacle económica. Las exportaciones cayeron $87 millones en los primeros tres meses del año, y otros $181 millones en el segundo trimestre; en tanto, las importaciones de bienes intermedios disminuyeron $346 millones en este primer periodo, y otros $439 millones entre abril y junio.
La recaudación tributaria ha sido menor a la esperada, registrando en el caso del impuesto sobre la renta (ISR), $27.7 millones menos en retenciones, con un pago a cuenta de $26.9 millones menos, en el segundo trimestre al compararlo con el cierre a marzo. En cuanto a las declaraciones de IVA cayeron en $8.4 millones en el segundo trimestre respecto al primero.
El país registra también un fuerte uso de las reservas de liquidez y de los fondos de pensiones. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país no han retornado a los niveles prepandemia. En julio de 2023, sumaban $2,617 millones, por lo que se han reducido $1,319 millones desde diciembre de 2019.
Avanzan a golpe de fraude
Mientras tanto, se supo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), convertido ya en un apéndide del Ejecutivo, avanza mansamente en permitir que se preparen las condiciones para garantizar al oficialismo el menor número de inconvenientes para cumplir dos de sus planes, por un lado la ilegal reelección presidencial y por otro, consumar una amplia maniobra fraudulenta en sectores electorales clave, como por ejemplo el Voto en el Exterior, para asegurar que desde aquellas urnas el oficialismo se acerque a su objetivo de mantener el control absoluto del aparato legislativo.
En el primer caso, se apresuraron a rechazar recursos de impugnación a la precandidatura presidencial del actual mandatario, bajo la falacia de que se ven obligados a acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, olvidando que se trata, en primer lugar, de una corte y salas espurias, elegidas prácticamente a dedo por las fuerzas gobernantes, para que actúen a su servicio.
En el segundo, en una maniobra vergonzosa, que demuestra el interés permanente del régimen de apartar al FMLN del escenario político, obligándolo a luchar en las condiciones más desventajosas posibles, esta vez en la arena electoral, el TSE inició esta semana la conformación de la Junta Electoral del Exterior (JELVEX), un organismo temporal que se instalará en cada país para ejecutar el voto electrónico en el exterior.
Según la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, la JELVEX está compuesta por un presidente, un secretario y un vocal. Los cargos son otorgados de acuerdo al número de votos obtenidos en la última elección. Esto significa que Nuevas Ideas ostentará la presidencia del organismo por haber obtenido 1,739,153 votos, mientras que ARENA la secretaría tras lograr 318,703 votos. El tercer partido con mayor cantidad de votos fue el FMLN, con 180,808. Sin embargo, el TSE nombrará en su lugar a GANA, que obtuvo por sí solo un total de 138,371 votos; pero con la coalición que hizo con Nuevas Ideas en seis departamentos, alcanzó los 228,883 votos.
Esta burda maniobra solo demuestra la impunidad con que el régimen salvadoreño se salta toda ley, reglamento o acuerdo que no le resulte conveniente para acomodarla a sus necesidades; pero señala también una ruta clara hacia el fraude y a la ilegitimidad del proceso electoral en su conjunto.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: elsv.info/
