Algunos escenarios de Nuestra América apuntan claramente a que, superado un muy breve intermedio de fin de año, las luchas sociales y políticas retornan con fuerza, en la medida que las distintas manifestaciones de confrontación de clases se agudizan, en medio de la crisis de la economía capitalista dependiente.
La situación pone en riesgo conquistas sociales y derechos que deben defenderse desde los pueblos, frente a las ofensivas montadas desde fuerzas de derecha que pretenden restaurar un orden burgués cada vez más cuestionado. Al mismo tiempo, un imperio en decadencia que se ve desafiado por diversas potencias en el mundo, busca su reafirmación en Nuestra América, donde pretende asegurar su dominio con un redespliegue neocolonial continental.
Una permanente y prolongada guerra de posiciones
En Perú, la oligarquía, fundamentalmente limeña y asociada a las hordas fascistas del fujimorismo, estaba convencida que sus tradicionales movimientos de desestabilización institucional, destinados a garantizar el control de sus fuerzas en la política nacional, terminarían estabilizando el sistema y garantizado la continuidad de un esquema de fuerzas asociadas para gobernar de espaldas al pueblo, se encontró de pronto con que tenía en sus manos una enorme bomba social, con una mecha encendida extremadamente corta.
El presidente Castillo sigue detenido y acusado por los golpistas, pero desde las calles y carreteras de todo el país el pueblo se moviliza, lucha, confronta a las fuerzas de la represión, que al finalizar diciembre elevaba a 26 muertos su récord criminal. Las protestas no se han detenido, exigiendo tanto la destitución de la usurpadora Dina Boluarte, como la liberación del presidente Castillo y el cierre del Congreso.
Lejos de calmarse ante el salvajismo de la represión, que incluye a varios periodistas heridos por agresiones policiales y militares, y a que en la primera semana del año se reportan 36 hospitalizados, la crisis política se profundiza y las movilizaciones y protestas populares se agudizan.
En Bolivia, mientras la derecha fascista y racista, fundamentalmente concentrada en el departamento de Santa Cruz, terminaba el año con su máximo líder, el gobernador de Santa Cruz en prisión para ser juzgado por sus crímenes durante el golpe de estado de 2019, desde aquella región se sigue llamando al ataque a las instituciones, pretendiendo dar el salto de lo regional a lo nacional. Sin embargo, a pesar de dificultades y diferencias al seno del MAS-IPSP, el más amplio movimiento popular boliviano, y principal soporte del gobierno de Luis Arce, lo cierto es que se evidencia una mayor fortaleza del conjunto del movimiento popular, dentro y fuera del MAS-IPSP, que supera o al menos deja de lado aquellas diferencias, para enfrentar la principal amenaza que se presenta ante el pueblo, los intentos de estructurar esfuerzos golpistas, mismos que estan siendo derrotados, una y otra vez por ese amplio, muy variado y combativo movimiento popular.
Por eso, desde la cárcel, golpistas como Camacho y la ex usurpadora Añez, llaman a sus seguidores a tomar acciones de desestabilización, sobre todo en sus áreas geográficas de mayor fortaleza. Hasta ahora, siendo esta una confrontación en desarrollo, las fuerzas de la reacción siguen llevando las de perder frente a un pueblo organizado, activo, experimentado y consciente de su autodefensa y de la defensa de su gobierno.
Los desafíos del neofascismo
Mientras tanto, en Brasil, otra maniobra del fascismo tuvo lugar este 8 de enero, sumada a los cortes de carreteras previos, la negativa de Bolsonaro a participar en la ceremonia del traspaso de mando, y otras acciones de provocación.
La toma de las más importantes y simbólicas sedes del poder institucional de aquel país por parte de varios centenares de seguidores bolsonaristas, con la evidente complicidad de autoridades locales, las fuerzas de seguridad estaduales de Brasilia (DF), la simpatía de una parte importante del estamento militar, y muy posiblemente con el conocimiento de la inteligencia del Estado, que no advirtió al presidente Lula del peligro, volvieron a recordar al mundo los hechos de hace dos años (06/01/2021) en el Capitolio de EEUU por fuerzas del trumpismo, y a los salvadoreños los hechos del 9/02/2020, cuando el mandatario se tomó militarmente la Asamblea Legislativa, inaugurando así estas prácticas ilegales y delictivas, que muestran hasta donde son capaces de llegar estas fuerzas extremistas de derecha.
En el caso de Brasil, la reacción rápida y firme de fuerzas de seguridad convocadas por Lula para intervenir el DF, y el anuncio presidencial de investigar y someter a la justicia a quienes promovieron y financiaron la asonada, apunta primeras acciones que muestran firmeza. Será determinante que estas tengan la continuidad imprescindible, porque alli puede jugarse el destino del gobierno, no tanto porque pueda ser derrocado como por la vulnerabilidad y fragilidad que podría insinuar si no va más allá de una condena verbal presidencial.
Cualquier debilidad o vacilación favorecería las presiones de todo tipo de unas fuerzas extremistas que no se darán por vencidas hasta ser derrotadas de forma inapelable. La defensa no puede solo quedarse en lo institucional, será imperativo el llamado a la movilización popular en defensa de libertades, derechos y de la expresión de su voluntad masiva y mayoritaria.
La inmediata condena internacional a la asonada golpista, y el respaldo al gobierno legítimo de Brasil también nos muestra una comunidad de naciones especialmente sensible ante estos hechos, pero sobre todo nos muestra a los pueblos del continente conscientes del tipo de confrontación que se nos presenta en la región, donde es evidente que las fuerzas reaccionarias permanecen muy activas y atentas a cualquier señal de debilidad, allí donde no logran gobernar o controlar las políticas gubernamentales.
Junto a la defensa institucional, expresada en la mayoría de comunicados de gobiernos y organismos internacionales, se impone desde los pueblos la defensa de las libertades, de la democracia como expresión de voluntad popular, y la profundización y ampliación de la participación del pueblo en los asuntos de Estado y de gobierno, es decir una profundización de la democracia hacia formas cada vez más participativas, protagónicas y directas, que a su vez favorezcan la defensa y vigilancia de los avances en favor de las mayorías frente al chantaje y la violencia de los extremistas de derecha y las clases dominantes.
Ya hemos visto en otros países hermanos del continente que la escaza firmeza oficial ante las provocaciones de estos sectores ultraconservadores, lejos de aquietar las aguas o de tranquilizar los nervios golpistas y desestabilizadores, simplemente los alientan, porque interpretan la escasa reacción oficial como una señal de debilidad, que los incita a redoblar sus esfuerzos. Los acontecimientos en Brasil, como sucede en el resto de la región, deberán ser seguidos con atención y con los pueblos prestos a las más diversas manifestaciones de solidaridad en cada caso.
En El Salvador, mientras tanto…
El año inició más agitado de lo que el gobierno hubiese querido. La crisis con que terminó 2022 a causa de los numerosos casos de municipios gobernados por el oficialismo, a cuyo personal no se le había pagado salarios y prestaciones de ley, continúa porque siguen sin cobrar y, por lo tanto, siguen manifestándose de múltiples formas.
La crisis más aguda, que se había desatado en el municipio de Soyapango y que acabó con la jefa municipal entre rejas, sigue sin resolverse. Así, se conoció en la primera semana del año la denuncia de los trabajadores acerca de amenazas que reciben de parte del gobierno para que cesen sus protestas, amenazas que incluyen desde la posibilidad del cese laboral hasta recordarles que hay un régimen de excepción y que pueden ser detenidos.
Así busca resolver el régimen los conflictos. Así da a conocer cada día la misma intolerancia, arrogancia y autoritarismo que sus alter egos, Trump o Bolsonaro, a quienes, por cierto, antecedió en las tomas por asalto de poderes legislativos.
En todo caso, no solo fueron los trabajadores municipales en varios puntos del país los que expresaron sus reclamos, sino que también centenares de policías despedidos, así como los afectados por la eliminación del instituto que velaba por el bienestar de lisiados de guerra también se tomaron las calles para hacer valer sus reclamos.
Mientras tanto, el gobierno toma por asalto policial sedes sindicales, como la del sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa, o incumple decisiones judiciales de reinstalo de personal en importantes municipios, como el de la alcaldía de Mejicanos.
En un año electoral, la nueva burguesía emergente, en el gobierno, busca su continuidad a toda costa, no solo para poder consolidarse como clase dominante hegemónica, sino para conservar un poder político que siga asegurando su impunidad ante la permanente violación a derechos, leyes y a la Constitución por parte de sus funcionarios, en todos los niveles de gobierno. Mantener el poder absoluto les resulta, en este sentido, imprescindible para seguir evadiendo la justicia y la cárcel.
Para cumplir esos objetivos electorales el gobierno y su partido requiere de ingentes recursos y los mismos deberán salir, como lo viene haciendo desde su llegada al gobierno, de los fondos del Estado. Esto es así porque se trata de un gobierno al servicio de (sus) grandes empresas y que coloca al estado a su servicio. Ante la extrema debilidad financiera y la potencial incapacidad para cubrir el endeudamiento externo, vimos al finalizar el año un simulacro de reforma a las pensiones, que asegura al gobierno que algunos de sus financistas (las AFP y los bancos que las respaldan), continúen sus negocios en El Salvador, y al mismo tiempo sigan financiando su gobierno (y su campaña).
En este marco se pueden interpretar las intenciones de mayores niveles de concentración de poder, como las propuestas iniciales de reducción del número de municipios en el país, a la vez que de un plumazo van quitando todas las limitaciones para que en las obras públicas se pueda contratar empresas y servicios sin recurrir a la legislación vigente de adquisiciones y contratos. El manto de oscuridad sobre las finanzas públicas se espesa. Ese es el panorama con que inicia el año el gobierno y el pueblo en El Salvador. Un año sin duda de luchas, en defensa de derechos y conquistas por parte de las grandes mayorías, y de enormes dificultades para un gobierno que ya agotó su crédito internacional, y que a nivel interno cada vez se respalda más en el apoyo militar, los regímenes de excepción y las limitaciones crecientes al ya muy deteriorado Estado de Derecho.
Raúl Llarul* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Manifestaciones en El Salvador/ Internet
