Al mismo tiempo, esa fecha se transforma en símbolo de un retroceso civilizatorio, cuando de un plumazo se pretende aplastar la historia moderna del derecho internacional, de normas internacionales de derecho humanitario, de reglas aceptadas en todo el planeta, pero hoy avasalladas por una cabeza imperial que pretende convertirse en tirano del mundo. Un retorno a las formas más inhumanas de trata de personas como el esclavismo, y la fuerza como doctrina y ley preponderante. Un desafío que toca al mundo entero enfrentar.
Vergonzoso retorno al colonialismo
La primera gira del Secretario de Estado, Marco Rubio por algunas naciones de Centroamérica, demostró los niveles de sumisión y entrega a una potencia extranjera, tanto de recursos como de voluntad política por parte de gobernantes locales, indignos de ser llamados estadistas.
Pocos personajes, sin embargo, mostraron tal nivel de servilismo y postración ante un amo imperial como el jefe del Estado salvadoreño frente al pro-cónsul de Washington, expresando ofertas que harían revolverse en sus tumbas a los héroes y heroínas que lucharon por una auténtica y definitiva independencia de aquellos poderes imperiales.
Este 16 de marzo se materializó la traición a todo aquello que pudiera significar patriotismo, defensa de la soberanía, mínimo sentido de dignidad nacional.
El Salvador no es patio trasero de nadie, decía el mismo personaje hace apenas unos años. Y solo mintió relativamente; hoy el país no es patio trasero sino colonia carcelaria y celda de torturas al servicio de una potencia extranjera.
Un Guantánamo, pero con diferencias substanciales, porque Cuba jamás abandonó su lucha anticolonial en reclamo de su territorio, esquilmado por la fuerza bruta de marines yanquis. En el caso de El Salvador, la entrega es voluntaria, por un puñado de dólares, casi el equivalente a aquellas 30 monedas de oro.
Hoy Jesús, el traicionado, es el pueblo, el mismo pueblo de Monseñor Romero, asesinado hace justamente 45 años, por otro precio infame.
Pero ahora la víctima no es solo el pueblo salvadoreño, sometido a sucesivos regímenes de excepción, que vienen anulando derechos constitucionales de forma ininterrumpida los últimos tres años. Ahora se suman ciudadanos extranjeros, como los 238 inmigrantes venezolanos presentados, sin pruebas, por la prensa hegemónica mundial como delincuentes.
Los privados ilegalmente de libertad permanecerán en las cárceles salvadoreñas por un año, período que puede ser renovado, según el mandatario salvadoreño. El país recibiría a cambio un pago de $6 millones. Es el precio de la dignidad nacional.
Esta semana el periódico La Prensa Gráfica, publicó una entrevista con Daniel Zovatto, académico relacionado con tanques de pensamiento de derecha, como IDEA internacional o el Woodrow Wilson International Center. Es decir que no se trata de la crítica de “un lunático de la izquierda radical”, que suele agitar el temperamento de Donald Trump ante cualquier observación a sus políticas. Zovatto resume con bastante precisión el proceso:
“[…] afirma que desde el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos se está configurando un nuevo orden internacional basado de nuevo en la fuerza. En ese escenario, afirma, Trump ejerce una política exterior transaccional con las grandes potencias y una de chantaje con los países débiles, a quienes les impone su voluntad. De América Latina, destaca el caso de Nayib Bukele quien, a su juicio, no solo cedió a las exigencias del presidente estadounidense, sino que ofreció hacer todavía más. ¿La razón? Garantizarse impunidad para seguir profundizando su gobierno autoritario.”
Recordando Abu Ghraib
Aunque los hechos conmocionen hoy a una parte muy importante de la sociedad mundial y, desgraciadamente, alegren a esa otra parte de las sociedades que avanzan a paso redoblado a la deshumanización distópica que nos ofrece el neofascismo ascendente, se trata de un hecho que tiene raíces históricas; es decir, que no es nuevo, particularmente en el accionar despiadado de fuerzas imperiales.
Se está re-institucionalizando el tráfico internacional de personas privadas de libertad y sin derechos. Un regreso a tiempos donde, por ejemplo, el esclavismo y otras formas denigrantes de deshumanización, criminalización y tratos degradantes hacia determinados grupos sociales, en virtud de raza, nacionalidad, credo, género o posiciones políticas, era aceptado legalmente en muchos países.
No es por casualidad que la ley que utilizan en EEUU para deportar migrantes, en particular de Venezuela hacia un tercer país, reconocido internacionalmente por su violación sistemática a los derechos humanos, y a su sistema penal carcelario, punitivo y degradante, violatorio de las Reglas Mandela, reconocidas mundialmente como el estándar que debe seguirse en el trato a prisioneros de cualquier naturaleza, sea la anacrónica ley de enemigos extranjeros de 1798.
Debieron recurrir a ese artilugio porque solo leyes anteriores al cuerpo legal internacional construido a partir de las lecciones que dejaron la primera y segunda guerras mundiales, podrían “justificar” tratos de semejante arbitrariedad y salvajismo.
Por eso estas medidas representan un retroceso civilizatorio, tanto desde EEUU como desde el gobierno Bukele y sus tratos inhumanos y degradantes a prisioneros. Porque pretenden presentar esa realidad cruel e intolerable como aceptable ante la comunidad internacional. Divulgan las vergonzosas imágenes con orgullo. Con su lógica, las reglas de juego no serán las del derecho internacional humanitario, sino la fuerza.
Desde el inicio del siglo XXI, es decir en la historia reciente, encontramos más de una referencia a las expresiones que hoy Donald Trump y su grupo utilizan para justificar la criminalización y condena sin juicio contra personas que son vistas como “estorbos” a las políticas imperiales de turno, en este caso la población migrante.
Recordemos, por ejemplo, Abu Ghraib, en Irak, o los casos de las prisiones secretas y centros de tortura en Afganistán y otros países. Todo empezó con posterioridad a los atentados del 11S, durante la presidencia de G. W. Bush, con la declaración en EEUU de guerra al terrorismo y las leyes especiales para perseguirlo en su territorio. Durante la invasión a Irak aplican el concepto de extraterritorialidad, para buscar lugares donde las fuerzas de la coalición pudieran secuestrar y torturar prisioneros, en territorios donde las leyes locales no afectaran a los responsables.
En ese periodo, el gobierno de EEUU intentó reescribir las Convenciones de Ginebra de 1949, para desmantelar muchas de sus protecciones más importantes. Estas incluyen el derecho de todos los detenidos en un conflicto armado a no ser sometidos a tratos humillantes ni degradantes, así como a la tortura y otras formas de interrogatorio coercitivo.
El Pentágono y el Departamento de Justicia desarrollaron como argumento legal que el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, no estaba sujeto a las leyes estadounidenses ni internacionales que prohíben la tortura, al actuar para proteger la seguridad nacional, y que dichas leyes podrían incluso ser inconstitucionales si obstaculizaban la guerra contra el terrorismo.
Estados Unidos comenzó a crear prisiones extraterritoriales como la de la Bahía de Guantánamo, en Cuba; mantuvo a otros detenidos en «lugares no revelados»; y envió a sospechosos de terrorismo sin proceso legal a países donde se les extraía información a golpes.
Todo aquello comenzó con la declaración de guerra al terrorismo, contra enemigos residentes en EEUU; el mismo lenguaje elige hoy, no por casualidad, la administración Trump.
Hoy declaran a los migrantes enemigos internos, invasores y “terroristas”. Sin juicio, sin jueces, sin abogados, sin pruebas, son condenados a una prisión reconocida por su brutalidad y condiciones inhumanas en El Salvador. La palabra “guerra” y “terrorismo” no se usan a la ligera; tienen, por el contrario, una clara intencionalidad para justificar las acciones salvajes que estamos viendo.
Ante semejantes aberraciones, el derecho internacional humanitario debería habilitar el espacio jurídico internacional para juzgar y, en su caso, condenar a sus máximos responsables. Posiblemente la “extraterritorialidad” afectaría positivamente a la administración Trump, pero muy negativamente al presidente de El Salvador, quien sin duda sería el primero en ser llevado a los tribunales internacionales, en el probable caso que aparezcan denuncias por violaciones a los DDHH en las cárceles, contra estos prisioneros sin causa, retenidos ilegalmente en El Salvador.
En los hechos, este grupo de migrantes se encuentra en un limbo jurídico. No han sido acusados más que por el presidente y el servicio de migración de EEUU, pero jamás un juez los condenó en debido proceso, porque ni siquiera existió proceso.
En 2022, el costo de mantener a un preso en Estados Unidos variaba entre 46.000 y 52.000 dólares anuales, dependiendo del tipo de centro de detención. En El Salvador, por 6 millones de dólares, el gobierno estima gastar $20.000 por persona. Sin duda, en pésimas condiciones y sin verificación internacional, ese gasto puede reducirse dramáticamente a costa de la comida y las condiciones de vida del prisionero.
¿Qué distingue estos métodos de los nazis enviando judíos, gitanos, homosexuales y comunistas a campos de concentración? Se les da tratamiento de delincuentes y los condenan por ser inmigrantes indocumentados. Con justa razón, el gobierno de Venezuela afirma que se trata del secuestro de sus ciudadanos.
La situación que enfrentan estas personas encarceladas en El Salvador no se diferencia de otros miles de inocentes que siguen encerrados en condiciones infrahumanas. Hasta el gobierno, a pesar del cinismo desvergonzado del encargado presidencial de justificar las violaciones a los DDHH, Andrés Guzmán, ha debido reconocer que al menos ocho mil de las personas salvadoreñas a quienes encarceló, eran inocentes. Muchas siguen de todos modos encarceladas, a pesar de las órdenes judiciales de libertad. Más de 300 han fallecido.
Lo venimos diciendo desde hace años. Hoy, la situación de los deportados pone en primer plano el tema. El FMLN emitió a principios de la semana un comunicado en solidaridad, condenando estos hechos y exigiendo el retorno de estas personas a su patria.
Que la acción solidaria internacional contribuya al pronto retorno de todos los ciudadanos venezolanos a su país, a poner fin a los tratos inhumanos y degradantes en las cárceles del régimen, y a cesar la persecución política que se vive bajo la dictadura de Bukele.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: Monseñor Óscar Romero (C) Oficina De Canonización De Monseñor Romero
