Desde la llegada al Ejecutivo del actual clan familiar, el 1 de junio de 2019, El Salvador ha vivido bajo un manto de oscurantismo, falta de transparencia y nula rendición de cuentas, en particular en materia de información pública respecto a gastos, y de infinidad de decisiones políticas que, desde la pandemia, van sumando una larga lista de información clasificada como confidencial por años.
Si lo anterior representa un punto negro en la historia reciente de El Salvador, quizás aún más grave sea la forma en que una parte sustancial de la sociedad parece haberse acostumbrado a vivir con esa falta de información pública, y que incluso ha normalizado una forma de vida que restringe derechos, acepta verdades a medias o mentiras totales con ingenuidad y va, poco a poco, resignando elementos esenciales de un espíritu crítico y rebelde, que caracterizó por muchos años a un pueblo capaz de enfrentar y derrotar formas mucho más violentas de dictadura que las que hoy dominan el panorama político nacional.
Más de un sector organizado de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, los medios de prensa y tanques de pensamiento darán en estos días sus balances del gobierno, cada uno desde su propia perspectiva de clase y nivel de complicidad o enfrentamiento con el gobierno en turno. Es de esperar que desde CAPRES no perderán oportunidad de utilizar las cadenas nacionales, las redes sociales y medios bajo su control, para afirmar cínicamente que el pueblo vive mejor, que la seguridad es un logro indiscutible, que las obras prometidas marchan a buen ritmo, y que si no se avanza más es por los mismos de siempre que, aunque insignificantes según la narrativa oficial, parecen ser la excusa perfecta para escudar su incompetencia e incapacidad.
Esos balances deberían permitirnos, por mención o por omisión, destacar los puntos débiles que evidencia un régimen que se vende como invulnerable. A esos puntos preferimos referirnos porque son esas vulnerabilidades las que irán contribuyendo a la necesaria acumulación de fuerzas del pueblo y, en igual medida, irá desgastando un modo de dominación que muestra fragilidades esenciales desde su base.
Oscuridad, impunidad y corrupción
Si algo caracteriza a las corrientes reaccionarias de derecha, surgidas particularmente en América Latina en casi un cuarto del siglo XXI que llevamos atravesando, es que en muchos casos llegaron con líderes mesiánicos y autoritarios, con fuertes narrativas de lucha contra la corrupción, hablando de ella hasta el cansancio durante sus campañas, pero fomentándola y callando ante “sus corruptos”, una vez en el gobierno. No obstante, continúan usando como chivos expiatorios ante su público (porque así consideran al electorado y a la ciudadanía) a ex funcionarios de gobiernos anteriores y antiguos dirigentes de aquellos partidos políticos que conforman la oposición.
No es el caso exclusivo de El Salvador; lo vimos en Bolsonaro, pero también en quienes con engaños llegaron al gobierno de Ecuador, en el caso de Lenin Moreno, y posteriormente con el actual presidente Guillermo Lasso. En el caso salvadoreño, el tema no resulta una cuestión menor porque desde el inicio, al amparo de la pandemia de Covid-19, se recurrió a maniobras evidentes de enriquecimiento ilícito a base de contrataciones del Estado para beneficiar a familiares o amigos del clan presidencial. Casos como el del ministro de Salud, a quien hasta diseñaron “una ley a su medida”, más conocida por su nombre -Ley Alabi- otorgando inmunidad a las compras irregulares durante la pandemia, impidiendo que se pudiera conocer de contrataciones, compras, adjudicación de servicios, importación de equipamiento para el fiasco del Hospital El Salvador, etc., para beneficiar a familiares directos y al propio ministro. La designación de carácter confidencial de la información por un mínimo de 7 años, puso a salvo de los juzgados y la cárcel a todos los implicados.
Del mismo modo, los negociados con paquetes alimenticios entregados a las familias salvadoreñas durante las cuarentenas obligatorias, que relacionaron directamente el asunto con ministros del régimen como Pablo Anliker, en Agricultura. También hay que recordar las diversas acusaciones jamás aclaradas contra personajes como el actual responsable de las cárceles del país, Osiris Luna, como sus viajes al exterior en lujosos aviones privados, los negociados en las tiendas para reclusos y la eliminación de toda información de las prisiones (discos, actas, reportes, informes, etc.) en relación con las investigaciones de la FGR, en base a casos denunciados por la CICIES, que afectaban directamente a funcionarios del actual régimen. Finalmente, tampoco se investiga el uso de prisioneros como mano de obra esclava en propiedades privadas relacionadas con familiares de funcionarios públicos. Sin hablar del tema de las complicidades denunciadas y documentadas por la prensa de investigación respecto a las negociaciones entre el gobierno y las pandillas, en las mismas cárceles de alta seguridad.
Son solo algunos de los casos que podemos mencionar y que fueron expuestos por la prensa independiente, pero que jamás vieron la luz en un juzgado o en un despacho fiscal desde que el Ejecutivo se hizo con el poder total del Estado en 2021.
Si es posible para un régimen como el salvadoreño realizar estas maniobras escandalosas, es porque previamente desmontó los mecanismos de pesos y contrapesos que conforman la estructura que sostiene jurídica e institucionalmente el Estado de Derecho.
Amparadas en el semi-agotamiento de la democracia liberal burguesa, y explotando las grietas creadas por la crisis del sistema de partidos que se vive -en diferentes escalas y medidas-, a lo largo y ancho del continente, estas fuerzas reaccionarias abrazan esa democracia raquítica y acceden a través de ella al poder Ejecutivo. Ese avance en el control de una porción del poder estatal es suficiente para iniciar la escalada de desmontaje de las democracias tradicionales y reemplazarlas con las llamadas democracias restrictivas o de excepción, que limitan progresivamente derechos, amoldando los Estados a sus necesidades y las del grupo económico dominante.
El fenómeno describe al detalle al régimen salvadoreño y la pérdida de derechos por parte de la ciudadanía. Lejos de lo que pueda creerse, el ejercicio del autoritarismo es más comúnmente aceptado en América Latina de lo que pueda pensarse, como ya lo han demostrado en reiterados estudios el Barómetro de las Américas y el Latinobarómetro.
También en El Salvador, la gente parece haber aceptado conceder derechos a cambio de que el Estado le garantice una sensación de seguridad. Por eso, el miedo y la inseguridad son puntos estelares de los dirigentes neofascistas en el continente.
Para el pueblo y sus organizaciones, así como para las fuerzas de izquierda y revolucionarias, hacer un permanente recordatorio de todos estos casos de flagrante corrupción y ocultamiento de información pública, así como el reclamo legítimo por los derechos conculcados, deberían servir como elementos de movilización, en la medida que esos actos de corrupción significan enriquecimiento de nuevos y viejos ricos, y más hambre para las grandes mayorías populares, sometidas a una vida de miseria y olvido por el mismo gobierno que dice actuar en su nombre.
Militarización, violación de DDHH y control social
Desde el año 2019 en El Salvador comenzó un periodo, aún vigente, de progresivo control militar de diversos aspectos de la vida nacional y la subsecuente militarización territorial del país. Una primera manifestación de este fenómeno fue el “golpe blando” que constituyó la toma militar y policial del órgano legislativo por el Presidente de la República, el 9 de febrero de 2020.
Con posterioridad, y al calor de las condiciones impuestas por la pandemia, las fuerzas armadas fueron empleadas en tareas que podían considerarse legítimas debido a la situación de emergencia, como las misiones cívicas (reparto de medicinas o alimentos, apoyo médico y logístico, etc.); pero muy pronto los criterios autoritarios del régimen se impusieron para forzar cuarentenas obligatorias y draconianas y desplegar en el país una fuerza de combate, estableciendo retenes y cercos militares (a los que daban el nombre eufemístico de cercos sanitarios) en torno a ciudades enteras ante algún brote de contagio, imponiendo el terror y la impotencia en la población.
Aquella experiencia fue vital para dar otro paso, una vez que la tregua gubernamental con las pandillas se rompió, en marzo de 2022. El despliegue de nuevos cercos militares en torno a ciudades o barrios populares bajo la premisa de cazar delincuentes sirvió para un fin político evidente, más allá de cualquier finalidad de lucha contra el crimen, para el cual es la Policía Nacional Civil la que se supone capacitada y entrenada.
En cualquier caso, resulta ya evidente que el fin último de este despliegue nacional tiene que ver con el control preventivo de la población antes que con el combate al crimen. Son varios los casos que no debemos olvidar, como la captura de jóvenes del bajo Lempa, por interpretar en una comunidad histórica una obra de teatro que representaba escenas de la lucha de liberación del pueblo salvadoreño contra el ejército contrarrevolucionario en los días del conflicto armado. Recordar también la captura de ambientalistas y ex combatientes de la comunidad de Santa Marta, cuyos líderes continúan en prisión. Igual destino sufrieron diversos sindicalistas en ejercicio de sus funciones.
Ese es el verdadero plan de control territorial del régimen con métodos neofascistas que enfrenta el pueblo salvadoreño. La idea era acabar con cualquier foco de resistencia que entorpeciera la artificial narrativa oficial de un gobierno con respaldos populares superiores al 90%. Algo totalmente falso, pero que se repite hasta el cansancio en sus medios de desinformación y manipulación masiva.
Dicen que en la guerra la primera baja es la verdad; seguramente en el surgimiento del neofascismo del siglo XXI, junto con la verdad cae herida de muerte la justicia. Lo vimos en Brasil en los casos de Dilma y Lula, se repitió en Argentina, no solo con Cristina o con la situación de Milagro Sala, sino con la de muchos patriotas argentinos que sufrieron cárceles y anulación de derechos ciudadanos que buscaban su muerte civil. Situaciones que no se revirtieron ni siquiera con gobiernos supuestamente populares. Tampoco olvidamos el caso del ex vice-presidente Jorge Glas, en Ecuador, o los luchadores chilenos y mapuches que siguen en las cárceles bajo el deplorable gobierno de Boric.
En El Salvador, son innumerables los casos de violaciones de derechos humanos y ciudadanos. Desde la persecución y encarcelamiento de ex funcionarios, sin que se pueda garantizar algún tipo de independencia judicial a partir del control del sistema de justicia por el gobierno, desde el 1 de mayo de 2021, hasta la implementación del régimen de excepción permanente desde hace 15 meses, que, violentando el texto y espíritu constitucional, elimina durante su aplicación diversos derechos individuales.
Sobre esa base se cuenta por miles las detenciones arbitrarias y de personas inocentes, mientras en torno a 200 han fallecido en custodia, bajo responsabilidad del Estado. La arbitrariedad y la impunidad ante estos crímenes campean en El Salvador.
La última expresión de esta realidad se reconoce en la reciente sentencia judicial, sin pruebas y virtualmente sin causa, contra un grupo de ex funcionarios municipales de alcaldías gobernadas entonces por el FMLN, entre ellos el ex alcalde de Zacatecoluca, Dr. Francisco Hirezi, condenado a 18 años de prisión. La inusitada sentencia lo es desde el punto de vista judicial, pero si se observa desde la óptica política, su lectura es clara: la determinación del régimen de utilizar la persecución política por la vía judicial como elemento de presión y propaganda permanente contra las fuerzas de oposición, en particular contra el FMLN, en especial en este tramo de menos de un año hasta que se puedan definir las batallas electorales que se avecinan.
Un gobierno sin escrúpulos, que no duda en violar la Constitución y las leyes para obtener sus objetivos, que ya ha demostrado con creces no inmutarse al mentir descaradamente, manipular y desinformar, tampoco tendrá prurito alguno a la hora de judicializar la persecución política, controlar al árbitro electoral y recurrir al fraude si fuese necesario, para garantizar la ventaja que le permita asegurar un segundo periodo con mayorías legislativas sustanciales.
Ese es el régimen que cumple cuatro años, y cuyas acciones, lejos de demostrar fortaleza, indican debilidades. Recordar estas injusticias y maniobras autoritarias y arbitrarias será sin duda, parte de las tareas que le esperan a las fuerzas de izquierda, revolucionarias y progresistas en El Salvador.
Un último dato permite vislumbrar que, a pesar de los discursos de odio del presidente contra la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos, lo cierto es que sus mismas reacciones demuestran que lejos de no importarle, le preocupan.
Necesitado desesperadamente de seguir manipulando los datos para que las denuncias a violaciones de DDHH se neutralicen, acaba de nombrar a un abogado ciber-especialista, Andrés Guzmán, como primer comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. El designado, proveniente de Colombia, carece de conocimientos de política salvadoreña y no tiene más de siete meses de experiencia en temas de derechos humanos. Su carrera la ha dedicado a asesorías sobre delitos cibernéticos, incluyendo casos mediáticos vinculados a la derecha colombiana. Destaca entre ellos haber sido el abogado que salió en defensa de Óscar Iván Zuluaga. candidato uribista para las elecciones presidenciales de 2014.
Acusado de participar e implementar ciber-espionaje en su país, este personaje será quien se encargará de justificar las acciones gubernamentales violatorias de DDHH. Sus primeras declaraciones lo retratan: “Aquí hay un régimen de excepción sustentado en más de 30 años de guerra interna. El fenómeno histórico que sucede hoy en día en El Salvador, no sucede en ninguna otra parte del mundo, y la verdad es que se han requerido medidas extremas, las cuales también necesitan sanaciones extremas. Es lo que vengo a hacer”, señaló Guzmán en sus primeras declaraciones a los medios.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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