El culto a la personalidad y el control férreo y unipersonal del poder, claves en el encumbramiento del régimen, había permitido combinar formas de “poder suave” con “poder duro”, priorizando la aparente “suavidad” y el abierto cinismo, ante las denuncias de corrupción oficial, accionar mafioso y groseras violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, frente al creciente fortalecimiento de la resistencia popular y la crítica mundial, recurre a medidas extremas y quema puentes.
La figura presidencial elevada a categoría de semidios resulta cada vez más inservible; recurre entonces a la segunda arma en importancia de su arsenal de dominación: la represión abierta y la persecución judicial.
Como una enfermedad contagiosa, las inseguridades permean las grietas del régimen. Quienes merodean entre los oscuros rincones del poder, empiezan a sentirse aludidos por los resultados que revelan incómodas encuestas de opinión.
El factor tiempo no actúa a favor de la dictadura ni de sus cómplices. A la incapacidad de los funcionarios, se suma el terror que el autócrata les infunde; convertidos en lacayos sin voluntad propia, respiran al ritmo del tirano. Nada se mueve sin su consentimiento y eso hace más difícil echar culpas a otros.
Por eso siguen recurriendo, seis años después, a culpar a los anteriores gobiernos del FMLN. Esto sirve también para intentar mantener en el imaginario colectivo sentimientos de odio hacia el partido que el régimen sigue percibiendo como su más peligroso adversario, en la medida que no logró su original objetivo estratégico de eliminarlo del campo de la política nacional.
Preguntas incómodas
¿Cómo es posible que una autocracia inmisericorde, responsable de la muerte de centenares de prisioneros en manos del Estado, capaz de encarcelar a cualquiera que interfiera en sus planes de acumulación de riqueza familiar y elitista, que ejerce un control despótico sobre el poder y legisla a su gusto y necesidad, que controla una parte considerable de los medios de comunicación, que oculta toda información del uso de fondos del Estado y que, finalmente, controla férreamente las fuerzas armadas y de seguridad, de las que dispone discrecionalmente para aplastar cualquier intento de resistencia popular, haya entrado sin embargo en una serie de crisis convergentes, lo suficientemente profundas para que nadie pueda anticipar una posible salida exitosa del régimen?
En los últimos meses, un conjunto de hechos graves se ha transformado en un lastre cada vez más pesado, que no pudo ser neutralizado por el aparato de propaganda de la dictadura. Un peso muerto que el régimen se ve imposibilitado de soltar, y que amenaza hundir un navío del cual los primeros roedores comienzan a bajarse.
El caso COSAVI, el oscuro incidente del helicóptero, con la muerte del gerente de la cooperativa y de la plana mayor policial; la aprobación de la ley que permite la minería metálica; la persecución a los ambientalista de la comunidad Santa Marta; la captura en Panamá de un cargamento de café salvadoreño que contenía cocaína; el alquiler del CECOT para migrantes deportados desde Estados Unidos, convirtiendo el país en una semi-colonia; los derrumbes de las calamitosas obras en Los Chorros; la confirmación periodística de vínculos entre altos funcionarios de gobierno y las pandillas; la violenta disolución de la protesta de familias de la cooperativa El Bosque, que se suma a múltiples casos de despojo de tierras, son hechos que impactaron negativamente en la opinión pública sobre el gobierno y que desnudan su esencia.
Como telón de fondo de esta oscura trama de arbitrariedad y autoritarismo, permanece el descontento popular ante la aguda crisis económica, que ve crecer los niveles de pobreza, mientras el Movimiento de Defensa de la Clase Trabajadora denuncia el despido de 40,000 trabajadores en los últimos seis años, de ellos 455 dirigentes sindicales, la desaparición forzada de cinco sindicalistas y la muerte de otros dos, José Leónidas Bonilla y Henry Chacón, bajo el régimen de excepción.
Frente a los derrumbes en Los Chorros, el Ejecutivo recurrió al populismo, ofreciendo transporte público gratuito en todo el país mientras intimidaba con la fuerza pública a los transportistas. El resultado fue la muerte de un empresario del transporte bajo tutela del Estado, detenido por orden del dictador a través de un mensaje en sus redes sociales.
El régimen desató una escalada autoritaria, criminalizando la protesta social y a activistas y defensores de derechos humanos; en pocos días se lanzó al arresto del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez, de la abogada Ruth López, y a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Las reacciones de condena ante estas medidas resultaron masivas, tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias para el régimen serán sin duda, serias, pero apuesta a imprimir una fuerte sensación de temor e incertidumbre en la población para debilitar la organización popular, incluyendo las denuncias sobre autoritarismo y violaciones a derechos desde organizaciones no gubernamentales, sujetas ahora a chantaje para permitir su existencia.
Deterioro y desorientación
Este breve resumen de acciones y reacciones dejan en evidencia no solo el deterioro del régimen sino su desorientación, que lo conduce a las medidas desesperadas que sigue adoptando.
El dictador intenta comprobar si en verdad su figura está sufriendo el desgate que le dictan las cifras de sus propias encuestas. Al mismo tiempo, renueva la exigencia de sumisión y lealtad absoluta a sus empleados, es decir a los funcionarios públicos que deberían actuar con independencia, desde un poder legislativo convertido en apéndice del Ejecutivo.
De noche, a puertas cerradas, sin micrófonos y sólo con foto oficial tomada al final del evento, el dictador reunió a sus más fieles partidarios y a sus diputados, para recordarles por qué y por quién están ocupando sus puestos.
Seguramente, también les recordó que para continuar disfrutando de esos privilegios deberán garantizar la continuidad del régimen a cualquier precio; no puede haber faltado el recordatorio acerca de las consecuencias que conlleva la falta de lealtad.
Las amenazas parecen haber hecho efecto inmediato. Uno a uno, fueron publicando en redes sociales expresiones de admiración al tirano, alabado como un dios pagano por seudo-diputados que han desprestigiado hasta límites inconcebibles su función de representantes del pueblo.
Irremediable agudización del conflicto social
La dictadura se prepara para la agudización del conflicto social y quiere asegurar sus frentes internos antes de la batalla. En principio, esto subraya que: 1) el gobierno no pretende buscar soluciones a los problemas del pueblo, sobre todo porque el grupo en el poder no ha llegado para eso, sino para acelerar el proceso de concentración de riqueza; y 2) descarta, en principio, seguir apelando a la desgastada popularidad del dictador, asumiendo como hipótesis principal la represión y la confrontación.
Peligrosos caminos que la historia de El Salvador señala como vías seguras a la escalada del conflicto, con impredecibles consecuencias y sufrimientos para el pueblo, pero que enseña también que jamás ha terminado bien para los tiranos.
Además de intentar reforzar un frente interno que intuye debilitado, el dictador apeló a una nueva maniobra populista, como si quisiera probar los niveles de manipulación mediática que el pueblo es aún capaz de tolerar.
En 2022 prometió reconstruir o reparar cinco mil escuelas en cinco años. Tres años después, la cifra de obras no supera unos pocos centenares, que rondaría las 400 unidades concluidas.
Además, la política del ministerio de Educación privilegia el cierre de escuelas en base a criterios de mercado; utilizan eufemismos, pero se trata de cierres de unidades escolares en función del número de alumnos, en un cálculo típicamente neoliberal de costo-beneficio, que no contempla las necesidades o dificultades añadidas a estudiantes, quienes deben recorrer mayores distancias e incurrir en mayores gastos para seguir estudiando. La deserción escolar no entra en los cálculos oficiales ni les interesa.
Esta semana, como si aquella promesa no hubiese existido, el dictador ofreció una nueva cadena nacional para desviar la atención de los conflictos antes citados. Esta vez prometió construir dos escuelas por día. Otra maniobra para ganar tiempo y justificar la obtención de más recursos a base de préstamos.
Las reacciones, desde la prensa, el campo popular, los sindicatos y hasta desde las redes sociales, antiguo terreno de dominio exclusivo de la narrativa oficial, se transformó en motivo de burla y escarnio para el dictador, que a estas alturas debe estar reconsiderando el alcance que tienen sus ocurrencias, transformadas cada vez con más velocidad en boomerang que azota de regreso su muy erosionada imagen.
El Salvador vive una aceleración de crisis múltiples. Como vasos comunicantes, la debilidad oficial se refleja en un movimiento popular fortalecido, aunque con insuficiente organización, unidad y cohesión.
El autoritarismo responde a la crisis como suele hacerlo, redoblando apuestas y “matando moscas a cañonazos”; ante las críticas, denuncias y resistencias desde el interior y desde el exterior, responde amenazando, quemando puentes, reprimiendo, y preparándose para nuevas ofensivas contra el pueblo.
Seguramente no pasará mucho tiempo antes que veamos huir a más de uno de aquellos que hoy hacen profesión de fe dictatorial. No olvidemos, al fin y al cabo, que ese oficialismo está constituido por renegados de todas las fuerzas políticas pre-existentes. ¿Qué lealtad puede esperar el régimen, que no sea a base de dinero o miedo?
Como en muchos otros momentos de la historia del país, las calles decidirán el destino de la dictadura. Hace apenas un año, los usurpadores, se reían de las instituciones que habían utilizado y luego pisoteado para hacerse con un poder despótico, que calculaban de larga duración; hoy lo empiezan a sentir particularmente efímero. No será de inmediato, pero la tiranía tiene sus días contados.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: AFP – MARVIN RECINOS
