La amenaza desde Washington de expulsiones masivas de inmigrantes intranquiliza a las élites locales ante potenciales estallidos sociales. En ese contexto, el proyecto autoritario busca trascender sus fronteras.
Las condiciones de vida de las mayorías se deterioran a un ritmo acelerado. Con el centro histórico capitalino convertido en epicentro de la especulación inmobiliaria de los allegados al poder, los sectores urbanos de escasos recursos son forzados a desplazarse a zonas marginales, mientras el Estado invierte en la modernización de esas áreas, elevando exponencialmente su plusvalía y las ganancias del clan familiar y sus socios.
El proyecto burgués de dominación, que busca estabilizar el modelo neoliberal dependiente en crisis pretende expandirse. Desde el poder se trazan líneas maestras para la proyección internacional de un proyecto autoritario, profundamente reaccionario y regresivo, que transforme la región en paraíso de especuladores, con servicios y mano de obra barata, con pueblos disciplinados a fuerza de militarización y manipulación informativa, presentándolo como una «democracia de mano dura», que a todos los efectos cumple más los requisitos de las dictaduras que de regímenes democráticos.
A inicios de octubre, el ilegítimo mandatario de El Salvador visitó al extremista Javier Milei en sus feudos argentinos. Dos de los personajes más antidemocráticos y autoritarios del continente se reunían para aparentar ante sus respectivos públicos tener algún tipo de conexión internacional, mientras la inmensa mayoría de personalidades relevantes de la política presenciaban la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la capital azteca donde, por cierto, estos dos personajes no fueron invitados.
La visita sirvió para que se trazaran líneas elementales de coordinación, con eje en los modelos de represión y control social utilizados en El Salvador bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana”.
Hoy la escena se repite; esta vez en Costa Rica, donde los esfuerzos estuvieron centrados en ocultar o menoscabar el hecho que, salvo el jefe del Ejecutivo, Rodrigo Chaves, el resto de los poderes de Estado, como los diputados de la Asamblea Legislativa o los jueces de la Corte Suprema, se negaron a recibir al visitante.
Para darle al evento, lleno de controversias, una aparente trascendencia, explotaron la tragedia de las lluvias torrenciales que castigaron vastas zonas de Costa Rica. Como parte de una oferta solidaria del mandatario salvadoreño, con clara intencionalidad publicitaria, se produce el controversial desembarco de un contingente de militares salvadoreños de apoyo a tareas humanitarias, que llegó sin la autorización constitucional del parlamento tico, ¡a un país que desmanteló su fuerza armada hace décadas!
El antimilitarismo y antiautoritarismo tiene raíces profundas en aquel país, y está plasmado en su Constitución. El Órgano Legislativo tiene la facultad exclusiva para «Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional».
De nada sirvieron las argumentaciones de solidaridad de las facciones extremistas de la derecha local, ni afirmar que eran unos pocos militares en un contingente mucho mayor de voluntarios civiles, ni la nula educación del mandatario visitante que, acostumbrado a irrespetar poderes en su país, pretendió hacer lo mismo con el presidente del órgano legislativo costarricense, y ridiculizar desde las redes sociales, sus declaraciones de protesta y defensa de procedimientos legales.
El esfuerzo publicitario buscaba también quitar el estigma del desprecio recibido pocas semanas antes cuando España rechazó la ayuda salvadoreña, que tenía igual propósito, mejorar la imagen exterior del gobierno de facto.
Recurriendo a cadenas nacionales, pretendieron hacer creer al pueblo salvadoreño que lo importante estaba sucediendo en San José, donde un par de ocurrentes mandatarios, no tuvieron mejor idea que lanzar -como quien lanza un nuevo un perfume para vender en fechas navideñas-, una “liga de naciones” (de dos países).
Todo esto no logró ocultar que la visita fue repudiada por la población, por sus parlamentarios y jueces. Quedó también claro que allí aparece un sector de extrema derecha, con profunda raigambre anticomunista y conexiones con el grupo político de poder en El Salvador, que aspira a reproducir el modelo. Es sobre esas bases que se va montando un proyecto presidencialista de carácter autocrático, expansivo y peligroso, que apunta a subordinar al resto de los poderes del Estado.
“La “Bukelización de la política” presenta un modelo seductor y eficaz, comunicacionalmente sofisticado y profundamente peligroso, que enseña cómo concentrar todo el poder en el Ejecutivo, violar derechos humanos, socavar la libertad de expresión, debilitar el Estado de derecho y desmantelar la democracia, todo con un amplio respaldo popular, advertía esta semana un analista político.[1]
Naturalmente, el peligro que un modelo así representa para cualquier nación con un grado más o menos avanzado de sentido común democrático, y que sepa distinguirlo del sentido común reaccionario, que se va imponiendo en sectores de la población mundial, como acaba de suceder en parte con el llamado “voto popular” de EEUU, hizo sonar más de una alarma.
“Si el modelo de Bukele logra hacer pie en la democracia tica sus consecuencias serían muy graves para este país, pero también para los países centroamericanos y latinoamericanos”, se señalaba en la columna de opinión ya citada, por cierto, de un analista conservador.
Estos viajes, más allá de las intenciones publicitarias, señalan los pasos que desde San Salvador están dando para buscar expandir el modelo, fortaleciendo grupos políticos locales afines al pensamiento autoritario del régimen salvadoreño; que a través de la propaganda pretende transformarse en bandera y modelo de los sectores más extremistas de derecha de la región.
En el caso del ejecutivo costarricense y de fuerzas políticas afines, buscarían perfilarse como piezas del universo conservador continental, alineándose con quienes, en círculos de derecha en nuestros países, se sienten cercanos al pensamiento del próximo ocupante de la Casa Blanca.
En Washington se especula con nombres de países con los que la nueva gestión podría tener afinidad y allí, infaltables, aparecen El Salvador y Argentina, pero también Ecuador, Perú, República Dominicana, Paraguay, y quizás Costa Rica.
A la espera de mayores definiciones de la próxima política exterior estadounidense, lo más probable es que cada una de esas naciones sean vistas como muros de contención de las corrientes migratorias hacia EEUU. Un papel utilitario que en ningún caso considera los intereses de esos países, en la medida que la consigna “EEUU primero” será la que prevalezca.
Lo realmente importante
Mientras en El Salvador los medios oficialistas pretendían hacer creer que lo importante era lo que sucedía en Costa Rica, lo realmente importante para el pueblo, por sus nefastas consecuencias, sucedía en el país, en los avatares de una economía que condena al hambre a más sectores, mientras capitalistas y especuladores internacionales, se siguen haciendo con predios, terrenos, fincas y todo tipo de construcción urbana o rural que pueda servir a sus fines especulativos, con la seguridad que el Estado invertirá ingentes recursos en modernizar y difundir la imagen del país como polo de desarrollo turístico.
Esta semana los medios de prensa[2] revelaron inversiones millonarias en zonas de alta plusvalía realizadas por bitcoiners y asesores presidenciales en materia de criptoactivos. De esas zonas fueron previamente desalojados antiguos inquilinos de comercios, que sumarían unos 4.000 desde el año pasado, y que ya no “calificaban” de acuerdo a los planes de remodelación establecidos por la entidad municipal creada para definir aquello que es aceptable y lo que no, en materia de desarrollo urbanístico en esas zonas de la capital, antes ocupadas por sectores populares y que ahora se orientarán al turismo de alto nivel de consumo.
La oscuridad de esas inversiones prevalece, pero no impide que las informaciones se filtren y permitan configurar el plan maestro concebido por el grupo burgués en el poder. El despojo institucionalizado tiene múltiples manifestaciones y se cobija en la complicidad de diversos órganos de poder, coordinados para hacer avanzar los planes de capitalización concentrada y ganancias para estas élites.
A modo de ejemplo, se conoció esta semana que el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) aprobó que el Gobierno central pueda iniciar la construcción de proyectos inmobiliarios y de infraestructura sin contar con los permisos de instituciones estatales. Con estas disposiciones la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador, puede flexibilizar el requisito de presentación de permisos del gobierno central o local como el Ministerio de Medio Ambiente, Bomberos, Aviación Civil, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud.
Así se evitarán “los inconvenientes” ocasionados para establecer que una obra respeta el medio ambiente o el acceso al agua para vecindarios de la zona; tampoco tendrán problemas para pasar por encima de cualquier limitación impuesta anteriormente en caso de hallar restos arqueológicos.
Es a través de estas maniobras, que pasan casi desapercibidas, y que se suman a cientos de otras disposiciones similares en materia económica y financiera, donde se materializa el carácter neoliberal y elitista del régimen, que privilegia las obras destinadas a fomentar un cierto tipo de inversión privada, colocando a su servicio el peso del Estado, mientras da la espalda a cualquier proyecto de orientación social.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: EFE/ Rodrigo Sura
Referencias:
[1]La condecoración tica ignominiosa
[2] Bitcoiners compraron edificios históricos en el centro de San Salvador por más de $7 millones
