Si sumamos los casos donde se disputarán formas de autoridad local (municipal, gobernaturas, etc.) la cifra de consultas se multiplica, incluyendo a Costa Rica (febrero 4), nuevamente a El Salvador (marzo 3), República Dominicana (febrero 18), Brasil (octubre 6), Chile y Uruguay (octubre 27).
En el caso de El Salvador, se trata de un proceso profundamente viciado, con una abierta manipulación del oficialismo para asegurar fraudulentamente resultados que le permita avanzar en un proceso ilegal e inconstitucional de continuidad presidencial, a la vez que intenta cumplir con un objetivo más complicado, garantizar una nueva mayoría parlamentaria absoluta. Las fuerzas en el poder esperan lograrlo gracias al fraude masivo en el voto desde el exterior, y el beneficio que les trae la reducción arbitraria de diputaciones en juego.
El proceso electoral en El Salvador
Montado en la reaccionaria narrativa neoliberal de la anti-política, de la posverdad como herramienta de manipulación, blandiendo como escudo el discurso de odio hacia las formaciones políticas e institucionales construidas desde parámetros generales de un Estado Democrático y Social de Derecho, prácticamente desconocido hasta la llegada de los acuerdos de Paz de 1992, el régimen imperante en El Salvador llega con todo su arsenal a disputar la lógica de la posguerra, negando para ello la guerra misma, inventando una historia inexistente pero que -como toda mentira y campaña de manipulación- solo requiere ser repetida miles de veces para que cobre verosimilitud ante la población que es, en realidad, víctima y presa de esa falsedad cuidadosamente construida desde el poder.
Montado en un único logro comprobable (la reducción de la criminalidad enmarcada en políticas establecidas por el régimen de excepción), el gobierno agita éxitos inexistentes que la opinión general acepta, aún cuando los alimentos básicos son más caros, la pobreza ha crecido, el desempleo es mayor, al igual que la precariedad laboral; el trabajo informal es perseguido en los espacios públicos, la atención en salud es deficitaria, la educación no levanta cabeza, el costo de la vivienda se dispara, y los fondos de pensiones peligran cada día, a expensas de un gobierno insaciable.
La población enfrenta un deterioro evidente y alarmante de sus condiciones materiales de vida al tiempo que se ve expuesta de manera permanente a una ficción de país construido a base de propaganda.
Al hacer el balance de 2023 desde la óptica oficial, destacan en sus redes el concurso de Misss Universo, emprendimiento privado al que enriquecieron con cuantiosos fondos públicos; figuran también los juegos regionales, la biblioteca nacional dedicada a videojuegos y “selfis”, los espacios públicos embellecidos a fuerza de luces led y decoración de fachadas. Como dijimos, circo sin pan.
Con ese pobre inventario de gobierno quieren ganar las inminentes elecciones. Pero no les alcanza para obtener sus objetivos mínimos, que van mucho más allá de sostener ilegalmente a un presidente que ha perdido sus derechos ciudadanos por el solo hecho de haberse postulado, tal como lo ordena la Constitución que pisotean a diario.
Por eso necesitaron recurrir al fraude institucionalizado, bendecido por un Tribunal Electoral espurio, corrupto y cobarde, incapaz de ofrecer resistencia alguna a los dueños del poder y del dinero. Un tribunal electoral acorde con el vergonzoso sistema de justicia que actúa en total subordinación a los intereses del Ejecutivo y al clan familiar que lo controla.
Al momento de escribir estas líneas llegan informes de una nueva escalada represiva, con cuotas de arrestos indiscriminados por día, impuestas desde los mandos policiales para asegurar efectos propagandísticos electorales. La medida, sin duda, busca también sembrar miedo en la población que pudiera tener inclinaciones a apoyar opciones distintas a las oficialistas. La impunidad se observa en la masiva e ilegal destrucción de propaganda electoral opositora a plena luz del día, y con el uso de fuerzas de seguridad que recurren al régimen de excepción como amenaza a quien se resista.
Las encuestas y sus lecturas
Acaba de conocerse el resultado del estudio del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana Jose Simeón Cañas (UCA). La institución consultó a la población respecto del año que acaba de finalizar.
La prensa destaca ciertos datos relevantes que también, en un primer momento, subrayó el encuestador al presentar sus resultados. Destacaron, por supuesto, la buena nota obtenida por el gobierno (8.09), el respaldo a la policía (8.02) y a la Fuerza Armada (7.84). Al tiempo que subrayaron los más reprobados, los partidos políticos (5.24) y las alcaldías (5.23).
Como es natural, atribuyeron la alta calificación de los tres primeros a la política de seguridad y a la implementación del régimen de excepción que restringe las libertades ciudadanas, tiene en la cárcel al 1.6% de la población que reside en El Salvador , mantiene una política de ocultamiento sistemático de información al público, y cuyo gobierno es acusado por prácticamente todos los organismos nacionales e internacionales de violación sistemática de derechos humanos y denegación de acceso a la justicia.
¿Cómo entender esta inclinación a favorecer políticas represivas y despóticas, y apoyar masivamente a los mismos instrumentos que, a lo largo de la historia nacional, han sido los promotores y ejecutores de las más groseras violaciones masivas a la dignidad humana, al derecho a la vida, a los derechos ciudadanos, y cuya especialización ha sido siempre la aplicación de políticas de terror hacia el pueblo?
Será útil refrescar nuestra memoria, tan proclive en estos tiempos de bombardeos informativos tecnológicos, que cambian los ejes de la agenda pública en instantes, a olvidar lo esencial y registrar en primer plano lo superficial. Por eso queremos recordar el reciente trabajo de Latinobarómetro de diciembre de 2023.
Según el estudio, «Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina»[1], los salvadoreños están satisfechos con la democracia de El Salvador, pero temen que puedan enfrentar consecuencias negativas si emiten sus opiniones sobre los problemas del país.
«La recesión [democrática] se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia», apunta Latinobarómetro en su informe.
Respecto de El Salvador señala que la democracia tiene el apoyo del 46% de la población, sin diferencias con 2020; pero destaca que las personas para quienes es indiferente el tipo de régimen, aumentaron ligeramente, al pasar del 24% al 26%.
Aborda el intento de reelección presidencial en medio de una prohibición constitucional y analiza: «El efecto Bukele no está haciendo más robusta la democracia en ese país, sino más bien que torna más poderoso al presidente».
«La democracia está en alto peligro en El Salvador no solo por su repostulación, sino porque esta no constituye una institucionalización de la democracia. Por el contrario, es el caudillo que se lleva todo el poder para sí y el país corre el riesgo de transformarse en una electo-autocracia/ dictadura/ régimen autoritario/populismo autoritario», agrega.
Pese a la satisfacción que los salvadoreños dicen tener con la democracia del país, Latinobarómetro abordó preguntas relacionadas con qué tan libre se siente la población de poder expresar sus ideas y opiniones sobre los problemas que se enfrentan en el país. De cada 100 personas, 61 consideran que, si expresan públicamente sus opiniones, podrían enfrentar consecuencias negativas.
Otra pregunta revela un aumento en la cantidad de personas que han optado por no expresar su opinión sobre los problemas de El Salvador. En 2020, de cada 100 personas encuestadas, 52 contestaron que no solían expresar sus opiniones sobre los problemas del país. En 2023, esa cifra subió a 65.
También aumenta el porcentaje que admitió que casi nunca habla de política con sus amistades. En la encuesta de 2020, de cada 100 personas, 34 respondieron que «casi nunca» hablaban de política con amigos. Esa cifra subió a 41 en la encuesta 2023.
Aunque no resulta evidente que los autores de los estudios de opinión en El Salvador hayan tenido en cuenta esta realidad, resulta muy importante tenerla presente a la hora de superar el mero análisis cuantitativo e intentar comprender cómo vive la población, y las razones por las que opina como lo hace.
Por otro lado, como lo vienen señalando sistemáticamente todas las encuestas serias presentadas a lo largo de estos últimos años, la población manifiesta su profunda inquietud con la situación económica. Al responder cuál es el principal problema que afecta El Salvador: economía (32%), desempleo (17.3%), alto costo de la vida/ alto costo de la canasta básica/ de los alimentos (13.2%), pobreza (6.6%). Es decir que el 69.9% de los encuestados considera que es la economía lo que más le afecta negativamente.
De opinión pública, dictadores y lecciones de la historia
Todas las preocupaciones y reservas que expresan los sectores avanzados de la sociedad salvadoreña con respecto al gobierno recuerdan una historia nacional que parece repetirse. En el año 2020, Walter René Molina, estudiante de Doctorado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un ensayo donde describe y documenta la política oficial durante el gobierno del dictador Maximiliano Hernández Martínez (1931-1934; 1935-1939; 1939-1944), para controlar la opinión del pueblo mediante el control de la prensa de entonces:
“Una de las prioridades del régimen autoritario de Maximiliano Hernández Martínez fue construir la imagen de que en el país reinaba la paz. Para ello, desde sus inicios se preocupó por imponer el discurso oficial en la opinión pública en temas que el régimen consideró suscitarían movilización social. Esto fue facilitado por la colaboración de los directores de la mayoría de diarios de San Salvador, desde diciembre de 1931, y por el uso de diversas tácticas para conminar a los diarios a que se autocensuraran. Lo anterior se puede observar en la forma en que las autoridades incidieron en la cobertura de varias epidemias de 1933 a 1935. […]
A la vez que enfrentaba los grandes problemas que marcaron los primeros años de su administración (no reconocimiento de Estados Unidos, rebeliones de 1932, crisis económica), Martínez y sus funcionarios dedicaron energías a controlar los periódicos del país. Desde los inicios, el régimen impuso y mantuvo casi ininterrumpidamente el estado de sitio; reformó la Ley de Imprenta y fundó un suplemento del Diario Oficial. Además, fundó un nuevo periódico, el Diario Nuevo, para difundir la versión gobiernista de los acontecimientos nacionales.
Todos esos hechos buscaban, entre otras cosas, imponer el discurso oficial. […] el gobierno influyó en la cobertura de los diarios para crear la imagen de un gobierno eficiente y así tratar de evitar el descontento.” [2]
Cualquier similitud con la realidad salvadoreña actual no es en absoluto una coincidencia. Es bueno recordar que, como en aquellos días oscuros, también en estos de autoritarismo, fraude y manipulación, nada es para siempre, y que hasta los regímenes más brutales fueron a parar al basurero de la historia. No sucedió como producto de un “deterioro natural” de esos regímenes sino de la activa y combativa movilización y resistencia popular, por los medios que el pueblo tuviera a su alcance.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: es.euronews.com/
Referencias:
[1] https://www.latinobarometro.org/lat.jsp [2] Una prensa a la medida del general Martínez
