Esta vez lo elaboró la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), creada por la actual administración cuando dio de baja la internacionalmente reconocida oficina especializada en las estadísticas y censos del país, DIGESTYC.
En el estudio se señala que, al cierre de 2022, más de 55,000 hogares salvadoreños engrosaron las cifras de pobreza monetaria, la tasa más alta de los últimos cinco años, según reconoce la propia oficina de gobierno.
La pobreza por ingresos o pobreza monetaria se mide por la capacidad de adquirir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Si a una familia no le alcanza el dinero para comprar ni una canasta básica, sufre pobreza extrema. En 2022, el 8.6% de los hogares entró en esta categoría.
Por otra parte, si los ingresos son insuficientes para pagar una canasta ampliada —cuyo valor equivale a dos CBA—, entonces ese hogar vive en pobreza relativa. Esta fue la condición del 18.1% de los hogares al cierre del año pasado.
La suma de ambas formas de registro de pobreza señala que el 26.7% de los hogares salvadoreños vivían en pobreza monetaria en 2022. La cifra representa un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales frente al 24.6% de 2021. Por otra parte, el informe revela que, en 2022, hubo un total de 529,948 familias pobres, es decir, 55,289 familias más que en 2021. Falta aún conocer el número oficial de personas pobres para poder establecer su crecimiento real, cifra que no ha sido todavía revelada.
Tal como sucede en más de un país de América Latina, mientras el gobierno de El Salvador, a través de sus datos macro económicos nos habla de crecimiento, esa misma evolución económica, a nivel de la realidad de las familias, refleja una situación muy distinta; al comparar los dos últimos años (2021-2022) se evidencia la incapacidad o abierta falta de voluntad política oficial para que los efectos del anunciado crecimiento económico lleguen a los hogares, particularmente a aquellos con menores ingresos.
Es que se trata de un gobierno con un enfoque económico neoliberal extremo, en el que ni siquiera aquella desprestigiada y superada teoría del rebalse aplica en modo alguno. Su consigna, por el contrario, parece ser concentrar en las escasas manos de su grupo y sus socios toda la riqueza que pueda exprimirle al país; cuanto más, mejor y cuanto más pronto, aún mejor.
Si, tal como dice el gobierno, hay crecimiento macro económico y se recupera la producción, pero la pobreza sigue aumentando, entonces lo que en realidad está creciendo es la desigualdad. La concentración de la riqueza en pocas manos sigue pues sin novedad, beneficiando al grupo económico en el poder y sus socios, nacionales e internacionales, la mayoría de ellos, por supuesto, grupos transnacionales con lazos y anclajes en EEUU.
Donde la pobreza golpea sin piedad
Es sabido que de manera recurrente y -nuevamente- no solo en El Salvador sino en América en su conjunto, la pobreza tiene rostro de mujer, y podríamos agregar también de infancia, en este caso, con la mujer asumiendo la jefatura del hogar.
Mientras el porcentaje de jefas de hogar en 2010 en nuestro país representaba el 35%, con 553,682 mujeres asumiendo ese rol, para el año 2020 las cifras saltaron a 701,322 mujeres, constituyendo el 37.5%. Parece razonable considerar que para este año 2023 los porcentajes rondarán el 40%. En diciembre de 2022, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, FUNDAUNGO, dio a conocer un estudio realizado entre 2019 y 2020, acerca de la manera en que la pobreza extrema y relativa golpea en los hogares con niñas, niños y adolescentes.
“El 80.3% de los hogares salvadoreños donde hay niños, niñas y adolescentes son pobres o están en riesgo de caer en pobreza monetaria”, revelaba aquella investigación titulada, Condiciones de vulnerabilidad de los hogares salvadoreños con niñas, niños y adolescentes.
Un nuevo factor a considerar
Si traemos a consideración este estudio -que puede estar desactualizado porque incluía el factor de afectación de la pandemia de COVID-19-, es porque nos muestra una realidad que, a la vista de las circunstancias generadas desde el momento analizado hasta la actualidad, no puede sino haber empeorado y nuevos factores deberán ser incluidos en el análisis de la evolución de la pobreza, de la ampliación de la brecha social, y de la marcada concentración de la riqueza en El Salvador.
No nos referimos solo a la ya mencionada incapacidad, falta de interés y voluntad política oficial para reducir las condiciones de inequidad, injusticia social y creciente falta de oportunidades para que los sectores más vulnerables puedan superar la enorme brecha, que se amplía día con día, en materia de distribución de riqueza social, sino porque desde hace un año, con la implementación de la llamada guerra contra las pandillas, una guerra contra los sectores más pobres y marginados del país, creció exponencialmente la cantidad de hogares con niños y niñas abandonadas, a causa de que uno o ambos progenitores sufrieron encarcelamiento, quedando mujeres adultas mayores, sin ingresos regulares a cargo de sus nietos, disparando el crecimiento de este grupo social vulnerable.
Estos son algunos de los aspectos que la propaganda oficial guerrerista, violenta, retaliatoria y vengativa, con aquel discurso de odio que tan bien cae a los seguidores del régimen, se empeña en ocultar. Porque ese rostro humano del sufrimiento y el abandono también es el rostro de El Salvador, que incluye los más de 65mil encarcelados, muchos de ellos inocentes sin posibilidad alguna de defenderse, o el más de centenar y medio de muertos en las cárceles del régimen que, eso si, jamás podrán defenderse.
El discurso y la realidad
Si algo sabe hacer este gobierno burgués de las viejas ideas de siempre, hoy camufladas como si fueran ideas novedosas, es manipular discursos y datos para presentarse a sí mismo como defensor de sectores sociales que en realidad desprecia.
El régimen se encargó de difundir que en 2022 aumentó el ingreso de los hogares. Mucho menos difundió que también el costo de la CBA se disparó. Lo relevante es que el crecimiento de los ingresos no fue suficiente para hacerle frente al encarecimiento de los alimentos.
¿De cuánto fue la diferencia? Si estuviéramos viendo los datos como resultados de alguna contienda deportiva, los números resultarían elocuentes, porque el costo promedio de la CBA por hogar superó el aumento salarial en más del doble. El resultado en esa hipotética contienda deportiva sería una elocuente goleada de 14 a 4 (específicamente 14.6% a 4.4%) a favor del crecimiento del precio de los productos básicos frente a la evolución de ingresos.
Estos son los datos. En 2022 el ingreso mensual por hogar fue de $629.40, que representa un 4.4% más que en 2021. En cuanto al costo promedio de la Canasta Básica Alimentaria por hogares subió 9% para las familias de la zona urbana y 14.6% para las rurales. Si en 2021 la zona urbana pagó $178.43 por una canasta básica, en 2022 tuvo que desembolsar $16.10 más, porque el costo se elevó a $194.52. En la zona rural, pasó de $114.54 a $131.23, lo que significó un incremento de $16.69.
El Estado al servicio de los negocios privados
Mientras tanto, el gobierno siguió esgrimiendo un discurso publicitario que se empeña en vender un ficticio e ilusorio país de primer mundo, solo materializado en reducidísimos y exclusivos resorts turísticos y espacios acotados para que sectores cercanos al poder o grupos extranjeros con alta disponibilidad de capital, puedan utilizar el país como lugar de descanso, a espaldas de esa realidad que golpea a quien quiera verla.
Para el resto, el régimen se vale de personajes como el nefasto alcalde de San Salvador, encargado de realizar operaciones de limpieza no solo urbanística sino social, eliminando virtualmente del centro histórico cualquier elemento y grupo de personas que pudieran opacar la imagen que se empeñan en fabricar; esto incluye las miles de vendedoras y trabajadores informales que “milagrosamente” desaparecen de la vista pública, al arrasar la autoridad municipal con los puestos de venta callejeros.
Al mismo tiempo, encontraremos conciertos y todo tipo de entretenimiento, mientras en plazas y parques grupos de personas bailan para que los turistas pasen por la zona registrando en sus teléfonos “la alegría del país”.
Resulta, por lo demás, siempre sospechosa la omnipresencia de personas de civil que “espontáneamente” se acerca a los turistas, destacando la alegría de tener una ciudad “recuperada”, presentando todo esto como si en realidad se estuviera descubriendo un lugar previamente oculto por el que era imposible transitar. Está de más subrayar el permanente despliegue policial y militar en la zona.
Toda esta maquinaria propagandística y la logística que la acompaña requiere gastos importantes, que apuntan a abrir oportunidades de negocio para el grupo cercano al poder; esto incluye proyectos de renovación urbanística, y recomposición arquitectónica e ingeniería de una parte importante de la ciudad.
Esas condiciones se crean mediante dos mecanismos conjuntos: la eliminación de trabas legales para la inversión, incluida abolir restricciones para que los propios funcionarios del Estado puedan convertirse en actores económicos, sin que por ello se pueda establecer conflictos de intereses y, en segundo lugar, pasar el cargo al erario público mediante endeudamiento, para garantizar que se lleven adelante las operaciones. El Estado es, nuevamente, puesto al servicio del grupo económico emergente que se afianza en el poder.
Entre junio de 2019 y febrero de 2023, la deuda pública total aumentó en $5,881 millones, según cifras del propio Banco Central de Reserva (BCR).
Regresando a las condiciones de vida de las más amplias mayorías, estas son las que sufren en mayor grado el flagelo de la inflación, puesto que de los productos que muestran mayor alza en sus precios destacan los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que se han encarecido con una tasa del 12.61% interanual. Solo los alimentos acumularon 12.95% de inflación, liderados por el huevo y el pan, así como por la sopa instantánea, limón, plátano, camarón fresco y zanahoria.
Así las cosas, más allá de encuestas de popularidad presidencial, de campañas publicitarias orientadas a mostrar al mundo un país irreal, la situación para los sectores más vulnerables de El Salvador, son malas y se anuncian aún peores en el futuro próximo.
Mientras el Bitcoin ya demostró su fracaso como proyecto gubernamental, y el tema se mantiene en un muy discreto segundo plano en círculos oficiales, las inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, brillan por su ausencia. Si a esto sumamos la crisis financiera y bancaria internacional, que en países dependientes y periféricos como el nuestro se traducirá en encarecimiento y reducción del crédito, las posibilidades de liquidez se ven cada vez más reducidas a las remesas, siempre dependientes de la volátil situación de la economía estadounidense. El BCR registró ingresos por remesas de 588 millones en enero y 600.4 millones en febrero pasado, con incrementos del 6.38 % y 4.85 % interanual en comparación con los mismos meses de 2022. El ańo pasado el país recibió un total de 7,741.9 millones de dólares en remesas familiares, con un incremento del 3.16 % en comparación con 2021.
Esa es la realidad del país que las campañas y discursos pueden ocultar solo transitoriamente, que incluso pueden ser sometidas a distractores como las campañas electorales pero que, en la medida que no se resuelvan, solo tienen una vía de escape para las grandes masas populares. Cuando eso suceda, las calles y plazas del país dejarán de ser escenarios para puestas en escena de bailes y shows mediáticos y volverán a ser lo que siempre han sido en la historia, territorios de lucha y combate del pueblo contra quienes lo explotan, engañan y desprecian. Y ya no habrá, entonces, popularidad que valga.
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: El Liberal
